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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 15-02-2018

El investigador Boris Hau y el historiador Mario Amors participan en un acto sobre la memoria de Antonio Llid y el compromiso con la verdad y la justicia
Chile, una larga batalla por la memoria

Enric Llopis
Rebelin


La Corte Suprema de Chile confirm el pasado 13 de octubre la condena de tres excarabineros (policas) a 15 aos y un da de crcel por su responsabilidad en las ejecuciones polticas de Miguel Daz Len y ngel Espinosa Valenzuela. Los asesinatos ocurrieron el 14 de septiembre de 1973 tres das despus del golpe perpetrado por el general Pinochet- en la ribera del ro Mapocho, en la Regin Metropolitana de Santiago. El 29 de septiembre la Sala de lo Penal de la Corte Suprema conden asimismo a 12 carabineros en retiro como responsables del secuestro, en septiembre de 1973, de Osvaldo y Gardenio Seplveda Torres en la comuna de Cunco (provincia de Cautn). Tras su encierro en los calabozos y ser trasladados en un vehculo policial, los dos hermanos desaparecieron. El fallo condena a dos penas de tres aos de crcel a los ocho policas cmplices y a otros cuatro aos de presidio a los cuatro agentes encubridores; en todos los casos el alto tribunal concedi el beneficio de la libertad vigilada. El pasado tres de octubre el juez lvaro Mesa decidi procesar al general en retiro Santiago Sinclair Oyaneder por las presuntas torturas contra nueve presos polticos que se hallaban, despus del alzamiento militar, en la crcel de la ciudad de Valdivia; el juez orden el arresto domiciliario, debido a la edad avanzada del exgeneral.

Son algunos de los casos incluidos en el ltimo Boletn del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales de Santiago, publicado en diciembre de 2017. El documento tambin hace referencia a la condena en octubre de 2017 de 35 exmiembros de la DINA (polica secreta de la dictadura) por el secuestro y desaparicin de la mdico y militante del Partido Comunista Reinalda Pereira Plaza en diciembre de 1976, dentro de un operativo a gran escala y cuando estaba embarazada de cinco meses. Las penas oscilan entre los siete y los diez aos de prisin para los 21 autores del delito y cuatro para los policas cmplices, mientras que once agentes resultaron absueltos. Adems se condena al fisco a pagar una indemnizacin de 130 millones de pesos (215.000 dlares) al cnyuge de la vctima.

Boris Hau es abogado e investigador del Observatorio de Justicia Transicional. En un acto organizado por el Frum de Debats de la Universitat de Valncia La memoria de Antonio Llid y el compromiso con la verdad y la justicia- ha subrayado los importantes avances logrados despus de 16 aos de gobierno militar y durante los 28 aos de democracia en Chile. Pero continan vigentes retos como continuar exigiendo penas de crcel para los responsables de los crmenes. Una de las primeras iniciativas del presidente Patricio Aylwin fue la constitucin en abril de 1990 de la Comisin Nacional de Verdad y Reconciliacin, que elabor el informe Rettig. Despus de nueve meses de trabajo, el informe concluy que 2.279 personas perdieron la vida durante la dictadura militar (2.115 a causa de violaciones de los derechos humanos y 164 por la violencia poltica); la cifra de ejecuciones polticas y desapariciones se elevara en informes posteriores a 3.218. Adems una ley promulgada en enero de 1992 estableci una pensin mensual de reparacin para los familiares de las vctimas identificadas en el informe Rettig. Sucesivas investigaciones afinaron la magnitud de la represin. As, la Comisin Valech concluy que ms de 37.000 personas fueron vctimas de la prisin poltica y la tortura durante la dictadura.

En un artculo publicado en la Revista Interdisciplinar de Direitos Humanos de la Universidad de Sao Paulo, Boris Hau apunta la reaccin a las denuncias de Pinochet, quien tras la dictadura se mantuvo como jefe del ejrcito y a partir de 1998 fue senador vitalicio; afirm que no aceptara ser situado ante la ciudadana en el banquillo de los acusados, por haber salvado la libertad y soberana de la patria a requerimiento insistente de la civilidad. El texto de Hau Chile, una democracia consolidada luego de 27 aos de luchas por la Justicia y la Verdad para las vctimas de la dictadura- seala los hitos en las polticas de memoria y reparacin. En febrero de 1994 se inaugur en el patio 102 del Cementerio General de Santiago el Memorial del Detenido, Desaparecido y Ejecutado Poltico; tambin en 2004, la movilizacin de la Asamblea por los Derechos Humanos de Pealoln y La Reina concluy en la recuperacin de Villa Grimaldi (Santiago de Chile) como sitio de memoria. En esta antigua villa oper desde finales de 1973 el cuartel Terranova, principal recinto de secuestro y tortura de la DINA. En marzo de 1997 fue inaugurado el Parque por la Paz Villa Grimaldi. Actualmente la pgina Web del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos aporta informacin de 93 memoriales a las vctimas de la dictadura slo en la Regin Metropolitana de Santiago.

