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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 02-03-2018

Agredir a la FARC es atentar contra la posibilidad de construir la paz

lvaro Villarraga
Prensa Rural


A partir de la aplicacin del Acuerdo Final de Paz Gobierno-FARC EP se han sucedido graves y reiterados ataques contra excombatientes de las FARC EP, sus familias y su entorno social, a lo cual se agregan las recientes agresiones preparadas y realizadas en el marco de la campaa electoral contra candidatos e integrantes de su partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn. Tales hechos configuran un golpe contra las propias posibilidades inmediatas y mediatas de este acuerdo de paz. Por tanto, es preciso discutir el real significado y la dimensin de las consecuencias de esta situacin, dado que distan de percibirse y de actuar en consecuencia desde el Gobierno Nacional, los entes responsables del Estado y desde muchos sectores de la sociedad.

Es de advertir que ni los ataques contra los excombatientes ni los actos de sabotaje a la campaa electoral de la FARC son hechos aislados, ni espontneos, ni producto litigios particulares o locales o familiares o comunitarios. Guardan necesaria relacin con anteriores hechos de sabotaje al proceso de paz y con otras dinmicas de continuidad en igual sentido, siendo la ms grave y dramtica el asesinato masivo y sistemtico de lderes sociales y defensores de derechos humanos en las regiones donde se implementa este pacto de paz. Estos hechos en el caso de los ataques contra personas excombatientes de las FARC EP configuran graves violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario mediante amenazas, atentados, homicidios y desplazamientos forzados. A lo cual se agregan ahora sabotajes violentos contra candidatos y promotores de la campaa electoral de este sector, que constituyen violaciones contra los derechos polticos, la participacin electoral y pueden asociarse a conductas penales de diverso orden.

En consecuencia, los compromisos con este proceso de paz que llevan obligaciones del orden constitucional y legal, exigen al Gobierno Nacional, a las agencias responsables del Estado y a la propia sociedad, medidas correspondientes que incluyen brindar las garantas efectivas a las FARC, en lo relativo a su incorporacin poltica, social y econmica a la vida civil. Por tanto, no brindarlas constituye de fondo un atentado contra las posibilidades de pacto de paz acordado y de manera general contra el empeo del Estado y la sociedad de construir la paz.

Ataques contra las medidas democrticas y contra excombatientes tras los acuerdos de paz

Desde los aos ochenta se revel la tendencia que compromete a determinados sectores del Estado y de la sociedad con graves ataques para oponerse a las medidas democrticas adoptadas o propuestas en los acuerdos de paz, los cuales tambin se han relacionado con ataques contra los gestores de tales acuerdos, incluida la poblacin insurgente acogida en tal contexto a amnistas e indultos, en su trnsito a la vida poltica y social en la legalidad. Firmados los pactos de cese al fuego, tregua bilateral y paz entre el Gobierno Betancur y las FARC EP, el EPL y el M19 en 1984, se origin una accin sistemtica de oposicin institucional y poltica a las reformas y medidas democrticas propuestas en tales pactos, que se asoci al pronto asesinato de ms de setenta amnistiados, al ataque a los voceros guerrilleros en estado de indefensin, ataques a campamentos guerrilleros en tregua y otros hechos, que fueron decisivos en el fracaso de tal proceso de paz. Luego se prolong la accin de exterminio que comprometi al Estado y a las agrupaciones paramilitares en el exterminio de la UP, de otras vertientes polticas y de liderazgos sociales de izquierda en el mbito popular, ocasionando una grave tragedia humanitaria. Entonces, la eleccin popular de alcaldes, las propuestas de reforma agraria, de democratizacin poltica y de convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, fueron entorpecidas o impedidas mediante actos de rechazo institucional y poltico y los ataques de la llamada guerra sucia.

Lograda posteriormente la Asamblea Nacional Constituyente en 1991 por la movilizacin estudiantil y ciudadana, se consolidaron los pactos de paz previos con el M19 y en curso con el EPL y varias fracciones insurgentes regionales. La consiguiente expedicin de la Constitucin Poltica de 1991 fue una contribucin a la democratizacin del rgimen poltico y a la adopcin de medidas asociadas a la construccin de la paz. Sin embargo, la prolongaron del conflicto blico y de expresiones de violencia poltica implicaron ataques sistemticos contra vertientes polticas y sociales de izquierda y el ataque masivo a travs de masacres contra pobladores campesinos, indgenas y afros en zonas de histrica presencia de las guerrillas.

