Portada :: Ecuador
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-02-2018

La Naturaleza en la Consulta Popular
Consulta previa, libre e informada no ms socializacin!

Accin Ecolgica

Una vez conocidos los resultados de la Consulta Popular del 4 de febrero, las industrias extractivas sufrirn un gran cambio: la minera no podr expandirse a reas protegidas y se reducir el rea de explotacin en el Yasun. La consulta no es una simple socializacin de los proyectos extractivos, como ha sido la prctica de los ltimos aos, la consulta es un proceso firmemente establecido en el derecho internacional y constitucional del Ecuador.


Una vez conocidos los resultados de la Consulta Popular del 4 de febrero, las industrias extractivas sufrirn un gran cambio: la minera no podr expandirse a reas protegidas y se reducir el rea de explotacin en el Yasun; adems, debern tomarse en serio los procesos de consulta y consentimiento informado previo a las comunidades que viven en las potenciales zonas afectadas, y a la sociedad en general.

La consulta no es una simple socializacin de los proyectos extractivos, como ha sido la prctica de los ltimos aos, la consulta es un proceso firmemente establecido en el derecho internacional y constitucional del Ecuador. Un ejemplo de lo que ha venido ocurriendo son las declaraciones del Ministro de Hidrocarburos el domingo 4 de febrero, quien al comentar los resultados de las votaciones afirm que para relanzar la XI ronda de licitaciones petroleras iban a realizar la socializacin con las organizaciones indgenas.

La historia de la Consulta Previa, Libre e Informada en el Ecuador inicia con la Constitucin de 1998, donde se reconoci y garantiz el derecho colectivo de los pueblos indgenas a ser consultados sobre planes y programas de prospeccin y explotacin de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambiental o culturalmente. Desde entonces, fue obligacin consultar a las comunidades sobre las actividades petroleras y mineras en sus territorios. Al mismo tiempo, hubo mltiples esfuerzos desde el Estado para vaciar de contenido este derecho.

En 2002, el gobierno de Gustavo Noboa emiti el Reglamento de Consulta y Participacin para la Realizacin de Actividades Hidrocarburferas (Decreto 3401), cuya finalidad era obtener criterios de las comunidades, siempre y cuando stos sean tcnica y econmicamente viables, por lo que no se garantizaba que la opinin de los consultados sea tomada en cuenta por el Estado. Esta norma recibi crticas desde el sector ecologista y de derechos humanos porque violaba preceptos constitucionales como el derecho a ser consultados, ser debidamente informados, a la participacin universal y el principio de soberana. Posteriormente Alfredo Palacios dicta el Reglamento al artculo 28 de la Ley de Gestin Ambiental sobre la Participacin Ciudadana y Consulta Previa, que adoleca de los mismos vicios que el reglamento anterior.

En abril de 2008, el presidente Rafael Correa emite el Reglamento de Aplicacin de los Mecanismos de Participacin Social establecidos en la Ley de Gestin Ambiental (Decreto 1040), que entr en vigencia el 8 de mayo de 2008, mientras an se redactaba la nueva Constitucin en Montecristi. Este reglamento reemplaza varias normas anteriores relacionadas con el tema, pero mantiene los mismos problemas, incluyendo que se continuar con el proyecto an cuando las personas afectadas por un proyecto no acudan a los eventos de la consulta.

Con la Constitucin del 2008, se supera el hecho de que las comunidades deben simplemente entrar en proceso de participacin y se garantiza el derecho a la consulta para pueblos y nacionalidades. El artculo 57.7 establece que se reconoce y garantizar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indgenas, de conformidad con la Constitucin y con los pactos, convenios, declaraciones y dems instrumentos de derechos humanos. E sto es muy importante porque los instrumentos internacionales reconocen la obligatoriedad de obtener el consentimiento libre, informado y previo, sin el cual no se podr llevar a cabo el proyecto u obra en cuestin.

El artculo 57 tambin hace un avance cualitativo en el ejercicio del derecho a la consulta al reconocer el derecho a la consulta pre-legislativa. Adems, la Constitucin ratifica la voluntad de los pueblos en aislamiento de mantenerse en esa condicin, y declara que en sus territorios est vedada toda actividad extractiva.

En junio de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emiti sentencia sobre el caso Pueblo originario Kichwa de Sarayaku vs. Estado Ecuatoriano, declarando la responsabilidad internacional del Estado por la violacin de derechos del Pueblo de Sarayaku a la consulta, a la propiedad comunal indgena, a la identidad cultural, a las garantas judiciales y a la proteccin judicial, as como por haber puesto gravemente en riesgo los derechos a la vida e integridad personal de los miembros de la comunidad. Un mes ms tarde, Correa desafa el alcance de esta sentencia en cuanto a sentar precedentes en la poltica petrolera, y decide lanzar la XI Ronda de Licitaciones Petroleras, a partir de emitir el Reglamento para la Ejecucin de la Consulta Previa, Libre e Informada en los procesos de licitacin y asignacin de reas y bloques hidrocarburferos (Decreto 1247) en julio de 2012, con el fin de regular el proceso de consulta previa a las organizaciones indgenas del centro sur de la Amazona.

Algunos aspectos problemticos de este reglamento tienen que ver con que ignora la consulta pre-legislativa, violando el artculo 57.17 de la Constitucin y los Tratados y Convenios internacionales sobre el tema; limita la consulta a una mera socializacin de informacin, con lo que se ignoran estndares internacionales que garantizan un adecuado ejercicio de este derecho para los pueblos indgenas al mismo tiempo que se enfatiza en describir los beneficios sociales a los que podrn acceder las comunidades, pueblos y nacionalidades, a la identificacin de necesidades de intervencin por parte del Estado a travs de polticas y proyectos sociales comunitarios; en garantizar la incorporacin de mano de obra local en la ejecucin de proyectos acordados y consensuados, de manera que se conduce intencionalmente a la poblacin consultada a su consentimiento. La aplicacin de este reglamento provoc muchos conflictos, que incluan acusaciones, agresiones, atentados e incluso un informe de la Revista Sobre Acesso Justia E Direitos Nas Amricas habla de la muerte de personas producto de estos conflictos (1)

Adems, el artculo 19 de esta norma dice que la falta del ejercicio del derecho a la participacin no constituira causal de nulidad del proceso ni su suspensin, con lo que se viola la libre determinacin de los pueblos, y la consulta (y un eventual consentimiento) dejan de ser libres.

Las nacionalidades indgenas del centro sur de la Amazona, que han mantenido una posicin rotundamente contraria a las actividades petroleras en sus territorios ancestrales, rechazan la consulta previa basada en el Decreto 1247, por considerarlo una violacin al espritu de este derecho: el consentimiento.

El derecho a la consulta previa es muy importante y no debe confundirse con el acceso a la informacin, que es un derecho en s mismo. Tampoco puede ser la nica va para sentarse a la mesa de negociacin con el gobierno, porque existen escenarios de participacin, tambin reconocidos por la normativa ecuatoriana. Lo que est en el centro es la defensa territorial y las capacidades de los pueblos de ejercer su autogobierno.

Notas:

(1) Vallejo y Duhalde (2017). Polticas de desarrollo y ampliacin de las fronteras

Extractivas sobre territorio Spara en la Amazona ecuatoriana. Revista Sobre Acesso Justia E Direitos Nas Amricas. Vol 1(1).

Fuente: http://www.accionecologica.org/editoriales/2258-2018-02-16-21-11-53



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter