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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-02-2018

Brasil, Venezuela y Espaa
Crisis de democracias, democracias en crisis

Jess Snchez Rodrguez
Rebelin


La democracia moderna, en su desarrollo desde la versin inicial liberal-censitaria hasta el ms desarrollado Estado liberal social y de derecho, ha conocido dos grandes pocas de crisis graves generales que dieron lugar a retrocesos a regmenes dictatoriales. La primera crisis se produjo en los aos de entreguerras del siglo pasado cuando diversas dictaduras se implantaron por toda Europa al calor del avance del fascismo. La segunda poca se centr en Amrica Latina en la dcada de 1970 a travs de diversos golpes militares. En ambos casos la crisis tuvo lugar como consecuencia de conflictos polticos y sociales cuya agudizacin no pudieron soportar las instituciones de unas democracias, por otro lado, poco consolidadas, desarrolladas y legitimadas.

Aquellos pases recuperaron las instituciones democrticas, algunos tardamente, tras dcadas bajo diferentes dictaduras, como Espaa, Portugal o los pases del este europeo. En otros las dictaduras duraron menos aos, como algunos casos de Amrica Latina.

Las tensiones polticas y sociales siempre estn presentes en sociedades escindidas socialmente como son las capitalistas, pero tambin aparecieron en las sociedades post-capitalistas como demostraron Hungra, Polonia, China, etc. Sin embargo, la democracia liberal es un rgimen poltico que expresa la hegemona que detenta la burguesa, a la vez que establece mecanismos polticos para encauzar los enfrentamientos originados en la sociedad con el objetivo de su negociacin y solucin, evitando los enfrentamientos violentos y la ruptura de la convivencia. No obstante, la consecucin de este objetivo depende especialmente del nivel de agudizacin que alcancen los conflictos. As, los enfrentamientos y tensiones en diversos pases democrticos volvieron a intensificarse en las dcadas inmediatas pasadas como consecuencia primero de la extensin del neoliberalismo y sus consecuencias, afectando especialmente a Amrica Latina y, despus, como consecuencia de la gran recesin econmica mundial originada en 2007.

Esos acontecimientos encontraron a la democracia liberal mucho ms consolidada y legitimada en Europa que en las dcadas de 1920-30, debido a un largo perodo de funcionamiento y a la extensin del Estado de Bienestar. Por ello su funcionamiento no se resinti, especialmente cuando Europa se vio sometida a dos tipos de tensiones: las derivadas de las polticas de austeridad llevadas a cabo como consecuencia de la gran recesin, y que se tradujeron en recortes del Estado de Bienestar; y las que se originaron con la fuerte presin migratoria ejercida desde el Mediterrneo sur, y especialmente con las poblaciones con una cultura muy diferente y tambin militante, la del islam. Hubo un tercer tipo de conflicto que tension la democracia liberal, pero que ha sido mucho menos intenso que los anteriores, y que solo ahora est generando un conflicto agudo en uno de los Estados miembros de la UE, Espaa, se trata de los conflictos de los nacionalismos que quieren alcanzar un Estado independiente.

Estas situaciones se expresaron en tres fenmenos poltico-sociales que correspondan a cada una de las tres tensiones. El ascenso de una izquierda alternativa que impugnaba las polticas de austeridad y, a largo plazo, el capitalismo, y que vena acompaado de movilizaciones sociales intensas en algunos pases europeos. El ascenso de formaciones de extrema derecha que haca de la lucha contra la inmigracin y el discurso islamfobo el centro de sus programas polticos. Y el ascenso de reivindicaciones nacionalistas en las regiones ms desarrolladas de sus pases. De estos tres fenmenos, el peligro para los sistemas democrticos lo representan los movimientos de extrema derecha con sus discursos y polticas intolerantes y xenfobas. En dos pases de la UE estos partidos llegaron al gobierno, son Polonia y Hungra, en otros muchos o han estado a punto de conseguirlo, o lo han hecho en coaliciones, o han condicionado la poltica de otros partidos en el gobierno, persistiendo el peligro de que puedan llegar al gobierno en ms Estados europeos.

En Amrica Latina, las tensiones sociopolticas dieron lugar en una primera etapa a intensas movilizaciones sociales que consiguieron revertir presidentes como en Argentina, Ecuador o Bolivia y, en general, a instalar en el poder a gobiernos progresistas. Las tensiones de esta primera etapa que sacudieron a las democracias latinoamericanas dieron lugar a un enriquecimiento de las mismas en cuanto consiguieron la inclusin poltica de amplios sectores populares, especialmente los pueblos indgenas, hasta entonces marginados. En algunos pases de la regin, a esta primera etapa la sigui un perodo de estabilidad donde las tensiones se redujeron, fue el caso de Argentina, pero en otros casos las tensiones persistieron en una segunda y prolongada etapa en los que los conflictos fueron promovidos por las antiguas clases dirigentes desplazadas del poder. Fueron los casos de Bolivia, Ecuador, Brasil o Venezuela, por ejemplo.

En ningn caso estas tensiones desarrolladas en ambas regiones del mundo terminaron en algn tipo de dictadura. Las democracias liberales, con todas sus imperfecciones, haban alcanzado un alto grado de legitimidad y prestigio y no era fcil llegar a su reemplazamiento por algn tipo de dictadura. En un solo caso, en Honduras, se lleg a producir un golpe militar pero, tras corregir una situacin previa que no gustaba a la oligarqua, se regres a una "normalidad democrtica", que ha vuelto a ser puesta en cuestin en las elecciones presidenciales de diciembre de 2017, como expresin de la fragilidad de la democracia en ese pas.

Sin embargo, sin llegar a desembocar en anulaciones de la democracia y su reemplazo por dictaduras, las democracias si sufrieron, como consecuencia de las tensiones existentes, diversos grados de degradacin y perversin de sus instituciones que, al menos, permite que se las pueda contemplar como democracias en crisis. Estas crisis son de diferentes caractersticas y consecuencias segn sea el conflicto principal que las tensiona, sus antecedentes o su situacin geoestratgica. As, como ejemplos diferentes de estas democracias en crisis o crisis de democracias, podemos sealar algunos de los ms caractersticos, que no los nicos. Son los de Turqua, Hungra y Espaa en Europa, y los de Honduras, Brasil y Venezuela en Amrica Latina.

En este artculo nos vamos a centrar, sin embargo, en tres casos que tienen en comn una caracterstica concreta de la crisis democrtica, la de que se origina en el conflicto entre distintos poderes del Estado, como consecuencia de que las fuerzas polticas enfrentadas se han hecho fuertes en diferentes instituciones estatales y, desde ellas, buscan desautorizar, bloquear o anular a otras instituciones. Inevitablemente, este tipo de conflictos hacen entrar en crisis al conjunto de las instituciones democrticas que siguen funcionando en modo degradado. Los tres casos a los que nos referimos son los de Brasil, Venezuela y Espaa, y como en ninguno de los tres est resuelto el conflicto en el momento de ser redactado este artculo no podemos conocer en que terminarn desembocando y las consecuencias finales que tendrn para sus respectivos sistemas democrticos.

