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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-02-2018

Ambiente y Derechos Humanos
Opinin consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Nicols Boeglin
Rebelin


El pasado 8 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos di a conocer su respuesta a la solicitud de opinin consultiva que le hiciera Colombia. Se trata de la Opinin Consultiva OC-23, titulada "Obligaciones estatales en relacin con el medio ambiente en el marco de la proteccin y garanta de los derechos a la vida y a la integridad fsica - Interpretacin y alcance de los artculos 4.1 y 5.1, en relacin a los artculos 1.1. y 2 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos".

El texto de la OC-23 est desde ya disponible en este enlace de la misma Corte, y se recomienda la lectura del texto integral, que reafirma una serie de principios. Al tratarse de la primera oportunidad en la que la Corte es solicitada en materia ambiental en el marco de un procedimiento consultivo, la interpretacin dada por el juez interamericano permite precisar y ampliar el alcance de las disposiciones del Pacto de San Jos de 1969 de una forma extremadamente novedosa, que merece ser saludada y ampliamente divulgada.

A diferencia del marco restringido al que Colombia quiso reducir su consulta, la Corte lo amplia en los siguentes trminos, al leerse en el prrafo 35 que:

"35. Esta Corte ha indicado que, en aras del inters general que revisten sus opiniones consultivas, no procede limitar el alcance de las mismas a unos Estados especficos. Las cuestiones planteadas en la solicitud trascienden el inters de los Estados parte del Convenio de Cartagena y son de importancia para todos los Estados del planeta. Por tanto, este Tribunal considera que no corresponde limitar su respuesta al mbito de aplicacin del Convenio de Cartagena. Adems, tomando en cuenta la relevancia del medio ambiente en su totalidad para la proteccin de los derechos humanos, tampoco estima pertinente limitar su respuesta al medio ambiente marino".

Estamos por lo tanto ante una opinin de la mxima instancia en materia de derechos humanos del hemisferio americano, que precisa las disposiciones del Pacto de San Jos en materia ambiental, y aclara a los Estados la relacin intrnseca de los derechos humanos con la defensa del ambiente: lo cual, es muy probable, interesar a muchas entidades de la sociedad civil, tanto en Colombia como fuera de ella.

Entre los puntos de inters para el movimiento de los derechos humanos y el sector ecologista, destaca lo que seala la Corte en el siguiente prrafo sobre la interrelacin entre derechos humanos y proteccin del ambiente:

"47. Esta Corte ha reconocido la existencia de una relacin innegable entre la proteccin del medio ambiente y la realizacin de otros derechos humanos, en tanto la degradacin ambiental y los efectos adversos del cambio climtico afectan el goce efectivo de los derechos humanos. Asimismo, el prembulo del Protocolo Adicional a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (en adelante Protocolo de San Salvador), resalta la estrecha relacin entre la vigencia de los derechos econmicos, sociales y culturales -que incluye el derecho a un medio ambiente sano - y la de los derechos civiles y polticos, e indica que las diferentes categoras de derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promocin permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jams pueda justificarse la violacin de unos en aras de la realizacin de otros".

Se lee tambin que: "59. El derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas. En su dimensin colectiva, el derecho a un medio ambiente sano constituye un inters universal, que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. Ahora bien, el derecho al medio ambiente sano tambin tiene una dimensin individual, en la medida en que su vulneracin puede tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros. La degradacin del medio ambiente puede causar daos irreparables en los seres humanos, por lo cual un medio ambiente sano es un derecho fundamental para la existencia de la humanidad".

Con relacin a los derechos humanos que se ven afectados por problemas ambientales, la Corte precisa que: 66. La Corte considera que, entre los derechos particularmente vulnerables a afectaciones ambientales, se encuentran los derechos a la vida106, integridad persona, vida privada, salud, agua, alimentacin, vivienda, participacin en la vida cultural, derecho a la propiedad y el derecho a no ser desplazado forzadamente. Sin perjuicio de los mencionados, son tambin vulnerables otros derechos, de acuerdo al artculo 29 de la Convencin, cuya violacin tambin afecta los derechos a la vida, libertad y seguridad de la personas e infringe el deber de conducirse fraternalmente entre las personas humanas, como el derecho a la paz, puesto que los desplazamientos causados por el deterioro del medio ambiente con frecuencia desatan conflictos violentos entre la poblacin desplazada y la instalada en el territorio al que se desplaza, algunos de los cuales por su masividad asumen carcter de mxima gravedad".

