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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 08-02-2018

Bases y presupuestos poltico-jurdicos para la constitucin del Tribuno del Pueblo en Cuba

Julio Antonio Fernndez Estrada
Cuba Posible


Para la defensa institucional del conjunto de derechos, el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha consagrado la figura de la defensora del pueblo, magistratura heredera del poder negativo indirecto propia del Tribunado de la Plebe de la Repblica romana,[1] que nada poda hacer, pero todo lo poda impedir.

La defensora del pueblo se introdujo en las constituciones latinoamericanas a travs de la Constitucin espaola de 1978 que, a su vez, haba retomado el Ombudsman sueco. La regulacin de la defensora en el nuevo constitucionalismo latinoamericano sienta bases para la superacin de dficits clsicos de su pasado. La eficacia de la defensora se asegura en un contexto que conjugue su independencia institucional con el desarrollo de formas de poder popular que reivindiquen, al mismo tiempo, las formas del poder negativo directo.[2]

La defensora venezolana tiene a su cargo la promocin, defensa y vigilancia de los derechos y garantas establecidas en su Constitucin. Goza de inmunidad y se rige por los principios de gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de oficio. La institucin cuenta con iniciativa legislativa y la posibilidad de presentacin de las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hbeas corpus, hbeas data, etctera.

La defensora ecuatoriana parece ser la ms avanzada. Puede patrocinar todas las acciones antes mencionadas; emitir medidas de cumplimiento obligatorio sobre derechos humanos y solicitar sanciones por incumplimiento de estas medidas; investigar y resolver sobre acciones y omisiones relativas a los derechos humanos; vigilar y promover el debido proceso; as como impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante.

En Bolivia la defensora no recibe instrucciones de los rganos del Estado y es designada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Sus atribuciones son las mismas que las del defensor o defensora ecuatorianos.

En Cuba, las funciones de una defensora son asumidas por la Fiscala General de la Repblica, perfil proveniente de la Procuradura sovitica: representa el inters pblico en los procesos y vela por la legalidad y por las violaciones de derechos ciudadanos. Al momento de su creacin, los pronunciamientos de la fiscala cubana en este ltimo campo no eran vinculantes. La Ley de la Fiscala General de la Repblica (no. 83 de 1997) enmend el dficit y la habilit para actuar ante violaciones de los derechos constitucionales y las garantas legalmente establecidas y frente a las infracciones de la legalidad en los actos y disposiciones de organismos del Estado y sus dependencias, las direcciones subordinadas a los rganos locales y dems entidades econmicas y sociales, exigiendo su restablecimiento (art. 8, b); al tiempo que la facult para restablecer la legalidad a travs de resolucin dictada por el fiscal actuante.

Amn de los problemas prcticos para llevar a vas de hecho ambas declaraciones, la regulacin deja en pie dos problemas: a) las limitaciones de acceso a la justicia procesal y b) la inexistencia de un mecanismo de restauracin inmediata en caso de violaciones de derechos ciudadanos.

La construccin y desarrollo de la defensora del pueblo en Amrica Latina ha enfrentado en el pasado problemas diversos: la gran contradiccin entre su difusin geogrfica, su desarrollo estructural, el crecimiento de sus tareas y la tensin entre las expectativas que despierta y las limitaciones que le impone la poltica realmente existente al despliegue de su naturaleza jurdica, en cuanto poder impeditivo o prohibitivo de la actuacin poltica estatal.

A la defensora se le ha llamado magistratura de la persuasin por su eficacia desprovista de la facultad sancionadora o vinculante. Lobrano considera el riesgo de la implosin de la figura, de mantener su perspectiva tradicional, porque:

Mientras son mayores las expectativas que tal instituto genera para los ciudadanos, ms grave ser el riesgo de desilusionarlos en tales expectativas y de hacerles perder la confianza en l, si no se le dota oportunamente de los instrumentos jurdicos adecuados para poder dar respuestas eficaces a esas expectativas (Lobrano 2002, 258).

Pero el instituto tambin cuenta con ventajas genricas, en este caso sobre la defensa de derechos a travs de los tribunales:

En la esfera discrecional de la administracin pblica, el ombudsman puede ir ms all que el tribunal en la evaluacin del gobierno y sus prcticas. Adems, puede iniciar supervisin ex oficio. [] Adems, el procesamiento de una reclamacin es gratuito, a diferencia de los tribunales, donde las partes tienen que pagar tasas judiciales. La reclamacin al ombudsman, adems, no requiere de un abogado como representante legal, lo cual implica menos gastos. Tampoco hay formalidades para su procesamiento, a diferencia de llevar un caso al tribunal. En cualquier caso, el ombudsman es mucho ms accesible que los tribunales y, en un contexto de derechos humanos, la accesibilidad es de importancia crucial (Berg 2009).

No existe impedimento doctrinal ni legal que impida establecer en Cuba un mecanismo institucional que ample la proteccin de derechos e intereses de la ciudadana cubana. Para ello, es necesario abrir en el pas el diapasn del debate cvico sobre los derechos y los mecanismos de su defensa ciudadana.

Si tal fuese la eleccin, el nuevo instituto tribunicio debe estar regido por los principios de colegialidad, temporalidad, revocabilidad popular y carcter vinculante de sus decisiones. Debe contar con el principio de independencia en la funcin y estar vertebrado segn la estructura territorial del pas. Los males de la burocratizacin y la corrupcin de la figura del defensor del pueblo en el marco de la divisin liberal de poderes se sanearan con procedimientos acelerados, aunque legtimos, y adecuados al respeto a la seguridad jurdica y la legalidad y sometidos al control social. La organizacin de la institucin deber ser resuelta de forma particular y mediante una Ley Orgnica complementaria a la consagracin constitucional.

Si el poder tribunicio tiene su origen en la repblica romana, resulta til recuperar esa fuente y buscar sus proyecciones en nuestros das, en aras de engrosar las atribuciones del Tribuno Socialista del Pueblo, lo que proponemos traducir de la siguiente manera:

Notas:

[1] Las formas directas del poder negativo seran el derecho de resistencia y la huelga poltica, por citar dos. Las formas indirectas estn relacionadas con las facultades de oposicin y veto de instituciones defensoras de la soberana popular, que tuvieran su origen histrico en el Tribunado de la Plebe de la Repblica Romana, y que en la actualidad pueden y deben tener otras formas contemporneas de expresin.

[2] Recurdese que en el constitucionalismo contemporneo y en la vida poltica de los estados actuales el derecho de huelga y la resistencia, as como la rebelin y la recesin han sido reducidas a frmulas de imposible realizacin dentro del mbito de la legalidad y en otros casos han sido convertidas en instrumentos muy alejados de sus fundamentos reales (derecho de huelga solo como derecho de huelga econmica).

Julio Antonio Fernndez Estrada es socio activo de ILO (Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensoras del Pueblo).

Fuente: http://cubaposible.com/bases-presupuestos-politico-juridicos-la-constitucion-del-tribuno-del-pueblo-cuba/



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