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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 25-01-2018

Lawfare: la va justa al neoliberalismo

Varios autores
CELAG


El juicio a Lula da Silva se lleva a cabo como parte de la megacausa conocida como Lava Jato, que fue el marco aparentemente legal mediante el cual se perpetr el golpe de Estado a la expresidenta Dilma Rousseff [1]. Este juicio es parte de una estrategia de Lawfare, tal como lo han denominado especialistas [2], que implica: el uso indebido de herramientas jurdicas para la persecucin poltica, el uso de la ley como un arma para destruir al adversario poltico por la va judicial [3]. Lo anterior se inscribe en un proceso de judicializacin de la poltica (desde arriba), donde el aparato judicial se eleva por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, dinmica que puede conducir a una dictadura de los jueces (y una prdida total de equilibrio entre poderes) [4].Para ser exitosa, esta guerra jurdica requiere articulacin con los medios de comunicacin y redes sociales, que operan para manufacturar consentimiento en contra o a favor de determinadas personalidades, grupos o sectores polticos [5]. La aceptacin o la eliminacin y desmoralizacin del adversario poltico se concreta especialmente en el plano de la opinin pblica [6].

Uno de los objetivos del Lawfare a corto y mediano plazo es lograr la restauracin del neoliberalismo tambin por la va judicial.

La legitimidad otorgada al proceso de judicializacin de la poltica emana del consenso sobre la corrupcin como problema fundamental de Amrica Latina [7]. Esto fue manifestado por Instituciones Financieras Internacionales y agencias del Gobierno estadounidense promotoras del Ajuste Estructural y modernizacin del Estado en los 80 y 90 [8], pero, en los ltimos aos, se presenta como un problema endmico en gobiernos progresistas o llamados despectivamente populismos de izquierda [9]. Analistas internacionales, thinktanks y expertos, argumentan a favor de esta visin, que tiende a ser reproducida por la prensa hegemnica, alimentando un sentido comn en el que, por ejemplo, la corrupcin es la causa de la pobreza [10], sobre todo en aquellos pases bajo regmenes democrticos-autoritarios competitivos (as se clasifica a Venezuela, Bolivia, Ecuador -durante la gestin de Correa- y Argentina -durante el Gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner-) [11].

La tesis principal es que estos gobiernos, al otorgar mayor protagonismo al Estado, en particular en la regulacin de la economa, al repolitizarlo y revalorar lo pblico, privilegiaron la utilizacin de influencias y fondos pblicos para beneficio personal y la utilizacin de los poderes del Estado para evitar la rendicin de cuentas. Esto se considera como la principal causa del aumento de la pobreza [12] y del debilitamiento de la democracia a tal punto, que segn expertos la gente estara dispuesta a apoyar incluso una dictadura militar con tal de acabar con el crimen y la corrupcin [13].

Esta base argumental y la existencia de procesos de guerra jurdica contra exfuncionarios de gobiernos progresistas, dan cuenta de que hay otros intereses ms all de la supuesta batalla imparcial contra la corrupcin. Uno de los objetivos del Lawfare a corto y mediano plazo es lograr la restauracin del neoliberalismo tambin por la va judicial. Se recurre a un estado de excepcin por medio de herramientas (supuestamente) legales (as definidas por un aparato judicial que se elev por encima de los dems poderes), que en los hechos, conducen a la omisin de la ley a favor de la imposicin violenta de un nuevo orden [14]. Este orden intenta mostrarse como legal, naturalmente predispuesto a la rendicin de cuentas y a la transparencia (es decir, contrario a prcticas corruptas), por seguir la lgica y el modo de hacer las cosas (de forma correcta) del sector privado; por estar resguardado y dirigido por empresarios devenidos en polticos.

El objetivo de propiciar el orden neoliberal, se visualiza con mayor claridad en aquellos casos en los que la estrategia jurdica es utilizada a la inversa.Es decir, cuando el aparato judicial se eleva por encima de los dems poderes y las herramientas legales se manipulan para garantizar el statu quo, haciendo mancuerna con la prensa para silenciar ciertos casos y evitar la exposicin de determinadas personalidades frente a la opinin pblica. Se promueve as una manufacturacin de consentimiento a favor de estas personalidades o grupos que se han erigido como guardianes del neoliberalismo.

