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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-01-2018

Reanudan operaciones de erradicacin forzada en el Putumayo

Red de Derechos Humanos de Putumayo
Prensa Rural


Las comunidades y organizaciones sociales de la vereda Peneya, corregimiento Piuablanco, municipio de Puerto Ass, denunciamos que se estn originando diferentes problemticas con funcionarios miembros de la fuerza pblica en las denominadas Operaciones de Erradicacin Forzada, desconocimiento motivado de los acuerdos regionales y al Acuerdo para la Paz Estable y Duradera, incumplimiento al Programa Integral de Sustitucin Voluntaria de Cultivos de Uso Ilcito, y violacin al principio de precaucin y prevencin al desplazamiento forzado en el marco de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario por parte de la Fuerza Pblica Ejrcito Nacional - en Putumayo.

Por accin y omisin del Estado colombiano los riesgos contra la vida e integridad aumentan contra las familias cultivadoras de hoja de coca, con mayor nfasis en diciembre de 2017 y enero 2018. El goce efectivo de los derechos est condicionado por un lado a los intereses de nuevos actores ilegales armados lejanos a la identidad y cosmovisin de las comunidades, campesinas, indgenas y afrodescendientes de la regin, y por otro de la criminalizacin por parte de la fuerza pblica. No es procedente que se coloque a la poblacin civil como interlocutor directo con uno u otro actor, por ejemplo, que se enve a que se entienda con un superior, cuando existen todas las instituciones, entidades con sede y oficinas en la regin para ser garantes nacionales e internacionales de los DDHH, con mandatos como observadores de cumplimientos, monitoreo y verificacin e incluso con diferentes herramientas y metodologas tecnolgicas.

Rechazamos cualquier accin de la fuerza pblica desproporcionada e infundada contra los bienes de las comunidades campesinas, en especial si estn acogidas a los mltiples acuerdos nacionales y regionales como PNIS y PISDA.

Instamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alerta ante la crtica situacin de incumplimiento por parte del Estado colombiano frente al Acuerdo Final de Paz y el acuerdo regional para la sustitucin voluntaria de los cultivos de uso ilcito.

Cumplir con lo acordado es garantizar la no repeticin de las violencias y el conflicto armado.


Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22600



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