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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-02-2018

El retorno de los Tratados Bilaterales de Invasin (TBI)

Martn Pastor
Rebelin


La maquinaria neocolonial y neoliberal avanza en Ecuador bajo el discurso de la apertura comercial y la reactivacin econmica. Liderados por el Ministro de Comercio Exterior -Pablo Campana-, la Embajada de Estados Unidos y las Cmaras de Comercio y Empresas, nuevamente amenazan al pas con un Tratado de Libre Comercio y una estrategia para recuperar los Tratados Bilaterales de Inversin (TBI).

 

Estos instrumentos jurdicos son acuerdos que suscriben dos Estados para proteger la inversin extranjera privada, segn la definicin ortodoxa. Sin embargo, la realidad es que son mecanismos legales supranacionales que violentan la soberana nacional en pos de los intereses de las empresas extranjeras, menoscabando las leyes locales y los derechos de la ciudadana y naturaleza.

 

A pesar de ello, Campana considera que los tratados bilaterales de inversin son muy importantes y pretende instaurarlos nuevamente como parte de su agenda poltica en materia de comercio exterior, especialmente con Estados Unidos. Esto se debe a que el TBI es una de las exigencias para negociar un futuro acuerdo comercial con los norteamericanos.

 

A su vez, los representantes de las Cmaras de Comercio de Quito, Guayaquil y los intereses de las elites empresariales piden con urgencia la firma de estos mecanismos, ignorando el detrimento nacional. En otras palabras, regresar a una poltica de comercio exterior sumisa a intereses de transnacionales, gobiernos forneos e intereses privados.

 

Algo en lo que el Ecuador tiene bastante experiencia, entre 1968 y 2002 el pas negoci 30 de estos Tratados. La gran mayora (16) fueron celebrados entre 1992 y 2002, en gobiernos neoliberales con las presidencias de Sixto Durn Balln, Fabin Alarcn, Jamil Mahuad y Gustavo Noboa.

 

Al 2008, en la presidencia de Rafael Correa, 26 de estos se encontraban vigentes, y fue su gobierno quien decidi iniciar un proceso de denuncia y revisin. Para este fin crearon la Comisin para la Auditora Integral Ciudadana de los Tratados de Proteccin Recproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa), conformada por expertos ecuatorianos y latinoamericanos.

 

En 2017 presentaron su informe final con una contundente conclusin; los TBI no han sido determinantes en la atraccin de la inversin extranjera al pas". A pesar de que Ecuador estaba entre los pases de la regin con ms TBI, en los periodos comprendidos, es de los que menos inversin extranjera directa (IED) recibi. Mientras que los dos pases que ms invierten en Ecuador, Mxico y Brasil, no tienen un tratado formalizado con el pas.

 

Es decir que el discurso de que estos instrumentos fomentan la inversin extranjera recae nuevamente en las ingenuidades y falacias del discurso neoliberal. Y esto no solo se refleja en Ecuador, el mejor caso es el brasileo ya que sin haber ratificado ningn TBI es el pas de la regin con mayor IED.

 

Pero los TBI no solo son ineficaces sino que han demostrado ser perjudiciales para el pas, convirtindoles en modernos mecanismos de invasin y no inversin, como suponen serlo.

 

Las clausulas acordadas permiten que si la empresa extranjera considera que su inversin se ve afectada puede a demandar al Estado por retribucin ante tribunales internacionales. Uno de estos tribunales es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, una institucin del Banco Mundial con sede en Washington.

 

La perversa relacin del CIADI con las esferas empresariales y polticas extranjeras no solo pone en duda su objetividad sino que abiertamente obvia los marcos jurdicos nacionales, logrando que los intereses de las empresas se materialicen como juez y parte.

 

Tal es el caso de la petrolera estadounidense Occidental II (OXY) en Ecuador. En 2006, a pesar de tener un contrato con el pas, vendi 40% de sus acciones a otra empresa extranjera (Alberta Energy Company) sin notificrselo al Estado ecuatoriano. Debido a la ilegalidad de esta transaccin ante la ley local, el Estado bajo el amparo de la misma, termin unilateralmente el contrato.

 

La respuesta de OXY, a su vez amparada bajo el TBI, fue demandar al pas ante el CIADI. En 2012, dos de los tres rbitros de este tribunal internacional, condenaron a que se pague una multimillonaria indemnizacin el laudo ms alto en la historia-. Fallo que la tercer rbitro, Brigitte Stern, calific como escandalosa en trminos jurdicos y hasta contradictoria.

 

Y esta no es la nica demanda prdida que posee el Ecuador. Hasta abril del 2017, el Estado ecuatoriano ha desembolsado 1.498 millones de dlares para el pago de laudos. De estos, 1.342 millones han ido a Oxy, Chevron, Duke Energy, Noble Energy, entre otras y 156 millones a rbitros y bufetes de abogados.

 

An quedan 10 demandas en casos pendientes con un monto aproximado en pugna de 12.000 millones de dlares. Algo que debe preocupar a los ecuatorianos ya que ms del 62% de los fallos emanados desde el CIADI han sido a favor de los intereses de las transnacionales.

 

Inclusive la instauracin de estos mecanismos, en estos trminos, es inconstitucional. Segn la Constitucin de 2008, en el artculo 422 se prohbe la sesin de jurisdiccin del Estado a instancias de arbitraje internacional en el caso de Tratados internacionales. Pero para el actual gobierno la Constitucin parece no ser importante.

 

Por su parte, Todd Chapman, Embajador de EE.UU. en Ecuador, aboga para que los inversionistas de su pas tengan esta proteccin adicional pero obvia decir que su pas no sigue las mismas reglas que busca imponer al resto.

 

Entendiendo el riesgo de perder la soberana jurdica ante tribunales internacionales, el Trade Act del 2002 renovado en 2015, dispone la supremaca de la ley interna en todo lo relativo a las inversiones extranjeras y garantiza que los inversores extranjeros no tendrn mayores derechos que los que gozan los inversores nacionales.

 

En otras palabras, los inversionistas extranjeros en Estados Unidos se adaptan a las leyes y jurisdiccin nacional y no a una subjetiva jurisdiccin internacional. Mientras tanto los latinoamericanos, al continuar siendo vistos como patio trasero por las multinacionales y Estados imperialistas, reciben un trato asimtrico.

 

Bajo el pretexto de brindar confianza y estabilidad jurdica, este tipo de acuerdos abdican la soberana nacional y destruyen la igual jurdica entre naciones. Lo que causa que el ms poderoso asuma un rol de juez y parte, siempre con las de ganar y despojar al ms dbil de su riqueza.

 

Para el economista Lauge Poulsen de la University College de Londres, basndose en evidencia cualitativa y economtrica, afirma que esta prdida de soberana por la aplicacin de los TBI responde a un marco de racionalidad limitado que no toma en cuenta consideraciones de costo-beneficio por parte de los Estados.

 

Es decir una limitada capacidad de analizar los efectos en el pas a largo plazo y evitar repetir los dogmas alimentados por el capitalismo globalizado. Por su parte, Campana & Co. continan su cruzada por volver a plagar al Ecuador de estos instrumentos neocoloniales.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.




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