BRASIL

Uso indebido herramientas jurdicas y de selectividad


El caso contra Lula da Silva muestra diversas adulteraciones judiciales al Estado de derecho utilizado con fines polticos. La fragilidad de tcnica jurdica, la inconsistencia, ha sido flagrante, evidenciable en las caractersticas que ejemplifican el caso. En la sentencia condenatoria y durante todo el perodo de instruccin y tramitacin que lleva el expediente, se han deformado: 1) el estado de inocencia; 2) la imparcialidad del juez; 3) las motivaciones (doctrinarias) en las decisiones jurdicas; 4) la prohibicin de pruebas ilcitas; 5) el principio de la isonoma (ciudadana) [15]; 6) la publicidad de los actos procesales; 7) la amplia defensa; 8) la exigencia de natural jurisdiccin. A su vez, se suman cuestiones como: a) el abuso de la conduccin coercitiva a declarar; b) la prisin preventiva; c) la utilizacin de pruebas selectivas e indicios parciales; d) el uso de arrepentidos en condiciones extremas. En sntesis: la sentencia de 238 folios del Juez Sergio Moro, como lo sugieren diversos juristas [16], muestra el modo en que se construye una condena de excepcin, en el marco de un estado de excepcin [17].

A modo de ejemplo: la acusacin principal, en el marco del Lava Jato, est vinculada al caso del apartamento triplex en Guaruj por corrupcin pasiva [18]. Ninguno de los setenta y tres testigos que se presentaron en las veintitrs audiencias brinda informacin que corrobore dicha presuncin [19]. El caso de Lula fue programado para el 24 de enero, puesto en primer lugar frente a siete expedientes que estaban a la espera de trmite de fecha para formalizar los juicios por acciones relacionadas con Lava Jato. Organismos oficiales aducen que no es necesario llevar un orden cronolgico de las causas [20], pero la hiptesis ms certera es que el objetivo del juicio es eliminar la posibilidad de que Lula se presente a elecciones presidenciales.

A lo anterior se suma el privilegio para los empresarios. Marcelo Odebrecht, principal empresario y magnate implicado y responsable en causa corrupcin Odebrecht, pas, el 19 de diciembre de 2017, a prisin domiciliaria (cumpliendo solo dos aos de crcel) [21]. Otro ejemplo es que al destaparse la existencia de coimas en diversos proyectos vinculadas a Odebrecht, el Almirante Othon Luiz Piheiro da Silva, fuera condenado a cuarenta y tres aos de crcel [22]. Estas cuatro dcadas contrastan con el hecho de que los empresarios implicados en el mismo caso- lograron reducir sus penas a seis aos de prisin, mientras que el menos favorecido estar veinte aos preso [23].

Marcelo Odebrecht, principal empresario y magnate implicado y responsable en causa corrupcin Odebrecht, pas, el 19 de diciembre de 2017, a prisin domiciliaria (cumpliendo solo dos aos de crcel).

Corrupcin: el principal problema de Brasil


El discurso que legitima la eliminacin del enemigo poltico (Lula, el Partido de los Trabajadores, etc.), es el de la corrupcin. Sergio Moro, el juez que conduce el Lava Jato, es el hroe, el que podra sanear la poltica brasilea [24]. Hace falta una limpieza profunda: no slo estamos luchando con el crimen organizado, (sino) con el crimen institucionalizado [25]. En los medios se resalta esta accin decisiva contra la criminalidad y la corrupcin de la clase poltica se enmarca a su vez en un fenmeno ms global de rechazo al establishment y el reclamo de rendicin de cuenta por parte de los polticos [26]. La corrupcin es la verdadera culpable de que no se valore la democracia: es tan horrible el escenario que algunos brasileos se preguntan si la democracia y las elecciones les ofrecen la posibilidad de recomponer el pas, que vaya nuevamente por buen camino [27].

Lawfare como va (violenta) al neoliberalismo


Desde su llegada al Gobierno, va golpe de Estado a Dilma Rousseff, Michel Temer ha tomado medidas centradas en reducir sustantivamente el gasto social y eliminar los derechos de los trabajadores para beneficiar al sector empresarial. Implement una ola de privatizaciones que implican a sectores muy diversos: aeropuertos, puertos, carreteras, empresas de energa elctrica, hidrocarburos, etc. [28] Entre los objetivos a largo plazo, est la privatizacin de Petrobrs, petrolera estatal que constitua en buena medida el smbolo y materializacin de polticas soberanas en trminos de desarrollo econmico, tecnolgico y de defensa durante el Gobierno de Lula da Silva [29].

