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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 19-02-2018

La intervencin militar en Ro
De los jueces a los generales

Luiz Eduardo Soares
Ns (Brasil)

Traducido del portugus para Rebelin por Alfredo Iglesias Diguez



Despliegue militar en Ro
(Crditos: WILTON JUNIOR/ ESTADO CONTEDO; tomado de Ns)

La situacin de la seguridad pblica en Ro es gravsima, razn por la que ya no hay lugar para discursos oficiales defensivos y autoindulgentes. El crimen organizado se extendi como por metstasis, pero tome buena nota: tan slo hay crimen organizado cuando estn implicados agentes del Estado. Importantes y numerosos sectores de las instituciones policiales no slo se vincularon al crimen, sino que lo promovieron, principalmente el crimen federal de mayor importancia: el trfico de armas. Qu hace la polica federal? Qu hace el ejrcito, responsable junto con la polica federal del control de armas? Qu hace la marina para bloquear el trfico de armas en la baha de Guanabara? El estado de Ro est en quiebra, sus instituciones estn profundamente afectadas, pero, qu decir del gobierno federal y de los organismos federales? De qu forma una ocupacin militar resolvera cuestiones cuya solucin exige una profunda investigacin y la actuacin de en las fronteras del estado, aparte de una radical reforma de las instituciones y enormes inversiones sociales?

Los propios militares saben que ni pueden ni les corresponde resolver el problema de la inseguridad pblica. Su presencia transmitir una sensacin temporal de calma en Ro, principalmente porque sus sntomas quedarn ocultos, pero no slo no resolver nada, sino que ni siquiera se pondrn en marcha las bases de una posible solucin. No hay ms que analizar lo que pas en Mar [1]: el ejrcito ocup las favelas durante un ao, estrope su relacin con las comunidades, se gastaron 600 millones de reales y, tan pronto como hubo abandonado el lugar, los problemas regresaron con ms fuerza todava.

En la medida en que no se trata de encarar los verdaderos y permanentes problemas de seguridad pblica, mucho menos de solucionarlos, esta intervencin obedece, a mi entender, a tres razones, todas de naturaleza eminentemente poltica, por lo que resulta lamentable ver como los militares se prestan a ese papel, dejndose manipular, polticamente, como peones en un juego con las cartas marcadas.

[1] Se modifica la narrativa sobre la realidad de Ro, invirtiendo en la expectativa sebastianista de redencin, que estara en manos de las Fuerzas Armadas, en especial del ejrcito, y del gobierno federal. Un proyecto de esa magnitud no se habra implantado sin un acuerdo con los grandes medios de comunicacin, ya que la descripcin que se haga de los hechos y la eleccin de los puntos de inters periodstico determinarn el xito poltico de la operacin, que consistir en el desplazamiento de Jair Bolsonaro, abriendo un espacio para una candidatura de centro-derecha que, en nombre de la ley y del orden y ms legalista, consiga captar al electorado de derechas, consiguiendo de esa forma una especie de bolsonarismo sin Bolsonaro. Sale el capitn aventurero y desorientado y entran los generales, formalmente legalistas, pero duros. Se abre un nuevo espacio para las candidaturas en Ro y en general en todo el pas, as como para la emergencia de lderes ajenos a la poltica, impolutos. Parece que est en marcha una transicin: poco a poco dejamos de ser el pas de los jueces y nos convertimos en la nacin de los generales -de nuevo, aunque en esta ocasin con cobertura legal, un vez que, tras el impeachment, cualquier atropello a las leyes puede ser tolerado, siempre que el fin justifique, a ojos de sus promotores, los medios-. Las denuncias en relacin a las ayudas por vivienda contra Moro y Bretas, pocos das despus de la condena en segunda instancia de Lula, pone en evidencia que, para los medios de comunicacin y las lites que mandan en este pas, en particular el capital financiero y sus socios internacionales, el tiempo de los magistrados ya pas y ahora es el momento de cortarles las alas para evitar que se tomen demasiado en serio su personaje y empiecen a investigar al PSDB, a los bancos o a los grandes grupos de comunicacin. En este sentido, la intervencin militar de Ro es complementaria de la exclusin de Lula de la disputa electoral, una vez que no sera suficiente excluirlo y continuar con la sistemtica marginalizacin de la candidatura de Ciro Gomes, si la derecha y el centro no llegasen a entenderse y a formar una alternativa viable.

