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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-02-2018

Contrapunteo de la economa y la democracia: otra pelea cubana contra los demonios

Ariel Dacal Daz
Cuba Posible


Don Fernando Ortiz narr una singular pelea cubana contra los demonios de fines del siglo XVII. Aquella contienda, encubierta con teorizaciones religiosas y morales, fue sostenida por motivos econmicos, de medro y lucro. El demonio fue un personaje permanente en ese episodio tragicmico de nuestra historia.

La evolucin simblica de este personaje ha transitado, dentro de los avatares de la racionalidad y el humanismo, de ser una metafsica sustentacin de la fe, incauta o perversa, a una metfora evocada en el mundo de contrapunteos que los intereses humanos tienen ante s. Demonios reincidentes en la historia cubana, envuelta en sucesivas radicalidades, suerte de parto en los que funda una y otra vez sus lmites, se muestran hoy en la Cuba que reformula sus contenidos y continentes.

El demonio esencial que atraviesa nuestro devenir es el de los lmites que pocos imponen a muchos; el demonio que priva y niega, el que ambiciona, el que excluye y miente, el que ensordece el porvenir de todos/as y para el bien de todos/as.

Varios contrapunteos han dado cobija o trinchera a tal demonio, destacndose el que acontece entre economa y democracia, acaso la ms esencial de las peleas cubanas contra los demonios. Me sirvo de esta metfora para considerar las comprensiones polticas que sobre economa y democracia contienden en el escenario cubano actual. Lo cierto es que tanto una como la otra permiten explayar por separado juicios y alcances diversos, al tiempo que la relacin entre ambas es un contenido propio, eje de anlisis, interpretacin y posicionamiento respecto a la restructuracin cubana en general, y a las peleas contra sus demonios en particular.

Algunas preguntas ayudan a encauzar la lectura acerca del contrapunteo de la economa y la democracia: es el dilema cubano esencialmente econmico? Es la democracia tensin o condicin para la economa? Qu definicin tienen estos temas en las polticas concretas ya en curso? Qu otros asuntos matizan y condicionan el contrapunteo en cuestin?

II

Al adentrarnos en estos asuntos vemos que la historia de Cuba es una permanente disputa entre distintos espritus de nacin. Por un lado, la nacin opresora, de provecho de pocos sobre las carencias de muchos, en alianza esos pocos con intereses ajenos a Cuba. De otro lado, la nacin liberadora de todos/as y para el bien de todos/as, cuya esencia est en la soberana y la justicia social.

El proyecto de nacin liberadora, atravesado en su devenir por varios contenidos y formas, asumi, despus de 1959, el curso socialista como condicin de posibilidad para su realizacin. Por tanto, mirar el contrapunteo de la economa y la democracia tiene en el socialismo un continente particular, o ms especficamente, en las ideas que sobre l se disputan. Este es un primer dato que estar presente a lo largo de esta indagacin.

Una breve digresin se hace necesaria para reconocer la existencia de otros cuerpos ideolgicos no marxistas en sus fundamentos y no socialistas en sus polticas, que tambin se plantean como problema la nacin liberadora, dentro de los cuales, de la misma manera, cabe la metfora de la pelea cubana contra los demonios. Pero esos otros referentes no sern parte directa de las consideraciones en este ensayo.

De vuelta a las ideas sobre el socialismo, amplo el zoom de ese continente para notar dos grandes tendencias que marcan su decurso, tambin, en la historia cubana: de una parte, visto como socialismo de matriz sovitica (estado-cntrico, economicista, burocratizado y dirigido desde arriba), y de otra, como socialismo crtico democrtico (creciente proceso de control del productor/ciudadano, socializacin de la propiedad, el poder y el saber, dirigido desde abajo).

Ambas comprensiones interpretan la economa y la democracia desde presupuestos distintos, e inclusive divergentes. Al tiempo que la visin de matriz sovitica coloca en la economa el desafo esencial de Cuba, y la exigencia democrtica pende del Partido nico como lugar poltico central y vnculo en la base con los trabajadores/as y la poblacin; desde el socialismo democrtico se sustenta la poltica como el desafo mayor y se enfoca en el desarrollo de procedimientos democrticos para encausar la politizacin del mbito pblico en general, y del mbito productivo en particular.

Hay una idea ms o menos elaborada, rastreable en discursos tan diversos como los lugares sociales en los que aparece, que proclama ocuparse ahora de lo econmico y dejar la democracia para despus. La misma se sustenta en el arraigado dogma que afirma la existencia de una esfera econmica autnoma, principio inspirador universal y natural que, en realidad, result de una accin poltica, nocin de economa que triunf con el liberalismo, corriente poltica que defiende a esta como forma de gobierno. Contrario a la idea de esfera autnoma, la economa s tiene relacin directa con la sociedad, las estructuras clasistas, la poltica y un vnculo inequvoco con valores y concepciones del mundo en general, y con un espritu de nacin en particular.

La idea de que cada una vaya por rutas particulares supone que economa y democracia son una suerte de virtudes inconexas. Lo significativo de esta comprensin es cmo aparece en forma de polticas pblicas, las que moldean paso a paso la estructura productiva cubana. Ms adelante veremos in extenso cmo se concreta este planteo.

El contrapunteo entre economa y democracia deja su traza en la historia del socialismo de la que Cuba hace parte, pero que la trasciende. Existe, por ejemplo, una tradicin que pone a la democracia como centralidad de las discusiones sobre el socialismo, una constante en la elaboracin de paradigmas que superen los rdenes sociales opresivos. Desde ah, el desafo cobra contenido poltico al pretender una democracia que supere las formas burguesas de esta y no su abolicin. Para tal fin la estrategia es impulsar el control social, poltico y econmico de los trabajadores y trabajadoras. Postulado que parte de comprender que la democracia es siempre lucha y no siempre reconciliacin de agendas cuando estas son antagnicas, al tiempo que el orden y los valores democrticos no se reducen a momentos, este es un proceso social y cultural de creacin colectiva permanente de la poltica en todos los mbitos, incluyendo el econmico. Un axioma queda claro en este anlisis: sin democracia no florece la nacin liberadora, exigencia al socialismo que pretende enaltecerla.

Un dilema concreto, arrastrado por la experiencia socialista desde las primeras dcadas del siglo XX, devela matices de este contrapunteo: en el perodo de creacin material de las condiciones socialistas deben ser adelantados los procedimientos de la democracia socialista, o en su defecto, en nombre del progreso econmico, se deben relegar a un segundo plano dichos procedimientos? Retomemos este problema desde un enfoque directamente poltico: los mecanismos democrticos liberadores deben ser el punto de partida para alcanzar las condiciones materiales requeridas por la nueva sociedad, o deben ser pospuestos en espera de aquellas condiciones?

