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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-02-2018

Destruimos pequeas armas que de todos modos nos iban a masacrar, como signo de nuestro repudio a las cadenas de muerte

Comunidad d Paz de San Jos de Apartad
Rebelin


Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San Jos de Apartad se ve en la necesidad de acudir al pas y al mundo para dejar constancia de las ltimas agresiones que hemos sufrido por parte de este Estado-paramilitar que cada vez revela ms su talante criminal.

Hoy nuestra comunidad de paz sigue en esa lucha por la defensa de la vida y el respecto por los derechos de la poblacin civil en nuestro territorio. Ya son muchas las constancias que hemos dejado a nivel pblico sobre las amenazas que nuestra comunidad ha recibido, las cuales revelan que existen estructuras criminales muy afianzadas que se apoyan en la tolerancia, la convivencia, la aquiescencia, el respaldo y la colaboracin de las instituciones que dicen defender la Constitucin y las leyes pero que hacen todo lo contrario.

El pasado 29 de diciembre nuestra comunidad vivi una arremetida paramilitar en nuestro asentamiento de San Josesito, la cual tena la nica intencin de asesinar a miembros de nuestra Comunidad de Paz, hecho que por fortuna no se consum, gracias a la reaccin de nuestros compaeros, pues se logr retener a dos paramilitares, inmovilizarlos y quitarles sus armas: una pistola SIGSAUER, calibre 9 mm., serial: B252721 , dos celulares (Alcatel y Samsung), una navaja y dos machetes. Estos materiales de guerra fueron guardados para despus ser destruidos en presencia de instituciones, organizaciones y medios de comunicacin, lo cual ya se efectu, siendo entregados los restos materiales inservibles a la Defensora del Pueblo en cabeza del Defensor Nacional, Seor Carlos A. Negret.

Muchas personas y organizaciones nos han criticado por no poner esas armas a disposicin de autoridades de investigacin y control, pero nuestra Comunidad ha experimentado, a lo largo de sus 20 aos de existencia, que esas armas regresan temprano o tarde a los circuitos criminales organizados para destruir vidas humanas y a ello contribuye, indudablemente, la extrema corrupcin del aparato judicial y la solidaridad comprobada de nuestra fuerza pblica con las estructuras criminales paramilitares. Por principios ticos que tenemos muy claros desde nuestro origen, nuestra Comunidad se niega a colaborar con esas cadenas camufladas de muerte que hunden sus races en un Estado enemigo de los pobres y de sus expresiones sociales aunque profese, en los discursos, otros principios.

La escandalosa decisin de la Fiscala de dejar en libertad inmediata a los asesinos que logramos inmovilizar y entregar a un delegado del alto gobierno, decisin censurada por numerosas manifestaciones nacionales e internacionales de organizaciones de toda ndole, incluyendo gobiernos extranjeros y organismos internacionales, demuestra a las claras esa solidaridad del Estado con los criminales. Seguramente podrn alegar formalidades legales, como nuestra misma decisin de no entregar las armas incautadas o no presentar quejas formales antes las corruptas instituciones judiciales frente a las cuales hicimos ruptura hace muchos aos, luego de demostrar minuciosamente su podredumbre sin que las altas Cortes nos dieran solucin alguna, pero todo esto demuestra que la justicia pide a gritos una reforma radical, pues ha llegado magistralmente a combinar impunidad para las lites del poder y sus brazos criminales y arbitrariedad represiva para los inconformes con la opresin.

Las grotescas y repulsivas declaraciones del Gobernador de Antioquia, Luis Prez Gutirrez, quien pretendi frenar con mentiras y revictimizaciones contra nuestra Comunidad de Paz las reacciones frente al horrendo crimen paramilitar del 29 de diciembre, han recibido el repudio internacional y las censuras ticas ms contundentes de infinidad de personalidades, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, pero esas censuras no lo afectan a l ni al gobierno nacional, ya que la tica no figura en sus intereses ni en su escala de valores.

Dejamos constancia de estos ltimos hechos:

. El martes 30 de enero de 2018, hacia las 15:00 horas, se escucharon disparos en el punto conocido como La Tequera, a tan solo 5 minutos de nuestro asentamiento de San Josesito. Enseguida una moto con dos reconocidos paramilitares sali de ese lugar y pas por la carretera frente a nuestro asentamiento de San Josesito. Unos metros ms abajo volvieron a hacer disparos, los cuales fueron escuchados muy de cerca desde nuestro asentamiento. Era evidente que con ello queran significar que siguen buscando ocasiones para masacrarnos y que siguen siendo intocables para las autoridades de control y contando con su tolerancia y aquiescencia.

. El mircoles 31 de enero de 2018 a las 12:00 del medioda nuestra Comunidad realiz el acto de destruccin de las armas retenidas a los cinco paramilitares que intentaron asesinar a nuestro Representante Legal y a otros miembros de nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre del 2017. Para dicho acto se cont con la presencia de la Defensora del Pueblo en cabeza del Seor Defensor Nacional Carlos A. Negret y de medios de comunicacin como El Espectador, Canal Uno y otros. Los restos de las armas destruidas fueron dejadas bajo el cuidado de la Defensora del Pueblo mediante dicho acto pblico.

Nuestra comunidad, como en otros momentos, deja muy en claro que no queremos la guerra y mucho menos materiales de violencia que destruyan vidas humanas.

El Estado es responsable de todo esto que est ocurriendo, pues no ha querido aceptar que existen estas estructuras paramilitares en nuestra regin y prefiere encubrirlas y negarlas y dejar inclumes las instituciones que ms colaboran con ellas.

Con la destruccin de estas armas queremos dejar una constancia adicional de que estos dos paramilitares retenidos por nuestra Comunidad de Paz el 29 de diciembre y entregados a funcionarios del alto Gobierno para que quedara una evidencia irrefutable de la existencia y del accionar criminal del paramilitarismo en nuestra zona, son culpables de haber intentado perpetrar una masacre y si no la consumaron fue porque se les impuso una fuerza mayor. Si fueron dejados en libertad inmediatamente, a pesar de que las autoridades de la Brigada XVII del Ejrcito, los mandos de la Polica, el Cuerpo Tcnico de Investigaciones de la Fiscala y otras autoridades, teniendo incluso como testigo al Obispo de Apartad, presenciaron el acto de entrega y la firma del Acta de entrega suscrita por el Viceministro del Interior y el Defensor Regional del Pueblo, con presencia masiva de la Comunidad de Paz y de campesinos de nuestro entorno, todo eso revela una connivencia escandalosa del poder judicial con el crimen. Para ello nuestro repudio moral ms radical y masivo. Este Estado, con los partidos que lo respaldan, con su fuerza pblica degenerada y sus gobernaciones y alcaldas corruptas son responsables de todo lo que pueda pasarle a los integrantes de nuestra Comunidad de Paz y a la poblacin campesina de nuestro entorno fsico y social.

Con nuestra inmensa gratitud a la multitud de organizaciones, comunidades y personas de Colombia y del mundo entero que nos han rodeado con su solidaridad insobornable en estos momentos tan aciagos, dejamos esta nueva constancia.




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