Portada :: Amrica Latina y Caribe
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 24-02-2018

Denuncian la falta de consulta previa a la poblacin y el impacto ambiental sobre el ro Cahabn en Guatemala
Comunidades qeqchi de Alta Verapaz se levantan contra las hidroelctricas

Enric Llopis
Rebelin


Los presidentes de Corporacin Multi Inversiones (CMI), Juan Luis Bosch Gutirrez, y de la constructora ACS, Florentino Prez, presentaron en junio de 2014 en Guatemala el proyecto Renace II, una central hidroelctrica propiedad de CMI y de cuya construccin se hizo cargo una de las filiales de ACS, el grupo Cobra. El complejo hidroelctrico se ubica en el municipio de San Pedro Carch (Alta Verapaz), y en la presentacin los dos empresarios resaltaron las grandes cifras: una inversin de 270 millones de dlares para alcanzar una potencia instalada de 114 megavatios, 8,5 kilmetros de tneles y un canal de conduccin de 11 kilmetros. La planta sigui a la central Renace I (66 MW), puesta en marcha por CMI en 2004. Corporacin Multi Inversiones, transnacional con sede en Guatemala que opera en 14 pases, y el presidente del Real Madrid continuaron colaborando en los proyectos hidroelctricos Renace III (66 MW), ya finalizado, y Renace IV (55 MW), en fase de ejecucin, todos en San Pedro Carch, sobre los ros Cahabn uno de los principales de Guatemala- y Canlich. A estas centrales se agregar una quinta, lo que convertir a este gran complejo que se publicita en verde y con imgenes de la poblacin maya- en el principal del pas.

El Ministerio de Energa y Minas de Guatemala registra 33 plantas hidroelctricas en funcionamiento, nueve de ellas en Alta Verapaz. A estas centrales se agregan otras 11 cuatro en Alta Verapaz- en fase de construccin; 13 hidroelctricas cuya ejecucin no ha comenzado (cinco de ellas en el departamento de El Quich) y seis que tramitan actualmente las autorizaciones (tres en Huehuetenango). Adems, las centrales de energa hdrica son las que cuentan con mayor capacidad instalada en el pas un 33,7%, la mayora de propiedad privada- seguido de los ingenios azucareros.


Foto: grupo Cobra Renace

Los movimientos populares han alzado la voz contra proyectos como Oxec hidroelctrica operativa desde finales de 2015- y Oxec II, autorizada y en fase de construccin en el municipio de Santa Mara Cahabn (Alta Verapaz). El pasado 27 de agosto 197 comunidades qeqchi de Santa Mara Cahabn votaron en una consulta comunitaria contra el funcionamiento de las dos hidroelctricas, debido al impacto sobre los ros sagrados Cahabn y Oxec. La empresa responsable del macroproyecto es Oxec SA, filial de Energy Resource Capital, a la que medios comunitarios sitan en Panam.

Diferentes sentencias han influido en el devenir de la infraestructura. En febrero de 2017 la Corte Constitucional suspendi la licencia de los proyectos Oxec y Oxec II otorgada por el Ministerio de Energa y Minas, al no realizarse una consulta previa a las comunidades de Santa Mara Cahabn, tal como establece el Convenio 169 de la OIT. En mayo de 2017 el alto tribunal mantuvo la suspensin, pero autoriz a las empresas a continuar operando durante un ao (prorrogable), mientras el Ministerio de Energa realiza las consultas. La cpula empresarial no se mantiene ajena al litigio. Tras la sentencia de febrero, la gran patronal CACIF demandaba certeza jurdica y una visin de futuro con oportunidades de desarrollo.

El colectivo ecologista Madre Selva de Guatemala batalla desde 1996 por la defensa del territorio. El asesor legal de la organizacin, Vladimir Soto, apunta algunas estrategias de criminalizacin tras un acto organizado por la ONG Perifries en Valencia: Cuando los pueblos y lderes se dan cuenta de los proyectos, las empresas proceden a denunciarlos penalmente; adems, ya tienen prcticamente comprado al Ministerio Pblico (fiscala) de los juzgados de Alta Verapaz. Acusan a los lderes comunitarios de delitos que implican penas de prisin, y obtienen rdenes de captura contra ellos su defensa de los ros. Soto critica la disparidad de criterios: Las denuncias contra las hidroelctricas quedan engavetadas en el Ministerio Pblico, sin embargo las que interponen las empresas se cursan a velocidad de rayo.

Entre los ejemplos de persecucin meditica y de la fiscala, Vladimir Soto menciona a Ana Rutilia Ical Choc, lder qeqchi de San Pedro Carch y una de las promotoras del recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para frenar los megaproyectos en el ro Cahabn. Ana Rutilia Ical destaca en su currculo como activista, exdelegada de la Defensoria de la Mujer Indgena en Alta Verapaz y profesora de Derechos Humanos en la Universidad Rafael Landvar de esta regin.

