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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 09-02-2018

Contra la prisin perpetua "a la espaola"

Rafael Silva
Rebelin


"La cadena perpetua abandona toda esperanza en la capacidad de regeneracin del individuo, se sustenta en una visin antropolgica pesimista y desecha la reinsercin social como fin primordial de las penas, el nico que recoge la Constitucin. Porque los condenados tienen derecho a regresar a la comunidad en condiciones de interactuar como ciudadanos. De lo contrario, la marea punitivista nos lleva a consolidar la crcel como contenedor de basura humana, como depsito de personas desechables"
(Julin Ros, autor de "La Prisin Perpetua en Espaa: razones de su ilegitimidad tica y de su inconstitucionalidad")


La polmica ha vuelto a la palestra, sobre todo a raz de los ltimos descubrimientos en torno al terrible asesinato de Diana Quer, que ha devuelto tambin a la memoria los no menos terribles asesinatos de Mari Luz Corts, Marta del Castillo (cuyo cadver an no ha sido hallado), Sandra Palo, Jeremy Vargas y otros tantos de nuestra historia reciente. Se ha avivado el debate sobre la denominada eufemsticamente "prisin permanente revisable" (en realidad cadena perpetua), y las posiciones parecen enconarse da a da. Se habilit hace pocas semanas una peticin en el sitio web Change.org para que firmaran los ciudadanos que estuvieran a favor de mantenerla, es decir, de no derogarla, que ha sobrepasado los dos millones de apoyos populares. El argumento principal para mantenerla es que exista una pena excepcional para criminales excepcionalmente peligrosos, como pueden ser los autores de estos horrendos crmenes. Pero a da de hoy, slo el Partido Popular la defiende sin fisuras, mientras que Ciudadanos prefiere ponerse de perfil, y tanto el PSOE como Unidos Podemos se oponen a dicha pena, y defienden su derogacin inmediata. El PP ha hecho de este asunto un nuevo pelotazo electoral, y ha celebrado recientemente mtines y convenciones a las que han asistido los familiares de estas vctimas. El asunto es peliagudo, y levanta las ms fervientes pasiones encontradas. Porque de entrada, si cualquier persona se pone en el lugar de estos padres y madres, cuyos hijos e hijas murieron tan salvajemente en manos de estos criminales, es humano y lgico pensar que deseen para sus execrables autores el cumplimiento de las penas ms extensas, incluso la indefinida reclusin.

Pero el problema es que el Estado (representado por los legisladores) no puede ponerse en el lugar concreto de ningn familiar de vctima, debe ponerse en el lugar de toda la sociedad, de la sociedad al completo, velando por lo que la sociedad de su tiempo entiende que es lo ms justo, social, humano y avanzado. Legislar en caliente para estos asuntos, a golpe de noticia, de caso concreto, por vil y cruel que nos parezca (que nos parece), no responde a una ponderacin serena y equilibrada que es la que el Estado debe ofrecer a su sociedad. Por otra parte, hay que desarmar algunos mitos y falacias que an se comentan y se creen firmemente, como la falsa sensacin de impunidad para los criminales, o como que las penas ejemplares consiguen mitigar los delitos. Esto no es as, y tenemos como ejemplo paradigmtico a los Estados Unidos, donde a pesar de poseer la poblacin reclusa ms grande del mundo (sobre porcentaje de poblacin real), y poseer la pena de muerte vigente en muchos Estados, los ms crueles y detestables delitos no cesan de producirse en dicho pas. No podemos perder el norte, ni dejarnos llevar por opiniones de caf que no resisten el ms elemental y riguroso anlisis. Y como nos cuenta Daniel Amelang en este artculo para El Salto Diario, han sido consultados muchos expertos y expertas en Derecho Penal (incluido el Consejo General de la Abogaca Espaola), que concluyen que dicha pena en nuestro pas es absolutamente innecesaria, pues Espaa posee la mayor tasa de personas reclusas de Europa occidental, una media de 10 meses de cumplimiento en las crceles (superior a la de la UE) y penas de hasta 40 aos en prisin, mucho ms elevadas en el tiempo efectivo de cumplimiento que las de los pases de nuestro entorno que s cuentan en sus cdigos penales con la cadena perpetua. Pues an con todo ello, el PP pretende ampliar en tres nuevos casos las posibilidades de aplicacin de esta pena.