La historia del socialismo realmente existente es la de, al menos, dos visiones que pugnaron desde el comienzo. Una tenda a dotarse de un Estado que defendiera el inters de los trabajadores/as, bajo el control de estos, al menos de su vanguardia. La otra tenda a un Estado como fin en s mismo, independiente del control directo de la clase trabajadora. El desenlace de esta pugna tendi al advenimiento de un rgimen burocrtico fuertemente centralizado con severos lmites al control democrtico de la sociedad por parte de los trabajadores y trabajadoras, cuyo sustento estructural fue un modelo administrativo desde arriba, marcado por la totalidad absolutista de las directrices.

Uno de los lmites de la experiencia socialista del siglo XX estuvo en no superar la separacin entre economa y democracia, es decir, en no comprender que la superacin de la economa capitalista solo ser posible con la democratizacin de las relaciones productivas. Ese ser en s mismo de aquel socialismo develaba, en su esencia, que la actividad prctica de las masas desapareci casi por completo no solo de la considerada gran poltica, sino tambin de la regulacin en su vida cotidiana.

Al abordar esta historia desde los beneficiarios vemos, grosso modo, que el proyecto socialista pretendi arrebatar a las oligarquas mundiales, privilegiadas de la economa realmente existente, su dominio sobre la clase trabajadora basada en la subordinacin de la democracia a la propiedad privada, en la agresin a los sindicatos, el recorte al gasto social, promover el desempleo, destruir convenios laborales y deshabilitar los sistemas de proteccin social.

En el decurso de esta historia, la degeneracin de la experiencia socialista del siglo XX garantiz a la vanguardia revolucionaria como detentadora del poder, en lugar de las oligarquas empresariales y financieras beneficiarias del capitalismo. Esta vanguardia releg nuevamente a la clase trabajadora a producir y recibir lo que determinaba un poder ajeno a ella.

Es caracterstico de las relaciones de vanguardia que la dominacin sobre los trabajadores y trabajadoras impida el desarrollo de sus capacidades y asegure su enajenacin del proceso productivo. Dada esta relacin, la vanguardia tiene que depender de dirigentes/empresarios que acten en su nombre a fin de garantizar sus objetivos. Sin embargo, los empresarios se tornan cada vez ms conscientes de sus propios intereses, es decir, surgen como una clase en s.

Si bien, a diferencia del rgimen capitalista, en el rgimen generado en el socialismo del siglo XX la plusvala no se acumula en forma de capital privado, ni puede ser convertida en medio privado para explotar el trabajo asalariado, no es menos cierto que se consume en formas de privilegio de diversas ndoles por parte de la vanguardia: tiendas especiales, uso de automviles con chofer incluido, acceso a espacios de recreacin de mejor calidad, as como a servicios de salud y hospitales, la posibilidad de adquirir una mejor vivienda, mecanismos expeditos para resolver problemas dismiles de la vida cotidiana, sin los entuertos burocrticos ni las colas prolongadas que padecen trabajadores y ciudadanos en general.

La soberana del trabajo, en tanto prctica democrtica en el proceso productivo, se redujo a la compresnin terica del Estado propietario que tergivers el ideal socializador de la produccin, el poder y la propiedad planteado por Marx, Engels y Lenin. Dentro de este ordenamiento los trabajadores y trabajadoras, sin espacio para una organizacin autnoma, o incluso para una comunicacin efectiva entre ellos, estn desarmados en la lucha ideolgica.

En la experiencia del socialismo real no se supera esa nocin de la esfera econmica autnoma. Obsrvese que la respuesta de los economistas al mando jerrquico de la vanguardia, como tendencia, no constituye un desafo al dominio sobre los trabajadores en los centros laborales y en la sociedad. La alternativa histrica que se ventila de cara a ese conflicto es entre hacer ms eficiente ese ordenamiento social o la restauracin capitalista. Pero esta es una falsa disyuntiva al no considerar el enfrentamiento a la arbitrariedad de la vanguardia con la democracia: restablecimiento del derecho a la crtica y a una libertad electoral autntica, restablecimiento de la libertad de las organizaciones revolucionarias y el renacimiento de los sindicatos, la revisin radical de los planes econmicos en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras.

Miremos este asunto desde la eficiencia y calidad en el uso de los recursos que entraa la economa como exigencia manifiesta en cualquier debate. En la experiencia socialista de matriz sovitica se verificaba el problema del mandato burocrtico entre la economa nacionalizada y la calidad, esta escapa a la burocracia como una sombra, por lo que un entorno de libre discusin de los problemas econmicos disminuira los gastos generales impuestos por la burocracia.

Es sabido que en los perodos de crisis del socialismo real se ejerce una presin sobre los gobernantes para el ajuste socioeconmico del diseo del sistema. En tales perodos entra a escena la pugna de alternativa que, por lo general, han tendido, de un lado, a retoques muy parciales, conservando el control burocrtico, de otro, a la introduccin de las nociones liberal burguesa sobre la democracia y la libertad.

En cualquier caso, se parte de que, como condicin objetiva, las modernizaciones formales dejen intactas las viejas esencias de control poltico. Los cambios tecnolgicos y la informatizacin pretenden optimizar los clculos y la ejecutoria de los planes, pero dejan intacto el viejo mtodo de administracin absoluta de la sociedad desde arriba. Los cambios impelidos por las crisis del modelo se presentan, en un primer momento, como una reforma econmica con el objetivo de acrecentar cuantitativamente, y de mejorar cualitativamente, el aparato productivo y distributivo.

Frente a esta encrucijada los economistas en el socialismo, como tendencia, sin ser necesariamente aspirantes a capitalistas ni representantes conscientes del capital, no priorizan la tesis de la ineficiencia como efecto de la restriccin a las capacidades de los trabajadores y trabajadoras. Por el contrario, enfatizan en las ineficiencias que confrontan los directores/empresarios como resultado del dominio sobre ellos desde arriba. Contrario a esta visin, frente al desafo de la opresin, la arbitrariedad y la corrupcin burocrticas, la eficiencia econmica y la calidad suponen la democracia de los productores/as y de los consumidores/as, la libertad de crtica y de iniciativa. El principio poltico y doctrinal que sustentaba tal crtica es el rescate de la democracia para la clase trabajadora. Al buscar la concrecin poltica de este particular la pregunta sera: el funcionario concluir por devorar a la clase trabajadora o esta lo har impotente para perjudicar?

