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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-02-2018

Un estado fallido tambin en lo electoral

Carlos Meneses Reyes
Rebelin


El Concejo Poltico Nacional del partido Farc- Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn-decidi suspender temporalmente su participacin electoral. El motivo: las manifestaciones de hostigamiento orquestadas por la derecha militarista, en varias ciudades del pas, contra la presencia de su candidato a la presidencia de la repblica Rodrigo Londoo: Timochenko.

No han sido manifestaciones espontaneas sino de acciones coordinadas por aspirantes a una que otra corporacin pblica del partido centro democrtico (CD), acolitados por radio comunicadores, empresarios, militares en retiro, con el uso de las redes sociales, alimentando emociones, incitando al odio, buscando como resultado que la participacin en poltica no se de y el poder competir en el proselitismo poltico legal, de cara al debate electoral por el que se transita , se convierta en un imposible para los del partido FARC; adems de buscar entronizar una ola de reacciones atentatorias contra la integridad fsica del candidato y aislarlo del medio del ejercicio poltico que es su vinculo con las masas. Excitan vivamente una ola de odio contra cualquier manifestacin proveniente de la antigua guerrilla de las Farc-ep; tambin pretenden con esa conductas o manifestaciones anular el predominio ascendente de los lderes del partido Farc y de contera afectar su torrente proselitista; afectar e intimidar a sus seguidores, bajo el signo de la amenaza y la aversin a ellos (al otro). Buscan lacrar, ultrajar, ofender, bajo preconcepciones y prejuicios sociales, artera y malintencionadamente conocidos por la difusin de un estereotipo alimentado por la dictadura meditica, consistente en definir en el colectivo una imagen estructurada y concebida en forma alienante, de deshumanizar la figura e imagen del contradictor poltico; no tanto para desconocerla, como para destruirla y buscar su eliminacin fsica. Ello adems de traer como resultado la aversin, como sentimiento de odio y de rechazo hacia los lideres, partidarios y seguidores del partido Farc, materializan la violacin de sus derechos humanos.

Se trata del desconocimiento y rechazo al fin del conflicto armado con las FARC-ep

La existencia de una Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP), reviste el carcter de institucionalidad. No se puede mencionar o hablar de impunidad al existir una forma de justicia transicional para juzgar los delitos de lesa humanidad y crmenes de guerra por parte de los miembros de la insurgencia fariana, los agentes de las fuerzas armadas del Estado y los particulares incursos, con motivo del conflicto, en delitos de lesa humanidad y crmenes de guerra. Voces de dirigentes, partidos, movimientos, se constituyen en disidentes del sistema imperante en Colombia al desconocer la existencia de la JEP y el funcionamiento del Tribunal para la Paz, que es el instrumento idneo para juzgar a todos los actores del conflicto armado citados. Toda persona esta obligada a cumplir la Constitucin Poltica de Colombia y las leyes. Como desconocen la existencia de la JEP como juez natural; la derecha militarista se erige en juez y parte al pretender llevar a la calle, violando elementales derechos de participacin electoral, el juicio contra los ex militantes de la insurgencia fariana y callando el juicio contra los instigadores del Terrorismo de Estado, la responsabilidad de miembros de las fuerzas armadas del Estado colombiano y dems incursos en delitos de lesa humanidad y crmenes de guerra que se hayan causado y que corresponde definir, conocer y juzgar a los Magistrados del Tribunal para la paz, dentro del sistema de justicia transicional ya existente.

Esa justicia, en la forma parcial como ha venido funcionando, ha permitido la salida temporal de la crcel a miembros de las fuerzas armadas estatales acusados de esos delitos. No as, miles de miembros de la antigua insurgencia continan en las mazmorras de las crceles colombianas. La dirigencia de las antiguas Farc-ep, han aceptado su sometimiento a esa justicia, pese a no estar en los Acuerdos de La Habana y a sus reformas por el resultado del Plebiscito, como requisito sine qua non para participar en poltica. Pero unilateralmente lo aceptaron en una ms de las innumerables concesiones por las que han optado, que redunda en rditos de favorabilidad ante la opinin pblica nacional y mundial. As la meditica dictatorial enajene la mente de amplios sectores de la poblacin nacional, pontificando dizque la sociedad nunca los va a aceptar, desconociendo que en cincuenta aos de conflicto armado han estado en la forma ms nsita y natural arraigados en el seno de las masas populares que les apoyaron y apoyan hasta el final. Tal como lo afirm el sabio campesino Manuel Marulanda Vlez: los medios tienen una deudita con Colombia.