Las medidas se acompaan con una reestructuracin de leyes a favor del ajuste. Destaca la reforma laboral y del sistema de jubilaciones odiada por trabajadores y celebrada por empresarios, tal como la describi la prensa hegemnica [30]. Las huelgas y manifestaciones en contra de estas reformas neoliberales fueron contrarrestadas por un amplio despliegue represivo de las fuerzas de seguridad en las calles de ciudades principales [31].

ARGENTINA

Uso indebido de herramientas jurdicas y selectividad


La persecucin judicial contra funcionarios del Gobierno de Cristina Fernndez de Kirchner ha ido en escalada a partir de la llegada a la presidencial de Mauricio Macri, de Cambiemos. En los ltimos meses, adems de la causa contra la expresidenta, se destaca el juicio y prisin preventiva para el excanciller Hctor Timerman y el exvicepresidente Armando Boudou.

El hecho de que los imputados no intenten fugarse parece un dato irrelevante dado que el espectculo meditico es una arista fundamental de esta nueva forma de guerra.

Resalta el abuso del criterio de prisiones preventivas como herramienta para judicializar la poltica. Al abusar de este recurso, varios jueces federales ignoran los pactos internacionales a los que el pas suscribe en su Carta Magna, en los cuales queda explcito que lo que debe primar es la libertad de los acusados durante el proceso. En trminos estrictamente jurdicos, en etapa de instruccin tan solo hay dos supuestos que habilitan a la prisin preventiva: el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigacin por parte del imputado que el acusado obstruya la causa-. La inocencia o culpabilidad es posterior y se demuestra en la etapa del juicio oral.

Para desmentir al primer supuesto, varios casos emblemticos. Peafort y Ra, abogados defensores del ex ministro de relaciones exteriores y culto, Hctor Timerman, sostuvieron en su apelacin que el acusado viaj frecuentemente al exterior con motivo de sus tratamientos mdicos padece cncer de hgado y siempre regres en los plazos pautados, lo que evidencia lo descabellado de su prisin preventiva.

En el caso del exvicepresidente, Amado Boudou, fue el mismo fiscal quin seal en su dictamen que la prisin preventiva debe ser la excepcin y no la regla, y que el acusado siempre estuvo a derecho. Sin embargo, el hecho de que los imputados no intenten fugarse parece un dato irrelevante dado que el espectculo meditico es una arista fundamental de esta nueva forma de guerra. A modo de ilustracin, el Gobierno envi a la Gendarmera a la casa del ex ministro de planificacin, Julio De Vido, a sabiendas de que no se encontraba en su domicilio. En los medios masivos, esa foto supla la de su arresto.

En cuanto al segundo punto, en los casos de las prisiones preventivas solicitadas para miembros de la oposicin, los jueces no describen cules seran las supuestas influencias, ni tampoco puntualizan respecto de cmo podran obstruir la causa los imputados. Adems, resulta a todas luces evidente que el trato es diferencial para quienes fueron funcionarios durante el kirchnerismo, ya que en ningn caso se toma la misma medida para con los actuales funcionarios bajo proceso.

Al igual que en Brasil, en Argentina se cuida al empresariado. En ningn momento se apunta a la complicidad empresarial, sino nicamente al accionar de los funcionarios. Uno de los casos ms escandalosos es la condonacin de deuda del presidente Mauricio Macri a su padre, el empresario Franco Macri, en 2016. El Grupo Macri adquiri la concesin del Correo Argentino en la dcada del 90, hasta el 2003, cuando Kirchner lo reintrodujo en la rbita estatal por la falta de pago desde marzo del 2000. Luego de doce aos en los que el Estado argentino rechazara todos los planes de pago posquiebra por presentar quitas excesivas, con la llegada de Macri a la presidencia, sin embargo, rpidamente el Estado acept recibir tan slo el 1,18 % de lo adeudado [32].

