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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-01-2018

Violencia estrutural
Violencia institucional

Lidia Falcn
www.publico.es

Reflexin crtica sobre cmo la violencia institucional contra las mujeres, en Espaa, est tambin institucionalizada.


La mujer que cuentan como primera vctima de violencia machista de 2018 fue apualada en Tenerife hace pocos das. Haba presentado denuncia por amenazas y maltrato unos das antes y el juzgado la haba archivado por no ser de riesgo. Jennifer H.S., la mujer asesinada el viernes 19 de enero por su expareja en Los Realejos (Tenerife), haba denunciado el 8 de enero al hombre por violencia de gnero, en concreto por agresiones verbales. El subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Daz Guerra, en unas declaraciones a los medios de comunicacin asegur que la mujer afirm no necesitar medidas de proteccin.

A los dos das de la denuncia se celebr un juicio rpido y el juez de guardia archiv la causa. Informan de que la polica la llam despus para preguntarle cmo se encontraba y le dio unos consejos para autoprotegerse: no convivir en el mismo domicilio o cesar definitivamente esa relacin y acudir a servicios sociales. Y a partir de ah lament la polica interrogada- la siguiente informacin que tenemos es el fallecimiento de la vctima. Ni siquiera utiliza la palabra asesinato, como si hubiese muerto de un infarto.

Nunca sabremos qu escrito de acusacin present el fiscal, qu pens el juez para ordenar el archivo, ni que atestado instruy la polica a la que fue a pedir ayuda la vctima. Pero no es ningn caso extraordinario. Segn los repetidos informes que mensualmente elabora el Observatorio de Violencia de Gnero, el 60 por ciento de las vctimas de feminicidio no haban presentado denuncia.

Y qu sucedi con el 40% restante? Se les dio consejos para autoprotegerse? Se archivaron las denuncias por no ser de riesgo? Se sospech que la denunciante estaba mintiendo? Se celebr algn juicio y se absolvi al denunciado? Estas y otras muchas preguntas nunca son contestadas por los responsables de la proteccin de las mujeres, si es que nuestras instituciones creen que las mujeres merecen la misma proteccin que otros ciudadanos. Hace diez aos que muri Carmen Fernndez, madre de Ivn y Sara, cuya tutela le fue retirada por la Junta de Andaluca cuando los nios contaban con 5 y 4 aos. Fue la madre coraje de Sevilla. La crnica de ABC nos cuenta que Carmen, de 49 aos, muri sola en una residencia para enfermos terminales y sin poder cobrar los 1,7 millones de euros de indemnizacin que orden la Audiencia Provincial que deba recibir del gobierno por la retirada irregular de sus hijos.

Carmen Fernndez falleci de un cncer el 7 de diciembre de 2007, unas semanas antes de que el Tribunal constitucional confirmase definitivamente su derecho a ser indemnizada por la Junta de Andaluca por el tortuoso calvario dice el TC- sufrido debido a la retirada de la custodia de sus hijos. El calvario comenz cuando los servicios sociales de la Junta le retiraron a Carmen, que era limpiadora de pisos, la custodia de sus hijos alegando que se encontraban en desamparo por el alcoholismo que padeca. Pero cuando demostr que se haba rehabilitado ni la Junta ni el juzgado ni los servicios sociales dieron marcha atrs al proceso de preadopcin de los nios a una familia del pueblo Dos Hermanas.

Carmen acumul hasta diez sentencias a su favor que le permitan mantener la custodia de sus hijos, y a pesar de ello ni la Audiencia ni el gobierno de Andaluca ejecutaron la sentencia. Su abogado Gabriel Velamazn la calific de madre coraje y resumi su triste historia: Luch en absoluta inferioridad por sus hijos. Vivi pobre y sufri muchsimo. Nadie de los responsables de esta tragedia: la Junta, los servicios sociales, los jueces, los fiscales, han sido sancionados por estas negligencias que permiten sospechar la prevaricacin, y que llevaron a la desgracia y a la muerte a Carmen Fernndez.