Los justicieros de la derecha militarista deciden juzgar y castigar a los miembros del Partido Farc, en las calles, alterando el orden constitucional del respeto al contendor poltico electoral. No esperan a que el Juez natural les atribuya las culpas o delitos. Quienes tipifican e inculpan esos delitos son los Magistrados de la JEP, no los medios ni los falsos mesas y redentores, para que con esas confrontaciones piensen hacer justicia con su propia mano. Pero la indiferencia gubernamental y la del Estado colombiano raya en complicidad con el ejercicio de esa para institucionalidad. Se da un materializado Hostigamiento por razn de la ideologa poltica. Hostigamiento definido por la Corte Constitucional y tipificado por la Ley 1482 de 2011 que castiga penalmente el hostigamiento por motivo de ideologa poltica; as como tambin por motivo de raza, religin, opcin sexual etc. Se materializa lo del Estado fallido en lo electoral en Colombia y como sucedera en cualquier sociedad civilizada en el mundo, el no permitir el ejercicio electoral a un contendor debidamente inscrito, sentara el precedente de la suspensin de las elecciones de 2018.

Guarda el orden y el orden te guardar?

Pues esa mxima no aplica en condescendencia con el comportamiento y ajuste del Partido Farc a la institucionalidad. El Acuerdo de La Habana contemplaba, que una vez sucedida la desmovilizacin y la entrega de las armas, la insurgencia fariana se convertira en un Movimiento o Partido poltico, para participar en la actividad poltica legal en Colombia, bajo el prolegmeno de la implementacin de una Reforma Electoral de fondo en el sistema poltico colombiano. Esa indispensable reforma electoral fue sepultada por el poder legislativo, representativo de los bloques de poder antipopulares imperantes. Pese a no pasar esa implementacin, los ex insurgentes frianos decidieron constituirse en partido poltico e inscribirlo como tal, en contrava a una posicin cincuentenaria de lucha contra ese mismo sistema electoral corrupto imperante contra el que se opusieron. Hubieran podido optar por constituirse en movimiento poltico de oposicin sin violar lo Acordado. El golpe poltico al sistema electoral colombiano hubiere sido significativo. No necesitaban tener, conforme a lo Acordado, personera poltica de partido para ocupar las diez curules ya definidas. Como movimiento poltico las hubieran podido usufructuar. Optaron por beneficiarse de las gabelas de un partido poltico inscrito. Respetable decisin que trae como consecuencia la defensa improrrogable de su participacin en la contienda poltica electoral del 2018. Y como en poltica la determinante son los hechos, ante el desespero e irracionalidad de la derecha militarista, avale el Hostigamiento al partido Farc, como desprestigio ante el mundo el corrupto sistema electoral colombiano, con el estribillo que en unas justas electorales de legitimacin valida aplique el o todos o en el suelo o todos en la cama y en tal sentido se revindique la ilegitimidad del festn electorero colombiano del 2018.

Cual democracia del derecho al voto

Al no darse la implementacin de la Reforma Electoral, concebida no solo para la participacin de la insurgencia en la poltica legal, como la participacin del movimiento popular y el entorno participativo de la izquierda, incluida la izquierda revolucionaria no armada, en sus manifestaciones de masas; es dable considerar que el fenmeno de la abstencin mantiene sus constantes.

La abstencin en Colombia supedita a un amplio sector de la poblacin en capacidad de votar que no reconoce el sistema electoral imperante y se aleja de sus realizaciones. Constituye una poblacin molesta por la imposibilidad de verificar el contenido de una desinformacin proporcionada por el poder de los medios de comunicacin. Ponen a escoger entre los mismos al menos malo. A eso se denomina democratura neoliberal o democracia de baja intensidad. Impera la dedocracia mientras que los intereses del capital financiero parasitario, del sistema de corruptela generalizada y la desmedida invasin de inversionistas privados continan haciendo su agosto.

Votar por votar no representa las aspiraciones de representatividad del pueblo colombiano, con postulaciones a cargos pblicos de gentes cuestionadas, con un sistema de financiamiento a los partidos anidados bajo la corrupcin, el clientelismo y la compraventa de votos. El sorprendente resultado del NO en el plebiscito sobre la paz en Colombia, a poner fin al conflicto armado interno, deja una secuela de enseanzas.

Asistimos a la existencia de un sistema institucional electoral perverso entronizado en la impunidad y la corrupcin. Todas las estructuras del sistema electoral vigente, desde su institucionalidad registral, carente de la buena fe pblica, rodeada de ilegitimidad, hasta el ejercicio mismo de la prctica electoral, estn viciados. Ese tal llamado cuarto poder- el electoral- constituye un adefesio, una afrenta ante Colombia y el mundo. Se conocen los efectos adversos de los procesos de revocatoria de alcaldes, sin prospectos de efectividad o viabilidad. Aqu el CNE no tiene carcter jurisdiccional y por ende no tiene competencia para dirimir ningn contencioso entre el pedido ciudadano de revocatoria y el encartado. Se carece de una jurisdiccional especializada para el efecto de delitos electorales.