La corrupcin: el cncer del kirchnerismo

Desde su asuncin, el presidente Macri se ha encargado de posicionar su gestin en las antpodas del kirchnerismo con especial nfasis en el eje de la corrupcin. Esto fue respaldado por los multimedios afines, a tal punto que los dos principales diarios (Clarn y La Nacin) inauguraron un tag especfico La corrupcin k. Mauricio Macri declara que ahora hay menos relato y ms verdad. Ante medidas de ajuste, justifica: Encontr un Estado devastado por la corrupcin [33], as, despus de una dcada de despilfarro y corrupcin, estamos normalizando el servicio energtico [34]. Para la construccin de sentido que hace este Gobierno, toda resultante negativa de la aplicacin de sus polticas neoliberales es respaldada en la nocin de que este es el nico camino posible. Gran parte de la poblacin se ha apropiado de este sentido, gracias a los medios de comunicacin que imponen en su agenda la persecucin a los supuestos corruptos k como la noticia nuestra de cada da.

La va violenta al neoliberalismo


Al momento de blanquear sus aspiraciones presidenciales, la alianza Cambiemos prometi que si llegaba a la Casa Rosada abogaran por la defensa de las instituciones y el republicanismo. Sin embargo, su arribo supuso precisamente un cambio en el accionar del Poder Judicial que avasall el Estado de Derecho, hasta el punto de desconocer las garantas bsicas en un proceso legtimo y penalizar la poltica (un estado de excepcin). El caso de Milagro Sala es uno de los ms contundentes en este sentido.

Pero la excepcionalidad se respira desde un comienzo. Las medidas de ajuste econmico (varias impuestas por decreto) que afectan a gran parte de la poblacin, fueron repudiadas por protestas masivas, con la presencia de sindicatos, organizaciones de base, movimientos, sociales, etc. Ante esta presin, el Gobierno ensay sus medidas represivas. Un hecho de gran notoriedad pblica fue a raz de la marcha por la aparicin con vida de Santiago Maldonado [35], donde sobresali el accionar de polica de civil: treinta y un detenciones arbitrarias de personas que pasaron hasta 48hs en comisaras, destacando la presencia de turistas, periodistas y fotgrafos. Pero el hecho ms colosal fue durante las marchas en contra de la reforma a la Ley Previsional (ley de jubilaciones), en diciembre 2017, donde los manifestantes fueron vctimas de la Gendarmera, carros hidrantes, gas lacrimgeno, balas de goma, nuevamente detenidos escogidos al azar y allanamiento de hogares. Una vez ms destac la presencia de polica infiltrada entre quienes comenzaron los disturbios.

ECUADOR

Uso indebido de las herramientas jurdicas y selectividad


Los juicios en Ecuador se han dirigido contra el exvicepresidente Jorge Glas (condenado a seis aos de prisin, el funcionario de ms alto rango condenado en Latinoamrica por la mega causa de Odebrecht) y contra un crculo de funcionarios cercanos. Estos procesos legales, curiosamente, no incumben al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, ni apuntan a investigar a Guillermo Lasso (candidato opositor a Alianza PAIS durante las elecciones presidenciales) sobre quienes pesan acusaciones de recibir coimas de Odebrecht por la contratacin del metro quiteo [36], y por estar inmersos en el escndalo de los Panam Papers considerando que la mayor parte de las riquezas de estos empresarios-polticos estn en cuentas offshore [37]-.

Es importante recordar que el caso judicial contra el exvicepresidente Glas, se inici a partir de un mensaje del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que advierten el pago de 33,6 millones de dlares de Odebrecht a funcionarios corruptos entre 2007 y 2016 [38]. Un mensaje coincidente con la campaa electoral que transcurra en diciembre de 2016, que apuntaba a favor de los intereses de la formula Guillermo Lasso y Andrs Pez [39]. Ambos dirigentes de la derecha mencionados en innumerables cables develados por WikiLeaks [40], que les posiciona como los ms cercanos e informantes privilegiados a favor de los intereses de los Estados Unidos [41].