Lo cierto es que la historia del socialismo realmente existente devel que la alternativa socialista democrtica no es un estado que se otorga o decreta sino un acumulado, un proceso de imprescindible matriz democratizadora. La democracia tiene contenido histrico y de transicin. Con frecuencia se habla de la democracia como de un estado dado y se olvida examinar las direcciones del desarrollo real de tal estado, es decir un proceso de democratizacin: aprender y aprehender culturalmente, desde la prctica, la democracia.

Se hablara, entonces, de la democratizacin del socialismo, entendida esta como la socializacin de polticas y estructuras para acceder al poder, programa histrico a largo plazo. Por tanto, la democratizacin no es un medio para evitar las crisis, es un proceso de socializacin en el que es posible terminar con la herencia de la sociedad burguesa, es decir, la divisin de la vida humana en las esferas pblicas y privadas. Y es que la democratizacin, como proceso en la totalidad social, alcanza el conjunto de la vida: la vida cotidiana y la actividad econmica, las instituciones y el mecanismo poltico para las decisiones. El nfasis no est puesto en mejorar la esfera poltica o el sistema de instituciones, debe democratizarse el conjunto de la vida. Se trata de democratizar la cotidianidad, es crear un sentido comn democrtico.

El contrapunteo de la economa y la democracia es un asunto esencial en el devenir de los rdenes sociales humanos. La Revolucin francesa plante la controversia entre una economa poltica popular opuesta a una economa poltica tirnica. La primera, base del programa de la repblica democrtica y social de los derechos del hombre y del ciudadano. La segunda, organizadora de la sociedad para la desdicha comn y la felicidad solo de un grupo.

Al mirar ms a fondo en esa disyuntiva genrica es notorio que su profundidad incluye asumir la economa en su historicidad, en su relacin con la poltica, con el derecho. Es asumir que la economa no se reduce a su componente tcnico y, por tanto, a ser un feudo de profesionales. La enseanza de la economa, por ejemplo, es al final un problema de todos/as porque lo que los y las economistas aprenden afecta, en forma de decisiones polticas, nuestras vidas cotidianas.

Subryese que la economa es un asunto demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los economistas. Estos no estn por encima de las tensiones sociales, ni estn fuera del antagonismo histrico entre oprimidos y opresores. La influencia que tienen las distintas cosmovisiones ideolgicas y puntos de vista de clase en las miradas que adopta cada grupo de economistas es una constante.

Un territorio de crtica a las relaciones econmicas realmente existentes est en asumir la soberana de la nacin liberadora a travs, tambin y esencialmente, de la soberana del trabajo, donde es ms virulento el capital. Esto se concreta en prcticas diversas de control social directo e indirecto sobre los procesos productivos. Implica una redefinicin de la poltica, el poder y la ley. Tmese en cuenta que ni los capitalistas, ni los burcratas resultantes de las vanguardias revolucionarias han sido capaces de colocar, de manera prioritaria, los intereses especficos de los trabajadores/as en la disputa de sentidos que implica la elaboracin y control de la poltica econmica.

Vista desde esta perspectiva la cuestin de la ciudadana es notorio que, como concepto poltico que condiciona la potencialidad integradora de la democracia, esta tiene que resolver la incompatibilidad que implica para la liberacin la relacin entre la ciudadana asalariada, que solo posee su fuerza de trabajo, y la ciudadana propietaria, que posee los medios de produccin y el control sobre las polticas econmicas. Entonces debe asumirse que la economa es territorio de disputa de la democracia y viceversa. Ambas develan su intrnseca relacin en la pregunta quines deciden qu y cmo se produce?

III

Al asumir el socialismo como continente necesario para mirar el contrapunteo de la economa y la democracia, se nos presentan, en igual condicin, otros asuntos contenidos en ellas, a saber, la propiedad, la posesin, la gestin de la produccin de bienes y servicios, as como las maneras de hacer poltica en Cuba, presupuestos mnimos de los que me sirvo para indagar ms profusamente en el tema.

Como vimos este asunto no es nuevo ni se agotar en el futuro cercano, pero sin dudas vive un momento singular al estar sobre la mesa la conceptualizacin del modelo econmico y social cubano de desarrollo socialista que el Partido Comunista de Cuba propone a la Nacin. Un cuerpo explicativo abarcador que permite seguir las coordenadas fundamentales de la poltica econmica y las ideas que la sustentan.

Retomo una vez ms la perspectiva del socialismo como continente del contrapunteo de la economa y la democracia, dado que la conceptualizacin se posiciona en la comprensin de construccin del socialismo (estrategia poltica del socialismo de matriz sovitica), la que ha implicado en su prctica histrica, como dijimos antes, la consagracin de un tipo de orden social con prevalencia del Estado. Se trata de un modelo de llegada, una estructura productiva y poltica poco movible; un orden histrico donde la abstraccin de la propiedad social socialista de todo el pueblo se diluye en formas de representacin y posesin que niegan esa condicin en general, y la de duea de la clase trabajadora en particular.

Esta comprensin refiere la coexistencia de varias formas de propiedad, al tiempo que mide el carcter del modelo econmico que ordena el pas por el porcentaje de propiedad socialista prevaleciente, y no por el espritu liberador u opresor que las relaciones sociales de produccin generan en las diferentes formas de gestin. Dicho de otro modo, se obvian los tipos de posesin implcitos en las formas de gestin de todo tipo de propiedad.

Es la propiedad privada en s misma otro rostro del demonio? No. Es la forma de propiedad social o estatal en s misma negacin de este? Tampoco se puede afirmar. El derecho de propiedad es reprobable en su hbito de apropiacin privada de las riquezas socialmente producidas y en los lmites que impone al espritu de nacin liberadora. La propiedad privada de los medios de produccin es cuestionable cuando otorga a los dueos/as derecho de apropiacin de los frutos del trabajo ajeno. La propiedad social pone lmites a ese espritu solo cuando garantiza el control democrtico sobre las necesidades y los modos de satisfaccin de estas y evitaba as el abandono de las necesidades sociales al inters privado, cuando cierra la posibilidad de explayar mecanismos de explotacin, entindase la apropiacin del plustrabajo por personas que no han participado de su produccin.

La lgica burguesa de la propiedad, esencia contra la que se manifiesta la pretensin socialista, implic convertirla en un derecho natural, jerarquizado y exonerado de toda contestacin referente al derecho a la existencia, la libertad y a la justicia distributiva. Naturalizar el derecho a la propiedad privada en su condicin de explotacin atent de facto contra el derecho a la existencia misma de los semejantes no propietarios y ha representado el secuestro de la democracia por parte de los propietarios.

De regreso a la conceptualizacin vemos que esta confiere condicin de propietarios comunes a la ciudadana bajo formas no estatales de produccin. Esta visin soslaya el carcter conflictivo de tal coexistencia, dada la apropiacin del trabajo ajeno y la enajenacin de unas, y los procesos socializadores del poder y los bienes de otras. Tampoco tiene en cuenta el aprendizaje histrico de que un tipo de relacin social de produccin, con sus formas de propiedad concomitantes, tiende a vencer a la otra. No hay un reconocimiento de la pelea contra los demonios implcita. Dicho de otro modo, no es cuestin de formas negociables, sino de espritus contendientes. Por tanto, tal coexistencia es una ilusin con fecha de caducidad.

Frente a la comprensin que implica la construccin del socialismo, se contrapone la de transicin socialista (estrategia poltica del socialismo democrtico). Esta apunta, no a una estructura social fija, sino a un proceso, a un perodo de contradicciones donde conviven de manera conflictiva relaciones sociales de produccin, debido al contenido antagnico del espritu que las mueve. Existe conciencia de la pelea y de los contendientes. Implica transitar hacia un orden social que no reproduce las estructuras de explotacin y exclusin que median entre quienes crean con su trabajo bienes y servicios, y el disfrute tanto de los beneficios materiales como de la gestin de los asuntos pblicos. Orden social donde el ser humano, como productora/or y ciudadana/o, alcance su plenitud creadora. Transicin de carcter socialista que implica polticas socializadoras del poder, la produccin y el saber. Proceso desde el cual la economa y la democracia se condicionan mutuamente.

Ambas visiones bifurcan el camino, hacen distintas las rutas polticas a trazar para el orden social cubano. Al leerlas de este modo se esclarecen las esencias del contrapunteo en cuestin.

En la construccin del socialismo, la propiedad social socialista asume la forma de propiedad estatal, donde el Estado acta como representante del dueo, que es el pueblo. Desde esta comprensin, el poder econmico del pueblo se garantiza en la nominalizacin misma de la propiedad, al tiempo que se reduce la socializacin a la distribucin de bienes y no a la gestin directa de la propiedad por parte de la clase trabajadora.

Desde la comprensin de transicin socialista se potencian las condiciones necesarias para que el dueo/a participe de manera creciente en la gestin de su propiedad, en tanto elije, mandata, controla y revoca a sus representantes en el sistema productivo. As, el rol de servidor pblico del Estado se concreta en facilitar el proceso de socializacin del poder para la gestin de la propiedad. Es decir, el asunto sera planteado en trminos de propiedad y gestin como par indivisible.

Lo anteriormente descrito es parte de los rostros, matices y formas que adquiere el contrapunteo de la democracia y la economa, acerca del cual intento mayor concrecin en la pregunta siguiente: quines deberan elegir a la dirigencia de las empresas de propiedad social?

En la estructura cubana actual, la jerarqua en materia de decisin poltica sobre la produccin cuenta con tres actores fundamentales: el Estado (burocracia poltica), la dirigencia del sistema empresarial (burocracia econmica), y las/os trabajadores (productores directos). Como dinmica de esa estructura, el Estado designa y revoca a los directivos, al tiempo que la clase trabajadora cumple las orientaciones. De igual manera, en su rol de representante del dueo, el Estado tambin es poseedor de facto, inclusive con la capacidad de conceder esa posesin a otros actores en forma de usufructo, arrendamiento, asociacin mixta, etc.

La propuesta de conceptualizacin permite ahondar en el debate de las formas en que se disputa la amplitud y lmites de la nacin liberadora, abordadas desde las visiones del socialismo en general, y desde las consideraciones sobre economa y democracia en particular. Veamos algunas de sus manifestaciones.

En referencia a la gestin se abren tres posibilidades: a) el Estado designa y revoca a los representantes del propietario para que administre la economa (socialismo de Estado); b) el Estado y los colectivos laborales en cada unidad productiva negocian quines sern las directivas/os y comparten el control sobre ellos (cogestin); c) los colectivos laborales eligen, mandatan y revocan a los directivos/as (autogestin).

En cualquier modelo la representacin es necesaria. La diferencia est en quines eligen a la/os representantes y, en consecuencia, a qu intereses responden, a los de arriba o a los de abajo? A la burocracia, al capital o las trabajadoras/es? La divergencia est en el espritu de nacin que estructura las relaciones para la gestin de los procesos productivos.

Este rango de posibilidades es aplicable a otro nfasis que aparece en la conceptualizacin, donde se remarca que el Estado, en su condicin de representante del dueo, decide y controla las utilidades de las empresas de propiedad socialista, presupuesto frente al que se presentan alternativas ms abarcadoras en trminos democrticos, a saber; a) el Estado rinde cuenta a la duea/o; b) administra las utilidades en consulta permanente con este; c) cumple los mandatos que para este fin defina el dueo.

Por otra parte, existen presupuestos de la conceptualizacin que pueden ser complementados en trminos democrticos. Miremos por caso que, la propuesta de una sociedad prspera alcanzable a partir del trabajo, la productividad, la eficiencia y el ahorro tendra que condicionarse a la participacin creciente en la gestin de la produccin por parte de los trabajadores/as, como modo inalienable de ejercer su condicin de duea/o de los medios de produccin.

La misma lgica de complementacin puede aplicarse a la propuesta de otorgar especial relevancia a la formacin de valores en los mbitos de la actividad econmica y social, con el aadido de la formacin para la prctica poltica de las/os productoras/es, sobre la base del bien individual, comunitario y social. Desde el mismo espritu, ante la propuesta de desplegar iniciativas que acompaen con mtodos de direccin participativos la transformacin del sistema empresarial, se puede complementar con el uso de mtodos de control directo de las/os trabajadoras/es en la gestin de las empresas. De igual manera, ante la propuesta donde las/os trabajadora/es cumplen los planes, polticas y directivas definidas por el Estado, puede ampliarse a la creacin de condiciones para la elaboracin conjunta de las mismas.

En trminos de especificacin poltica, la conceptualizacin no prioriza las formas de propiedad que aseguren la socializacin del poder para la gestin econmica, social y poltica por parte de la clase trabajadora. Esta debilidad democrtica se especifica en que las cooperativas no prevalecen sobre otras formas de propiedad, al tiempo que no hay mencin a la cogestin y la autogestin como pilares de la socializacin, asumido en este caso como proceso de fusin entre economa y democracia, condicin liberadora de la nacin.

