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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-02-2018

Las reformas a la Constitucin cubana: Martha Prieto Valds

Raudiel Pea Barrios
Cuba Posible


El presente trabajo es acerca de las ideas que sobre las reformas a la Constitucin cubana ha expuesto la Dra. Martha Prieto Valds[1]. Esta destacada profesora de varias generaciones de juristas cubanos, en especial de los constitucionalistas, es un referente obligado cuando se trata de debatir sobre nuestra Carta Magna. Por encima de cualquier otro propsito, este artculo pretende, a partir de los anlisis de la autora de referencia, dar a conocer en qu aspectos puntuales repercutieron las modificaciones de nuestra Constitucin en 1992 y 2002[2].

Acerca del primero de estos procesos de reforma constitucional, Prieto Valds destaca que en aquel momento se produjo un debate acadmico en torno a una cuestin muy interesante. La discusin terica fue respecto a si se tratada de un nuevo texto[3] o a la modificacin del adoptado en 1976[4], debido a la magnitud de los cambios y, en especial, a las consecuencias que los mismos pudieran tener en las diferentes esferas de la sociedad.

Esta experta sostiene, algo con lo que coincidimos, que en el orden jurdico formal se haba producido una reforma que se manifestaba en adiciones, supresiones, modificaciones, y que el procedimiento empleado as lo ratificaba[5]. Mediante esta reforma ocurrieron suficientes cambios en las esferas poltica, social y econmica para adaptar la sociedad cubana a los cambios que se haban producido en la arena internacional y los que habran de producirse en lo interno y lo externo. Adems, posibilit adoptar decisiones enfocadas en la conservacin de los elementos esenciales del diseo socioeconmico y poltico. En esencia, puede afirmarse, segn la autora, que los cambios introducidos provocaron profundos cambios en el sistema, pero ellos van de la mano con la exigencia de preservacin de los elementos tipificadores del sistema. Son, por tanto, cambios en el sistema y no del sistema.

Muchas veces una cuestin no es tenida en cuenta, pero Prieto Valds la seala con mucho tino: los cambios no pueden imputarse slo a la coyuntura sobrevenida luego del colapso de la URSS. Muchos de ellos son el resultado de un proceso de perfeccionamiento del Estado, de las instituciones sociales y polticas de la sociedad, as como de las formas de participacin popular; estas se haban iniciado en la segunda mitad de los aos 80 como parte del denominado Proceso de Rectificacin de Errores y Tendencias Negativas. En el orden sociopoltico estuvieron dirigidos a asegurar la unidad nacional, al mantenimiento de las bases del rgimen existente, y a la insercin en el mbito poltico latinoamericano; mientras que en lo econmico, deban posibilitar la insercin en un mundo unipolar.

Desde el punto de vista estrictamente normativo, fueron adicionados tres captulos, a saber: Extranjera, la Divisin Poltico Administrativa y el Estado de Excepcin. Se preservaron las definiciones de principios, encomendndose a las leyes ordinarias su desarrollo y los contenidos de procedimiento relacionados con ellos; cuestin esta que sigue siendo, en muchos casos, un tema pendiente. De ah que luego de 1992, la Constitucin cubana siga estando formada por normas-principios, que requieren de desarrollo por las disposiciones infraconstitucionales.

En el orden tcnico-jurdico fue significativa la excepcin de la obligacin de ostentar la ciudadana cubana por nacimiento, a los hijos de extranjeros residentes no permanentes que hubiesen nacido en Cuba. Adems, se introdujo la prohibicin de la doble ciudadana, principio reconocido desde 1976, pero que fue reformulado para evitar errores en su consideracin y aplicacin[6], y poder destacar la necesidad de decisin administrativa y no la simple renuncia como requerimiento para la prdida. Las causas de la prdida, por entenderse que deban desarrollarse en ley ordinaria, se excluyen del texto constitucional, con el problema actual de desregulacin.