En Brasil y Venezuela el conflicto central se ha dirimido entre el poder legislativo y el ejecutivo, en Espaa entre las instituciones centrales del Estado y las de una nacionalidad histrica como es Catalua. En los dos primeros el conflicto subyacente a la crisis es de carcter social, en el tercero es de carcter nacionalista. En todos ellos, aunque el conflicto se haya centrado en dos instituciones ha terminado arrastrando, como era inevitable, al resto de las instituciones del Estado, jugando un papel especial en los tres casos los tribunales ordinarios y constitucionales; igualmente el conflicto institucional ha venido acompaado, en menor o mayor grado, de movilizaciones y enfrentamientos sociales.

Brasil

El 31 de agosto de 2016 la presidenta de Brasil Dila Rousseff fue definitivamente destituida de su cargo en una votacin en el Senado por una mayora de 61 de los 81 senadores. Con ello conclua un largo proceso de destitucin iniciado en diciembre del ao anterior.

Las causas alegadas para este proceso de destitucin eran acusaciones de orden menor de carcter fiscal en relacin con sus funciones como Presidenta - haber tomado prestado dinero de un banco pblico para ocultar un dficit presupuestario - que no respondan a la necesidad de la comisin de delitos graves, constitucionalmente necesarios para llevar a cabo una decisin tan trascendental como la destitucin de una Presidenta elegida directamente por votacin popular.

Adems, concurra el hecho de que una gran cantidad de los representantes de los partidos que promovieron y, finalmente, llevaron a cabo la destitucin de la presidenta estaban incursos en procesamientos judiciales por delitos reales y, por tanto, mucho ms graves que los que ellos alegaban para destituir a Dilma.

Todos estos hechos, a los que se aada una judicializacin de la poltica orientada contra la presidenta y su partido, el PT, llevaron a esta formacin poltica y a sus aliados polticos y sociales a acusar a la oposicin de ejecutar un golpe de Estado para desplazar a Dilma del poder. Lo que era innegable es que la democracia brasilea se encontraba en medio de una grave crisis y en un proceso de degradacin.

Las causas profundas de esta crisis democrtica se encuentran en varios aspectos de la vida poltica brasilea. En primer lugar, en la atomizacin partidaria de su representacin electoral que impide, tanto por esa atomizacin como por la naturaleza oportunista y desideologizada de la mayora de dichos partidos, la posibilidad de mayoras parlamentarias estables basadas en acuerdos polticos de largo alcance. En segundo lugar, los acuerdos interpartidarios se celebran, en esta situacin, en torno a compras de voluntades y sobornos con dinero y cargos, lo que hace que la corrupcin sea un rasgo muy acusado del sistema poltico brasileo, que ha alcanzado a todas las formaciones polticas, incluido el PT. En tercer lugar, en la voluntad de las clases dominantes brasileas de apartar al PT de las palancas del Estado mediante el empleo de mtodos y expedientes no democrticos, una vez constatada la dificultad de derrotarle por la va electoral. El conjunto de estos tres factores han concurrido en un proceso para la destitucin de Dilma Rousseff que ha violentado las reglas democrticas y ha desembocado en una crisis democrtica que est lejos de haberse resuelto con el cambio de Presidente de la Repblica.

Como en los dos casos posteriores que analizaremos, tambin en ste concurren dos factores comunes, la utilizacin de las movilizaciones callejeras para lograr el objetivo de destituir a Dilma, y la judicializacin de la vida poltica, siendo utilizado el poder judicial o constitucional como un arma de lucha para alcanzar objetivos polticos.

Dilma gan su primera eleccin en 2010 con una mayora aplastante, pero cuatro aos ms tarde su victoria fue por un escaso margen de votos. Pocos meses despus de su reeleccin tuvieron lugar grandes manifestaciones a lo largo de todo Brasil para exigir su salida del poder, en medio de un gran desprestigio del PT, fruto no solamente de la crisis econmica y las polticas de austeridad adoptadas por el gobierno, sino del desencanto que estas polticas produjeron en las bases sociales del PT.

El PT, por otra parte, despus del escndalo en 2005 - por utilizar el mtodo de comprar representantes de los otros partidos para conseguir su apoyo en una cmara, dnde el PT nunca consigui tener ms del 20% de los diputados - adopt la poltica de alianzas polticas con otros partidos, especialmente el PMBD, cedindoles ministerios y cargos importantes. Sin embargo, esta poltica no evit el ascenso de los casos de corrupcin, especialmente con la expansin de Petrobras, que afectaron especialmente al PMDB, el PT y el PP.

Este segundo gran escndalo de corrupcin origin una judicializacin de la poltica cuando una serie de jueces y fiscales, pretendiendo repetir en Brasil las actuaciones que en la Italia de la dcada de 1990 se denomin la tangentopolis, y que originaron un autntico terremoto en el sistema poltico italiano, iniciaron una serie de actuaciones contra una gran cantidad de representantes polticos.

Pero la destitucin de Dilma no cerr la crisis poltica-judicial en Brasil. Los casos de corrupcin que envenenan la vida poltica del pas, y las actuaciones judiciales contra ellas, siguen marcando el pulso poltico y distorsionando las luchas sociales y polticas, ahondando en la crisis de la democracia y dando lugar a la aparicin de populismos de extrema derecha.

La destitucin de Dilma dio paso a la presidencia de Michel Termer, un antiguo aliado suyo del PMBD, incurso en varios casos de corrupcin cuyas sentencias le llevaran con seguridad a una nueva destitucin presidencial. Por otro lado, el PT, tras la derrota judicial-parlamentaria, volvi a depositar todas sus esperanzas en la candidatura de Lula a las elecciones de 2018, debido a que conservaba an de un alto apoyo entre los sectores populares. Pero Lula tambin estaba incurso en varios procesos por corrupcin que podan frustrar estas esperanzas del PT.

Sobre Temer penda una denuncia por sobornos por parte de la fiscala general y el proceso, dado el aforamiento de su cargo, pasaba por una aprobacin por el Congreso a partir de la cual el Tribunal Supremo le destituira temporalmente, al menos por seis meses, y definitivamente con una sentencia firme. As que, el escndalo poltico tuvo lugar en agosto de 2017 cuando los mismos diputados que un ao antes destituyeron a Dilma tomando como excusa una acusacin intrascendente de maquillaje de cuentas pblicas votaron ahora impedir que Temer fuera procesado por una acusacin de montar un sistema para cobrar sobornos de grandes empresarios, lo cual si es un delito penal, oficializando de esta manera la corrupcin.

En el caso de Lula, la primera sentencia condenatoria por un caso de corrupcin - tiene otros seis procesos abiertos - por el regalo de un trplex en la playa, se produjo en 2017 y ha sido ratificada y ampliada en enero de 2018 dejando la posibilidad de su candidatura presidencial de este ao en una situacin casi imposible, a pesar de las apelaciones que an le quedan al ex-sindicalista. El PT, y las fuerzas polticas-sociales que le enfrentan, saben que otro candidato diferente de Lula no tendra las mismas posibilidades de vencer en dichas elecciones y se resiste, por tanto, a contemplar la posibilidad de cambiar de candidato.

