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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 22-01-2018

Tras el asesinato de la activista purpecha Guadalupe Campanur
No murieron, se multiplicaron

Mayt Guzmn Mariscal
Rebelin


Ante el ms reciente asesinato de la activista Guadalupe Campanur, guardiana del bosque en su comunidad, Chern -donde suman ya diez los ambientalistas asesinados- queda claro que la violencia estructural en Mxico trasciende el mbito de la delincuencia organizada y se configura como una guerra por la defensa del territorio y los recursos naturales ante el embate de las multinacionales, una guerra que sigue cobrando vidas, para sembrar el miedo y paralizarnos.

Los movimientos sociales y la sociedad civil organizada son considerados por el gobierno mexicano como una de las diez principales amenazas para la seguridad nacional, enunciadas en la Agenda de Riesgos 2017, un documento con carcter de confidencialidad emitido cada ao por el CISEN, con lo que el Estado justifica medidas como la represin, el acoso, el espionaje, el encarcelamiento, y el asesinato.

No es casual que uno de los elementos ms nocivos del recin aprobado TPP (Acuerdo Transpacfico de Cooperacin Econmica) sea el establecimiento de un sistema de resolucin de conflictos inversionista-Estado que anula el poder de la nacin para controlar los abusos de las empresas extranjeras. Este mecanismo faculta a los inversionistas para demandar al Estado mexicano en caso de oportunidades de negocio fracasadas, a consecuencia de litigios gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de regulacin de la economa. Dichas demandas no son resueltas por las autoridades nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que no rinden cuentas absolutamente a nadie.

Lo anterior nos conduce inevitablemente al marco de la controvertida Ley de Seguridad Interior, desestimada incluso por el Alto Comisionado de la ONU, Zeid Raad Al Hussein, por tratarse de una ley que se contrapone al rgimen internacional de Derechos Humanos para regular el uso ilegtimo, arbitrario o excesivo de la fuerza pblica.

Esta ley perfila tambin, en el rubro de amenazas a la seguridad, todas las formas de lucha y resistencia al modelo productivo del capitalismo ms arrasador y salvaje que hemos conocido; a los intentos de apropiacin de los medios de produccin; al desarrollo de megaproyectos en territorios autnomos y protegidos; al extractivismo y sobreexplotacin de recursos naturales y su consecuente deterioro ambiental. Y una serie de luchas que se reproducen a lo largo y ancho de la geografa.

Slo durante el sexenio de Enrique Pea Nieto, la violencia sistemtica contra las personas defensoras de derechos humanos, ha dejado un saldo de 106 muertes y 81 desapariciones forzadas, como documenta el informe La esperanza no se agota de la Red TDT, lo que refleja no slo la falta de voluntad del estado para brindar proteccin a estas personas, sino para que la justicia no deje impunes estas muertes.

Los informes dan cuenta de los homicidios, desapariciones y agresiones atribuidas al crimen organizado, pero nadie habla de que, detrs de todo ello, los megaproyectos y las grandes multinacionales tambin nos estn robando la vida y la paz.

Global Witness en su informe Defender la tierra, document 200 asesinatos de personas ambientalistas en todo el mundo, donde Brasil encabeza la lista con 48 muertes. En homenaje a todas las personas asesinadas en 2016 por la defensa de la tierra el informe expresa: estas defensoras y defensores no murieron, se multiplicaron.

Este artculo aparece publicado en la web Zamora Despierta gestionado por la autora. Se puede leer siguiendo este enlace.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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