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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-02-2018

Antioquia
400 campesinos son desalojados por el ESMAD en Portachuelo, Sabanalarga

Movimiento Ros Vivos
Prensa Rural


Las comunidades afectadas por el megaproyecto Hidroituango articuladas en el Movimiento Ros Vivos - Antioquia rechazan la respuesta violenta de Empresas Pblicas de Medelln, EPM, de la gobernacin de Antioquia y la administracin municipal de Sabanalarga a la solicitud de dilogo frente a los riesgos para la vida y la integridad fsica de comunidades barequeras que motivaron la movilizacin social que inici el 5 de febrero de 2018, en el mismo municipio y que fue agredida el da 12 de febrero a las 6:00 p.m., en medio de la lluvia en el sector Portachuelo.

El abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza fue evidente en todo este proceso, no hubo posibilidades de presentar recursos, las vctimas no conocieron los documentos que permitan el procedimiento. La protesta era pacfica y pretenda proteger la vida de las comunidades, sin embargo, el ESMAD abusando de su fuerza golpe mujeres, arrastr nios y ancianos, en su mayora vctimas del conflicto armado, arriesgndolos a enterrarse un alambre de pas, con un suelo hecho barro por la lluvia que impeda caminar. Todo esto para dar paso a las maquinarias de Refocosta, empresa que han amenazado al lder de Ros Vivos Guillermo Builes y puesto en riesgo la vida e integridad fsica de muchos otros con la destruccin del Bosque Seco Tropical que genera deslizamiento de rocas, troncos y todo tipo de material hacia la zona de trabajo y habitacin de las comunidades, el polvo que han generado en un calor intenso ya sin la sombra de los rboles se ha vuelto desesperante pero las familias no tienen otro medio de subsistencia y no han sido reparadas por EPM.

Las vctimas del conflicto, los nios y las nias, los adultos mayores, todos sujetos de especial proteccin constitucional continan siendo agredidos y desalojados por la Gobernacin de Antioquia, accionista mayoritaria del proyecto. Pese a la sentencias de la Corte Constitucional al respecto, aplica el Cdigo de Polica que vulnera los derechos de las comunidades, adems de desconocer la crisis social y ambiental generada por los impactos a los medios de vida de las comunidades, este cdigo vulnera el debido proceso, pues a las comunidades no se les permiti interponer recurso alguno a pesar de que dejar pasar las maquinas hacia las zonas en donde han trabajado la mayor parte de su vida. Implica el riesgo de morir o salir heridos.

Bajo la palabra empeada de la polica, de adelantar un informe de verificacin en la playa El Arenal como garanta para levantar la protesta pacfica, se verific en la zona por parte de diferentes entes la tala de rboles y los troncos que impiden el paso por los caminos, el riesgo con las piedras para los sitios de habitacin y trabajo de una de las comunidades barequeras, el riesgo en el que est el agua y los animales. Adems en la visita la Gobernacin de Antioquia pudo escuchar y observar un sitio de enterramiento de cuerpos que est en esta misma zona. El acuerdo se incumpli y antes del regreso de la comisin la Polica procedi a adelantar el desalojo, lo que gener mayor indignacin entre los cientos de afectados que se encontraban en el predio Portachuelo y acrecentar la desconfianza en una fuerza pblica que le miente a la ciudadana y la atropella en vez de proteger sus derechos.

Las mentiras de la Polica favorecen la conducta criminal de la empresa EPM y sus consorcios contratistas, son acciones en contra de la construccin de paz, pues opacan los esfuerzos genuinos de los movimientos sociales por reconstruir el pas de la cruel e injusta guerra que ha dejado en condicin de vctimas a las comunidades campesinas y que hoy son revictimizadas por megaproyectos minero energticos como Hidroituango.

A estas mentiras se suman las del seor gobernador de Antioquia Luis Prez Gutirrez, quien por medios de comunicacin expres que el problema ya se haba resuelto, cuando an no hay soluciones y por el contrario se amenaza a las madres de quitarles a sus hijos con Bienestar Familiar, puesto que las condiciones de vida humildes y la participacin en protestas no son adecuadas para los nios. A la vez que el da 9 de febrero a las 11 a.m. ocurri una fuerte explosin, mientras el Intendente Hugo Gmez de Sabanalarga con placa #131518 conversaba con los manifestantes, en frente los trabajadores de Refocosta, en la entrada y alrededores de la Institucin Educativa de Portachuelo. A lo que se sum el hecho de que el da lunes 12 de febrero el ESMAD estuviese apostado en la estrada a la escuela generando temor en los nios y nias. La Polica facilit un dialogo con EPM lleno de mentiras para justificar su proceder violento.

Tampoco contribuyen a la paz la falta de voluntad de EPM y la Gobernacin de Antioquia por atender y solucionar los conflictos que ha generado con Hidroituango, por el contrario incitan a la violencia generalizada al no resolver los problemas de hambre que sufre hoy la poblacin debido a esta obra. Reparacin es la solucin. No atender de manera inmediata esta conflictividad por parte de las autoridades competentes incrementar el inconformismo social y la desigualdad que Hidroituango ha sembrado en nombre del desarrollo en el Can del Ro Cauca en Antioquia, el departamento ms inundado de Colombia con represas, pero tambin el que tiene el mayor nmero de vctimas del conflicto armado.

Las autoridades policiales violaron el debido proceso que debe respetar la posibilidad de que los ciudadanos interpongan recursos judiciales efectivos, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la libertad de reunin, manifestacin pblica y protesta, como la participacin ciudadana que tienen rango constitucional y estn por encima de una norma de carcter legal e inferior jerrquicamente, como el cdigo de polica. Los agentes encargados del operativo de desalojos incurrieron en violaciones incluso agravados, mxime, cuando en la poblacin manifestante haba personas de especial proteccin constitucional, con las cuales las garantas procesales policas deben reforzar las garantas de defensa de sus derechos. Las autoridades policiales no pueden desconocer los condicionantes que la Corte Constitucional ha mencionado respecto de estos procedimientos, como las contenidas en las sentencias: C-241 de 2010, C-211 de 2017, C-212 de 2017, C-225 de 2017, C-282 de 2017, C-349 de 2017, C-223 de 2017, entre otras, que hacen parte de la Constitucin Poltica y limitan al cdigo de polica.


Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22758



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