El actual sistema electoral no garantiza el mandato constitucional de Partidos y Movimientos Polticos organizados democrticamente; ni sus procesos de democratizacin interna. Ofensivo, por ejemplo, que el Partido Centro Democrtico, cohoneste vallas o pancartas en el que imponen a sus militantes que el candidato de esa colectividad a la presidencia ser El que diga Uribe. Fsico caudillismo fascista y ninguna autoridad electoral, hasta el momento, ha tomado oficiosamente cartas en el asunto! Aberrante, que, por no contarse con un tribunal especializado en materia electoral, luego de cuatro aos de investigacin y dizque revisin de medio milln de documentos, el Consejo de Estado decide anular la eleccin de tres senadores que calentaron silla y siesta devengando del erario pblico millonadas, relevndolos para dar entrada a los fundamentalistas del partido Mira, de los megas iglesias cristianas de la multimillonaria Mara Luisa Piraquive. Odiosa oportunidad de revivir a un partido de derecha en desgracia y precisamente en poca electoral, con sus cantaletas de sermones discriminatorios contra la igualdad de gnero, la escogencia de sexo y el comportamiento de libre ejercicio de la personalidad; opuesto a la laicidad, es decir al sistema que excluye a las mega iglesias internacionales del ejercicio del poder poltico o administrativo y de la organizacin de la enseanza pblica y privada. Los difusores de la noticia lo califican de una investigacin de gran envergadura que encontr serias irregularidades en el sistema electoral colombiano, comenzando por los softwares usados para realizar los escrutinios. La prdida y destruccin de formularios y material electoral. Inconsistencias en formularios en los que los datos deberan coincidir. La utilizacin de plumones que no eran de secado rpido, lo cual gener doble marcacin al doblar el tarjetn. Total, incoherencia en la informacin de totalizacin de los votos de los jurados en las mesas, de datos consignados en los formularios E 14 y el formulario E 24, que contiene el conteo en las comisiones escrutadoras y el formulario E 26 que finalmente declaran o no la eleccin. Y pese a todas esas falencias las dieron por declaradas. Toda una repetitiva situacin consuetudinaria durante cincuenta aos de insurgencia armada, durante los cuales jams se dio un boicot a esa forma de burla electorera a la voluntad popular. Durante ese lapso se han contabilizado 32 y ms formas de fraude electoral aplicados. No es de hoy esa alta vulnerabilidad del sistema electoral colombiano, ni que el menguado sistema informtico con que cuenta el Estado colombiano sea la causa de esos males; cuando precisamente es el sistema del sufragio digital el medio idneo para curar entuertos electorales. Resaltan las dificultades por la carencia de un juez especializado y eficiente electoral y en modo alguno la solucin a tal desastre pueda ser la recomendacin de tomar medidas de controles y precauciones, como lo dispone la vacua, por vaco y falta de contenido de fondo, de la tal sentencia del Consejo de Estado. Como oportunista y ofensiva la invitacin de politiqueros en el sentido que el Partido Farc se retire de la contienda electoral. Se constituyen en verdaderos agresores cohonestando los delitos electorales.

De otras agresiones

Corresponde registrar que adems del hostigamiento contra el partido Farc las manifestaciones de la derecha militarista alistan contra el Partido Progresista. En momentos en que se organizaba un Foro minero con la participacin del candidato presidencial Gustavo Petro, en la Jagua de Ibrico, en la sede de Sintramieneregtica, elementos an no identificados asaltaron las instalaciones y sustrajeron bienes y dineros de la organizacin sindical. Destacando a las organizaciones sindicales como poleas de transmisin del movimiento popular, al atentar contra la presencia del candidato Timochenko en la ciudad de Yumbo, tambin causaron destrozos a la sede del Sindicato Sutimac, donde iba a reunirse con grupo de sus seguidores. Esta violencia electoral antisindical es propiciada por la derecha militarista. Desde la firma de los Acuerdos de La Habana, de septiembre de 2016 hasta junio de 2017 fueron asesinados 82 defensores de derechos humanos y contra ms de cincuenta haban atentado contra sus vidas. Hasta la fecha los delitos contra los defensores de los derechos humanos van en crecimiento, siendo los lderes sindicales, comunales, comunitarios, campesinos; as como recuperadores de tierras, defensores del medio ambiente y afrodescendientes los mas afectados.

Sepa el mundo que es mejor decir que con estas elecciones no se esta construyendo una Nueva Colombia.


Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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