As, en un pas cuya vida poltica est anegada por los caos de corrupcin, con centenares de cargos electos encausados o condenados, y que ha llevado a una intensa judicializacin de la misma, la democracia liberal es desnudada de todos sus principios, empezando por el de la divisin de poderes, para entrar en una grave crisis que, inevitablemente, es el caldo de cultivo de demagogos populistas de extrema derecha como es el caso de Jair Bolsonaro, que aparece en las encuestas como el segundo candidato en apoyos despus de Lula. Con un Lula apartado de la carrera presidencial y una derecha clsica hundida en los casos de corrupcin, no se puede descartar ni que Bolsonaro fuese derrotado como hasta ahora ha ocurrido con candidatos similares en Europa, ni que terminase triunfando como Donald Trump o como Berlusconi en Italia, pas con el que podra establecerse una situacin ms parecida. En octubre de este ao se despejar la incgnita de si la democracia en Brasil agudiza su crisis.

Venezuela

El desarrollo de la revolucin bolivariana tiene tres etapas clave: la ruptura con el rgimen anterior de la IV Repblica y el nacimiento de la V Repblica, el auge inestable de la revolucin bolivariana, y la actual del madurismo caracterizada por el proceso de descomposicin econmica y poltica. Cada de una de estas etapas se despleg a travs de diversos procesos democrticos - elecciones y referndums - acosados a veces por intentos antidemocrticos de la oposicin por forzar violentamente un cambio de la situacin, como el intento de golpe militar de 2002, los paros petroleros o las guarimbas [2].

Tras la primera victoria presidencial de Chvez y la aprobacin de la nueva Constitucin, que abre paso a lo que se denomina V Repblica, se abre un perodo en que la oposicin al chavismo despliega toda una batera de medidas con el objetivo de revertir la situacin creada con las victorias electorales chavistas y la nueva Constitucin. Esta ofensiva opositora no conoce pausa y emplea desde medios legales, como el revocatorio constitucional para intentar desplazar a Chvez de la presidencia, hasta el golpe de Estado, pasando por las huelgas generales y las guarimbas.

Pese a la crudeza que a veces se emplea en esta ofensiva, la democracia no es puesta en crisis, salvo el breve parntesis del golpe militar abortado en abril de 2002. Las diferentes elecciones se celebran sin suspensiones ni retrasos, y se realizan tres referndums cuyos resultados son desfavorables a cada una de las partes enfrentadas, pero son aceptados en los tres casos. El referndum revocatorio impulsado por la oposicin, en agosto de 2004, para expulsar a Chvez de la presidencia es ganado por el chavismo; el referndum de reforma constitucional para avanzar al socialismo, de diciembre de 2007, impulsado por el chavismo es ganado por la oposicin; y el referndum posterior, en febrero de 2009, para reformar la Constitucin y permitir la reeleccin de Chvez, que gan el gobierno.

Se puede hablar en esta segunda etapa de una situacin de democracia tensionada, pero no en crisis. Un factor esencial que impide esa crisis es que en las distintas elecciones que se suceden, las victorias chavistas hacen que las instituciones principales del Estado queden en sus manos: la presidencia, el parlamento, parte de los gobiernos regionales y municipales y el TSJ. La nica victoria decisiva que consigue la oposicin en ese perodo es la derrota del intento de reforma constitucional pero, aunque sirve para bloquear el desarrollo de la revolucin bolivariana en sentido socialista, sin embargo no pone en peligro el poder detentado por el chavismo.

Esta situacin cambia radicalmente cuando, despus de una clara tendencia de desgaste electoral por parte del chavismo, la oposicin vence por amplia diferencia en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, alcanzando un 56,2% de apoyos frente al 40,8% del chavismo. En ese momento el chavismo pierde uno de las principales instituciones del Estado y, adems, esa derrota, encuadrada en la tendencia sealada, alerta al chavismo de que se enfrenta a la posibilidad de perder del resto de los poderes del Estado en las siguientes elecciones.

Es necesario dejar claro el significado de los procesos electorales. Las derrotas electorales no son ms que la certificacin mediante el recuento de votos de las previas derrotas polticas y sociales que han tenido lugar en el cuerpo social, y stas, a su vez, en el caso de la revolucin bolivariana, lo que hacen es reflejar o bien la existencia de condiciones objetivas adversas incapaces de ser superadas en una determinada coyuntura histrica, o la presencia de errores graves del chavismo, o, lo posiblemente sea lo ms acertado, ambas cosas a la vez.

El resultado electoral de 2015 solo se ha limitado a levantar acta del abandono del chavismo por una parte importante de sus bases electorales. Pero adems, y esto es lo importante, si la derrota se inscribe en una tendencia de largo tiempo, y no se trata de un episodio puntual, las posibilidades de revertir esta situacin se encuentran seriamente reducidas. Y esto es algo de lo que tom conciencia la dirigencia chavista y que explicara su comportamiento a partir de ese momento. Si la oposicin opt por la desestabilizacin violenta, el gobierno Maduro opt, por su parte, por el autoritarismo y el bloqueo tanto de la Asamblea Nacional, en manos de la oposicin desde 2015, como de cualquier consulta electoral que solo podra certificar nuevas derrotas para el chavismo.

A partir de la victoria citada, la MUD intent, desde su mayoritaria parlamentaria, iniciar un proceso para destituir a Maduro, mediante la activacin de un referndum revocatorio, y proceder a desmontar las conquistas de los ltimos 17 aos. Por otro lado, el gobierno Maduro se orient a bloquear el poder parlamentario y los procesos electorales para no someterse al veredicto de las urnas. Vamos a ver a continuacin como se desarroll el proceso desde la derrota chavista en las legislativas de diciembre de 2015.

Las primeras reacciones del gobierno fueron variadas, todas orientadas a reforzar su control sobre algunas instituciones y contrarrestar o anular el poder legislativo en manos de la MUD. Perdido el apoyo mayoritario de la poblacin, la estrategia se orient a atrincherarse en las instituciones. En primer lugar, mediante la amenaza de desafiar a la nueva Asamblea Nacional en manos de la oposicin con la convocatoria de un Parlamento Comunal al que le traspasara todo el poder. Este Parlamento se reuni por primera vez el mismo da de constitucin de la nueva Asamblea Nacional, el 5 de enero de 2016. El Parlamento Comunal sera la instancia representativa del Estado Comunal recogido en varias leyes, pero nunca intentado ser puesto en prctica hasta ese momento.

En segundo lugar, el nombramiento por la Asamblea Nacional saliente controlada por el chavismo, y fuera de plazo, de 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y 21 suplentes con objeto de reforzar su control sobre dicho Tribunal. sta fue la decisin clave del gobierno Maduro para controlar el TSJ y, desde l, anular las decisiones de la mayora opositora de la Asamblea Nacional, llegando hasta a suspenderla en sus funciones, aunque terminase retrocediendo en esta grave decisin.