"67. Adems, la Corte toma en cuenta que la afectacin a estos derechos puede darse con mayor intensidad en determinados grupos en situacin de vulnerabilidad. Se ha reconocido que los daos ambientales se dejarn sentir con ms fuerza en los sectores de la poblacin que ya se encuentran en situaciones vulnerables119, por lo cual, con base en la normativa internacional de derechos humanos, los Estados estn jurdicamente obligados a hacer frente a esas vulnerabilidades, de conformidad con el principio de igualdad y no discriminacin.

Con relacin a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), remitimos al lector a los prrafos 156 y subsiguientes en los que se precisa por parte del juez interamericano que:

"164. Dentro del proceso de aprobacin de un estudio de impacto ambiental, el Estado debe examinar si la realizacin del proyecto es compatible con las obligaciones internacionales del Estado. En este sentido, el Estado deber tomar en cuenta el impacto que puede tener el proyecto en sus obligaciones de derechos humanos. La Corte ha sealado en casos de comunidades indgenas que los estudios de impacto ambiental deben abarcar el impacto social que implique el proyecto. Al respecto, la Corte advierte que si los estudios de impacto ambiental no incluyen un anlisis social, este anlisis debe ser realizado por el Estado al momento de supervisar dicho estudio".

168. La Corte considera que la participacin del pblico interesado, en general, permite realizar un examen ms completo del posible impacto que tendr el proyecto o actividad, as como si afectar o no derechos humanos. En este sentido, es recomendable que los Estados permitan que las personas que pudieran verse afectadas o, en general, cualquier persona interesada tengan oportunidad de presentar sus opiniones o comentarios sobre el proyecto o actividad antes que se apruebe, durante su realizacin y despus que se emita el estudio de impacto ambiental".

Sobre el tema especfico de las poblaciones indgenas, la Corte advierte que:

"169. En casos de proyectos que puedan afectar el territorio de comunidades indgenas, los estudios de impacto ambiental y social deben respetar las tradiciones y cultura de los pueblos indgenas379. En este sentido, es necesario tomar en cuenta la conexin intrnseca que los integrantes de los pueblos indgenas y tribales tienen con su territorio. Es preciso proteger esta conexin, entre el territorio y los recursos naturales que tradicionalmente han usado y que son necesarios para su supervivencia fsica y cultural y para el desarrollo y continuidad de su cosmovisin, a efecto de garantizar que puedan continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema econmico,costumbres, creencias y tradiciones distintivas sean respetadas, garantizadas y protegidas por los Estados". Con relacin al acceso a la informacin, leemos que para los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

"214. En relacin con actividades que podran afectar el medio ambiente, esta Corte ha resaltado que constituyen asuntos de evidente inters pblico el acceso a la informacin sobre actividades y proyectos que podran tener impacto ambiental. En este sentido, la Corte ha considerado de inters pblico informacin sobre actividades de exploracin y explotacin de los recursos naturales en el territorio de las comunidades indgenas y el desarrollo de un proyecto de industrializacin forestal".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos seala adems, en tres prrafos que consideramos revisten enorme inters, que:

"219. Esta Corte ha sealado que, en el marco de esta obligacin, la informacin debe ser entregada sin necesidad de acreditar un inters directo para su obtencin o una afectacin personal, salvo en los casos en que se aplique una legtima restriccin .