Por su parte, la Unin Progresista de Fiscales (UPF) ha reprochado a travs de las redes sociales que el Gobierno lleve a cabo este anuncio, en lugar de dedicarse desde el Ministerio a dotar a la Administracin de Justicia de mayores medios materiales (sobre todo tecnolgicos) y humanos, que contribuiran a poder ofrecer respuestas penales ms giles y adecuadas. Y es que como decimos, la legislacin sobre estos asuntos ha de hacerse en fro, pues de lo contrario, asistimos a una legislacin "que sale de las entraas, es ms emotiva que reflexiva" (en palabras de Daniel Amelang). Es muy comprensible que los familiares de las vctimas de estos horrendos crmenes clamen justicia de la forma ms aplastante y efectiva posible que el sistema pueda ofrecer, pero el sistema debe tener en cuenta muchos ms factores a la hora de decantarse por una figura jurdica como la que estamos haciendo referencia. Se instala a raz de estos casos un sentimiento de inseguridad ciudadana que no obedece a motivos reales, una consideracin de cierta laxitud de nuestro sistema penal, y algunos partidos polticos manipulan de forma obscena el dolor de los familiares de las vctimas, y utilizan de forma oportunista y populista dichos sentimientos, legtimos pero equivocados, porque no tienen en cuenta otros datos de la realidad penal ni jurdica de nuestro pas. Porque la realidad de los datos nos revela claramente que hay que poner de manifiesto el bajo ndice de criminalidad existente en Espaa en relacin a otros pases de nuestro entorno. Y en ltima instancia, no podemos perder el norte de la razn de ser, la autntica naturaleza, de la pena de prisin, que no es otra que la reeducacin y reinsercin social de los penados. Es una de las bases de la justicia reflejadas en nuestro sistema constitucional.

La pena de prisin permanente revisable (por muy reservada que se encuentre a ciertos delitos excepcionalmente graves) asegura ser revisable en la teora, pero en la prctica ofrece pocas garantas efectivas de que no se vaya a provocar el encierro de por vida de estos condenados. Necesitamos por tanto un llamamiento a la reflexin serena y colectiva, con calma y sosiego, y al margen de los ritmos de las agendas polticas y de los titulares mediticos, que ms pretenden sacar tajada electoral y apoyos ciudadanos a sus causas desde un punto de vista visceral e irracional. Por ms que podamos encontrarnos con casos aberrantes y con individuos execrables, que cometan abominables crmenes, no podemos caer en la tentacin de trasladar su lgico duelo personal en leyes que regulen nuestro sistema garantista de justicia y nuestro derecho penal, que han de seguir sustentados en el profundo respeto hacia todos los derechos humanos fundamentales. Hacer populismo barato con estos asuntos suele salir muy caro, manipular las conciencias hacia la decantacin de figuras penales anacrnicas basadas en la venganza, olvidndose de los propios principios constitucionales que inspiran el derecho, slo contribuir a involucionar hacia una sociedad ms salvaje. Nuestros referentes deben seguir siendo el profundo respeto a la dignidad humana, as como al rechazo a penas inhumanas o a tratos crueles o degradantes. Definitivamente, hay que erradicar de nuestro imaginario las condenas eternas a prisin, y entender sta siempre como un medio y nunca como un fin. Ello no obsta para refinar, mejorar y perfeccionar en todo lo posible los mecanismos empleados para comprobar el grado de reinsercin de un reo determinado, que siempre sern la herramienta fundamental para proteger a la sociedad de que ste vuelva a cometer los delitos por los que fue condenado.

Blog del autor: http://rafaelsilva.over-blog.es

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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