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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-01-2018

Gonzlez y Aznar pagaron a pases de frica y Amrica Latina a cambio de controlar a deportados de ETA

Danilo Albin
Pblico.es


Las expulsiones empezaron a producirse en 1984 tras un acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Espaa y Francia. A da de hoy, una veintena de personas se encuentran en un "limbo jurdico", aseguran desde el Foro Social. El pasado fin de semana se valor su situacin en un encuentro celebrado en Irn.

Hay cosas que se arreglan con dinero. Por ejemplo, la suerte de varias decenas de ciudadanos vascos acusados de terrorismo all por los aos ochenta, una poca en la que el GAL haca justicia por mano propia y mataba a los sospechosos. A cambio de generosas "ayudas al desarrollo", varios pases africanos y latinoamericanos se convirtieron en el destino de los miembros de ETA que fueron deportados gracias al acuerdo alcanzado por los gobiernos de Felipe Gonzlez y Franois Miterrand en 1984. Hoy, 44 aos despus, una veintena de ellos busca vas legales para volver a Euskadi.

Sus historias estuvieron muy presentes este viernes y sbado en la localidad fronteriza de Irn, donde el Foro Social Permanente, una entidad dedicada a la bsqueda de acuerdos en torno al nuevo escenario de paz abierto en el Pas Vasco, analiz posibles soluciones para quienes an componen el colectivo de deportados. A lo largo de ambas jornadas, abogados penalistas, expertos internacionales e incluso ex deportados participaron en distintas mesas redondas.

"Estamos hablando de personas que tienen suspendidos sus derechos civiles y polticos", seal a Pblico la periodista y portavoz del Foro Social, Teresa Toda, quien consider que la situacin de todas ellas "ha sido bastante invisible hasta ahora". Sin embargo, las cosas estn cambiando en Euskadi: hace ms de seis aos que ETA abandon la violencia, en abril pasado entreg las armas y todo indica que en los prximos meses se producir su cierre definitivo. En ese contexto, Toda sostiene que ante una situacin "totalmente diferente" deben buscarse "soluciones imaginativas" para estos casos. En otras palabras, sugiere que el gobierno espaol debera desactivar la "poltica de excepcin" aplicada contra los miembros de ETA, tanto a nivel de las crceles como en materia de deportacin.

Para entender este asunto hay que retroceder hasta julio de 1983. Fue entonces cuando el GAL, en su acta fundacional, puso en su punto de mira "los intereses franceses en Europa" por la negativa de su gobierno a extraditar a los sospechosos de pertenecer a ETA que se encontraban en su territorio. "Las deportaciones de miembros de ETA se iniciaron en 1984, cuando Francia acept colaborar, por primera vez, en la lucha antiterrorista con Espaa. Como no estaban seguros de la reciente democracia espaola le ofrecieron el trato al gobierno espaol de deportar a los vascos en lugar de extraditar, a lo que Espaa acept encantada", seala la historiadora Susana Panisello Sabat en un informe publicado en la revista de la Asociacin Historia Actual en 2014.

La investigadora destaca que esa medida "fue usada de forma reiterada entre 1984 y 1990", periodo en el que fueron deportadas "unas setenta personas a diez pases diferentes". Los destinos se repartieron entre Amrica Latina (Panam, Ecuador, Repblica Dominicana, Cuba y Venezuela) y frica (Cabo Verde, Gabn, Argelia, Sao Tom y Togo). "El envo ms numeroso se produjo como consecuencia del final de las conversaciones de paz entre ETA y el gobierno espaol que tuvieron lugar en 1989 en Argel", indica. A raz del fracaso de aquel proceso de dilogo, Espaa logr que Argelia enviara a un buen nmero de miembros de la organizacin armada "la mayora expulsados de Francia en 1987", recuerda Panisello- a Repblica Dominicana y Cabo Verde.

A cambio de recibir a los deportados, los gobiernos de turno en los pases de acogida recibieron varios millones en concepto de crditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). "Desde 1977, ao en que se crearon los FAD, hasta 1985, ao en que se cre la Secretara de Estado de cooperacin Internacional que regulaba las concesiones de dichos crditos, Espaa no tuvo que dar ninguna explicacin" sobre qu pases reciban esas ayudas, apunta la investigadora en su informe.

Su estudio contiene otro dato revelador: entre 1977 y 2002, ocho de los diez pases que acogan a deportados formaban parte de la lista de receptores de esos crditos. La autora cita un documento elaborado por Mariano Gonzlez y Jos Mara Larru para el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, en el que se cifra los crditos recibidos por pases como Argelia (376.706 millones de euros), Ecuador (296.260 millones) o Venezuela (200.103 millones) a lo largo de ese periodo. Mientras Espaa inyectaba ese dinero, los gobiernos que lo reciban se encargaban de mantener controlados a los miembros de ETA que se encontraban en sus respectivos territorios.

"Limbo jurdico"

Sin embargo, el dinero no ha sido suficiente para solucionar la situacin de un buen nmero de deportados. "Con el paso de los aos las deportaciones se enquistaron y desde los diferentes gobiernos espaoles no se saba cmo resolverlas. Tanto que, a da de hoy, todava hay vascos que fueron expulsados a terceros pases en los ochenta que permanecen en sus lugares de deportacin esperando una resolucin colectiva que Espaa nunca ha afrontado", escribi Panisello.

Mientras apura los detalles del acto que comenzar este viernes en Irun, Teresa Toda refuerza esa tesis. "Los deportados quedaron en esos pases en un limbo jurdico, porque eran acuerdos polticos y administrativos entre gobiernos, pero sin una base legal", record. A da de hoy, seala la portavoz del Foro Social, "todava hay una veintena de personas que, debido a que no tena un estatus legal, tampoco ha conseguido papeles en esos pases".

La vuelta de los huidos

Asimismo, en el encuentro de Irn se habl tambin sobre los denominados "huidos" de ETA y su posible regreso a Euskadi. "Algunas han ido volviendo en los ltimos aos porque ya no tenan causas en la Audiencia Nacional, pero an existe un grupo de personas que contina en esa situacin, y debe valorarse como se hace frente a este tema", seal Toda.

El pasado 2 de octubre, el Foro Social Permanente mantuvo un "encuentro preparatorio" con el denominado Colectivo de Huidos Polticos Vascos (EIPK, por sus siglas en euskera), cuyo portavoz, Jon Irazola, participar en la conferencia de este viernes y sbado. En la anterior reunin, el EIPK hizo una "radiografa de la situacin": "se trata de un colectivo compuesto por entre 85 y 100 personas. De ellas, 20 se encuentran en situacin de deportacin. La mayora tienen ms de 60 aos y bastantes estn aquejados de enfermedades ms o menos graves", recordaron desde el Foro en la convocatoria enviada para el acto de Irun.

Denunciaron adems que los huidos y deportados "se encuentran en una situacin de inseguridad, dado que sus abogados no pueden acceder a sus dosieres jurdicos en la Audiencia Nacional". En declaraciones a Pblico, Toda adelant cules son algunas de esas trabas. "Hay casos que ya estaran prescriptos y las personas en cuestin podran regresar, pero la Audiencia decreta el secreto de sumario para dificultar el trabajo de sus abogados", explic. La solucin no ser sencilla.

Fuente: http://www.publico.es/politica/pais-vasco-gonzalez-aznar-pagaron-millones-paises-america-latina-africa-cambio-controlar-deportados-eta.html



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