En tercer lugar, la denuncia de irregularidades cometidas por la oposicin en las elecciones, especialmente en el Estado de Amazonas, para impugnar sus resultados. Ests impugnaciones deberan ser resultas ante el TSJ y su objetivo sera evitar que la oposicin contara con una mayora cualificada en la Asamblea con las que tomar decisiones decisivas. Los electos impugnados fueron ocho y ello llevara a la necesidad de repetir las elecciones en las circunscripciones afectadas. Efectivamente, la correlacin de fuerzas parlamentarias asignaba 112 de los escaos a la MUD y 55 al Gran Polo Patritico (alianza con la que los chavistas concurrieron a las elecciones). La MUD dispona, por la mnima, de los 2/3 de escaos suficientes para llevar a cabo reformas de la Constitucin, promover votos de censura contra el gobierno y convocar referndums.

El resultado de las impugnaciones fue que el TSJ suspendi la proclamacin de tres diputados opositores y uno oficialista. La MUD quedaba por debajo de los 2/3 e imposibilitada de llevar a cabo decisiones trascendentales desde la Asamblea Nacional.

En abril de 2016 nuevamente el gobierno utiliza al TSJ contra las decisiones de la mayora parlamentaria y el Tribunal declara inconstitucional la Ley de Amnista y Reconciliacin Nacional aprobada por la Asamblea Nacional.

Pero no es solamente el TSJ la institucin utilizada para bloquear a la mayora opositora en la Asamblea, tambin otros poderes del Estado controlados por el chavismo sirven al mismo fin. As, el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechaz tambin en abril de 2016 la solicitud de un referndum revocatorio contra Nicols Maduro alegando defectos de forma, igualmente luego dilat la posible convocatoria del referndum de manera que, de tener lugar despus del cuarto ao del mandato y ser ganado por la oposicin, el resultado fuese que a un Maduro revocado le sustituyese su vicepresidente, pero no tuviese que adelantarse las elecciones presidenciales. Finalmente, el referndum revocatorio no tuvo lugar y, tras su bloqueo, la mayora parlamentaria aprob una declaracin de responsabilidad poltica del presidente que fue anulada tambin por el TSJ. As, pues, el CNE se sum al TSJ en la estrategia de bloqueo institucional de la mayora opositora, y ste ltimo tambin rechaz que una enmienda constitucional para reducir de seis a cuatro aos el mandato presidencial pudiese, de aprobarse mediante referndum, tener efectos sobre la actual presidencia de Maduro.

El 16 de enero de 2017 Maduro decret la emergencia econmica en Venezuela con la cual disponer de plenos poderes para legislar en esa materia durante 60 das, decreto que fue rechazado por la mayora opositora en la Asamblea Nacional, pero convalidado posteriormente por el TSJ.

El pulso entre poderes del Estado derivados de la legitimidad democrtica adquirida en unas elecciones, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, lleg al punto ms alto en marzo de 2017 cuando el TSJ decidi asumir las competencias de la Asamblea Nacional alegando desacato continuado por parte de sta, y retir la inmunidad a los parlamentarios. Se trataba de una medida extrema que llevaba aparejada inevitablemente un cambio de la naturaleza del sistema poltico venezolano. Pero la medida fue muy breve, y tras una peticin del Consejo de Defensa de la Nacin de Venezuela, el propio TSJ derog sus resoluciones, evidenciando, de esta manera, su falta de independencia del gobierno. Esta situacin reflej no solamente el peso de las presiones internacionales, sino, especialmente, las divisiones surgidas dentro del campo chavista ante una decisin tan extrema.

Llegados a este punto, el gobierno Maduro y la dirigencia chavista evidenciaban dos cosas. La primera era la concepcin instrumental y el poco respeto por los valores democrticos. No queran entender que detrs de los 112 escaos conseguidos por la MUD no se encontraban solamente unos polticos de la oposicin a los que detestaban, se encontraban 7,7 millones de electores frente a 5,6 millones que obtuvieron las fuerzas chavistas en las elecciones legislativas de 2015. Si bien Maduro obtuvo en las presidenciales de 2013, 7,5 millones de votos y la oposicin 7,27 millones, en esos dos aos se haba producido un vuelco electoral, que se traduca en que el chavismo haba perdido 1,7 millones de votos en tanto la oposicin les haba aumentado en medio milln.

Pero el chavismo no solo tema que la MUD volviese a ganar esos escaos en caso de repeticin de las elecciones por los diputados impugnados, tambin tema que la oposicin se impusiese en las elecciones regionales de gobernadores que tendran que haberse celebrado en diciembre de 2016 y que fueron sido retrasadas nueve meses por motivos que luego aclararemos, pero que es otro ejemplo de manipulacin discrecional de la democracia.

Despus del vuelco electoral producido en las elecciones legislativas de 2015, la MUD intent activar por segunda vez el mecanismo revocatorio constitucional con el objetivo de revocar a Maduro y obligar, as, a convocar unas nuevas elecciones presidenciales. Sin embargo, esta vez el chavismo tena fundadas razones para temer que Maduro fuese revocado y que se celebrasen nuevas elecciones presidenciales que ganaran la MUD. Por eso su estrategia fue, utilizando el poder electoral en sus manos, obstaculizar el proceso para que, al menos, se retrasase tanto su celebracin que le convirtiese en intil.

Esta poltica de manipulacin discrecional de los procesos electorales creaba, en realidad, un impasse que no poda demorarse mucho ms en el tiempo. O el gobierno desbloqueaba la situacin para continuar con el calendario programado de elecciones o suspenda stas indefinidamente y mutaba la naturaleza poltica de Venezuela. En estas condiciones, la dirigencia chavista busc una solucin que, aunque le sirvi para ganar tiempo, termin creando ms caos poltico, y como consecuencia social y econmico, en una huida hacia ninguna parte, la convocatoria de una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante un mtodo discrecional y con preocupantes rasgos anti-democrticos. Con esta convocatoria, y el mtodo empleado, Maduro pretenda alcanzar tres objetivos: disolver la actual Asamblea Nacional con mayora opositora; evitar cualquier otro tipo de referndum o consulta, ni para la pertinencia de la convocatoria de la ANC ni para el resultado final de sus trabajos, que debera ser una nueva Constitucin; y retrasar las congeladas elecciones regionales para gobernadores hasta que considerase que se daban las condiciones para ganarlas.

Maduro convoc un nuevo proceso constituyente en el que el pueblo no tena nada que decir ni sobre su convocatoria, ni sobre las bases comiciales, ni sobre el resultado final del texto que se redacte, por las mismas razones que alegbamos antes, el temor a ser derrotado en ambos referndums.

Por si stas no fueran suficientes razones para situar al gobierno de Maduro en una tendencia a alejarse de los procedimientos democrticos, el mtodo de convocatoria de la Asamblea Constituyente es, adems de incoherente y discrecional, una burla a la igualdad poltica en que se basa la democracia. As, la composicin de la Asamblea Constituyente estara formada por 168 diputados provenientes de diversos "sectores" sealados por el gobierno: trabajadores, estudiantes, comunas, pensionados, pueblos indgenas, empresarios, discapacitados, campesinos y pescadores. Otros 364 diputados seran elegidos territorialmente, a razn de un diputado por municipio, independientemente del tamao de estos. Y los 8 restantes, hasta 540, seran elegidos por las etnias indgenas.

