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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 31-01-2018

Certificado de decencia para Julio Ponce Lerou

Paul Walder
Punto Final


El 17 de enero, Corfo y SQM firmaron un acuerdo de conciliacin para modificar los contratos entre las partes, tras varios aos de negociaciones. Un pacto para la futura explotacin del litio, anunciado como un xito para el gobierno y el Estado de Chile por el vicepresidente ejecutivo de la Corporacin, Eduardo Bitran, que apunta, dijo, a clausurar un captulo extenso de disputa y negociaciones entre ambas entidades.

En lo ms inmediato -y destacado en la oportunidad por Corfo-, est el cambio a la estructura del gobierno corporativo de SQM, lo que implica la salida de Julio Ponce Lerou del control de la sociedad minera, punto intransable para Bitran desde el inicio de las conversaciones. Junto a esta exigencia, la entidad pblica aument los precios del contrato de arriendo de los yacimientos mineros que le entrega a SQM, que se igualan al contrato con la otra empresa minera del litio, Albemarle, y estableci los derechos de Corfo como propietario de los yacimientos, entre otros aspectos. Junto a ello, la Corporacin destaca que logr un acuerdo de expansin de la oferta de litio con SQM y Albemarle, lo que permitir que Chile mantenga el liderazgo mundial en el litio, con una participacin de mercado superior al 45%. Ambos acuerdos implican, entre 2017 y 2030, ingresos adicionales para el Estado y las comunidades de alrededor de 12 mil millones de dlares.

Esta es la versin oficial e interesada de un acuerdo tomado entre un gobierno saliente y los ejecutivos de SQM. Un acto realizado cuando los medios de comunicacin y el pas en general seguan los detalles de la visita del Papa Francisco a Chile, que ha impedido ya no slo la informacin ciudadana sino un debate justo en torno a la materia. Con la excepcin de algunas organizaciones territoriales de defensa del litio y de un grupo de parlamentarios apresurados por cerrar el ao legislativo, el contrato que entrega la explotacin del litio a SQM hasta el ao 2030 ha circulado de forma perifrica al ncleo de la agenda noticiosa.

Una primera observacin a la modificacin del contrato apunta a una serie de efectos nocivos para la economa nacional en el corto y mediano plazo. El acuerdo clausura un debate que podra haber cambiado el curso que actualmente sigue la economa chilena, en cuanto el Estado se inhibe de participar en la explotacin y desarrollo de la industria del litio. El contrato entre Corfo y SQM entrega en los hechos a un privado la explotacin del litio por los prximos aos, accin que consolida un modelo econmico que ha entregado todos los recursos naturales a manos privadas.

 

EL ORDEN NEOLIBERAL

TAMBIEN EN EL LITIO

El incipiente debate que se inici hace cuatro aos en torno a la posible recuperacin por parte del Estado del litio como recurso estratgico, discusin que haba sido levantada incluso por el mismo Bitran mediante un juicio contra SQM por el incumplimiento del contrato de arriendo del Salar desde los primeros gobiernos de la Concertacin, se cierra abruptamente con el acuerdo. Esta decisin, que consolida el orden neoliberal en el litio, sin duda tendr consecuencias econmicas desfavorables para el pas en cuanto renuncia como Estado a entrar a competir en una de las principales tecnologas del momento. Chile nuevamente se inhibe de incorporar valor agregado a sus recursos naturales y se consolida como extractor de materias primas.

Si todos estos efectos se inscriben en la escena econmica, un acuerdo con SQM apunta al centro del momento poltico en cuanto Corfo avala un contrato con la empresa y la figura ms nefasta para la economa y la poltica chilena desde los tiempos de la dictadura. El acuerdo suscrito por el gobierno con la empresa controlada por Ponce Lerou es tambin un lavado de imagen al ex yerno de Pinochet, no slo en cuanto a las condiciones que permitieron la compra de la sociedad minera durante la dictadura sino tambin respecto a su funcin como corruptor de la poltica chilena. En el nuevo contrato, Ponce Lerou dejara de ser el controlador de SQM pero en los hechos permanece como dueo.

Corfo no habla de ello. Cierra con rapidez un contrato y le extiende un certificado de decencia a SQM, empresa con un prontuario desde los primeros aos de la dictadura que estar a la cabeza de la explotacin del litio chileno hacia el futuro. Un acuerdo entre partes sin duda interesadas que tiene una inspiracin muy similar a la ley minera que ha entregado el cobre a manos de corporaciones privadas desde el fin de la dictadura.

En la firma bastante apurada del nuevo contrato Corfo-SQM hay que destacar el contexto que lo ha rodeado. Bitran es un alto funcionario que llev adelante una batalla que finalmente pierde. En las postrimeras de un gobierno derrotado responde a este espritu y baja la guardia ante el poderoso Ponce Lerou. Se trata, sin duda, de una poltica gubernamental inspirada nuevamente en las prcticas de los consensos con los poderes econmicos. De partida, Corfo depende directamente del Ministerio de Economa, cartera encabezada por Jorge Rodrguez Grossi, factotum de la ex Concertacin y las grandes corporaciones en el gobierno de la Nueva Mayora. Rodrguez Grossi, un representante ejemplar de la puerta giratoria de altos funcionarios entre cargos pblicos y directorios de la empresa privada, no slo favorece hacia el final del gobierno a SQM, sino que la fortalece como importante actor de la economa. Una manera de limpiar a la empresa y olvidar el corrupto pasado poltico y la compra de parlamentarios.