Mientras se condena al vicepresidente Glas, los que brindaron buena parte de la informacin al Departamento de Justicia fueron los empresarios brasileos [[[C., Simoes P., Ricardo V. y Mauricio G. (exfuncionarios de Odebrecht de quienes no se brinda el nombre completo) no han recibido ninguna medida cautelar en su contra debido a que la Fiscala de Ecuador firm un acuerdo de cooperacin eficaz que ha servido como fuente de informacin para recabar elementos investigativos, y al amparo del artculo 494 del Cdigo Orgnico Integral Penal (COIP), que seala que las medidas cautelares deben ser adecuadas para garantizar el xito de las investigaciones [42]. Un dato fundamental a tener en cuenta, es la expulsin de la empresa Odebrecht del Ecuador entre 2008 y 2010, exigida por el expresidente Rafael Correa, quien tom la decisin por no cumplir con los estndares en la construccin de la represa hidroelctrica de San Francisco y de indicios de manipulacin y corrupcin en los procesos de contratacin, situacin que no tuvo en cuenta el juez de la causa, ni es mencionado por los medios de comunicacin, que en su momento criticaron por autoritaria la medida de expulsin de la empresa brasilea. [43].

Ecuador se ha pasado de un discurso anti-corrupcin a un proceso de persecucin judicial al estilo Lawfare, apoyado desde las altas esferas del poder judicial y con el soporte de los partidos de derechas. No es un detalle el nivel de consenso que ha adquirido el problema de la corrupcin en Ecuador, que entre otras cosas, forma parte del referndum y la consulta popular que se realizarn en un par de semanas.

La corrupcin: el principal problema del correismo


El presidente Lenn Moreno, desde el comienzo de su mandato, inici un conjunto de acciones para desmarcarse de su antecesor y compaero de partido, Rafael Correa. En entrevista con un diario espaol, asegura estar espeluznado, porque () ha habido una corrupcin galopante, principalmente en el ltimo perodo del Gobierno anterior () parecera que el presidente (Correa), ms de una ocasin, haca la vista gorda, porque estaba pensando no en el pas, sino en la prxima eleccin [44].

Lo interesante es que en Ecuador se ha pasado de un discurso anti-corrupcin a un proceso de persecucin judicial al estilo Lawfare, apoyado desde las altas esferas del poder judicial y con el soporte de los partidos de derechas. No es un detalle el nivel de consenso que ha adquirido el problema de la corrupcin en Ecuador, que entre otras cosas, forma parte del referndum y la consulta popular que se realizarn en un par de semanas.

La va al neoliberalismo (con Lenn)


El proceso de judicializacin de la poltica y persecucin de funcionarios del Gobierno anterior ha generado un terreno frtil para el cambio. Desde su llegada al Gobierno, Lenn Moreno ha propiciado una serie de reformas de corte neoliberal, haciendo borrn y cuenta nueva de las polticas de Correa.

Moreno celebr la visita del FMI, y manifest que ms adelante requerir de su ayuda, lo cual es un mensaje de alerta por las implicaciones del cambio de rumbo econmico del pas. Ha dispuesto entregar el manejo del dinero electrnico a la banca privada, en contrava de las ganancias generadas por el Banco Central del Ecuador en ese rubro. Desvindose de la recomendacin de la Asamblea Nacional y de la Ley de Reactivacin Econmica, liber el ingreso masivo de importaciones, lo cual gener una disminucin significativa del supervit comercial en el 2017, al aumentar en 21 % las importaciones, que empezaron a debilitar la produccin nacional. Asimismo, en la prxima consulta popular y referndum, se pretende dar marcha atrs de la progresista ley de plusvala, que impide la especulacin de las tierras en zonas urbanas [45]. No es casual que a la par de esta pregunta, en la consulta se incluya la de persecucin a funcionarios corruptos del Gobierno anterior.

COLOMBIA


Poco se ha indagado y menos an publicado en los medios masivos, sobre el modo en que la Corte Constitucional oper en contra del Acuerdo de Paz, al dejar sin sustento el mecanismo de discusin va FastTrack, que impidi el avance en la legislacin para la paz, y que abri nuevamente la discusin sobre los puntos nodales del acuerdo poniendo en riesgo la paz.

A diferencia de los casos anteriores, en Colombia, la estrategia de Lawfare se da a la inversa: una guerra jurdica de baja intensidad, donde el objetivo es la permanencia y el ocultamiento, va la sobreexposicin de ciertos casos, coludiendo un sistema de justicia totalmente necrosado por la corrupcin, que impide ver todos los vectores y actores de un sistema hoy en crisis. La estrategia de guerra jurdica solo es de alta intensidad en los pocos casos donde la izquierda llega a ocupar espacios en la esfera poltica formal despus de lograr combatir el hostigamiento paramilitar y a un sistema meditico enemigo sin piedad-. Solo entonces se prenden todas las alarmas y se activan todas las vas institucionales y jurdicas para acabar con la amenaza.