Qu significan la cogestin y la autogestin en la resolucin del contrapunteo de la economa y la democracia? La primera busca asegurar la participacin de la clase trabajadora en la gestin econmica, en igualdad de condiciones con el capital y la burocracia. Se organiza desde el puesto de trabajo, pasando por la fbrica y empresa, hasta los ms altos niveles de poltica econmica. La segunda constituye una frmula que supera la cogestin pues con ella se remueven todas las mediaciones entre quienes producen bienes y servicios y el disfrute de los beneficios. Con la autogestin el carcter de propietario del pueblo en general, y de la clase trabajadora en particular, se realiza a plenitud. En la prctica, el propietario es quien posee los amplios poderes de disposicin que acompaan a la propiedad.

Esta no es una perspectiva meramente econmica ni tan siquiera la economa lo es sino esencialmente poltica, pues busca llevar a la actividad econmica los mismos principios con los cuales ha de funcionar el sistema democrtico en la sociedad. Apunta a sacar al ser humano de su reducida funcin instrumental de simple fuerza de trabajo, y potenciar el derecho a la iniciativa y a la creatividad. Desde esta perspectiva la poltica econmica se estructura de abajo hacia arriba, en los espacios de integracin micro, meso y macro sociales y se naturaliza el requerimiento democrtico de la economa.

Parte importante de lo que podr encaminar la transicin socialista como forma poltica del espritu de nacin liberadora est en la democratizacin de los procesos econmicos. Al igual que sucede con la democratizacin poltica, no implica la eliminacin del poder, de la autoridad, de las normas y los lmites, sino la ampliacin de sus bases y la transformacin de sus formas jerrquicas, profesionales y excluyentes. Tampoco implica el desconocimiento de las lneas de decisin dentro del mundo econmico, sino su legitimacin democrtica.

La democratizacin econmica es la respuesta al contrapunteo que allana el camino a la nacin liberadora. La transicin socialista como su estrategia poltica, atae a la gestin directa de los productores/as que son dueos/as, sin mediaciones de ninguna ndole, rompiendo las dinastas econmicas del capital y las representaciones sin control desde abajo favorecidas por el modelo de construccin del socialismo.

IV

Qu lugar tiene la poltica en el contrapunteo de la economa y la democracia? O con otro enfoque, qu implicaciones tiene para la democratizacin econmica las maneras de hacer poltica en Cuba? Algunas zonas de respuesta han sido adelantadas de manera indirecta a lo largo de la reflexin, no obstante, merece una consideracin especfica que permita, al tiempo que ver ms en detalle el desafo que vive la nacin liberadora, colocar la poltica en su dimensin de alma constitutiva de la democracia o su negacin.

Como he mostrado de manera prctica en el desarrollo de la indagacin, la disputa de sentidos dentro del socialismo tiene un planteo bsico: socialismo desde arriba versus socialismo desde abajo, lo que condiciona las interpretaciones sobre la economa y la democracia en general, y sobre las maneras de hacer poltica en particular.

El socialismo desde arriba (de matriz sovitica) implica un modo bancario: jerrquico, verticalista, unidireccional, directivo, de entender las relaciones sociales. Un orden donde la poltica, como acto de creacin y control, est de un solo lado en los espacios de poder macro y micro. Un tipo de relacin que coloca la capacidad y posibilidad de tomar decisiones en una parte y no en el todo, donde la poltica est en el Estado y no en la sociedad, donde la poltica de determinados grupos sociales se ocupa de la gente y la gente no se ocupa de la poltica. Donde los/as economistas se ocupan de la economa y la gente no se ocupa de la economa ni de los/as economistas. Un socialismo en el que perviven relaciones de dominacin, o aquel espritu opresor que disputa los lmites la nacin.

Por otro lado, el socialismo desde abajo (democrtico) implica relaciones sociales con base en el autogobierno, la autogestin, la auto constitucin del sujeto popular que participa en la definicin de sus necesidades, en la decisin poltica que la satisface y en el control de ella. Es decir, relaciones que devuelvan la poltica a la sociedad, que impliquen participacin directa y creciente en la gestin pblica, donde la democracia adquiera su carcter transversal en lo poltico, econmico y en el sentido comn como prctica social cotidiana. Donde el poder se comparta y no se reparta. Es decir, socializacin del poder y de las condiciones de equidad para el ejercicio del mismo. Socialismo basado en relaciones que potencien el espritu liberador de la nacin.

Un paso adentro en el anlisis de este asunto devela que la categora dirigente, sujeto concreto con roles y funciones en el socialismo desde arriba, que da cuenta de una cultura poltica especfica, es removido en perspectiva del socialismo desde abajo, por trminos como mandatado/a, servidor/a pblico, coordinador/a poltico/a, facilitador/a; los que dan cuenta de otro tipo de relacin social para la poltica, de otros contenidos y dinmicas para la democracia y la valoracin de otros sujetos.

Entiendo que la capacidad tcnica y administrativa que se esgrime como valor de la dirigencia capacidad profesional tambin se dice tiene que ver con mtodos o maneras que siempre se subordinan (consciente o inconscientemente) a las comprensiones del poder y la poltica de la que son constitutivas. Entonces, aparece otra pregunta capacidad para cumplir lo establecido por quin? Dicho de otra manera, la capacidad para encaminar qu tipo de relacin social, qu tipo de espritu de nacin? A saber: a) relaciones que implican decisiones tomadas desde arriba, donde el saber, el poder y la capacidad de discernimiento sobre la realidad y su concrecin en polticas est en un solo lugar social; b) relaciones que implican decisiones tomadas desde abajo donde se logran consensos, se construye colectivamente la decisin y no por simple agregacin de demandas. Ambos dan cuenta de contenidos antagnicos del ser dirigente. Contenidos que se develan en la pregunta dirigir hacia dnde?

Esa misma lgica abre la pregunta qu autoridad porta la dirigencia?: a) autoridad autoritaria, que niega, que excluye, que limita, que privatiza el poder, autoridad legal/designada, individual; o, b) autoridad mancomunada, que suma, que integra, que socializa el poder, autoridad legtima/elegida, comunitaria.

Al observar otros matices sobre este particular, se nota que dentro de una relacin en la que unos y unas dirigen y otras y otros son dirigidos; donde unos y unas dicen, al tiempo que otras y otros recepcionan, donde el saber y la verdad estn en una de las partes, la democracia siempre tendr lmites de base. Por tanto, el problema no es de mecanismo, es de concepcin.