A la discrecionalidad empleada en la eleccin de los sectores y la asignacin del nmero de diputados - podran, por ejemplo, aadirse o reemplazarse algunos de los propuestos por los jvenes, las mujeres, los de diferente religin, las minoras sexuales, los chabolistas, los desocupados, los titulados universitarios o cualquier otra ocurrencia -, adems de la duplicacin del voto - un empresario o un campesino puede votar como tal y como habitante de un territorio -, se aade el distinto peso de los votos territoriales, un voto de un habitante de un municipio pequeo puede tener 10 veces ms peso poltico que el de un gran municipio.

La convocatoria de la Asamblea Constituyente a finales de julio de 2017 llev a la Asamblea Nacional a convocar dos semanas antes un referndum cuyo objetivo era demostrar el apoyo electoral que tena detrs. A pesar de todos los obstculos, como por ejemplo el surrealista ensayo oficialista de votacin a la Constituyente el mismo da, la consulta se celebr sin garantas, y las cifras y el resultado ofrecido por la MUD no pueden ser tomadas en serio. Lo mismo puede decirse de la votacin para la ANC, boicoteada por la oposicin, controlada nicamente por el chavismo, y con la forma de eleccin discrecional que hemos sealado, sus resultados tampoco ofrecen garantas.

La situacin que se deriv de este enfrentamiento, y de las maniobras del gobierno Maduro, fue una agudizacin de la crisis poltica y socioeconmica. La MUD fue la que primero sufri las consecuencias. El fracaso de su poltica de movilizaciones callejeras anteriores a la eleccin de la ANC termin en un fracaso al no conseguir impedir ni la celebracin de sta ni el debilitamiento del gobierno, a ello le sigui su divisin interna ante las elecciones regionales convocadas, tras diez meses de retraso, en octubre de 2017. Ambas situaciones, ms las manipulaciones de Maduro en estas elecciones [3], llevaron a la oposicin a una derrota no prevista que la sum en un mayor desconcierto.

Constatada la voluntad del madurismo de evitar de cualquier manera entregar la ms mnima parcela del poder, y la utilizacin de todos los mecanismos estatales a su disposicin para que cualquier eleccin le sea favorable y no repetir la derrota de noviembre de 2015, la oposicin rechaz mayoritariamente la participacin en las siguientes elecciones municipales celebradas en diciembre de 2017. A la vista de esta situacin, un gobierno que rechaz celebrar un referndum revocatorio contra Maduro por temor a perderlo, que retras diez meses las elecciones a gobernadores por temor a ser derrotado, ahora adelanta las elecciones presidenciales ocho meses, antes de abril de 2018 para consolidar su poder mediante procesos electorales que solo tienen credibilidad para el propio madurismo.

As pues, a la degradacin de la situacin en Venezuela sigui una doble bifurcacin que impide una salida dentro de los parmetros de las democracias liberales. De un lado, en el terreno econmico la situacin se agrava continuamente [4] tanto por los errores y ausencia de cualquier modelo econmico viable por parte del madurismo, como por las polticas exteriores, especialmente por parte de Trump, de estrangular definitivamente la situacin econmica y hacer caer al madurismo de una manera u otra, bien mediante una derrota electoral, bien mediante un estallido social como el caracazo, bien a travs de una intervencin militar interna.

En el lado poltico, el madurismo no est dispuesto a sufrir ninguna derrota ms como la de noviembre de 2015, es decir, rechaza cualquier posibilidad de alternancia en el poder, para lo cual, y para seguir mostrando una imagen de rgimen democrtico, convoca diferentes elecciones, pero con una discrecionalidad y manipulacin en los mtodos y condiciones de celebracin, y con una falta total de credibilidad del CNE [5], que pone a la oposicin ante un dramtico dilema: si participa en las elecciones convalida el entramado manipulatorio electoral del madurismo sabiendo que nunca la van a permitir ganar ninguna eleccin, pero si no participa la nica manera de derrotar al madurismo sera una solucin no electoral, estallido social o intervencin militar interna. No es que estas ltimas soluciones la produzcan problemas de conciencia a la oposicin, como ha demostrado su trayectoria de empleo de mtodos insurreccionales desde el inicio de la V Repblica, el problema que tiene es que con ellos ha fracasado repetidamente.

Esta situacin de bloqueo de la alternancia poltica define claramente una ruptura del rgimen democrtico, siendo la celebracin de elecciones una fachada similar a la que se ha empleado o emplea en otros pases del mundo. [6]

Como lo ha expresado Marea Socialista de manera ms clara y brutal: "El PSUV con una maquinaria aceitada de caractersticas violentas, clientelares y fraudulentas, que no le alcanz para llegar a su votacin de 2015, aspira a eludir el nombre de dictadura por su sensibilidad a las presiones internacionales y al aislamiento. En todo caso intenta construir un sistema que le representa un costo menor que el de eliminar todo proceso electoral. Necesita de este tipo de elecciones incluso para intentar poner en pie un relato triunfalista que reagrupe a su base.

En el contexto de la ausencia de una alternativa confiable, de la derrota de los rasgos progresivos aunque confusos y manipulados del proceso de movilizacin desarrollado entre abril y julio y la profundidad agobiante de la crisis, que en este periodo se expres electoralmente de manera negativa, y a poco ms de una semana de realizadas las elecciones, sera equivocado ocultar de que el hecho es que el 15/O se dio un paso hacia un sistema autoritario con maquillaje electoral." [7]

Espaa

La crisis de la democracia en Espaa est originada en el conflicto latente existente alrededor del encaje de las nacionalidades histricas perifricas en la estructura estatal-territorial contemplada en la Constitucin espaola de 1978.

El conflicto cataln actual y su deriva independentista es concebido en este artculo como la agudizacin de un conflicto de larga duracin que enfrenta a un nacionalismo espaol que controla los resortes del Estado y se presenta como patriotismo constitucional, y unos nacionalismos perifricos que en mayor o menor grado y con mayor o menor intensidad segn las coyunturas histricas no se encuentran satisfechos en el seno de la solucin territorial establecida en la Constitucin espaola de 1978. Si las posiciones y estrategias de estos nacionalismos perifricos han sido muy variadas, desde el terrorismo de ETA hasta la demanda catalana actual de independencia pactada o unilateral, pasando por la profundizacin de las competencias de autogobierno, la respuesta del nacionalismo espaol ha sido siempre el rechazo a cualquier reconocimiento de las naciones perifricas, el avance hacia un Estado federal, o cualquier modificacin constitucional en estos sentidos, derrotando, hasta el momento, a los principales desafos provenientes, sobretodo del Pas Vasco, ETA o el Plan Ibarretxe. Esta defensa del nacionalismo espaol, presentado como patriotismo constitucional, ha sido ms cerrada por parte de los gobiernos conservadores que los socialistas.