El profesor e investigador del Programa Memoria y Derechos Humanos de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago, Boris Hau, recuerda que, durante los primeros aos de la democracia, la Justicia estaba ausente. Pinochet continuaba al frente de las fuerzas armadas y desde 1978 se hallaba en vigor la Ley de Amnista, que protega a los autores, cmplices o encubridores de hechos delictuosos entre septiembre de 1973 y marzo de 1978, siempre que no estuvieran procesados o condenados. Los principios de verdad, justicia y reparacin tenan que ganar terreno a pulso. Un avance muy considerable se produjo en junio de 1995, cuando la Corte Suprema ratific las condenas al exdirector de operaciones de la DINA, Manuel Contreras, y al exbrigadier Pedro Espinoza a seis y siete aos de prisin, respectivamente, como responsables del asesinato de Orlando Letelier, ministro de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa durante el gobierno de la Unidad Popular. Fue el primer caso en que se hizo Justicia para las vctimas de la dictadura, resalta Boris Hau.

El ao 1998 reforz el cambio de tendencia en la batalla por la memoria. El 13 de enero la fallecida secretaria general del Partido Comunista de Chile, Gladys Marn, present en la Corte de Apelaciones de Santiago una querella criminal contra el exdictador por los delitos de genocidio, secuestro, asociacin ilcita e inhumacin ilegal. El motivo, la detencin y desaparicin de su expareja, Jorge Muoz, y otros cuatro dirigentes comunistas en 1976. A los quince das se sum la querella de los familiares del abogado y dirigente socialista, Hctor Mario Silva Iriarte, asesinado en octubre de 1973 cerca de la ciudad de Antofagasta.

Pero tal vez el hecho ms significativo fuera el arresto domiciliario del senador vitalicio Augusto Pinochet en Londres, en octubre de 1998, por orden del entonces magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzn, quien pretenda juzgar al general golpista por crmenes de lesa humanidad. El arresto se prolong durante 503 das. Entre los cargos contra el exdictador se incluan 94 denuncias de tortura por parte de ciudadanos espaoles y el secuestro y asesinato por la DINA del diplomtico Carmelo Soria en julio de 1976. En marzo de 2000 el Ministerio del Interior britnico decidi no extraditar a Pinochet alegando razones de salud, por lo que pudo regresar a Chile y evitar el juicio en Espaa. Despus de ser visto en silla de ruedas durante meses, el exdictador se levant de la silla y camin saludando a los militares que lo reciban, entre ellos el jefe del ejrcito, recuerda el abogado e investigador.

El magistrado Juan Guzmn agrup por casos las querellas que se sucedan contra Augusto Jos Ramn Pinochet Ugarte. Por ejemplo, el caso Caravana, as denominada por la comitiva militar de exterminio que recorri el pas -al poco de perpetrarse el golpe-, y que termin con la muerte y desaparicin de entre 75 y un centenar de opositores; o el caso del Comandante en Jefe del Ejrcito de Chile, Carlos Prats, quien muri en el exilio argentino en 1974, al estallar un explosivo en su automvil. A estos episodios se agregaba el de la llamada Operacin Colombo, con la que la dictadura pretenda encubrir la desaparicin de 119 detenidos, la mayora militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Pero no slo se emprendi la va judicial. La Mesa de Dilogo sobre Derechos Humanos convocada por el presidente Lagos emiti en junio de 2000 una declaracin segn la cual las Fuerzas Armadas y los Carabineros se comprometan a obtener informacin til para encontrar los restos de detenidos o desaparecidos; les amparaba para ello el secreto profesional, y se estableca un plazo de seis meses. Hau recuerda que el documento entregado al presidente Lagos fue considerado insuficiente por su informacin; en muchos casos reconocieron que los detenidos fueron lanzados al mar.