Por su parte, la poblacin amnistiada e indultada en estos acuerdos de paz sufri junto con sus entornos sociales y comunitarios en el curso de esta dcada, ataques de grupos paramilitares, agentes estatales y en algunas regiones de guerrillas, de forma que se produjo ms de un millar de homicidios y desapariciones forzadas y un volumen mayor de desplazamientos forzados. Entonces el Estado y sus gobiernos no fueron coherentes con los pactos de paz. En cierto grado respondieron en su aplicacin, pero a la vez incumplieron o tuvieron notorias deficiencias con parte de sus compromisos, incluidos los temas de garantas. En tal contexto, parte importante de las medidas democrticas de la Constitucin Poltica y del contenido de los pactos de paz quedaron inaplicadas y tuvieron oposiciones que incluyeron hechos de violencia en distintas regiones.

En la actualidad se debe exigir al Estado y sus gobiernos cumplimiento cabal del Acuerdo de Paz Final Gobierno-FARC EP suscrito en 2016, incluidas las reformas y las garantas para la reintegracin poltica, social y econmica de excombatientes, de forma que se impida la prolongacin de esta tendencia de rechazo a los avances democrticos pactados y de ataque a la poblacin amnistiada e indultada. Pero lamentablemente ya se manifiesta travs de ms de treinta homicidios contra excombatientes de las FARC, ms de una decena de sus familiares y en otros ms de doscientos homicidios contra lderes sociales, comunitarios, tnicos y defensores de derechos en las regiones de impacto del acuerdo de paz. Entre tanto, se equivocan el Gobierno nacional y la Fiscala General, al no percibir la dimensin estructural y el carcter sistemtico de este fenmeno, de forma que desestiman el alcance de lo sucedido y no pueden asumir estrategias y medidas adecuadas y eficaces de prevencin, proteccin, investigacin y sancin frente a los actores responsables.

Este tipo de violencia responde adems a un patrn antidemocrtico histrico colombiano, conforme al cual las aperturas democrticas son violentamente cerradas por un aumento de la violencia contra los lderes sociales, desplegada usualmente por grupos paramilitares [1].

Atacar excombatientes de las FARC y lderes sociales atenta contra el Acuerdo Final de Paz

Los ataques referidos contra integrantes de la FARC y su entorno constituyen elementos de menoscabo que de ampliarse o generalizarse pueden derivar en incumplimientos de los trminos establecidos en el Acuerdo Final de Paz, siendo de manera especial afectados sus puntos dos y tres.

El segundo punto sobre Participacin Poltica y Social incluye de manera general el logro con las debidas garantas por parte del Estado de la participacin de todos los actores colectivos que desde la ciudadana emprenden movilizaciones, iniciativas, proyectos y propuestas de diverso orden, con nfasis en la posibilidad de actuacin de los partidos y movimientos polticos, organizaciones sociales de distinto nivel y organizaciones comunitarias y poblacionales, en un marco de recuperacin de la convivencia, no discriminacin y creacin de condiciones para la reconciliacin. De tal forma, lo expresa su numeral 2.2.4. Garantas para la Reconciliacin, la Convivencia y la no estigmatizacin de la accin poltica y social.

De all que se incluyan entre otras medidas la creacin de una Comisin Nacional para la Reconciliacin y la Convivencia que dio lugar a la reforma en tal perspectiva del anterior Consejo Nacional de Paz y que prev liderar un programa de implementacin al respecto. Tambin con relacin a la participacin poltica y social, el numeral 2.3 incluye medidas efectivas para promover la mayor participacin poltica de la ciudadana en lo local, lo regional y lo nacional, con base en el otorgamiento de garantas de seguridad, la posibilidad de acceso al sistema poltico, la promocin de la participacin electoral y el fomento de una nueva cultura poltica democrtica y participativa.

