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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-02-2018

Apunte para la reforma constitucional
La ecologa en la Constitucin

Juan-Ramn Capella
Infolibre


De manera extraordinariamente lenta se ha ido abriendo paso en la consciencia colectiva de los espaoles la existencia de problemas ecolgicos. El cambio climtico parece el ms visible. Las instituciones pblicas fomentan, mal que bien, el reciclado del vidrio y del papel.

Pero la problemtica ecolgica es mucho ms que eso: un problema pavoroso, mundial y local.

Nuestra sociedad y las sociedades de nuestro entorno han arruinado el metabolismo entre el medio natural y nuestra especie, y hemos entrado en una relacin insostenible con el medio. La sociedad industrial est liquidando los bienes-fondo, irreemplazables, de la Tierra al usarlos como combustible. Expoliamos el subsuelo y reciclamos muy insuficientemente. Hay tambin una ruptura del ciclo biolgico en la produccin alimentaria industrializada. Se ha impuesto un mecanismo econmico y cultural basado en el consumismo. Creamos un problema de primera magnitud para las generaciones futuras, que habrn de afrontar el decrecimiento y una transicin mltiple: transicin energtica, agrcola, industrial, territorial, cientfico-tcnica y de la cultura social. Adems de una probable transicin demogrfica. Casi sin tiempo para evitar catstrofes. La irresolucin del problema ecolgico global es un signo ms de que nos hemos adentrado en la barbarie.

El deterioro ecolgico tiene dos caras: una material, ya aludida, y otra moral: la solidaridad entre generaciones, en la que no se suele parar mientes, o al menos no suficientemente.

Resulta sorprendente que hace cuarenta aos, cuando la consciencia ecolgica era mucho ms dbil que hoy, la Constitucin se refiriera al problema en su art. 45. Ah se establece que todos tienen derecho a un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo, que los poderes pblicos velarn por el uso racional de los recursos naturales apoyndose en la solidaridad colectiva, y que se establecern sanciones para los causantes de daos.

Cmo lleg la ecologa a la constitucin, en aquellas lejanas fechas? Lleg de la mano del grupo comunista en el congreso, que se inspir en la constitucin portuguesa aprobada poco antes, el 25 de abril de 1976. Esta ltima constitucin no era fruto de una transaccin con el sable sobre la mesa, como la nuestra, sino de una revolucin poltica que liquid manu militari una dictadura con el pleno apoyo de la poblacin. La Revolucin de los Claveles se dot de una constitucin verdaderamente avanzada. Reconoce "el derecho a la insurreccin contra todas las formas de opresin" (art. 47, 3). El ecolgico art. 45 de la constitucin espaola es un plido reflejo del art. 66 de la portuguesa, en que se inspira. Ese artculo portugus dice as: 1. Todos tienen derecho a un medio ambiente de vida humano, salubre y ecolgicamente equilibrado, y el deber de defenderlo. 2. Para conseguir el derecho al medio ambiente, dentro de un marco de desarrollo sostenible, le corresponde al Estado, mediante organismos propios y con la implicacin y la participacin de los ciudadanos: 3. Prevenir y controlar la contaminacin y sus efectos y las formas perjudiciales de erosin; 4. Ordenar y promover la ordenacin del territorio, teniendo como objetivo una correcta localizacin de las actividades, un desarrollo socioeconmico equilibrado y la valoracin del paisaje; 5. Crear y desarrollar reservas y parques naturales y de recreo, as como clasificar y proteger paisajes y lugares, de manera que se garantice la conservacin de la naturaleza y la preservacin de valores culturales de inters histrico o artstico; 6. Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, salvaguardando su capacidad de renovacin y la estabilidad ecolgica, respetando el principio de la solidaridad entre las generaciones; 7. Promover, en colaboracin con las entidades locales, la calidad ambiental de las poblaciones y de la vida urbana, especialmente en el plan arquitectnico y en el de la proteccin de las zonas histricas; 8. Promover la integracin de objetivos ambientales en las diversas polticas de mbito sectorial; 9. Promover la educacin ambiental y el respeto a los valores del medio ambiente; 10. Asegurar que la poltica fiscal haga compatibles el desarrollo y la proteccin del medio ambiente y la calidad de vida.