La larga batalla por la memoria sum un nuevo avance en noviembre de 2004, cuando la Corte Suprema ratific las condenas entre cinco y 12 aos de prisin- a cinco exagentes de la DINA por el secuestro y desaparicin del militante del MIR, Miguel ngel Sandoval, en enero de 1975. El caso sent un precedente: No se aplic la Ley de Amnista porque se sigui la tesis del secuestro permanente, jurisprudencia avalada por la Corte Suprema en los casos siguientes de detenciones y desapariciones, explica el investigador de la Universidad Alberto Hurtado.

En 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conden al Estado de Chile por no investigar el asesinato, a manos de agentes del cuerpo de Carabineros, del profesor y militante comunista, Luis Alfredo Almonacid; unos aos antes, en 1997, el caso fue archivado en la jurisdiccin militar basndose en el Decreto Ley de Amnista de 1978. Otro jaln destacado en el periplo judicial por la Verdad, la Justicia y la Reparacin fue la sentencia de la CIDH hecha pblica en octubre de 2015, que declar al Estado chileno responsable por la violacin del derecho a la proteccin judicial en el caso de doce exaviadores y un empleado civil que trabajaba para la Fuerza Area (caso Omar Maldonado y otros); la sentencia reconoci que las vctimas fueron detenidas, torturadas y procesadas en Consejo de Guerra entre 1973 y 1975. En octubre de 2016 la Corte Suprema de Chile anul las sentencias dictadas durante la dictadura por el Consejo de Guerra de la Fuerza Area.

El Tomo 3 del Informe de la Comisin Nacional de Verdad y Reconciliacin (1996) incluye en la nmina de detenidos y desaparecidos al sacerdote valenciano Antoni Llid. El religioso, miembro de Cristianos por el Socialismo y militante del MIR, fue visto por ltima vez en octubre de 1974 en el centro de detencin y tortura de Cuatro lamos (Santiago), administrado por la DINA, de donde se le sac con destino desconocido. Tena 38 aos. Llid fue uno de los cinco curas ejecutados o a quienes la dictadura hizo desaparecer, adems de Miguel Woodward, Andr Jarlan, Joan Alsina y Gerardo Poblete. En el acto organizado por la Universitat de Valncia ha participado el periodista e historiador Mario Amors, autor de los libros Antoni Llid, un sacerdote revolucionario (2007) y Una huella imborrable: Antoni Llid, el sacerdote detenido-desaparecido (2016). En una entrevista de Gema Delgado en Mundo Obrero, Amors recuerda que en noviembre de 1974 el dictador recibi a dos obispos que presidan un organismo humanitario; estos mostraron a Pinochet una fotografa de Llid, entre otros detenidos y desaparecidos, a lo que el militar respondi: se no es un sacerdote, es un marxista; y justifica su tortura y desaparicin, apunta el periodista, quien defendi en 2005 una tesis doctoral sobre el cura Too.

Los primeros atisbos de justicia llegaron en 2008, cuando el juez Jorge Zepeda conden a cuatro integrantes de la DINA- entre ellos el jefe del organismo de inteligencia, Manuel Contreras- a siete aos de prisin por el secuestro y la desaparicin del religioso. La sentencia aada una indemnizacin para la hermana de la vctima, Josefa Llid. Sin embargo, dos aos despus la Corte Suprema rebaj las penas a cinco aos y concedi a los condenados el beneficio de la libertad vigilada. Adems, el alto tribunal rechaz la demanda de indemnizacin interpuesta por los familiares. El sacerdote natural de Xbia (Alicante) colabor con la Unidad Popular en la campaa de las elecciones presidenciales de 1970 y en los comicios municipales del ao siguiente con los socialistas de la ciudad de Quillota (Valparaso); tambin fue dirigente local del MIR, lo que le enemist con su vicario y obispo, Emilio Tagle, quien apoy con entusiasmo el golpe militar y la dictadura, explica Mario Amors; asimismo destaca las palabras que Llid escribi a una de sus amistades: Nunca en la Historia los poderosos se dejaron arrebatar pacficamente sus privilegios. Y Chile no result una excepcin. Tras el bombardeo del Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, el cura se escondi en casas del Cerro Mayaca (Quillota), Valparaso y la comuna de Via del Mar. De vuelta a la capital, se enrol en la Resistencia Popular; pero 1974 fue el ao de la gran razzia de la DINA contra el MIR, recuerda el historiador y periodista. El uno de octubre Antoni Llid fue detenido en el centro de Santiago

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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