220. Por otra parte, respecto a las caractersticas de esta obligacin, las Directrices de Bali y distintos instrumentos internacionales establecen que el acceso a la informacin ambiental debe ser asequible, efectivo y oportuno
". 221. Adicionalmente, conforme lo ha reconocido esta Corte, el derecho de las personas a obtener informacin se ve complementado con una correlativa obligacin positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocerla y valorarla . En este sentido, la obligacin del Estado de suministrar informacin de oficio, conocida como la obligacin de transparencia activa, impone el deber a los Estados de suministrar informacin que resulte necesaria para que las personas puedan ejercer otros derechos, lo cual es particularmente relevante en materia del derecho a la vida, integridad personal y salud. Asimismo, este Tribunal ha indicado que la obligacin de transparencia activa en estos supuestos, impone a los Estados la obligacin de suministrar al pblico la mxima cantidad de informacin en forma oficiosa. Dicha informacin debe ser completa, comprensible, brindarse en un lenguaje accesible, encontrarse actualizada y brindarse de forma que sea efectiva para los distintos sectores de la poblacin".

Con respecto a la participacin ciudadana en materia ambiental, lo sealado por la Corte Interamericana constituye una contundente llamada de atencin a muchos Estados:

226. La participacin pblica representa uno de los pilares fundamentales de los derechos instrumentales o de procedimiento, dado que es por medio de la participacin que las personas ejercen el control democrtico de las gestiones estatales y as pueden cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones pblicas. En ese sentido, la participacin permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones y que sus opiniones sean escuchadas. En particular, la participacin pblica facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades pblicas para la adopcin de decisiones y, a la vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales. Como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, la participacin pblica requiere la aplicacin de los principios de publicidad y transparencia y, sobre todo, debe ser respaldado por el acceso a la informacin que permite el control social mediante una participacin efectiva y responsable .

227. El derecho a la participacin de los ciudadanos en la direccin de los asuntos pblicos se encuentra consagrado en el artculo 23.1.a) de la Convencin Americana. En el contexto de las comunidades indgenas, este Tribunal ha determinado que el Estado debe garantizar los derechos de consulta y participacin en todas las fases de planeacin e implementacin de un proyecto o medida que pueda afectar el territorio de una comunidad indgena o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como pueblo, de conformidad con sus costumbres y tradiciones. Ello significa que adems de aceptar y brindar informacin, el Estado debe asegurarse que los miembros del pueblo tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, para que puedan opinar sobre cualquier proyecto que pueda afectar su territorio dentro de un proceso de consulta con conocimiento y de forma voluntaria. Por lo tanto, el Estado debe generar canales de dilogo sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indgenas en los procedimientos de consulta y participacin a travs de sus instituciones representativas
".

Finalmente, entre otros puntos, en materia de acceso a la justicia, se lee que:

"237. En virtud de las consideraciones anteriores, la Corte establece que los Estados tienen la obligacin de garantizar el acceso a la justicia, en relacin con las obligaciones estatales para la proteccin del medio ambiente que han sido enunciadas previamente en esta Opinin. En este sentido, los Estados deben garantizar que los individuos tengan acceso a recursos, sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, para impugnar cualquier norma, decisin, acto u omisin de las autoridades pblicas que contraviene o puede contravenir las obligaciones de derecho ambiental; para asegurar la plena realizacin de los dems derechos de procedimiento, es decir, el derecho al acceso a la informacin y la participacin pblica, y para remediar cualquier violacin de sus derechos, como consecuencia del incumplimiento de obligaciones de derecho ambiental".

La presente nota se limita a extraer algunos prrafos, y se recomienda la lectura integral de esta opinin consultiva OC-23 del juez interamericano. No se tiene claro si al solicitar esta opinin consultiva, Colombia midi el posible alcance de esta. El juez interamericano no limit su anlisis al rea geogrfica a la que Colombia pretenda limitarle la consulta, ni a la problemtica del dao ambiental transfronterizo, sino que fue mucho ms abarcativo.

Estamos seguros que muchas comunidades indgenas en Colombia, as como en otras partes del continente, comunidades campesinas amenazadas por megaproyectos en Colombia y fuera de ella, colectivos ecologistas y otras entidades de la sociedad civil, entre muchos otros, interpelarn de ahora en adelante a sus respectivos ordenamientos jurdicos con esta importante opinin brindada por el juez interamericano.

Blog del autor: http://derechointernacionalcr.blogspot.com

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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