Por otra parte, es necesario dejar igualmente claros otros dos aspectos. Primero, que estos perodos de enfrentamientos no han impedido largas etapas de colaboraciones gubernamentales entre las principales expresiones polticas de los nacionalismos vasco y cataln con el espaol. Segundo, que en los nacionalismos perifricos las expresiones polticas hegemnicas han sido habitualmente partidos de derechas, lo que ha hecho aparecer a los ojos de la clase trabajadora estos conflictos como de tipo poltico, no social, en los que se solventaban disputas de poder poltico entre burguesas, lo cual, en general, no se apartaba mucho de la realidad.

El independentismo cataln hizo grandes avances en el campo estratgico, primero con las grandes manifestaciones de masas con ocasin de la celebracin de las Diadas en los ltimos aos y contra la decisin del Tribunal Constitucional que echaba por tierra aspectos sustanciales de la reforma del Estatuto en 2010 [8] y, despus, comprometiendo al gobierno de CiU en sus objetivos. Llegados a ese punto, el independentismo haba conseguido la masa crtica necesaria para lanzar el desafo al nacionalismo espaol con objeto de alcanzar la independencia de Catalua.

A la consecucin de esa masa crtica han contribuido diversos factores entre los que se encontraran el defectuoso encaje del modelo territorial articulado en la Constitucin espaola; el reverdecimiento de la cuestin nacionalista en Europa con la creacin de numerosos nuevos Estados independientes en las dos ltimas dcadas y el ms reciente proceso independentista en Escocia [9]; la existencia de la UE donde encajar una futura Catalua independiente, en la opinin del sector mayoritario del bloque independentistas los agravios recientes infligidos desde el nacionalismo espaol, como en la cuestin lingstica y en la reforma del Estatuto; y los efectos de la crisis econmica que ha servido de municin del gobierno nacionalista cataln contra el Estado espaol.

La reforma del Estatut iniciada en septiembre de 2005, con su aprobacin por el Parlament de Catalua, va a ser el punto de arranque del denominado derecho a decidir, como consecuencia de los obstculos interpuestos para que esa reforma llegase a buen fin. En febrero de 2006 se produce la primera manifestacin de la Plataforma por el Derecho a Decidir cuyo objetivo era impedir modificaciones al Estatut aprobado el ao anterior por el Parlament, ste ser el punto de partida del proceso de movilizaciones que no deja de crecer desde entonces, a las manifestaciones masivas se unen consultas no vinculantes sobre la independencia llevadas a cabo por cientos de municipios catalanes.

Este Estatut, modificado por el pacto Mas-Zapatero, aprobado por el Parlamento espaol y votado favorablemente en un referndum en Catalua fue impugnado ante el TC por el PP, quin consigui a travs de esta va que el Estatut, ampliamente aceptado y refrendado, fuese podado en aspectos considerados esenciales. Esta situacin provoc que el apoyo independentista en Catalua creciese de manera exponencial. En la Diada de 2012 se alcanz el clmax de la movilizacin con la participacin de entre 1,5 y 2 millones de personas, e inmediatamente el Presidente Mas se ofreci a crear estructuras de Estado en Catalua. El conflicto cataln entr, as, en una nueva fase que termin desembocando en la situacin actual, y cuya caracterstica definitoria era la de alcanzar una secesin de manera unilateral, para lo cual era necesario que las principales instituciones polticas catalanas procediesen a poner en marcha mecanismos polticos (referndum) y jurdicos (leyes) al margen de la legalidad constitucional vigente. Estos eran los elementos que abran una crisis de Estado y de la democracia en Espaa.

En septiembre de 2012 una mayora del Parlament proclama la soberana de Catalua. Tras las elecciones de noviembre de 2012, el nuevo Govern cataln es fruto de un pacto ERC-CiU que recoge la aprobacin de una ley de consultas, realizar un referndum y desplegar la administracin tributaria catalana. En el enfrentamiento entre las instituciones polticas catalanas y las espaolas, el gobierno espaol va a acudir al TC, como intrprete superior de la Constitucin, para impugnar y anular las resoluciones de las primeras. As ocurre nuevamente con la declaracin de soberana del Parlament de enero de 2013. Las diferentes apelaciones de los nacionalistas catalanes a las instituciones espaolas para alcanzar un acuerdo para celebrar un referndum pactado son rechazadas sistemticamente por estas ltimas.

Las instituciones polticas catalanas se inclinan, entonces, por la celebracin unilateral de un referndum de independencia que tendr lugar en primer lugar el 9 de noviembre de 2014. Al ser suspendida por el TC esta primera consulta, el Govern la plantea en un nuevo formato mediante el cual, aunque cuenta con los recursos de la Generalitat, ser desplegada con el apoyo de voluntarios y organizaciones civiles, formato tambin suspendido por el TC.

El resultado fue paradjico, pues si bien la consulta lleg a celebrarse sin demasiados incidentes ni obstaculizaciones, alcanzando una participacin de 2,3 millones (37%), tampoco sus resultados tuvieron efectos polticos o jurdicos, y solo sirvi para dar paso a la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Catalua, de carcter plebiscitario para el bloque independentista, a celebrar el 27 de septiembre de 2015. Este carcter plebiscitario implicaba que, en caso de ganar en dichas elecciones, se proclamara la independencia en 18 meses.

Las elecciones plebiscitarias de 2015 arroj un resultado del 47,8% de votos para el bloque independentista formado por JxS (ERC+CDC) y CUP, y un 51,2% para el resto de partidos que, an oponindose a la independencia, no formaban un bloque homogneo opuesto al primero. La transformacin de votos en escaos, sin embargo, permiti que el bloque independentista contase con la mayora absoluta en el Parlament. Esa conformacin como bloque, a pesar de las tormentosas relacionas con la CUP y esa mayora absoluta, inclin a los independentistas hacia una declaracin unilateral de independencia mediante un nuevo referndum tambin unilateral. Para ello, tres semanas antes de la prevista celebracin del referndum, el 1 de octubre de 2017, mediante dos convulsas sesiones del Parlement, en las que la mayora independentista prescindi de todos los requisitos reglamentarios y legales previstos, se aprobaron dos leyes, la primera para dar cobertura legal (del Parlament) a la celebracin del referndum, y la segunda para aprobar una ley que ejercera de constitucin provisional de la repblica tras la previsible DUI inmediatamente despus del referndum.

En este momento la crisis de la democracia en Espaa daba un salto cualitativo decisivo, en el sentido de que las instituciones del Estado entraban en un conflicto abierto de inciertas consecuencias. De un lado, el gobierno central puso en marcha todo el aparato judicial y coactivo contra la celebracin de la nueva consulta, tras la suspensin de sta por el TC, en una dinmica de intervencin escalonada de la autonoma catalana que se ha centrado especialmente en control de su economa y polica autonmica, y cuyo objetivo inmediato consista en bloquear la logstica del referndum; por otro lado, el gobierno cataln y la mayora de los municipios de la comunidad entraron en una dinmica de semi desobediencia al TC y al ordenamiento jurdico, siguiendo, por un lado, con todo lo concerniente a los preparativos del referndum e intentando sortear el bloqueo de sus logstica pero, por otro lado, plegndose a los dictados de la fiscala y los rganos judiciales.

As pues, en el caso espaol, la crisis tomaba forma de crisis de Estado en cuanto las instituciones representativas de una comunidad autnoma, Catalua, ponan en marcha un proceso de secesin unilateral y se enfrentaban al resto de las instituciones representativas y judiciales espaolas. Pero tambin se trata de una crisis de la democracia primero, porque las instituciones de sta no haban sido capaces de encauzar y dar solucin a un conflicto poltico de carcter territorial; segundo, porque el gobierno y parlamento cataln se ponan al margen del orden legal establecido por la Constitucin y el propio Estatuto de autonoma de la comunidad; tercero, porque para la aprobacin de las dos leyes aprobadas por el Parlament, la mayora independentista tuvo que saltarse los reglamentos del Parlament, violar los derechos de la minora parlamentaria, ignorar los procedimientos legales y utilizar una mayora que no era suficiente ni para modificar su propia ley electoral; cuarto, porque el gobierno central en lugar de utilizar la negociacin poltica para la solucin del conflicto procedi a un despliegue masivo de fuerzas de seguridad y de intervenciones jurdicas-coactivas en Catalua orientadas a impedir un acto tan subversivo como es el llevar a cabo una votacin.

A pesar de que la logstica del referndum fue seriamente daada, ste se celebr el 1 de octubre sin ninguna garanta de participacin y transparencia, provocando una dura intervencin policial para impedirlo, en lo que lleg a ser el punto ms lgido del enfrentamiento entre el Estado y una parte de la poblacin catalana y, como consecuencia, la expresin ms acabada de la crisis de la democracia visibilizada por las imgenes de la polica cargando contra ciudadanos que queran votar, aunque dicha votacin fuese ilegal.

A partir de ese momento los acontecimientos se precipitaron en una secuencia de actuaciones confusas por parte del independentismo y las consiguientes reacciones estatales. Comprometidos por los acontecimientos del 1 de octubre, el bloque independentista proclam en dos ocasiones la independencia unilateral, la primera por parte del President de la Generalitat el 10 de octubre que la dej en suspenso unos minutos despus con el objetivo de abrir una negociacin con el gobierno central o conseguir un mediador internacional para ello. Tras este gesto confuso, el gobierno, apoyado por la mayora del parlamento espaol inici el procedimiento para la aplicacin del artculo 155 de la Constitucin, cuyo objetivo es la intervencin de un gobierno autonmico que acte al margen de la ley, y que nunca se haba utilizado en Espaa, lo cual era otra muestra de la crisis democrtica existente. La tensa situacin fue convergiendo por actuaciones de ambas partes, de manera que el 27 de octubre coincidi una nueva declaracin de independencia unilateral, esta vez adoptada por el Parlament, con la aprobacin por el Senado espaol de la aplicacin del artculo 155.

Tras la jornada de enfrentamientos del 1 de octubre, durante la celebracin del referndum ilegal, y el sucedneo de huelga general del 3 de octubre, las decisiones del 27 del mismo mes abra un interrogante sobre si la doble decisin de ese da profundizara el enfrentamiento y, con ello, la crisis de la democracia.

El que ello no fuese finalmente as se debi a varios hechos. El primero, y decisivo, consisti en que, junto a la intervencin de las instituciones catalanas (Parlament - Govern) por parte del ejecutivo central, se realiz la convocatoria de unas nuevas elecciones autonmicas para la fecha ms rpida posible segn la ley, el 21 de diciembre. Esta convocatoria descoloc al campo independentista que, en su poltica de victimismo, buscaba rentabilizar lo que denunciara como una ocupacin prolongada, sin embargo, rpidamente, y tras el gesto vaco de denunciar como ilegtima dichas elecciones, los partidos independentistas decidieron participar plenamente en las mismas.

El segundo hecho fue que la declaracin unilateral de independencia del da 27 fue un nuevo gesto propagandstico como el del da 10, sin efectos jurdicos, tanto porque no fue publicada en el rgano oficial, como porque as lo reconocieron despus los mximos responsables independentistas. El tercer hecho fue la ausencia de actitudes de resistencia que no tuvieron lugar ni por parte de los responsables polticos independentistas, ni por parte de la administracin, ni por parte de la poblacin, lo que posibilit la intervencin provisional de la autonoma en condiciones de normalidad. El conflicto cataln volva a encauzarse por medios electorales y dentro de la legalidad vigente en Catalua y Espaa.

Paralelamente, la actuacin judicial respecto a todas las violaciones legales producidas en los meses anteriores llev a la prisin preventiva de parte del govern, a la libertad provisional de otra parte y la mesa del Parlament, y a la huida a Blgica de otra parte del govern y el president Puigdemont, que desde ese momento protagoniz una especie de comedia dramtica orientada a conseguir su inmunidad penal con la que terminaron sintindose incmodos los propios partidos independentistas.

Como crisis de democracia, ambos bloques, el constitucionalista y el independentista, se enzarzaron en la disputa por el relato y en la descalificacin democrtica del adversario sacando a la superficie la relacin entre democracia, legalidad y legitimidad, la problemtica del derecho de autodeterminacin, y la discusin sobre las vas de transformacin de la sociedad.

Respecto al primer aspecto, los argumentos enfrentados por ambas partes se pueden resumir de la siguiente manera. El discurso del gobierno central ha girado en torno a los argumentos de que l est defendiendo la ley y la Constitucin y que los antidemocrticos son los independentistas al romper el marco legal, constitucional y estatutario, y entrar en un proceso discrecional para alcanzar el referndum y la posterior independencia unilateral. La ley y la Constitucin seran la nica garanta posible de ejercicio de la democracia. El resto es discrecionalidad, y convierte a la democracia en un campo abonado para los demagogos.

El discurso independentista, por su parte, se centra en que ellos estn defendiendo el derecho a decidir de un pueblo, y al no conseguir un acuerdo con el gobierno para realizar un referndum pactado se ven obligados a adoptar la va unilateral. La desobediencia a la ley y la Constitucin sera legtima cuando se consideren injustas, interpretando que se encuentran en uno de esos casos. Acusan, adems, al gobierno de hacer una utilizacin coactiva de la ley para impedir una consulta deseada por una ampla parte de la sociedad catalana.

Como esta discusin no se produce en el contexto de un debate acadmico sino en medio de una lucha poltica, los independentistas, y la izquierda radical, confunden de manera oportunista los trminos del debate e identifican Estado espaol con el gobierno conservador concreto que hay en ese momento en Espaa, rechazan de manera discrecional las partes de la Constitucin y la legalidad que no les conviene, aprueban leyes y crean instituciones para las que no tienen mandato popular ni respaldo legal, y pretenden amparar, contra la opinin de la mayora de juristas, sus secesin unilateral en derecho internacional.