Uso indebido herramientas jurdicas y selectividad


El denominado Cartel de la toga es un ejemplo de utilizacin de la justicia para el beneficio de la casta poltica, vinculada a la derecha corrupta y criminal, que viene garantizando la salud del neoliberalismo. Pero este caso es solo la punta del iceberg, pues deja muchos cabos sueltos y, va la sobreexposicin meditica de algunos actores, promueve que la ciudadana evite preguntarse por el vnculo que ciertos personajes estatales y regionales tienen con los herederos de las dinastas familiares hoy en ejercicio del poder: Santos, Lleras, Lpez, Gmez, Pastrana, algunos de los apellidos ms recurrentes, que han sabido administrar las instituciones polticas, judiciales y comunicacionales segn sus intereses.

Este rol clave de la justicia ha quedado al descubierto tras conocerse cmo actuaban distintos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en alianza con la Fiscala Anticorrupcin, amaando y dilatando procesos judiciales contra polticos vinculados al paramilitarismo o a casos de corrupcin, a cambio de estrepitosas sumas de dinero. Ello sin mencionar la multiplicidad de negocios familiares que crecieron a la sombra de la actividad ilcita de los magistrados.
Corrupcin: el problema de la izquierda

La corrupcin se presenta como un mal de la izquierda. Es el caso del exalcalde de Bogot, Gustavo Petro (hoy candidato presidencial), perseguido y destituido por el exprocurador de la extrema derecha, Alejandro Ordez, cuyos fallos contra el exalcalde del Movimiento Progresista fueron tumbados por la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (que le permiti continuar con su mandato) y por el Consejo de Estado, que evidenci (tres aos despus) la utilizacin de la guerra jurdica en contra del burgomaestre.

A diferencia de la celeridad con la que actu la justicia en el caso de Petro, poco se ha indagado y menos an publicado en los medios masivos, sobre el modo en que la Corte Constitucional oper en contra del Acuerdo de Paz, al dejar sin sustento el mecanismo de discusin va FastTrack, que impidi el avance en la legislacin para la paz, y que abri nuevamente la discusin sobre los puntos nodales del acuerdo poniendo en riesgo la paz: se neg la inclusin en la Justicia Especial para la Paz a civiles comprometidos con delitos de lesa humanidad, financiadores o promotores del paramilitarismo; se hundi la reforma poltica que prometa una apertura democrtica; se negaron las curules o bancas en el Congreso para las vctimas; y ni siquiera se empez a reglamentar la reforma rural integral, entre otros temas [46].

Por otro lado, la proteccin brindada por el aparato judicial y meditico a determinadas personalidades, es cristalina en el caso de lvaro Uribe, quien tiene ms de 186 procesos judiciales en su contra, incluido el que cursa por el uso del aparato de inteligencia del Estado-DAS para amedrentar, perseguir y espiar a la oposicin y gobiernos vecinos, o por la compra de votos en el Senado que le valieron la reeleccin en el 2006. Todos casos que permanecen intactos en la comisin de acusaciones de la Cmara de Representantes, con escasa posibilidad de juicio, debido a que dicha instancia est conformada por polticos uribistas o exuribistas [47].

Lawfare: parte del statu quo neoliberal


Est demostrado que Odebrecht financi las campaa del presidente Juan Manuel Santos (cuando era apoyado por Uribe en el 2010) y las campaas de Santos y su principal rival el uribista Zuluaga en el 2014 [48]. Adems, cursan investigaciones por el pago de coimas de al menos 31,5 millones de dlares, entregados a altos funcionarios de los gobiernos de Uribe y Santos como contraprestacin por los contratos de infraestructura otorgados entre 2006 y 2016 [49]. Sin embargo, ninguno de los altos funcionarios de esos gobiernos se encuentra procesado, salvo un viceministro y tres senadores, que estn contribuyendo con la justicia y sern condenados con leves penas, cerrando la megacausa Odebrecht con algunos mandos medios condenados, pero sostenido el statu quo.