Como se puede ver, la constitucin portuguesa, el modelo, es ms concreta y va ms lejos que la espaola, pues emplea el concepto de desarrrollo sostenible y toma en consideracin la solidaridad intergeneracional . Falta, es verdad, la idea de decrecimiento.  En cualquier caso, una reforma constitucional a la altura de los tiempos ha de rebasar la actual redaccin del art. 45 de la constitucin de 1978.

Sera eso un gran cambio? Para que resultara fecundo hay que ir ms lejos. Porque luego viene con la rebaja el art. 53 de la Constitucin, que se refiere a la eficacia no slo del artculo ecolgico sino de todo el captulo III del Ttulo I en que se enmarca, captulo relativo a los derechos que configuran el "estado social". La tutela de estos derechos es mucho ms dbil que la de los derechos fundamentales y las libertades polticas; tan dbil que, como es amarga experiencia comn, pueden quedar casi en papel mojado.

Los iuspublicistas cortan cabellos en siete a propsito de los derechos que configuran el estado social de derecho. Dicen que estas disposiciones constitucionales no son inmediatamente preceptivas, sino ms bien una gua para las instituciones, o hablan de disposiciones programticas, o de un proceso abierto, o educativo; pero afirman que en cualquier caso no se trata de disposiciones invocables eficazmente por los ciudadanos ante las instituciones, pues es necesario preservar el principio -lo inventan ellos- de estabilidad democrtica. En eso se advierte la larga mano de Huntington, Crozier y compaa, los doctrinarios de la limitacin de la democracia.

Nada es verdaderamente un derecho si alguien no tiene un deber a su respecto. Se puede proclamar verbalmente el ms bonito de los derechos, pero si a propsito de lo protegido por l nadie tiene un deber, ese derecho est vaco.  Proclamarlo tal vez tenga algn efecto pedaggico o retrico, pero jurdicamente -y eso es lo que cuenta si hablamos de derechos- est vaco.

Nos hemos topado pues con un problema constitucional de envergadura: cmo conseguir que los derechos sociales sean verdaderos derechos y no casi piadosos deseos. La solucin del problema consiste obviamente en establecer deberes para los gobernantes de las instituciones: deberes de cumplimiento de los derechos ecolgicos y sociales que la constitucin promete; y tambin deberes para los conciudadanos capaces de invertir en el pas y no en las quimbambas, para generar financiacin.

El establecimiento de esos deberes tiene dos aspectos: el principal es que eso es un problema de naturaleza poltica; slo a partir de ah es un problema jurdico-constitucional.

El aspecto poltico de los deberes de cumplimiento de los derechos sociales y ecolgicos lo constituye la presin social para su materializacin. Porque an subsiste a pesar de todo una presin social, el llamado estado social, la redistribucin, se mantiene, aunque muy deteriorada: hay pensiones magras, sanidad con esperas, escuela pblica con pocos medios, etc. La presin, sin embargo, es fragmentaria y hace escasa mella en la aficin de tantos gobernantes y dirigentes empresariales a hablar cmodamente de recortes en vez de buscar o crear los medios de satisfacer la demanda social. Es necesario constitucionalizar, cuando menos, una renta mnima de resignacin para aquellos a quienes ni el empresariado ni el estado son capaces de emplear.

La presin poltica no disminuye la conveniencia de inventar algn mecanismo jurdico-constitucional adicional que vuelva menos indirectamente exigibles para los ciudadanos los derechos sociales. Los constitucionalistas se podran lucir con alguna verdadera invencin. Sin inventos el derecho no es nada. Propondr, pues, una invencin, muy modesta y parcial, pero innovadora de verdad: que mediante una mocin suscrita por unos cientos de miles de ciudadanos se impusiera directamente un inapelable multazo a un gobernante considerado incumplidor de los deberes ecolgicos y sociales que le conciernen segn el captulo III de la Constitucin.

Que las multas pudieran ir tambin de abajo a arriba, de la Plaza al Palacio, sera el verdadero invento. A algunos eso les parecer locura surrealista y a otros se les puede atragantar, pero seguro que el medio ambiente natural, social y poltico ganara con ello.

[Fuente: infoLibre]



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