Si nos relacionamos desde la comprensin de que todas y todos portamos saberes, si adems todas y todos podemos participar en la creacin de ideas, propuestas y definiciones polticas, si lo comprendemos como capacidad y como derecho, entonces hablaramos del dilogo de saberes diferentes para alcanzar metas comunes, la bsqueda de mtodos para la construccin colectiva, que implique una deconstruccin cultural de las maneras en que nos educamos en una relacin que reproduce la desigualdad del poder. Entonces, para esa relacin democratizadora no es funcional una persona que dirija, es decir, un dirigente, sino una persona que facilite, que coordine procesos polticos impulsores del espritu liberador de la nacin y gane terreno en las peleas cubanas contra los demonios.

En las dimensiones prcticas de la poltica se confunde por momentos la bsqueda de consenso, como condicin democrtica, con mtodos de direccin. Tambin aqu asoma sus fauces el demonio que se solapa de muchas maneras. Hoy aparecen, por ejemplo, nuevos mtodos organizacionales que, sin ser base para un consenso real, pueden ser puentes para transitar a esa necesaria y tica manera de hacer poltica. No obstante, si no se discute la concepcin de base para la participacin de la gente, cualquier cambio podr ser tcnicamente mejor, pero no polticamente ms justo.

El foco de esta indagacin est en la economa y su relacin con la democracia. Para narrar el campo de pelea cubana contra los demonios que esa relacin representa, encontramos un dato significativo: la despolitizacin de la vida cotidiana, es decir, el acumulado de no participar en la definicin y control de la poltica. Miremos que no existe una apropiacin de los procesos de produccin por parte de trabajadores y trabajadoras, lo que incluye la no eleccin directa de sus dirigentes empresariales. Las organizaciones gremiales y sectoriales no son gestoras autnomas de propuestas. En las comunidades no se toman decisiones consensuadas sobre, por ejemplo, poner alumbrado pblico o arreglar una escuela. No hay leyes municipales que den cuenta de un diseo de polticas y normas acorde a las condiciones especficas de cada territorio. Miremos los hogares cubanos a ver en qu porciento de ellos se colegian las decisiones.

Vuelve entonces una de las preguntas que atraviesan esta indagacin los mecanismos democrticos liberadores deben ser el punto de partida para alcanzar las condiciones materiales requeridas por la nueva sociedad, o deben ser pospuestos en espera de aquellas condiciones? La actitud poltica es siempre la revelacin de las esencias y comprensiones de las que se parte. Desde esa lgica acudo a una respuesta freiriana a la pregunta en los trminos de que evitar el dilogo con el pueblo en nombre de la necesidad de organizarlo, de fortalecer el poder revolucionario, de asegurar un frente cohesionado es, en el fondo, temer a la libertad, temer al propio pueblo o no confiar en l.

El problema del poder que entraa este asunto no puede quedarse para despus. El horizonte utpico implcito en la superacin de la opresin social ser alcanzable en la medida en que el proyecto de organizacin social no deje para el futuro la realizacin de los aspectos solidarios, cooperativos, no jerrquicos, donde se distribuyan los recursos del poder, donde la conducta democratizadora sea un sentido comn en cada individuo. Tal postura dinamita la idea de que el fin justifica los medios. Si el fin es democrtico y humanista, los medios para alcanzarlo tienen que ser democrticos y humanistas.

Por lo anterior, y como parte del proceso de democratizacin econmica es necesaria la creacin de nuevas formas de relacin entre el abajo y el arriba, y tener en cuenta en ese proceso especficamente la autorganizacin de trabajadores y trabajadoras para mejorar activamente su vida cotidiana. No es cambiar un grupo de dirigentes por otro grupo de dirigentes, no es cambiar los hombres por las mujeres, una raza por otra, una religin por otra, un saber cientfico por un saber comn, no es poner a las personas por encima de la naturaleza. Es cambiar la cultura poltica excluyente y opresiva que divide artificiosamente a los seres humanos en todos los espacios de la vida social y que separa a la sociedad de la naturaleza. Es generar una cultura poltica incluyente, desde la diversidad, cuya centralidad sea la condicin humana, en relacin armnica con la naturaleza, creadora y libre. Cultura poltica liberadora es subversin de la cultura poltica de la opresin en cualquiera de las formas que esta se manifieste.

Ahora bien, la administracin colectiva de la poltica que entraa la democratizacin socialista no se decreta. Se aprende a participar, participando en la definicin de sentidos comunes, valores, proyecciones, necesidades. La herencia cultural en el mbito de la participacin poltica del sujeto popular en general y de la clase trabajadora en particular tiene, esencialmente, rasgos pasivos y reproductivos. De lo que se trata, como modificacin activa de la participacin para la autogestin y el autogobierno, es de implicar a las personas, en cada mbito de la vida, a que asuman responsabilidad social mediante la actividad colectiva y creadora, a que incidan en el curso de los acontecimientos privados y pblicos, en los mbitos de la economa y la poltica. La democracia, vista as, es un proyecto poltico, que implica democratizar la poltica y democratizar la economa como procesos concomitantes.

Ubicada en una perspectiva ms general, la participacin poltica es una expresin cargada de ideologa, cuyo verdadero significado debe buscarse en el espritu que contiene. La participacin es consustancial a la democracia y condiciona su calidad, la que radica en la capacidad de contribuir al proceso de toma de decisiones en todos los niveles de la vida social, es decir, en la creacin, ejecucin y control de estos. Participar es ser parte del proceso poltico, de hecho y de derecho. Implica pasar de ser objeto a ser sujeto, condicin alcanzable solo a travs de prcticas propias. La participacin democrtica refiere de manera directa a la socializacin del poder y contribuye tanto al compromiso poltico como a la potenciacin de una subjetividad liberadora.

Lo que quiero significar es que la participacin poltica ms amplia en los espacios cotidianos es un enfoque determinante para comprender que la poltica es un terreno de contrapunteo entre los espritus liberadores y opresores. De la poltica siempre se ocupa alguien, pero no todo el mundo se ocupa de la poltica. El contrapunteo de la economa y la democracia no tendr mucho alcance resolutivo si no se comprende que dentro de la poltica tambin pelean los demonios.

V

Vuelvo al asunto que nos trae hasta aqu. Hemos visto que para alcanzar su plenitud la economa y la democracia tienen que fundirse en un mismo espritu, condicin que potencia la nacin liberadora y pone coto a las embestidas del demonio recurrente, emisario de la opresin. Al mirar a Cuba desde esa perspectiva, y al entender que la ley, en ltima instancia, consagra una nocin de democracia y economa, es dable preguntar, cmo se describe esta pelea cubana contra los demonios al interior de la Ley de la inversin extranjera, el Cdigo de trabajo y seguridad social y la Ley de cooperativas?