En marzo de 2017 el colectivo Madre Selva denunci los ataques por parte de medios de comunicacin y columnistas al servicio de las lites contra activistas. Por ejemplo, contra Bernardo Caal Xol, quien present en 2015 la accin de amparo ante el CSJ por entender que las autorizaciones de Oxec y Oxec II se otorgaron sin consultar a las comunidades. El lder y maestro comunitario fue arrestado el pasado 30 de enero en la ciudad de Cobn, acusado de robo agravado y detenciones ilegales, entre otros delitos. El seis de febrero un juez de la capital de Alta Verapaz orden la prisin preventiva de Caal Xol.

Desde entonces se han sucedido las campaas, concentraciones, acciones simblicas y el cierre de carreteras para exigir su libertad. Comunidades qeqchi de Santa Mara Cahabn y Alta Verapaz se manifestaron en Cobn; adems, la ONG Alianza por la Solidaridad y Greenpeace, que colaboran con la organizacin Madre Selva, recogieron ms de 1.700 firmas de apoyo a Bernardo Caal en cuatro das, remitidas a la Embajada de Guatemala en Espaa. La Articulacin por la Vida, contra la Impunidad y la Corrupcin, que agrupa a ms de 30 organizaciones populares de Guatemala, tambin conden la captura del lder indgena.

El caso de Bernardo Caal no es una excepcin en el pas centroamericano. La Unidad de Proteccin a Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) ha contabilizado 328 agresiones y delitos contra activistas a favor de los derechos humanos entre enero y octubre de 2017, un 25% ms que en el mismo periodo de 2016. La cifra total del pasado ao incluye 52 asesinatos (45 de ellos a mujeres), 72 agresiones contra activistas en defensa de los pueblos indgenas y el territorio; 131 agresiones contra mujeres y 30 a periodistas. Asimismo, organizaciones populares y de derechos humanos presentaron en marzo de 2017 un documento a la Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la represin a comunidades que rechazan las grandes hidroelctricas en Guatemala; el informe da cuenta de 103 rdenes de captura, 56 heridos, 36 encarcelamientos, 25 detenciones, 16 procesos de criminalizacin, 15 amenazas y 11 asesinatos.


Foto: Santiago Botn (Telesur)

El informe Criminalizacin en Guatemala (2012-2017) de UDEFEGUA dedica un apartado a la resistencia contra las plantas hidroelctricas en Alta Verapaz, una de las regiones ms aterrorizadas por 36 aos de guerra interna. Entre los ejemplos recientes de sealamiento, figura el de Rolando y Blanca Estela Gitz Pop, detenidos en abril de 2017 en Cobn. Los dos hermanos participaron en la lucha de la Comunidad Monte Olivo (Cobn) contra la construccin de una central hidroelctrica Hidro Santa Rita- en el ro Dolores; en agosto de 2014 ms de mil policas, guardias privados y un grupo paramilitar reprimieron a las comunidades opositoras al proyecto, con el resultado de tres campesinos asesinados (masacre de Semococh). La batalla popular contra Hidro Santa Rita tiene antecedentes en febrero de 2012, cuando la empresa denunci ante la fiscala a cinco lderes comunitarios, sobre quienes se emiti orden de captura. Pero continu la resistencia. En agosto de 2013 tres supuestos policas amenazaron e intentaron secuestrar a otro lder de la Comunidad Monte Olivo, David Chen; pasada una semana de los hechos, dos nios de 11 y 13 aos murieron por los disparos de un sujeto presunto trabajador de la hidroelctrica, segn las organizaciones comunitarias- que buscaba al lder indgena.

Tres aos despus que Florentino Prez declarado en 2017 por Forbes mejor ejecutivo de Espaa- viajara a Guatemala para promocionar el complejo hidroelctrico Renace en Alta Verapaz, las organizaciones Madre Selva y Alianza por la Solidaridad entregaron 25.552 firmas en la sede de ACS en Madrid contra un proyecto que no respeta los derechos humanos de 29.000 indgenas qeqchi. A la misma conclusin lleg el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, quien visit San Pedro Carch a finales de 2017; en la aldea Panzamala constat el impacto de las obras para implantar Renace IV: Vulneraciones a los derechos a la salud y vida de los comunitarios, quienes viven en condiciones infrahumanas. El procurador subray en un comunicado la reduccin de caudal del ro Cahabn por las obras, as como la presencia fuerte de agentes de seguridad privada en la zona; tambin se hizo eco de las protestas de las poblaciones, a las que no se consult por la construccin de la infraestructura, segn denunciaron.