[2] Actuando reactivamente en la emergencia, se impide, una vez ms, que lleguen a la agenda pblica temas fundamentales: (a) la poltica de drogas; (b) la reforma del modelo policial y la refundacin de las policas, que supondra la modificacin del artculo 144 de la Constitucin (por ejemplo, con la aprobacin del enmienda constitucional PEC-51, que el senador Lindbergh Faria present en el ao 2013);

[c] la renegociacin de un pacto social entre el estado y las comunidades que viven es territorios vulnerables, especialmente la juventud, de tal forma que las instituciones policiales dejen de ser parte del problema y se conviertan en parte de la solucin. Hoy, las ejecuciones extrajudiciales son la regla, algo que lleva a los analistas a declarar que esas reas estn bajo un estado de excepcin. Desgraciadamente, eso ocurre con la anuencia, por accin u omisin, del ministerio pblico y las bendiciones del poder judicial;

[d] la inversin en infraestructura, educacin y cultura, y la apertura de nuevas oportunidades para la juventud ms vulnerable, respetando a las clases populares y, al mismo tiempo, bloqueando la profundizacin del racismo estructural. Los recursos, a miles de millones, vendran de la finalizacin del pago de intereses a los rentistas. Un efecto lateral nada despreciable sera la suspensin de las votaciones en el Congreso de la reforma del sistema de pensiones, salvando al gobierno de una derrota en el apartado que supuestamente justificara su ascenso al poder. Por ms que hoy el gobierno niegue esa posibilidad, est abierta la temporada de caza a fisuras judiciales para evitar el proceso de votacin.

No puedo concluir sin llamar la atencin sobre los riesgos que la intervencin militar provocar a los habitantes de las comunidades y a los propios militares, que son jvenes y tan slo fueron entrenados para un enfrentamiento blico. La primera muerte provocada por un militar, en cumplimiento de la nueva legislacin, ser juzgada por la justicia militar, lo que podr transferir a la arena poltico-jurdica internacional la problemtica de la ocupacin del ejrcito, convirtiendo en un desastre, a medio plazo, la operacin poltica, a despecho del ms que probable apoyo de los grandes medios de comunicacin. Por otra parte, si un militar fuese alcanzado mortalmente, las consecuencias sern imprevisibles, haciendo girar ms rpida e intensamente el crculo o espiral de violencia.

Aparte de todo esto, no nos olvidemos del ejemplo mejicano: cuando las Fuerzas Armadas se involucran en la seguridad pblica, se abren las puertas a su degradacin institucional.

Luiz Eduardo Soares es antroplogo, escritor, dramaturgo y profesor de filosofa poltica de la UERJ. Fue secretario nacional de seguridad pblica. Su libro ms reciente es Rio de Janeiro: histrias de vida e morte (Companhia das Letras, 2015)

Nota del traductor
[1] Mar es un barrio de Ro, ocupado por el ejrcito entre abril de 2014 y junio de 2015; para conocer un poco la realidad social de este complejo de favelas, se puede consultar este artculo del periodista Pascual Serrano, y para acceder a un anlisis crtico de lo que supuso esa ocupacin militar, se puede acceder a este artculo de Victria Martins Damasceno.

Fuente: https://nosmovimenta.com.br/index.php/2018/02/17/a-intervencao-militar-no-rio-dos-juizes-aos-generais/

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar la autora, al traductor y Rebelin como fuente de la traduccin.


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