Al adentrarnos en la ley de inversin extranjera es visible la tensin democrtica que entraa, argumentada en la reproduccin de las desigualdades entre trabajadores y directivos. Esta se evidencia en que, dentro de los requerimientos para la solicitud de evaluacin de propuestas para la inversin extranjera, adems de la compatibilidad con la defensa y la certificacin de proteccin del medio ambiente, no est, de manera explcita, la proteccin del derecho de los trabajadores/as.

En paralelo, los trabajadores/as tienen la obligacin de establecer sus vnculos laborales con una entidad empleadora. Esta negocia directamente el monto salarial con la empresa de capital extranjero. Sin embargo, dirigentes y administrativos se vinculan de manera directa a la empresa de capital extranjero sin que quede claro la fuente salarial de los mismos. A esto se suma que no se explicita que la entidad empleadora asuma entre sus funciones la responsabilidad de resolver las reclamaciones laborales de sus empleados/as.

Qu actores participan en la negociacin sobre salario con las empresas de capital extranjero? Con qu nivel de autonoma cuenta la entidad empleadora para ese proceso? A quines rendira cuenta sobre el mismo? Los montos salariales sern especficos con relacin a las negociaciones especficas? Estamos en presencia de una entidad neutral, mediadora, que es al tiempo juez y parte entre empresarios/as y trabajadores/as? a quin responde o protege?

Otras alternativas pudieran ser valoradas respecto a la entidad empleadora: a) que contrate tanto a directivos/as como a trabajadores/as, sujetos a iguales regulaciones; b) que sea opcional su uso, tanto para directivos/as como para trabajadores/as, dejando en claro la utilidad de acudir a ese servicio; c) que se derogue su funcin pues una organizacin sindical fuerte, controlada por las trabajadoras y trabajadores, bastara para velar por el cumplimiento de las regulaciones, la contratacin y otros derechos previstos en la Ley.

De todos estos intrngulis surge una duda razonable: hay personas que llegan a cargos de direccin y administracin que, potencialmente, pudieran devenir en accionistas y dueos privados. Aunque la ley no refiere esto ltimo ni a favor ni en contra, s consagra la posibilidad de realizar inversiones en bienes inmuebles y obtener su propiedad u otros derechos reales. En la Ley No. 77 (1995) tal posibilidad era para personas naturales no residentes permanentes en Cuba. Esa condicin qued eliminada de la nueva ley. Por qu? Acaso ser un camino para sostener un espritu de nacin en provecho de pocos sobre las carencias de muchos?

Miremos otro hecho, los pasos para la solicitud del fondo de estimulacin, complemento a los ingresos de los trabajadores/as, requiere un proceso de aprobacin por parte del Ministerio de Comercio Exterior e Inversin Extranjera en negociacin directa con los empresarios, sin contemplar la participacin de los trabajadores/as en dicho proceso.

Entre los lmites democratizadores de esta ley se encuentra que queda a discrecin de la comisin de evaluacin de las propuestas de inversin extranjera la participacin en este proceso de organizaciones sindicales que representan directamente los intereses, derechos y demandas de las trabajadoras/es. En ese mismo espritu, la ley no prev los mecanismos de rendicin de cuentas por parte de los Organismos de la Administracin Central del Estado con el encargo de ejecutar las disposiciones legales a tal efecto.

Este cuerpo legal tiene zonas contradictorias que tensionan su objetivo de garantizar la soberana nacional, en el entendido de que esta, al tiempo que es pilar de la nacin liberadora, pasa por la proteccin de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, y por el control que estos ejercen sobre cualquier proceso econmico/poltico.

Al mirar el cdigo de trabajo, que sirve de base a las regulaciones laborales de la ley de inversin extranjera, se devela la reproduccin de la concentracin de las decisiones en las autoridades estatales y se abre este rol a los propietarios privados. En el cdigo se define al trabajador como aquel que se subordina a un empleador autorizado, sea un representante del Estado o una persona natural (privado).

La concentracin del poder de decisin en los empleadores se hace ms preocupante al observar el rol asignado a los sindicatos en la normativa laboral. La participacin de los trabajadores/as, laboren para el sector estatal o privado, se reduce a los circuitos formales de la toma de decisiones, y en muchos casos estarn excluidos de ellos. Sin olvidar los lmites que impone el modelo en el que tanto empleadores como empleados, es decir, trabajadores y patrones, participan del mismo sindicato.

En este punto del anlisis no es ocioso enunciar la discusin que sobre los sindicatos acontece al interior de la experiencia socialista del siglo XX y que aade contenidos al contrapunteo entre economa y democracia y al lugar de la poltica en l. Dos tendencias pugnan sobre este particular dentro del continente socialista, a) los sindicatos tienen una posicin independiente respecto al Estado, constituidos en instrumento de los trabajadores y trabajadoras para negociar colectivamente con la administracin de la industria socializada; b) los sindicatos insertados en la maquinaria estatal debido al carcter de defensor de los derechos de los trabajadores que adquira el Estado en las condiciones del socialismo, lo que supona la ausencia de contradicciones esenciales entre empleadores y empleados, o dgase entre dueos y representantes.

Como prctica histrica se tendi a la segunda comprensin, y de ello result que los sindicatos oficiales defienden los derechos de los trabajadores individuales, sus lderes son nombrados desde arriba y su principal funcin es servir como mediacin para movilizar a los trabajadores en apoyo a las metas estatales. Ningn poder dentro del centro de trabajo para dirigir el proceso de produccin.

La tendencia descrita se refuerza en el hecho de que el Cdigo de trabajo no permite crear procesos de experimentacin que prueben paradigmas productivos socializadores, como la cogestin y la autogestin. En su defecto, por primera vez en el perodo posterior a 1959, se legitima una clase capitalista que, conforme a su esencia, luchar por imponer relaciones de explotacin y controlar los procesos de trabajo que estn bajo su dominio. Frente a este dato de la realidad es un imperativo la recuperacin de comprensiones cadas en desuso, entre ellas: que la propiedad privada de los medios de produccin pone lmites estrictos a cualquier decisin popular que afecte los intereses de las grandes empresas y que el control del proceso de trabajo es vital para asegurar la continuidad de la acumulacin capitalista.

Cierro estos ejemplos de concrecin en la ley del contrapunteo de la economa y la democracia por las cooperativas, acerca de las que se resolvi no masificar su creacin, priorizar la consolidacin de las que existen y postergar la propuesta de cooperativas de segundo grado. Si bien no queda explcito cul es el impedimento para extender an ms esta forma de gestin, al menos es posible plantear algunas dudas razonables.