Mujeres asesinadas por su maltratador o acosador despus de haber presentado una o varias denuncias ante las instituciones correspondientes: policas varias, fiscala, judicatura, que no actuaron; madres a las que se priva de la custodia y convivencia con sus hijos por parte de la Administracin de la Comunidad en que viven porque son pobres o estn enfermas, para entregarlas en adopcin a otra familia, de cuya transaccin no tenemos datos; madres que denuncian abusos sexuales a sus hijos por parte del padre y son tachadas de mentirosas, acusadas de padecer el SAP y en consecuencia se entrega la custodia de los menores al pederasta; mujeres violadas por uno o varios machos y que cuando denuncian son tratadas por la polica, el fiscal, el juez, como falseadoras de la realidad ya que los violadores arguyen que las relaciones sexuales fueron consentidas; mujeres acosadas sexualmente por empresarios y capataces que son despedidas del trabajo cuando lo denuncian y los juzgados absuelven al denunciado.

Mujeres, en definitiva, vctimas del sistema patriarcal que considera que el hombre siempre tiene razn. En el ao 2000 el Tribunal Supremo dict una sentencia en la que afirmaba que el testimonio de una mujer vala lo mismo que el de un hombre. Hizo falta que entrara el siglo XXI para el que TS de nuestro pas, democrtico, europeo, tuviese que advertir formalmente, en una sentencia, de tal consideracin. Porque es repetido el caso en que ni en la polica ni en los tribunales se considera el testimonio de una mujer con el mismo peso y veracidad que el de un hombre.

Como en los pases musulmanes donde todava rige la disposicin del Corn que establece que el testimonio de una mujer vale la mitad que el de un hombre. A la tortura de recibir maltrato continuado del hombre con el que convive, o de ser violada por conocidos o desconocidos, o acosada en la calle y en el trabajo, humillada por la sociedad que considera a la mujer pieza de caza masculina, despedida del empleo si se opone a las salaces pretensiones del empleador, la mujer que se atreva a pedir proteccin a las instituciones establecidas para ello, puede unir el desprecio y la sospecha de aquellos que deben protegerla, la espera del interminable proceso que se inicia, los interrogatorios infamantes de fiscales, jueces y abogados, y la sentencia absolutoria de sus verdugos, o como en el caso de Carmen Fernndez, la burla de su gobierno que se neg a ejecutar las diez sentencias que acumul a su favor.

En los estudios realizados por profesoras de la Universidad de Barcelona se concluy que una mujer maltratada, que denuncia, slo tiene el 6% de posibilidades de ver en la crcel a su maltratador. Hay pases que han aprobado una ley de violencia contra la mujer en la que incluyen la violencia institucional, tipificada como la que ejercen las instituciones negndose a proteger a la vctima cuando acude a solicitar su amparo. En esta ya famosa Ley de Violencia de Gnero espaola, que tantas satisfacciones proporciona a quienes la aprobaron, no est establecido nada parecido.

Se aprob para cumplir el trmite de presumir ante el mundo de que nos dotbamos de la mejor ley del mundo -as alguna institucin europea le dio un premio- pero desde diciembre de 2004 en que vio la luz hasta hoy son 1.200 las mujeres asesinadas, cientos los nios que han corrido la misma suerte a manos de sus propios padres o padrastros, miles las violadas, incontables las abusadas y despedidas del trabajo.

Sin que ninguno de los responsables de las instituciones que tienen que protegerlas hayan sido nunca encausados ni condenados por negligencia o prevaricacin. Porque la Ley no lo contempla. La violencia institucional contra las mujeres est tambin institucionalizada.

(Este artculo se escribi el pasado 24 Enero 2018 aniversario de los asesinatos de los abogados de Atocha).


Fuente:http://blogs.publico.es/lidia-falcon/2018/01/25/violencia-institucional/


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