Por otro lado, el bloque constitucionalista no solo ha rechazado sistemticamente la posibilidad de una negociacin poltica para encontrar una solucin a este conflicto, todo lo contrario de la va elegida por los Estados canadiense o britnico para un conflicto similar, sino que, como hemos descrito anteriormente, en 2006 el PP utiliz su mayora en el TC para oponerse a un Estatuto reformado que haba sido aprobado por dos parlamentos, el espaol y el cataln, y un referndum en Catalua. Todo lo cual viene a significar que la Constitucin ha sido utilizada como arma de confrontacin poltica, primero por el PP al utilizar al TC contra una triple expresin de la soberana popular (las decisiones de dos parlamentos y un referndum legal en Catalua) y, luego, por el bloque independentista al crear una legislacin propia al margen y en contra de dicha Constitucin.

Las elecciones autonmicas celebradas el 21 de diciembre de 2018, y derivadas de la aplicacin del artculo 155, representaron un retorno lento e incompleto a la legalidad constitucional y estatutaria anterior, tanto porque todos los partidos independentistas concurrieron a ellas, como porque a travs de diferentes gestos el mundo independentista inici un repliegue y una renuncia a la va unilateral practicada en los aos anteriores. Las causas detrs de esta renuncia estn en la incapacidad para superar ninguno de los obstculos encontrados por la va unilateral: Su apoyo electoral no solo sigui sin alcanzar el 50% sino que retrocedi ligeramente con respecto a las elecciones autonmicas anteriores. La gran participacin alcanzada en las elecciones del 21-D y el enfrentamiento que estaba en juego pueden asimilarlas a un simulacro de referndum, en el que los independentistas, hoy por hoy, nunca superarn el 47%, cifra en torno a la cual giran sus apoyos electorales en las ltimas elecciones. No fueron capaces de romper un aislamiento internacional casi absoluto. Las principales empresas de Catalua trasladaron sus sede social fuera de la comunidad durante los meses ms conflictivos. Se encontraron con una movilizacin de masas en Catalua contrarias al independentismo, y una polarizacin social que condujo a que el partido ms votado el 21-D, Ciudadanos, fuese el que ms intensamente se les haba enfrentado. Y, sobretodo, encontraron una respuesta firme por parte del Estado que, actuando dentro de los lmites constitucionales, quebr la secesin unilateral, interviniendo las instituciones comunitarias de manera coyuntural a la vez que convocaba nuevas elecciones inmediatamente para restablecer la autonoma.


Notas

[2] Trmino con el que se designa en Venezuela las protestas y altercados callejeros de diversa gravedad utilizados contra los gobiernos chavistas.

[3] Adems de las propias manipulaciones electorales, Manuel Sutherland seala las condiciones de clientelismo popular utilizadas por al madurismo para mantener una alta adhesin de votos : "1. La engrasada maquinaria electoral del PSUV en franco maridaje con la distribucin de prebendas clientelares

2. La aceitadsima maquinita de imprimir dinero inorgnico (el aumento en la base monetaria emitida por Banco Central de Venezuela (BCV) para el perodo 1999- junio de 2017 fue del 331.131,39%, es decir, un aumento de ms de 3.311 veces)

3. La postergacin del ajuste macroeconmico y el mantenimiento de subsidios del 99,99 % al precio de la gasolina, transporte, agua etc. que hoy son casi gratuitos (un huevo equivale a tres o cuatro tanques de gasolina de un auto particular). Esa trada ha sido perfeccionada por el gobierno y ha mutado en una descomunal forma de biocontrol. Esa forma de control del metabolismo social se demuestra particularmente potente en las regiones donde el Estado es la nica fuente de empleo e ingresos y hay muy pocas empresas privadas. En circunstancias en las cuales miles de personas sufren de una penosa inanicin, las polticas descritas en la triada son especialmente efectivas. Sin necesidad de extorsionar o chantajear a la poblacin ms empobrecida, la expansin del gasto pblico clientelar funge como un igualador social muy eficaz y muestra un camino de ascenso social vertiginoso a quienes tan siquiera administren alguna micro ddiva que el gobierno suelta, a travs de las mil y un formas de clientelismo popular que ha diseado con esmero y detalle." http://nuso.org/articulo/por-que-volvio-ganar-el-chavismo/.

[4] El gobierno venezolano no tiene posibilidad de acudir a los mercados de capitales, a pesar de que en los ltimos cuatro aos pag puntualmente ms de 70.000 millones de dlares de deuda, y su deuda pblica (soberana y de PDVSA) se calcula actualmente en unos 180.000 millones de dlares, lo que le aboca a una casi segura suspensin de pagos.

La decisin de crear una criptomoneda, el petro, para soslayar esta situacin, y la de reestructurar la deuda son muestras de la situacin econmica desesperada. Venezuela vive en situacin de hiperinflacin con un clculo del 525% en 2016, 2700% en 2017 y una estimacin muy superior en 2018. El PIB de Venezuela descendi un 16,5% en 2016 y un 14% en 2017, proveyndose una cada del 15% en 2018.

[5] A la discrecionalidad del mtodo de eleccin para la ANC, de la que ya hemos hablado anteriormente, se puede sumar las manipulaciones denunciadas en las elecciones a gobernadores de octubre de 2017: ver artculo "Elecciones regionales: Nueva confrontacin en las urnas" en http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232787

[6] La variedad de pases que utilizan algn tipo de sistema electoral como cobertura para una dominacin realmente no democrtica ha hecho aparecer diferentes denominaciones para definirlos, como el de sistemas autoritarios competitivos, sistemas de partidos hegemnicos o regmenes hbridos, combinando elementos democrticos y autoritarios.

[7] Marea Socialista, Se consolida un sistema autoritario con maquillaje electoral? https://www.aporrea.org/regionales/n316276.html

[8] La reforma del Estatuto fue promovida por el gobierno tripartito cataln en 2005 con el apoyo mayoritario del parlamento cataln a excepcin del PP. En la negociacin posterior con el gobierno socialista espaol sufri recortes sobre la propuesta original y fue aprobado por el Congreso de los Diputados en marzo de 2006 y por un referndum en Catalua en junio. A pesar de la fuerte carga de legitimidad de esta reforma basada en su carcter negociado y su aceptacin por los representantes de la nacin espaola y de la ciudadana catalana, el nacionalismo espaol ms rancio, representado por el PP, impugn tal reforma ante uno de los tradicionales bastiones conservadores, el Tribunal Constitucional. El resultado fue la sentencia de este organismo que vaciaba de contenido sustancial a la reforma al declarar la inconstitucionalidad de 14 de los artculos, entre otros rechazando la posibilidad de utilizar el trmino de nacin para caracterizar a Catalua, negando el carcter preferente a la lengua catalana y recortando las competencias en justicia.

[9] En un claro contrate con la rigidez dogmtica del nacionalismo espaolista, en el Reino Unido se ha llegado a un acuerdo entre Londres y Edimburgo para que se realice la consulta dentro de la legalidad britnica y con el compromiso por ambas partes de acatar el resultado de una pregunta clara y directa sobre la independencia de Escocia.


Jess Snchez Rodrguez, Doctor en Ciencias Polticas y Sociologa y ex-profesor por la UNED. Se pueden consultar otros artculos y libros del autor en el blog: http://miradacrtica.blogspot.com/

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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