Importante fue suprimir el carcter exclusivo de la formacin marxista-leninista en la poltica educacional y cultural, de conjunto con el establecimiento de la laicidad del Estado a partir de la inclusin del ideario martiano al lado del marxista. De esta forma se logr reforzar la libertad de credo y la armonizacin de intereses entre creyentes y no creyentes en pos de la construccin de la sociedad socialista. Mientras, qued ratificada la libertad religiosa que pueden disfrutar los cubanos y, en consecuencia, la posibilidad de practicar o no alguna religin.

En lo econmico se produjeron importantes modificaciones, la inmensa mayora de ellas muy conocidas. Entre las ms significativas, en el orden constitucional, puede significarse el reconocimiento de una nueva forma de propiedad (la de las empresas mixtas), que genera estructuras y relaciones nuevas; as como la modificacin de principios que inciden sustancialmente en cambios en el sistema econmico, en la distribucin igualitaria del producto social global que antes exista, y por tanto, en la estructura de la sociedad. As, ante la propiedad exclusiva del Estado sobre todos los medios de produccin, ahora se significa que lo ser sobre los medios fundamentales de produccin. En opinin de Prieto Valds todo esto repercuti, de conjunto con el resto de la reformas al sistema econmico, en la disminucin de la homogeneidad social que se manifestaba en el pas en la dcada de los 70 y 80.[7]

Debemos agregar que al no aparecer regulada (dentro del catlogo de derechos constitucionales) la propiedad, el reconocimiento que se hace de los sujetos titulares de esta como fenmeno socioeconmico, es clave para defender la existencia del citado derecho en Cuba. Resulta algo tpico de nuestra Constitucin, el hecho de que en la sistemtica de la misma sea posible encontrar fuera del captulo que recoge los derechos fundamentales, otros como el sufragio y el ya comentado caso de la propiedad. En todo caso, debe quedar claro que tanto unos como otros tienen rango constitucional, y es imposible realizar prelaciones entre ellos a partir de que estn recogidos o no en el referido captulo.

En lo que respecta a los cambios introducidos en el sistema poltico nacional, cabe resaltar que la autora aduce que estos fueron en el orden de los principios y funcional, no as en el estructural, que se preserv intacto. Tpico ejemplo de esto es que el pas sigui siendo monopartidista, y el rol del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la sociedad no se modific. S hubo variaciones importantes respecto a la definicin del Estado, que no se estableci de forma excluyente para obreros, campesinos, trabajadores manuales e intelectuales. A partir de 1992 pas a ser un Estado de trabajadores, lo cual, a nuestro juicio, respondi a la clara intencin de reforzar la unidad con la base martiana que sustenta a los preceptos constitucionales.

Otro paso importante en este sentido fue que el PCC no se reconoce exclusivamente para los marxistas y los ateos, sino que admite a aquellos con creencias religiosas. De acuerdo con la autora, esto form parte de una estrategia encaminada a la bsqueda de integracin, de unidad nacional, para ampliar su base social y lograr una mayor accin directa sobre las masas.

Desde el punto de vista de los derechos humanos, cabe resaltar uno que fue incluido (tambin fuera del captulo de los fundamentales), y que guarda especial relacin con el principio de soberana popular. Se trata del derecho a defender las conquistas de la Revolucin mediante las armas. No es, en opinin de Prieto Valds y nuestra, el denominado derecho a la insurreccin, por cuanto ste en su origen y ejercicio implica actuacin contra el poder estatal. Esa no fue la esencia de la reforma constitucional de 1992, puesto que no exista la voluntad poltica de impulsar modificaciones en contraposicin al Estado.[8]

Una nota importante en el plano poltico fue el reconocimiento en el texto constitucional del Estado de Emergencia, as como la necesidad de estructurar formalmente el aparato estatal para enfrentar situaciones de este tipo, con el correspondiente desarrollo de disposiciones normativas para tales coyunturas. Aun cuando el texto solo reconoce el referido estado, dejando para la legislacin ordinaria su desarrollo, es significativa la declaracin en el propio texto supremo de que se realizar una regulacin diferente de los derechos, y no la suspensin de los mismos y de las garantas individuales y colectivas que les corresponden.[9]