 

LA REACCION DE

LAS COMUNIDADES

La tarde de la firma del contrato ante las puertas de Corfo protestaron comunidades de Atacama agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameos. Aquella tarde mediatizada con la visita del Papa Francisco, las comunidades impugnaron el contrato en cuanto se le entrega la explotacin del litio a SQM hasta el ao 2030 y se le permite extraer 180.000 toneladas adicionales. En el camino se deja en nada el juicio arbitral que buscaba terminar con el contrato de arriendo de los salares por los mltiples incumplimientos contractuales de SQM. Hasta ahora, segn lo que se conoce del acuerdo, Soquimich podr ampliar su capacidad de explotacin en el Salar de Atacama previa inversin de mil millones de dlares, e incluso podr participar -junto a Codelco- en la explotacin del Salar de Maricunga.

No slo las comunidades atacameas han iniciado una campaa contra el tiempo para impugnar el acuerdo tomado entre cuatro paredes. Un grupo de 41 diputados solicit una sesin especial para abordar el acuerdo entre Corfo y Soquimich (SQM) y exigir explicaciones de Bitran. Al respecto, el diputado comunista Daniel Nez calific como una vergenza el acuerdo alcanzado por Corfo y SQM, ya que legitima la corrupcin y establece el principio de que en Chile quien tiene plata paga, y por lo tanto, al pagar queda impune por sus delitos. Creo que la lgica bajo la cual el pas se beneficia porque recibe ingresos pero tambin legitima a un actor corrupto como la empresa Soquimich, es una lgica que mata al Estado y le quita toda tica a la actividad pblica y ms an, a todos los que son funcionarios pblicos.

Otras crticas han venido desde sectores independientes y acadmicos. El economista Roberto Pizarro escriba en El Desconcierto que el yerno de Pinochet es un intocable. Nadie se atreve con l. Se adue de Soquimich (SQM) gracias a las privatizaciones truchas de su suegro, el dictador Pinochet. Los gobiernos de la Concertacin no repararon esta injusticia. Para peor de los males, a fines de 1995, Felipe Sandoval (hoy en la defensa corporativa de las salmoneras) y Eduardo Bitran ejecutivos de la Corfo, le otorgaron la concesin de 80 mil hectreas del Salar de Atacama para la explotacin exclusiva y excluyente del litio y sus derivados. La Concertacin respaldaba los negocios de Ponce Lerou. Y agrega: Durante cuatro aos se conoci la fuerte retrica de Bitran, quien anunciaba las penas del infierno para SQM y Ponce Lerou. Ello le dio esperanzas a la gente decente de nuestro pas que esperaba un inminente trmino de la concesin. Nada de eso. No hubo revocacin para explotar el Salar. Eran slo palabras. Los hechos dijeron otra cosa.

Ante los hechos consumados, queda poco por hacer. El economista Julin Alcayaga, presidente de la ONG Chile-Cobre, present ante la Contralora un recurso de no toma de razn por ste y otro decreto firmado por la ministra de Minera, Aurora Williams, que faculta a Codelco a entregar un contrato de operacin del litio a otras empresas en el Salar de Maricunga. Otras, que tambin podra ser SQM.

Alcayaga basa su presentacin tanto en el Cdigo de Minera, la Ley Orgnica de Concesiones Mineras y la misma Constitucin de 1980 que establecen que el litio es inconcedible por ser un recurso estratgico. Una condicin que con el paso de los aos y el peso de la cultura neoliberal pasa al olvido. No slo Pinochet se salta esta declaracin sino lo hace la Concertacin desde su primer gobierno. En 1993, durante la administracin de Patricio Aylwin, Soquimich entra a la escena del litio al comprar la participacin de las dos empresas privadas que explotaban este mineral. Dos aos ms tarde el gobierno de entonces cambia el contrato de arrendamiento con SQM y deja va libre a la compaa de Ponce Lerou para explotar el Salar hasta el ao 2030. Junto a ello, se firma un acuerdo para que Corfo no pueda explotar ni por s mismo ni mediante terceros el saldo de la superficie del Salar.

Alcayaga nada contra la corriente. Aun as, declara que nuestra Carta Fundamental dispone perentoriamente que solo el Estado o sus empresas pueden explorar, explotar o beneficiar los yacimientos con sustancias no concesibles, entre las que se encuentra el litio. Tambin se podrn otorgar concesiones administrativas o contratos especiales de operacin, pero todo ello bajo los requisitos y condiciones que disponga el presidente de la Repblica, por decreto supremo.

En suma, primero, afirma Alcayaga, el litio no es concesible, segundo, si se llegara a permitir que terceros puedan explotarlo, solo se puede hacer por concesiones administrativas o contratos especiales de operacin, y tercero, la Constitucin lo establece muy rotundamente que solo el presidente de la Repblica puede otorgar derechos de explotacin, por decreto supremo, decreto que en su firma, la del presidente de la Repblica, no puede ser reemplazado por un ministro de Minera, por el vicepresidente de Corfo, o el presidente ejecutivo de Codelco.

Las responsabilidades de este acuerdo de ltima hora apuntaran, segn el economista, a la misma presidenta Michelle Bachelet. Si actualmente la presidenta Bachelet quiere retroceder en la proteccin de los intereses nacionales, entregando derechos de explotacin a terceros que no sean el Estado, que lo haga directamente, y no por el intermedio de autoridades de Corfo, Codelco o la ministra de Minera, que la Constitucin no autoriza. O que deje dicha responsabilidad al presidente Piera, que asumir en menos de dos meses.

Una ceremonia de cierre y de claudicacin que nos ha regresado a los peores aos de las polticas de los consensos y de la entrega neoliberal.

 

Publicado en Punto Final, edicin N 893, 26 de enero 2018.

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www.puntofinal.cl



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