La utilizacin del aparato judicial para resguardar el orden instituido adquiere un rol clave en un proceso en el que se hacen evidentes los lastres y miserias de un neoliberalismo que viene operando desde hace dcadas [50], sosteniendo a las mismas familias en el poder y blindando a las dinastas polticas que usufructan las arcas del Estado aunque estn sealados de cometer graves delitos [51]. Es evidente el creciente achicamiento del Estado en su dimensin socio-econmica a favor de las mayoras histricamente postergadas, combinado con un ensanchamiento a favor del sector privado, que es bien recibido por los medios de comunicacin y no resulta materia de investigacin, considerando que la corrupcin tiene dos contrapartes, los que dan y los que reciben, es decir las empresas privadas y los funcionarios del Estado.

La corrupcin en pleno modelo neoliberal, privatizado y achicado al extremo el Estado, representa el 4 % del PIB colombiano, cerca de 17.000 millones de dlares al ao, segn lo indica la Contralora colombiana [52], un esquema basado en la impunidad y en la connivencia del sistema judicial, los medios de comunicacin y la violencia que reprime las voces crticas (120 lderes sociales asesinados en 2017) [53]. Un neoliberalismo con impunidad para el statu quo tutelado por los Estados Unidos, quien no enva a la opinin pblica los reportes de casos de corrupcin en los que se involucran empresas made in USA como en el caso Reficar [54], o del mismo caso Odebrecht, como si lo hizo con Brasil y Ecuador, por el contrario, protege a funcionarios pblicos colombianos condenados por corrupcin como al exministro uribista Andrs Felipe Arias [55].

Notas:


[1] http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/

[2] http://lawfareinstitute.com/publications/

[3] http://thelawfareproject.org/lawfare/what-is-lawfare-1/

[4] http://www.cidob.org/content/download/58165/1509781//1//domingo_85-86.pdf

[5] Herman, Edward y Chomsky, Noam. Manufacturing consent.The political economy of the mass media.New York: Pantheon, 1988

[6] http://www.celag.org/lawfare-la-judicializacion-de-la-politica-en-america-latina/

[7] http://www.celag.org/la-corrupcion-problema-america-latina-2/

[8] http://www.wilsoncenter.org/publication/international-support-for-justice-reform-latin-america-worthwhile-or-worthless

[9] http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/11/economist-explains-12

[10] http://blogs.imf.org/2017/09/21/corruption-in-latin-america-taking-stock/

[11] http://www.journalofdemocracy.org/article/latin-america%E2%80%99s-authoritarian-drift-threat-populist-left

[12] http://blogs.imf.org/2017/09/21/corruption-in-latin-america-taking-stock/

[13] http://foreignpolicy.com/2017/10/23/populism-is-coming-for-latin-america-in-2018/

[14] Sotelo Felipe, M. (2018) Lawfare, this crime call justice.EnProner, C., Citadino, G., Ricobom, G. y Domelles, J. Commentson a notoriousveredict.The Trial of Lula. CLACSO https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=1338&orden=&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1256

[15] La isonoma es el concepto de igualdad de derechos civiles y polticos de los ciudadanos.

[16] Carol Proner et al. (orgs.) Comentarios a umasentena anunciada: o Processo Lula. Bauru: Canal 6, 2017.

[17] Sotelo Felipe, M. (2018) Lawfare, this crime call justice.EnProner, C.; Citadino, G.; Ricobom, G. y Domelles, J. Coments on a notorious veredict.The trial of Lula.CLACSO.

[18] http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-40589237

[19] http://www.alainet.org/es/articulo/190468

[20] http://www.telesurtv.net/news/Brasil-Caso-de-Lula-pasa-por-delante-de-otras-7-acciones-de-Lava-Jato-20180108-0034.html

[21] http://cnnespanol.cnn.com/2017/12/19/marcelo-odebrecht-sale-de-la-carcel-para-cumplir-prision-domiciliaria/

[22] http://www.wiseinternational.org/nuclear-monitor/835/brazils-nuclear-power-program-undone-corruption

[23] http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,justica-condena-ex-presidente-da-eletronuclear-a-43-anos-de-prisao,10000066863

[24] http://www.nytimes.com/es/2017/08/30/juez-sergio-moro-java-lato-lula-brasil/?rref=collection%2Fsectioncollection%2Findex