Respecto a la representacin poltica, esta queda vinculada al carcter electivo y renovable de los rganos primarios del poder estatal, lo que redund en la intervencin de los electores para elegir los integrantes de los rganos representativos del poder estatal. Refiere Prieto Valds que, en aras de ampliar la base social del Estado, el voto se transforma en directo para la eleccin de los representantes populares a todos los niveles. A nivel municipal, los delegados de cada circunscripcin continan siendo propuestos, nominados y votados por el pueblo, con un sistema de seleccin mayoritario, uninominal, candidatura plural y cuantitativamente mayor que los cargos a cubrir y voto selectivo. A nivel de provincia y nacin, los representes son propuestos por las Comisiones de Candidaturas que a tales efectos se constituyen; nominados por las Asambleas Municipales y votados directamente por el pueblo; respecto a una candidatura plurinominal integrada por tantos nombres como representantes a elegir. En ambos casos el voto puede ser selectivo, mltiple o nico (este ltimo es el conocido como voto unido o por todos) [10].

Tambin fue modificada la concepcin sobre la revocatoria de mandato, aunque la Constitucin no defina quin es el titular del derecho. Esto, de conjunto con otros factores, repercuti en que exista distorsin entre quines son los sujetos con capacidad para promover y aprobar la revocacin de los representantes a nivel municipal, provincial y nacional. Baste decir que la ampliacin del derecho al sufragio no trascendi en lo que a la revocatoria se refiere, pues mientras todos los integrantes de los rganos representativos son electos por voto popular, solo los de las asambleas municipales del poder popular pueden ser revocados por sus electores.[11]

En cuanto a la Divisin Poltico Administrativa fueron definidos la provincia y el municipio, asignndosele a la primera la coordinacin y control de las funciones estatales, y al segundo la solucin de los problemas comunales a partir del reconocimiento de personalidad y capacidad jurdicas. Esto en el orden tcnico-jurdico presupone la capacidad econmica de ambas instancias para la adopcin de decisiones locales. Otra modificacin orgnica (y que incidi sustancialmente en el funcionamiento del Poder Popular), fue la institucionalizacin de los Consejos Populares. Estos se forman a partir de la agrupacin de varios delegados de circunscripcin, seleccionando de entre ellos a su Presidente, y al cual son incorporados los representantes de las entidades ms importantes de la economa, la produccin o los servicios.[12]

De acuerdo con Prieto Valds estos son los principales cambios introducidos por la reforma constitucional de 1992. Acerca de la realizada 10 aos ms tarde, esta solo refiere que la misma signific, como es muy conocido, la incorporacin de una clusula de intangibilidad. Esto supuso la superproteccin de determinados elementos de nuestro sistema sociopoltico, que a partir de ese momento se volvieron intocables, intangibles. Destaca la autora algo que a menudo no es muy tenido en cuenta, y es el hecho de que no hubo votacin o referendo para hacer la reforma. Se realiz una consulta al pueblo para saber si la mayora de los ciudadanos estaba de acuerdo con el hecho de que las direcciones nacionales de las organizaciones de masas, solicitaran a la Asamblea Nacional del Poder Popular que adoptase las decisiones necesarias para establecer la irreversibilidad del socialismo. Fue as que se modificaron los artculos 3, 11 y 137 de la Constitucin[13].

Con lo dicho hasta aqu, en nuestra opinin las ideas de Prieto Valds nos conducen a una conclusin que, a la vez, resulta un aspecto fundamental en materia de reformas a nuestra Constitucin. Y es que las modificaciones a la Carta Magna han dependido siempre de la voluntad estatal de impulsarlas. Es decir, no han sido, en ningn caso, un producto derivado de la iniciativa ciudadana, sino que ha correspondido a la dirigencia poltica nacional definir cundo es necesario y oportuno reformar la Ley Fundamental, as como los derroteros que dichas reformas deben tener. Algo que, al parecer, continuar siendo de esta forma, aunque las necesidades sean otras.

Notas:

[1] Los criterios de esta autora al respecto pueden consultarte en su trabajo La reforma a la Constitucin de 1976, publicado en Prez Hernndez, Lissette y Prieto Valds, Martha (Comps.), Temas de derecho constitucional cubano, Ed. Flix Varela, La Habana, Cuba, 2004, pp. 45-52.