El pasado 22 de marzo comunidades de San Pedro Carch y Santa Mara Cahabn se manifestaron en Ciudad de Guatemala contra los proyectos Renace y Oxec; el periodista Rony Morales reprodujo en el peridico Prensa Comunitaria las palabras de una vecina: El caudal del ro Cahabn se mantiene sucio debido a los trabajos de la empresa que construye la hidroelctrica; el ro est completamente sucio, y las personas de las comunidades no pueden abastecerse de agua, pues temen enfermarse. Marchas y plantones a la capital se produjeron, con el mismo fin, en febrero de 2017 y octubre de 2016; en esta ltima movilizacin, el Consejo del Pueblo Qeqchi de Alta Verapaz denunci el clima de mentiras y la campaa negra lanzada por las empresas Renace y Oxec contra Bernardo Caal Xol, Erick Armando Cu Caal y otros lderes comunitarios.

Diferentes informes revelan los entresijos de estas grandes infraestructuras. Los investigadores Elena de Luis Romero y Antonio Rodrguez-Carmona publicaron en 2016 el documento de 190 pginas Hidroelctricas insaciables en Guatemala, en el que se hacen eco de las protestas de Madre Selva en 2013: La construccin de hidroelctricas ha roto en pedazos el ro Cahabn y lo ha secado en varios tramos; a ello se agregaban las denuncias de contaminacin por los derrumbes y movimiento de tierras en las obras de Renace II, lo que segn el informe en el que colabor el Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL)- apuntara directamente a la responsabilidad del grupo Cobra. Las comunidades sealaban que la construccin de represas a lo largo del cauce produca graves alteraciones en el ecosistema fluvial, se modificaban los caudales del ro y destruan hbitats. Tres aos despus, en abril de 2016, poblaciones qeqchi de Alta Verapaz continuaban denunciando ante la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICG) de la ONU y el Ministerio de Energa y Minas el desecamiento y la contaminacin del ro Cahabn por el impacto del proyecto Renace.

Tambin en 2016, Alianza por la Solidaridad public la investigacin La hidroelctrica que destruye derechos en Guatemala. Caso Renace-Cobra (ACS). El complejo de Corporacin Multi Inversiones recibi la concesin administrativa para uso de bienes de dominio pblico en el ro Cahabn y uno de sus afluentes el Canlich- por 50 aos. El documento recoge testimonios de lderes comunitarios sobre caminos construidos por la hidroelctrica en las riberas del ro, de uso privado y sin acceso para los vecinos. Adems utiliza el trmino expolio para el caso Renace; incluye en ese trmino la compra de tierras para implantar infraestructuras, abrir canales o tneles y construir carreteras; o a los propietarios de fincas medianas que acumularon tierras para revenderlas a la empresa.

Este expolio de tierras genera divisin entre las comunidades, concluye el informe. Las poblaciones relacionaron con el conflicto el atentado en abril de 2014 contra Carlos Vicente Chub Cucul, activista frente a las hidroelctricas y secretario del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) en su comunidad; el ataque con arma de fuego se produjo en el casero Rubel Cruz Xicacaco (San Pedro Carch). Pocos meses despus, desapareci en el mismo municipio el joven Ovidio Xol Chub, en el contexto de una negociacin sobre compraventa de tierras con Renace.

Una investigacin ms reciente es la titulada Transnacionales, oligarqua y criminalizacin de la protesta social. El caso Guatemala, publicada en octubre de 2017 por la organizacin Mugarik Gabe. El informe subraya la violencia ejercida contra las mujeres. En noviembre de 2014, la ONG Centro de Atencin de la Familia y al Nio Maltratado (CAFNIMA) seal que algunas de las agresiones contra mujeres en Ulpn (Alta Verapaz) estaran relacionadas con trabajadores del proyecto Renace. Pese al temor a realizar denuncias en las zonas rurales, en Ulpn se registraron 22 casos de violencia sexual contra la mujer en dos aos. En noviembre de 2016, Prensa Comunitaria informaba sobre el caso de dos hermanas, Rosa y Dominga Tzalam Cuc, que tras vivir 25 aos en las comunidades Qeqchi de San Pedro Carch, llevaban tres aos en resistencia al negarse a vender sus tierras a la hidroelctrica Renace. Denuncian amenazas de muerte y de desalojo. La ONG Mugarik Gabe resalta las estrategias de publicidad y marketing que envuelve a los proyectos. Una sonriente mujer maya encabeza, en un entorno de rboles, la pgina Web de la hidroelctrica de Corporacin Multi Inversiones: Porque trabajando todos en una misma direccin, Renace un mundo mejor.

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter