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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-02-2018

Participaciones pblico privadas Otra estafa contra el pueblo?

William Yohai
Rebelin


Hace unos das se inaugur la nueva crcel de Punta Rieles. Ya comenzaron a trasladarse los presos a la misma.

Hace algunos meses, bajo el ttulo Los molinos de viento de UTE publicamos dos artculos (se pueden ver en www.resonandoenfenix.blogspot.com) que referan al tema de la modalidad acuerdo de pago por energa (PPA en ingls) una variante de las llamada PPP o participaciones pblico privadas. En dichos trabajos intentbamos cuantificar las ganancias que los privados (entre ellos algn gran deudor de la banca estatal y de la misma UTE) se llevarn durante al menos 20 aos para hacer algo que la empresa estatal ha demostrado consecuentemente que puede hacer por s misma en forma
correcta y eficiente. Esas ganancias no son otra cosa que prdidas para UTE, y por consiguiente, para todos nosotros.

La crcel de Punta Rieles es el primer ejemplo de gran envergadura de la aplicacin del sistema fuera del tema energtico.

Hace algunos das se conoci a nivel mundial la quiebra de la multinacional de origen ingls Carillion. Dicha empresa es una de las principales contratistas PPP en el Reino Unido.

El artculo aparecido hoy en Pgina 12 y que transcribimos ntegramente explica en lenguaje claro los efectos de la modalidad PPP (que en el RU llaman PFI) sobre las economas y los servicios pblicos en varios pases del mundo.

Tenemos el ejemplo claro de lo que pasa cuando este mecanismo se masifica. Ellos ya tienen 25 aos de aplicacin del sistema. Ac unos pocos.

La nica ventaja del mismo es que sirve para maquillar los balances fiscales de los pases. En efecto, una contratacin PPP evita que una inversin pblica aparezca como gasto del Estado. No incrementa, por tanto ni el dficit fiscal ni la deuda pblica que se informan habitualmente en los estados de cuenta.

En realidad se trata de un engao. En los mecanismos PPP el Estado se compromete a pagos peridicos que tienen todos los efectos prcticos de una deuda. Tal sucede con los pagos que tiene comprometida UTE (7.000 millones de dlares en 20 aos) por compra obligada de energa que producirn los molinos y otros generadores privados. O los que deber hacer el Ministerio del Interior a la empresa titular de la crcel, tambin durante un largo perodo, por los presos que en ella habitarn.

El costo de esos contratos supera ampliamente lo que se debera erogar si el Estado realizara directamente las obras y administrara su funcionamiento. Y se agrega el riesgo de que, en algn momento, los contratistas den quiebra, como sucede ahora con Carillion.

Las calificadoras de crdito y las financieras multinacionales (FMI, BM, BID, etc.) conocen perfectamente el uso que se hace del mecanismo PPP para maquillar balances nacionales. Pero no se oponen a su uso masivo por los estados nacionales. Porqu? Evidentemente no les interesa la salud financiera de sus clientes sino favorecer intereses de las multinacionales contratistas que son, en definitiva, sus controladoras.

Detrs de las contratistas estn, por supuesto, los bancos que las financian. Llama poderosamente la atencin el empeo que pone el gobierno uruguayo en fomentar este mecanismo como la supuesta panacea para todos los males del Estado. El ocultamiento de una parte creciente de la deuda pblica difcilmente engae, a estas alturas, a nuestros acreedores. Lo dems son prdidas que se harn cada vez mayores con el
paso del tiempo.

Los dejamos, entonces con Pgina 12.


PginaI12 En Gran Bretaa
Desde Londres

El futuro del rgimen de Participacin Pblico Privada (PPP) de Mauricio Macri, caballito de batalla de la lluvia de inversiones que persigue el gobierno desde 2015, se puede ver en el escandaloso presente del Reino Unido. La National Audit Office (NAO), que supervisa las cuentas y contratos estatales, acaba de publicar un exhaustivo informe en el que estima que el estado britnico deber pagar alrededor de 200 mil millones de libras (unos 225 mil millones de dlares) al sector privado en los prximos 25 aos por los proyectos montados con la Private Financial Initiative (PFI, en ingls), modelo original de las PPP.

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La quiebra en enero de una de las principales contratistas de las PFI, la segunda constructora del pas, Carillion, puso sobre el tapete los polmicos contratos. El informe de la NAO derrib la explicacin fcil de la supuesta manzana podrida de un rbol floreciente. Segn el informe, los proyectos de la PFI que el estado financi en cooperacin con el sector privado, costarn un 40 por ciento ms que si la inversin la hubiera hecho el estado sin participacin privada.

