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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-01-2018

Por unas pensiones dignas

Rafael Silva
Rebelin


"...Lo que se aplica es una poltica con cuatro constantes: austeridad, es decir, reduccin de gastos sociales vitales, de salarios directos e indirectos, de pensiones y jubilaciones, de servicios colectivos, etc. Privatizacin, es decir, vender todo lo pblico, colectivo y comn a la burguesa a precio de ganga, para que pueda aumentar la tasa media de beneficio aunque sea a costa del empobrecimiento popular. Flexibilidad, es decir, destruccin de derechos sociolaborales y democrticos, derechos polticos conquistados por el pueblo trabajador pero que dificultan los negocios burgueses. Y represin, es decir, amedrentar a las clases trabajadoras para que no se resistan y sobre todo no pasen a la ofensiva, para que malvivan en el miedo y en la obediencia acobardada"
(Iaki Gil de San Vicente)


A vueltas con el Sistema Pblico de Pensiones y sus ltimos ataques orquestados, habra que aclarar en primer lugar que la defensa de las pensiones pblicas en toda su extensin no es slo cosa de las personas mayores jubiladas, puesto que el sistema incluye para las personas, adems de la propia jubilacin a su edad correspondiente, otros tipos de prestaciones asociadas, tales como las pensiones de viudedad, orfandad, proteccin ante las incapacidades derivadas de cualquier contingencia, las prestaciones familiares, la maternidad-paternidad, la asistencia sanitaria y el resto de servicios sociales vinculados a todas ellas. El Sistema Pblico de Pensiones (en adelante, SPP) debe ser defendido por el conjunto de la clase trabajadora, pues sus mltiples manifestaciones les afectan en mayor o menor medida a lo largo del tiempo. Todo el ataque que est sufriendo el SPP est derivado de la ofensiva neoliberal que est derribando poco a poco la prctica totalidad de las conquistas de la clase obrera durante las ltimas dcadas. En el fondo, la idea y el objetivo que subyacen es que sea la banca privada la que asuma el rol que ahora mismo posee la Seguridad Social, y se encargue de sufragar las pensiones de los mayores. Pero lgicamente, si tenemos en cuenta la trayectoria de estas entidades y los referentes ocurridos en otros pases, el panorama es ciertamente desolador.

Nosotros pensamos que ningn agente ni entidad privada puede encargarse de este objetivo, pues se trata de un derecho humano fundamental, alejado del afn de lucro y beneficio que cualquier empresa pueda lcitamente tener. Desde este punto de vista, han de ser las instituciones y organismos pblicos los que se sigan encargando de ello, pero el saqueo que llevan sufriendo desde los ltimos aos ac nos sugiere que este asunto necesita un replanteamiento urgente. Pero metidos en harina, tambin nos damos cuenta de que el SPP no puede sufragarse con ocurrencias como nuevos impuestos (como el sugerido recientemente por el PSOE para gravar las transacciones financieras, que adems es un carro al que se ha subido tarde y mal), ni ordinarios ni extraordinarios, pues todos ellos dependen del nivel de recaudacin que el Estado pueda hacer sobre ellos. El SPP es demasiado importante como para depender de los vaivenes del mercado, ni de la recaudacin de cierto tipo de impuestos que contribuyan a las arcas pblicas. Pero es evidente que la precariedad del mundo laboral actual (temporalidad, bajos salarios, escasa proteccin social, etc.) y los altos niveles de paro generados no pueden aportar las cantidades suficientes como para que el SPP sea sostenible. Cul es, entonces, la solucin? Evidentemente, y en primer lugar, volver a reconstruir un mundo de relaciones laborales que ha sido prcticamente destruido mediante las ltimas Reformas Laborales (tanto de PP como de PSOE), anulando el poder sindical y la negociacin colectiva, y vinculando todo el poder y la hegemona a las organizaciones empresariales.