[25] http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/12/141209_brasil_juez_escandalo_petrobras_perfil_gl

[26] http://www.pulsamerica.co.uk/2016/11/corruption-charges-and-the-decline-of-populism-latin-americas-rejection-of-its-political-class/

[27] http://themercury.com/endless-corruption-is-a-cancer-in-brazil/article_c2c826b7-75c8-526a-8c6a-862c956cb32f.html

[28] http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Privatizaciones-en-Brasil-20170906-0038.html

[29] http://www.celag.org/brasil-y-el-cono-sur-en-la-geopolitica-estadounidense/

[30] http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8737826/11/17/Brasil-estrena-una-reforma-laboral-odiada-por-los-sindicatos-y-festejada-por-las-empresas.html

[31] http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/04/28/barricadas-protestas-y-huelga-general-contra-las-reformas-impulsadas-por-michel-temer-en-brasil/

[32] http://www.lanoticiaweb.com.ar/noticia/47193/mauricio-es-fue-y-sera-siempre-macri

[33] http://www.lanacion.com.ar/1920318-encontre-un-estado-devastado-por-la-corrupcion-y-otras-frases-destacadas-de-mauricio-macri

[34] http://www.clarin.com/politica/apertura-sesiones-ordinarias-mauricio-macri-dijo-ahora-relato-verdad_0_H1Nd98E5g.html

[35] http://www.celag.org/santiago-maldonado-desdibujando-al-estado-derecho/

[36] http://www.telesurtv.net/telesuragenda/Lasso-y-Rodas-apellidos-del-escandalo-Odebrecht-en-Ecuador-20170316-0034.html

[37] http://www.pagina12.com.ar/27029-lasso-en-jaque-por-los-negocios-en-panama

[38] http://www.nacion.com/el-mundo/politica/corte-constitucional-de-ecuador-acepta-juicio/J2G7EIQVU5GSDCZGM443NLBJDE/story/

[39] http://www.vistazo.com/seccion/pais-politica-nacional/politica-nacional/paez-analiza-ir-eeuu-por-informacion-de-caso

[40] http://wikileaks.org/plusd/cables/07QUITO768_a.html

[41] http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/investigacion-revela-presunto-vinculo-de-paez-con-stanford

[42] http://www.celag.org/la-corrupcion-problema-america-latina-2/

[43] http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818813271

[44] http://www.abc.es/internacional/abci-lenin-moreno-estoy-espeluznado-corrupcion-galopante-gobierno-correa-201712140224_noticia.html

[45] http://www.celag.org/ecuador-regreso-una-economia-tutelada/

[46] http://www.semana.com/nacion/articulo/fast-track-corte-constitucional-tumba-voto-en-bloque/525563

[47] http://www.elpais.com.co/colombia/alvaro-uribe-velez-tiene-mas-de-186-procesos-en-la-comision-de-acusacion.html

[48] http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/13/fiscalia-de-colombia-asegura-que-odebrecht-asumio-gastos-de-campanas-de-santos-y-zuluaga/ y http://www.semana.com/nacion/articulo/fiscal-hay-evidencia-certera-del-ingreso-de-dinero-de-odebrecht-a-campana-de-oscar-ivan-zuluaga/544784

[49] http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-ruta-de-los-sobornos-de-odebrecht-en-colombia-113000

[50] http://www.celag.org/la-crisis-neoliberal-y-la-paz-en-colombia-por-javier-calderon-castillo/

[51] http://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/los-candidatos-mal-rodeados-articulo-727973

[52] http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/precio-de-la-corrupcion-en-colombia-61749

[53] http://www.elespectador.com/noticias/paz/mas-de-120-lideres-comunales-han-sido-asesinados-en-2017-articulo-724083

[54] http://caracol.com.co/programa/2016/01/28/6am_hoy_por_hoy/1453984041_656591.html

[55] http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/vinculacion-de-andres-felipe-arias-con-caso-odebrecht-esta-en-manos-de-la-fiscalia-119426

Silvina Romano, Javier Caldern, Ava Gmez, Amlcar Salas Oroo y Brbara Ester son investigadores del Centro Estratgico Latinoamericano de Geopoltica (CELAG)

Fuente: http://www.celag.org/lawfare-la-via-legal-al-neoliberalismo/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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