Los britnicos tienen patente de invencin con estas iniciativas pblico- privadas que comenz el primer ministro conservador John Major en 1992 y continu, con entusiasmo de converso, el primer ministro del Nuevo Laborismo Tony Blair, artfice del revolutionary centrism (supuesto equilibrio poltico de centro que puede haber inspirado el giro de otros polticos incluso en Amrica latina).

A 26 aos de su inicio, el barco de la PFI hace agua. Carillion tena 43 mil empleados, operaciones en distintos pases y estaba a cargo de proyectos que incluan desde el management de servicios hospitalarios y carcelarios hasta infraestructura vial, ferroviaria y carreteras. Los documentos muestran que tena 29 millones de libras en su balance para lidiar con una deuda de casi 1.300 millones de libras (unos 1600 millones de dlares). El efecto domin de su cada afecta a unas 30 mil pequeas y medianas empresas a las que la multinacional debe cerca de mil millones de libras. El clculo es que hay entre 20 y 43 mil puestos en peligro, a lo que se suma un dficit de alrededor de 600 millones de libras en el plan jubilatorio de sus empleados.

Nadie sabe si Carillion es la punta del iceberg y si su cada terminar sacando del closet a aventuras semejantes, un poco al estilo de lo ocurrido con la bola de nieve que casi se lleva puestos a medio sistema bancario en la crisis financiera global 2007-2008. Segn la NAO, hay un total de 716 contratos de PFI en funcionamiento con un costo anual para el estado que en 2016-2017 rond las 10 mil millones de libras. El clculo es que el contribuyente britnico seguir pagando por estos contratos hasta 2040: un agujero anual en sus cuentas fiscales.

La quiebra de Carillion llev a un dursimo enfrentamiento entre la primer ministro, Theresa May, y el lder de la oposicin Jeremy Corbyn en la Cmara de los Comunes. May calific al estado como un cliente de Carillion y dijo que el gobierno dialogara con los bancos para que fueran considerados con las pequeas y medianas empresas capturadas en el torbellino. El laborista contest que el sistema mismo era el problema. Vamos a terminar con la mafia de los contratos privado-pblicos que han llevado a la tercerizacin del suministro de servicios. El estado tiene que ser el proveedor bsico de estos servicios. El estado es el gerente, no un cliente, como dice la primer ministro, seal Corbyn.

La comisin a cargo de Cuentas Pblicas de la Cmara de los Comunes fue particularmente crtica. Despus de 25 aos no hay ninguna prueba de que sean beneficiosos y compensen el gasto estatal. Muchos municipios y estamentos estatales estn ahora ahorcados por estas iniciativas. Y el gobierno sigue adelante con los contratos sin lidiar con los problemas de fondo. Necesitamos ms inversin en escuelas y hospitales, pero tenemos que estar seguros que el contribuyente no termine estafado, dijo la presidenta del comit parlamentario, la laborista Meg Hillier. La gran ventaja de la PFI es la magia contable que permite al estado. La inversin en escuelas, hospitales e infraestructuras es realizada por el sector privado a cambio de un pago anual con lo que no aumenta el dficit como lo hara si el estado tuviera que invertir todo de entrada, ni hay peligro de una peor nota de las calificadoras de riesgo (Moodys, Fitch, Standard and Poor).

Con este criterio, la PFI se ha exportado a pases europeos golpeados por la crisis de la deuda de 2010 Grecia, Espaa, Portugal y naciones de Asia, Africa y Amrica Latina. En Espaa acaban de sufrir un duro golpe en febrero cuando el gobierno anunci la estatizacin de las autopistas construidas con la PPP (Participacin Pblica Privada), luego de que las constructoras se declararan en bancarrota con prdidas de 2500 millones de dlares que deber asumir el fisco. En Nigeria, los altos costos del PFI en la construccin de hospitales tuvieron la paradjica y trgica consecuencia de reducir el gasto en salud debido a los pagos comprometidos por el estado a las empresas privadas, segn una investigacin publicada por Oxfam en 2014.

En la versin argentina de la PFI, la PPP (participacin pblico-privada), el mecanismo fue claramente expuesto por el ministro de finanzas Luis Caputo a la agencia Reuters el pasado noviembre.

Tenemos que cumplir con las metas que nos fuerzan a ser austeros, pero por otro lado tenemos que brindar ms inversiones en infraestructura para que las empresas sean ms competitivas, explic. El presupuesto argentino destinar un 1,9 por ciento del PIB a infraestructura en 2018, inversin que trepar al 3,5 gracias a las iniciativas PPP que no figurarn en el rojo estatal. Por el momento.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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