Pero an nos quedara alguna inseguridad en la financiacin del SPP si lo derivamos todo y siempre al mundo laboral. Un mundo laboral fuerte, estable y con derechos, con bajas tasas de paro, permitira por s mismo, de entrada, anular las peligrosas incertidumbres que se ciernen sobre el SPP, pero todava deberamos dar alguna vuelta de tuerca ms para asegurar definitivamente el sistema. Durante los ltimos aos, la prdida de poder adquisitivo de los pensionistas ha sido alarmante, pues mientras el IPC ha seguido su curso, la revalorizacin de las pensiones pblicas no se ha desviado del 0,25% contemplado en el Decreto que las regula. Por tanto, se necesita en primer lugar revalorizar las pensiones a niveles dignos, y la sola vuelta del mundo laboral a sus condiciones anteriores (cosa que an est por ver) no sera quiz garanta para poder alcanzar dicho objetivo. Necesitamos unificar (en el horizonte tenemos la Renta Bsica Universal que aglutinara todas las prestaciones pblicas con dicho rasero) el importe de las pensiones mnimas al Salario Mnimo Interprofesional (SMI), subiendo dichos valores hasta niveles dignos. Y como decimos, hemos de colocar un nuevo factor de sostenibilidad al sistema, que despeje cualquier tipo de duda al respecto. Dichas polticas han de descansar sobre la base del pleno y escrupuloso respeto a los Derechos Humanos fundamentales, luego est claro que si el sistema actual de cotizaciones a la Seguridad Social es insuficiente (o como medida hasta que vuelva a ser suficiente), hemos de implementar una fuente de recursos proveniente de otra va, y esa va no puede ser otra que los Presupuestos Generales del Estado.

Porque en efecto, los PGE contemplan la financiacin de mltiples partidas pblicas de recursos (sueldos de todo tipo de funcionarios, por ejemplo), incluidas la financiacin espuria a ciertos elementos que nosotros entendemos sobrantes, como la financiacin a la Casa Real o a la Iglesia Catlica, por no citar la cantidad de ingresos que se van a pagar los intereses de la demencial deuda pblica que soportamos, o los presupuestos (muchos de ellos disfrazados u ocultos) destinados a las polticas de armamentos, de defensa (o mejor dicho, de ataque). La pregunta es muy fcil de enunciar: cmo es posible que existan fondos para todas estas partidas, y no podamos garantizar fondos para sufragar el SPP? Pues es otro de los indecentes flecos que tenemos que soportar, sobre todo si comparamos las dificultades de toda persona asalariada o autnoma para cobrar una pensin digna, comparada con los privilegios de nuestros polticos, banqueros y grandes empresarios, que pueden compatibilizar en algunos casos hasta 3 pensiones, o cobrar la pensin mxima habiendo cotizado slo 10 aos, o autoconcederse indemnizaciones millonarias antes de liquidar la entidad, mientras a los dems trabajadores/as se les manda el mensaje de que hay que jubilarse cuanto ms tarde mejor, e incluso, si se puede, jubilarse compatibilizando la pensin con un trabajo. Las vergenzas de este injusto sistema aparecen por doquier. Se necesita imperiosamente romper con este panorama. Ms que una solucin mgica, lo que necesitamos es poner en marcha un conjunto de nuevas polticas que partan de la idea de asumir la sostenibilidad del sistema como absolutamente garantizada en todo momento.

No valen los clculos demogrficos baratos que nos hablan de la evolucin de la esperanza de vida, porque los que nos argumentan esta falacia son los mismos que nos proponen planes de pensiones privados, o que llevan aos degradando y precarizando el mercado laboral. Hay que romper con las limitaciones referidas a la financiacin exclusiva a travs de las cotizaciones sociales, abriendo el campo a la financiacin pblica a travs de los PGE, y hay que crear puestos de trabajo estables y con derechos, en vez de continuar basando el discurso en mantras como los "20 millones de ocupados", que en realidad estarn ocupados en ser nmeros de una estadstica temporal. Las prioridades econmicas seran restablecer el poder adquisitivo de los pensionistas (cado en picado desde 2011), devolver la vinculacin de la subida de las pensiones al IPC, y sincronizar la pensin mnima con el SMI y dems prestaciones bsicas, alcanzando hasta los 1.000 euros mensuales. A nivel social, necesitamos homologar nuestras cifras a los valores europeos de nuestro entorno, reducir (hasta anular) la brecha de gnero en las pensiones, eliminar todo tipo de co-pago (ms bien re-pago) que se imponga a los pensionistas, y garantizar los servicios de suministros bsicos (energa, agua, transporte...). Todo ello debe apoyarse en un conjunto de medidas legales que descansen sobre la aceptacin del SPP como un derecho constitucional contemplado en los PGE, el restablecimiento de la jubilacin ordinaria a los 65 aos, que contemple la jubilacin anticipada sin penalizacin alguna (es decir, con el 100% de la base reguladora a partir de 40 aos cotizados), la integracin y armonizacin de las cotizaciones de todos los regmenes de la Seguridad Social, y la recuperacin del subsidio indefinido para las personas mayores de 52 aos. Para todo ello, slo necesitamos la voluntad poltica necesaria.

Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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