[2] Como es conocido la primera reforma de nuestro texto fundamental fue en el ao 1978, pero esta solo modific la denominacin de la entonces Isla de Pinos, que pas entonces a llamarse Isla de la Juventud.

[3] Vid. Documentos, en Cuadernos Nuestra Amrica, Vol.20, julio-diciembre de 1993; y Azcuy Henrquez, Hugo, Reforma constitucional o una nueva Constitucin?, ponencia en Seminario Interregional, CEA, La Habana, 1994.

[4] Vid. Prieto Valds, Sistema Poltico, democracia y reforma constitucional. Los Consejos Populares una experiencia cubana, ponencia en Encuentro Internacional Constitucin, Democracia y Sistema Poltico, UNJC, La Habana, 1993. Un resumen de esta ponencia est disponible en: SCIF, Seccin de C. Poltica, Problemas actuales de la Ciencia Poltica, La Habana, 1994.

[5] Se refiere al procedimiento existente antes de 2002 que no contena la clusula de intangibilidad. Dgase: votacin nominal de las 2/3 parte de los diputados integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aprobacin y publicacin de la Ley de Reforma Constitucional y posterior publicacin del texto constitucional ntegro ya modificado. Vid. Prieto Valds, Martha y Prez Hernndez, Lissette (Comps.), Seleccin Legislativa de Derecho Constitucional Cubano, Ed. Flix Varela, La Habana, 2002, p. 52.

[6] El texto de 1976 originalmente estableca en el artculo 32 inciso a) pierden la ciudadana cubana los que adquieran otra ciudadana; entendindose por muchos que la prdida era automtica y de oficio, lo cual nunca oper as. Desde 1966 la prctica jurdico-constitucional ha establecido que la privacin de ciudadana slo ser mediante Resolucin facultativa del Ministro del Interior, con otros requerimientos como residir permanentemente en el exterior, previa solicitud personal o de parte del Estado cubano (por sancin). Actualmente la Constitucin establece que se perder la ciudadana cubana cuando sea adquirida una extranjera (artculo 32). Vid. Prieto Valds, Martha y Prez Hernndez, Lissette (Comps.), op. cit., p. 22.

[7] El sistema de propiedad establecido por la Constitucin y otros aspectos relacionado con este tema, luego de 1992 aparecen regulados en los artculos del 14 al 25. Vid. Prieto Valds y Prez Hernndez (Comps.), op. cit., pp. 17-20.

[8] Vid. Prieto Valds y Prez Hernndez (Comps.), op. cit., p. 13.

[9] La legislacin ordinaria bsica fue aprobada y bajo la frmula colectiva de Situaciones Excepcionales regula las tres situaciones posibles, a saber: Estado de Excepcin, Movilizacin General y Guerra o Estado de Guerra, definiendo la actuacin de los rganos estatales y los controles e informes que deben rendirse en cada caso. Vid. artculos del 11 al 23 de la Ley de la Defensa Nacional ( Ley No75/1994), en Prieto Valds y Prez Hernndez (Comps.), op. cit., pp. 132-136. Sobre el reconocimiento del Estado de Emergencia vid. artculo 67 de la Constitucin, dem, p. 31.

[10] Sobre cmo puede ejercerse el voto tanto en las elecciones para delegados municipales, provinciales y diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, vid. artculo 110 de la Ley Electoral (Ley No72/1992), en Prieto Valds y Prez Hernndez (Comps.), op. cit., p. 99.

[11] Vid. De la revocacin del mandato de los elegidos a los rganos del Poder Popular. Ley No89 de 14 de septiembre de 1999, Gaceta Oficial Ordinaria No62, 23 septiembre 1999.

[12] Vid. artculos del 102 al 118 de la Constitucin cubana, en Prieto Valds y Prez Hernndez (Comps.), op. cit., pp. 42-48.

[13] Vid. Prieto Valds y Prez Hernndez (Comps.), op. cit., pp. 13, 15, y 52 respectivamente.

Fuente: http://cubaposible.com/las-reformas-la-constitucion-cubana-martha-prieto-valdes/



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