Dentro de las formas de organizacin productiva que se restructuran en Cuba, adems de las modalidades de inversin extranjera, aparecen el trabajo privado, la empresa estatal socialista y el cooperativismo. Esta ltima es la nica que tiene un carcter experimental, y su proceso de aprobacin es complejo, dilatado y entorpecido por mecanismos burocrticos. Pero por qu la diferenciacin en el proceso de aprobacin con otras formas de organizacin productiva?

Una respuesta posible es que no existe en el diseo de la restructuracin cubana una comprensin clara sobre lo que es y ser el cooperativismo en Cuba, su estructura, alcance, sentidos y lugar en el modelo econmico en particular y en el empeo socialista en general. La visin oficial y los medios de comunicacin que la sustentan refuerzan permanentemente las potencialidades econmicas (tcnicas) de un emprendimiento cooperado: fuente de empleo, incremento de las ofertas, aumento de la calidad de las producciones y los servicios, genera resultados productivos, econmicos y financieros, eleva los ingresos por utilidades para los socios y mantienen una correcta disciplina tributaria.

Pero poco o nada se habla de la esencia de las cooperativas: la gestin democrtica por parte de los asociados y asociadas. Es decir, el control directo que ejercen los productores en todo lo que atae a la cooperativa, vinculado con otros principios como el inters o compromiso por la comunidad, y la autonoma e independencia de la cooperativa respecto a otras formas de gestin econmica. Menos se habla de los valores que potencia este tipo de ordenamiento: solidaridad, cooperacin, sentidos de comunidad, distribucin justa de las riquezas productivas.

Si una forma de gestin econmica es esencialmente democrtica esa es la cooperativa, donde economa y democracia se fusionan a travs de la participacin consciente y responsable de sus socios, donde las relaciones salariales no tienen sentido, as como los modos de pago venidos desde fuera y desde arriba. Las cooperativas colegian en asamblea la distribucin de las utilidades y se erige en una comunidad productiva.

El resultado de la evaluacin sobre el estado del experimento cooperativo pudiera estar tensionado por las comprensiones divergentes. La lentitud y complejidad de los procesos de aprobacin podran estar relacionadas con las tensiones polticas y prcticas de ambas visiones. Tal vez la economa centralizada no es compatible con la autonoma. Quizs la diversificacin de las formas productivas, la liberalizacin y el levantamiento de restricciones a los procesos productivos no son sinnimos de democratizacin econmica.

Potenciar una cooperativa en apego a los principios construidos progresivamente por ms de una centuria, sin obviar las contradicciones y las diferentes formas que han adquirido durante aos, implica entender que no hay diferencia entre dirigentes y productores. Por el contrario, asumir la cooperativa llena de lastres a su esencia es condenarlas a la deformacin, al mismo tiempo, es potenciar y legitimar otras formas de gestin que entraan un espritu de nacin que desata a los demonios que la corroen y que han demostrado con creces sus lmites cuando de justicia distributiva se trata.

Los datos que entraan estas leyes son una exigencia para debatir desde qu comprensin de la economa se disea el modelo productivo cubano? qu lugar ocupa la democracia en su diseo? a qu espritu de nacin apuntan? qu postura alientan en la pelea cubana contra los demonios?

VI

La historia rescatada por Don Fernando Ortiz, ms all de la acuciosidad con la que fue contada y sus matices pintorescos, permiti al sabio cubano recordar que, metafricamente, siempre hubo en la tierra diablos sueltos que operan aislados o en falanges, y que al parecer solo varan en lugares y tiempos.

Los signos del demonio han pasado histricamente por responder a lo desconocido, usar el miedo para la obediencia, poner fuera la responsabilidad de los actos propios y hacer vulgar negocio. Es un imperativo moral estar alertas frente a sus muchos rostros y conductas, y plantar resistencia al demonio de los lmites que pocos imponen sobre muchos; el que priva y niega, el que ambiciona, excluye y miente, el que ensordece el porvenir de todos/as y para el bien de todos/as.

Siempre habr clrigos que pretendan mover los destinos de un poblado a sus predios privados, tengan el nombre que tengan y adquiera la forma que adquiera ese empeo. Como aquel cura comisario de la inquisicin que pretendi trasladar la villa de San Juan de los Remedios a tierras de su propiedad. Historia de la que Don Fernando Ortiz revel dos lecciones imprescindibles: de un lado, cmo los intereses egostas y pasiones personales que quieren imponerse a los pueblos, con frecuencia se encubren con inmaculados velos de religin, virtud y justicia. De otro, cmo la resistencia cvica de los pueblos puede llegar a triunfar en sus empeos liberadores.

Al asumir responsablemente esas lecciones, se convierte en exigencia debatir la economa en trminos de cul es su propsito y quines los beneficiarios, y resarcir el sentido de esta como actividad destinada a garantizar la base material de la vida personal, social, espiritual y de toda la existencia. Al mismo tiempo, la democracia, arma imprescindible en la pelea cubana contra los demonios, debe resarcir su sentido creador de formas polticas de la nacin liberadora.

Todo lo anterior carece de utilidad si no busca rehacer la relacin entre una y otra, lo que implica la democratizacin de la economa, es decir, estructurar relaciones productivas democrticas (diseo, administracin y control de los procesos productivos. Entonces, fundir economa y democracia es condicin de la nacin liberadora, socializacin de la riqueza social y de los medios para producirla. Esta fusin significa que la economa sea constitutiva de un modo de produccin democrtico que socialice, que incluya, que haga ms plena la creatividad colectiva para encauzar un desarrollo que destierre a los demonios.

Es una exigencia en igual dimensin que el socialismo, como continente del contrapunteo, sea un estado social donde se tienden puentes permanentes entre la economa y la democracia, en los que la poltica fusione a ambas en un espritu de nacin liberador, salvndolas de ser islotes con sus propios demonios en pugna.

El continente socialista deber ser un territorio de aprendizaje social, prctica histrica y acumulacin cultural de contenido humanista, liberador, anti-opresivo, incluyente y comunitario que testimonie la nacin liberadora de todos/as y para el bien de todos/as; donde se asuma la politizacin de la sociedad como desafo cultural, alcanzable en un largo proceso de aprender a compartir el poder en todos los espacios de la vida cotidiana, privada y pblica, nico lmite perdurable a los demonios que reinciden en nuestra historia.

Fuente: http://cubaposible.com/contrapunteo-la-economia-la-democracia-otra-pelea-cubana-los-demonios/



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