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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 20-01-2018

La reeleccin indefinida, una traicin a la democracia

Alberto Acosta, John Cajas Guijarro
Rebelin


Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y l se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpacin y la tirana. (Simn Bolvar Congreso de Angustura, 1819)

En una sociedad que aspire a respetar el poder popular, las consultas al pueblo frente a temas cruciales son lo menos que se debe esperar y exigir. Bajo este principio podemos analizar la consulta propuesta por el presidente Lenn Moreno. Una consulta que requiere de reflexiones profundas antes de responderse pues posee varias tonalidades: - preguntas tibias , como las relativas a la minera o al Yasun (que casi en nada resuelven los problemas planteados, pero podran asumirse como primeros pasos para profundizar el debate sobre los extractivismos); - preguntas de apoyo rotundo , como la sancin a corruptos y violadores (aunque siempre cuestionndonos por qu no se instrumentan tales sanciones directamente, sin necesidad de consulta); - preguntas polmicas , como la pregunta sobre la ley de plusvala (es saludable eliminar una ley que grava impuestos a la especulacin de tierras en vez de mejorarla?, definitivamente no es saludable); - y preguntas polticamente cruciales, como las preguntas sobre la reeleccin indefinida y el cambio en el Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social (quiz aquellas que recogen la verdadera razn de ser de la consulta); preguntas tan cruciales, que no basta con votarlas SI, sino que exigen una inmediata presin social para evitar que -luego de la consulta- se reedite la concentracin de poder alcanzada por el corresmo.

Al ver estos temas se nota que en la consulta falt la voluntad poltica para preguntar otras cuestiones de fondo, e incluso derribar todas las enmiendas constitucionales de diciembre de 2015 as como las reformas realizadas en 2011; muchos de esos cambios cargados de inconstitucionalidades. Entre las enmiendas hechas en 2015 que deberan cuestionarse -por temas logsticos se lo pudo haber hecho en una sola pregunta que las derrumbe todas de golpe- podemos recordar a: las FFAA como guardia pretoriana para reprimir; la comunicacin como servicio pblico y no como derecho; la restriccin de derechos laborales en el sector pblico; la disminucin de funciones de la Contralora; retroceso del derecho ciudadano y de los gobiernos autnomos descentralizados para convocar a consultas populares; reduccin de competencias a dichos gobiernos autnomos

A ms de tener contenidos limitados, claramente la consulta es un intento del gobierno de Lenn Moreno para consolidarse. Sin embargo, en el caso de ganar el SI, dicho resultado no puede entenderse como un cheque en blanco para Moreno. Todo lo contrario: apenas se conozca el resultado de la consulta es crucial exigir desde la lucha popular una reconfiguracin del poder poltico hacia formas ms democrticas, no hacia formas ms concentradoras. No podemos pasar del corresmo al morenismo ni podemos cerrar los ojos ante las fallas que el mismo gobierno de Moreno muestra en temas vitales como la economa (otro campo que tocar disputarse desde la organizacin popular). Tal presin social deber hacerse presente incluso en el caso -poco probable- de que gane el NO

De todas formas, cabe admitir -ms all del contenido- que la consulta es una oportunidad para que el pueblo recupere su involucramiento en la discusin y aprobacin de decisiones nacionales. As, la consulta puede ser un ejercicio importante de pedagoga poltica, pues no se trata solo de aprobar algunas reformas legales y constitucionales, sino de hacerlo en democracia (prctica que se fue perdiendo, sobre todo en los ltimos aos del corresmo). Pero a ms de brindar un espacio de disputa democrtica, la consulta crea la oportunidad de recuperar un elemento bsico de una democracia vigorosa y radical (aspiracin que dio vida a la propia Constitucin de Montecristi): la alternabilidad en el manejo del poder poltico [1] .

En efecto, la consulta es la oportunidad para derribar una norma aprobada con dedicatoria: la reeleccin indefinida impuesta inconstitucionalmente -y a espaldas del pueblo- por el corresmo. Dichas enmiendas se impusieron en diciembre de 2015 para beneficiar a un Rafael Correa que, apenas un par de aos atrs (20 de enero de 2014) admita que es un gran dao que una persona sea tan indispensable, que haya que cambiar la Constitucin para afectar las reglas de juego , al tiempo que descartaba impulsar una reforma constitucional para introducir la reeleccin indefinida. Y no solo que impuls la reforma, sino que el propio corresmo incorpor una transitoria disponiendo que la reeleccin indefinida aplique luego de las elecciones de 2017 pues Correa tena claro que no iba a vencer: una total manipulacin de la democracia en funcin de los caprichos de un caudillo

Justo para evitar eso, en Montecristi se plante con fuerza eliminar la reeleccin indefinida para todas las dignidades de eleccin popular. Eso se estableci expresamente en el artculo 114, y en el 144 para los presidentes y vicepresidentes de la Repblica. Esta norma se extendi a partidos polticos (artculo 108), consejos de igualdad ciudadana (artculo 157), e inclusive a toda organizacin colectiva (artculo 96). La Asamblea fue muy clara, por ejemplo, al establecer la alternabilidad hasta en las organizaciones sociales: Las organizaciones podrn articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresin; debern garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendicin de cuentas (artculo 96). Queda claro, entonces, que la Asamblea Constituyente apunt a la no reeleccin indefinida, la cual en el ao 2007 era absurda para el propio Correa (hasta enero de 2014, como ya anotamos), as como para varios asamblestas que solo apoyaban la reeleccin por una ocasin (como Virgilio Hernndez, actual defensor de la reeleccin indefinida en favor de Correa ).

En Montecristi se prohibi la segunda reeleccin inmediata para evitar que un presidente en funciones use el poder del Estado para intentar perennizarse. Por cierto, de plano no se debe confundir la reeleccin indefinida en un sistema presidencialista -como el ecuatoriano- con sistemas parlamentarios -como en Europa, por ejemplo- pues, en los presidencialismos el ya de por s alto poder adjudicado al ejecutivo termina desbordndose y deriva en hiper-presidencialismo. De hecho, si algo hemos aprendido estos diez aos es que un sistema presidencialista exacerbado no compagina con una democracia participativa. En consecuencia, prohibir la reeleccin es un lmite necesario.
Tal situacin es clara en el caso ecuatoriano, en donde la reeleccin indefinida permite que se ample an ms la elevada influencia que ya de por s tiene el ejecutivo sobre la nominacin de rganos de control y de rganos autnomos. Por ejemplo, el ejecutivo nomina a miembros de la Corte Constitucional (Art. 434 de la Constitucin de Montecristi), y tiene delegados en el Consejo de la Judicatura (Art. 179), una elevada capacidad de influencia que tambin debera cuestionarse.

Este problema, en la situacin actual del pas, se traduce en la necesidad crucial de desmontar el Consejo de Participacin Ciudadana y Control Social, nombrado a gusto del caudillo del siglo XXI: Rafael Correa. Por ello, a pesar de los posibles cuestionamientos constitucionales a esta pregunta y del enorme poder que se le concedera al ejecutivo morenista votando SI en este tema, es necesario hacerlo para superar al Consejo corresta. Pero luego del 4 de febrero -de ganar el SI- habr que organizar una enorme presin social para que el gobierno de Lenn Moreno no siga la senda de su antecesor. Incluso, si es necesario, se tendr que salir a las calles para exigir que el Consejo de transicin no sea una mera reedicin de una instancia controlada por un nuevo mandams.
A su vez, la reeleccin por un solo perodo intent limitar el poder que la sociedad adjudica a un individuo, sea este un presidente, alcalde, prefecto, etc. Dicho lmite impide, adems, que una mayora auto sostenida en el poder se atribuya la vocera excluyente y exclusiva del pueblo. Recordemos que el poder es capaz de hacer pasar la razn del poderoso como la nica razn posible, aniquilando al pluralismo y a la diversidad que nacen de la alternabilidad. En una sociedad que aspire realmente a la democracia, es inaceptable que se imponga una sola tendencia o programa poltico, lo cual es ms que posible si un gobernante con elevado poder sobre el Estado es reelegido indefinidamente. Eliminar la garanta de alternabilidad rompe un tope individual a quien ostenta el poder, atentando casi de muerte al pluralismo poltico.

En efecto, la reeleccin indefinida impide que surjan los espacios necesarios para consolidar un Estado que aspire a ser democrtico, intercultural, plurinacional (Art. 1 de la Constitucin de Montecristi) y que intente garantizar la participacin en igualdad, la deliberacin pblica, promoviendo la diferencia (Art. 95), las diversas opciones ideolgicas y polticas, aspectos necesarios al manejar los asuntos pblicos en diversidad.

Por otro lado, la reeleccin afecta el principio de igualdad y no discriminacin. Si se permite la reeleccin de quien ya ejerce el poder poltico, no existe igualdad de condiciones entre quienes disputan dicho poder. Ya lo experimentamos con Rafael Correa cuando l -en contubernio con el Consejo Nacional Electoral- aprovech y abus de los recursos pblicos en sus campaas electorales, incluyendo espacios en medios de comunicacin y todo el aparato estatal; mientras otros candidatos simplemente no tenan recursos para hacer campaa. De todas formas, tampoco debemos olvidar que el problema del uso de recursos para la disputa del poder poltico es inherente a las democracias representativas modernas -donde el dinero ha reemplazado al balcn-, de modo que en el largo plazo urge pensar en reconstruir la idea misma de representacin y hasta de democracia desde las bases comunitarias de la sociedad.

Adems, al no prohibir la reeleccin indefinida se afecta los derechos de las minoras y de la oposicin, incluso las posibilidades de los potenciales candidatos de la misma tendencia poltica del ejecutor del poder. La democracia no es viable sin alternancia, lo cual no implica limitar la posibilidad de que una organizacin poltica contine la obra realizada por su predecesora, siempre y cuando se sustente sobre bases slidas y democrticas, en donde los caudillos sean inadmisibles.

Ahora, hay quienes audazmente podran preguntar y por qu no dejar que las personas elijan cuantas veces deseen a cualquier persona?, quitar esa posibilidad no limita los derechos del pueblo? Aunque podra parecer vlida la pregunta, no lo es. Debemos dejar de ver al poder poltico, al poder econmico y al poder en general como un mero instrumento neutral que la sociedad amigablemente adjudica a una u otra persona para que sta emprenda cambios sociales. Las dinmicas del poder son complejas, y tienen el potencial de manipular, inducir, forzar y engaar al pueblo - con prcticas capaces de corromper hasta al espritu ms fuerte - a fin de ampliarse a s mismas, pues el poder solo sobrevive concentrando ms poder. Por ello, si no usamos todos los mecanismos e instituciones a nuestro alcance para limitar a esa voluntad del poder, la misma puede rebasarnos y carcomer cualquier intento de democracia

La historia ensea que, si una persona ejerce el poder sin lmites temporales, tiende a concentrarlo. Toda concentracin de poder implica corrupcin, tirana, opresin, implica la destruccin misma de la democracia. La reeleccin indefinida rompe el lmite temporal del poder, ampliando sus posibilidades de injerir en otros poderes, limitando las libertades y obstaculizando el grado de especializacin institucional que los diversos rganos podran alcanzar en el ejercicio de sus funciones. En suma, la concentracin de poder afecta la esencia de la democracia y abre la puerta a la infamia y a la corrupcin galopante , como lo hemos vivido en el corresmo.

Por ello, los lmites temporales al ejercicio del poder son vitales. No tener lmites en el tiempo significa promover el autoritarismo y corroer la democracia. Es ms, hasta los derechos polticos y de propiedad, sin restricciones, generan concentracin de poder. Tales derechos son -y deben ser- intrnsecamente limitables, ms an en sociedades basadas en la desigualdad. Sin lmites los derechos polticos generan despotismo, as como los derechos de propiedad llevan al monopolio. Ambos excluyen a otras personas que -al menos en el papel- deberan tener iguales derechos.

Al existir una regla social previa que limite al ejercicio del poder -como la no reeleccin indefinida- la propia persona ejecutora de ese poder limitar sus expectativas. Esto constituye un mecanismo de control con el cual el sujeto poltico est obligado de atenerse al tiempo sealado, de propiciar la sucesin e incluso de aceptar el inmediato escrutinio pblico de sus actos. Por lo mismo, la pregunta sobre la no-reeleccin indefinida necesita votarse con un SI sin dubitaciones.

En definitiva, la reeleccin indefinida lleva a que el ejecutor del poder se crea eterno, casi inmortal. En cambio, la no-reeleccin es un pequeo intento de recordarle a dicho ejecutor que, ms all de cualquier apariencia o ttulo majestuoso, es un simple e insignificante mortal, como cualquiera de nosotros. Por tanto, la no-reeleccin no implica restringir derechos polticos -ni al pueblo ni a una persona- sino ms bien implica una ampliacin crucial: brinda un mayor derecho a ser libres y conscientes de nosotros mismos, al recordarnos que no somos eternos sino simplemente humanos
Nota:

[1] Basta recordar el Plan de Gobierno de Alianza Pas (2006) en donde categricamente, es su pgina 10, se plante la necesidad de dar paso a nuestros propios procesos de organizacin y disear nuestros propios programas de vida sin atenernos a mensajes y normas emanadas de alguien que pretender asumir el papel de un iluminado; no creemos en liderazgos individuales que conduzcan a la constitucin de estructuras verticales y caudillescas, sino en liderazgos colectivos sustentados en la autocrtica, en la toma colectiva de decisiones, en el respeto a otras opiniones y en la humildad.

Alberto Acosta: Economista ecuatoriano. Ex-ministro de Energa y Minas. Ex-presidente de la Asamblea Constituyente. Ex-candidato a la Presidencia de la Repblica del Ecuador.

John Cajas Guijarro:
Economista ecuatoriano. Profesor de la Universidad Central del Ecuador y de la Escuela Politcnica Nacional.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.




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