El tercer punto del acuerdo de paz titulado Fin del Conflicto, incluy de manera detallada garantas de seguridad, de trnsito a la legalidad, de actuacin poltica y de participacin en campaas electorales por parte del proyecto poltico de las FARC EP en su acceso a la vida legal. Su numeral 3.4 Acuerdo sobre garantas de seguridad pone nfasis as mismo en las que habrn de brindarse al conjunto de la ciudadana y de manera especial para los lderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, de manera que se pone de presente la superacin de los factores de riesgo al respecto, con particular alusin a las estructuras herederas del paramilitarismo y las redes delincuenciales asociadas.

Se crea en consecuencia un: Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la poltica. A rengln seguido se propone en el numeral 3.4.2. un Pacto Poltico Nacional de renuncia al uso de la violencia en la actuacin poltica. El numeral 3.4.3. crea la Comisin Nacional de Garantas de Seguridad. El numeral 3.3.4. incluye la creacin de la Unidad Especial de Desmantelamiento del Paramilitarismo, una comisin de alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Poltica, una Mesa Tcnica de Seguridad y Participacin, un Plan Estratgico de Seguridad y Proteccin y un Cuerpo de Seguridad y Proteccin. Se agrega la importante misin internacional liderada por la ONU de verificacin en materia de garantas de seguridad para la reintegracin de excombatientes y proteccin de sus entornos sociales en los territorios.

En contraste con todas estas consideraciones, instancias y mecanismos de actuacin tan bien y detalladamente diseados en el texto del acuerdo de paz, se suceden los ataques referidos, ocasionando una grave afectacin a las posibilidades del mismo acuerdo y por consiguiente de la posibilidad del logro y consolidacin de la paz.

Esto es gravsimo, pues la violencia contra lderes sociales, defensores de derechos humanos, activistas polticos y desmovilizados no slo es humanamente dolorosa, sino que representa una amenaza muy seria a la paz y a nuestra precaria democracia [2].

El sabotaje a la campaa electoral de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn

La campaa poltica electoral de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn (FARC) se inici con una concentracin en la localidad Ciudad Bolvar de Bogot, con participacin de su candidato presidencial Rodrigo Londoo y del conjunto de sus candidaturas al Congreso de la Repblica, acompaados de la participacin de varios miles de personas que rodearon de manera entusiasta sus aspiraciones. Luego el candidato Londoo lider una gira con recorridos por lugares pblicos que se inici en la ciudad de Armenia y sigui hacia municipios del Quindo, mientras otros candidatos al Senado y a la Cmara hacan lo propio en otras regiones.

Como lo registraron los medios de prensa, estas comitivas recibieron saludos y apoyos ciudadanos a la vez que manifestaciones de rechazo de otros ciudadanos, lo cual constituye una situacin normal en medio de la tensa y acalorada disputa poltica y electoral que se vive en el pas, a lo cual se agrega una mayor tensin para el caso ante la conocida divisin registrada en el pas entre los partidarios y los opositores al pacto de paz, quienes a la vez han sido influidos por un discurso sectario y descalificador contra la posibilidad de la actuacin poltica de la FARC. Pero se agreg otro elemento, la presencia en varios casos de grupos organizados de saboteadores, liderados por candidatos o jefes del partido Centro Democrtico y por otras personas reconocidas, quienes incitaron con megfonos a la violencia y la ejercieron contra candidatos, activistas y personas que acompaaban las delegaciones de las FARC. As recurrieron a agravios, puetazos, quema de emblemas, lanzamiento de piedras y ataques a los vehculos con armas cortopunzantes.

De inmediato se suscit un debate nacional, varias voces rechazaron el uso de la violencia en la campaa poltica y el que se empleara precisamente contra el partido conformado por la poblacin exguerrillera de las FARC, en aplicacin del pacto de paz. Otras voces desconocieron o desestimaron estos ataques y hubo incluso quienes los respaldaron, interpretndolos como supuesta expresin de legtimo rechazo ciudadano a quienes desde la guerrilla haban estado comprometidos en graves violaciones.

Lo que no es aceptable son las vas de hecho. Tambin en Quindo, los nimos se calentaron hasta tal punto que las personas buscaban vulnerar fsicamente al candidato. El vehculo en el que se movilizaba, por ejemplo, fue agredido: le estallaron las llantas y destrozaron varias partes. Timochenko tuvo que Salir escoltado por su esquema de proteccin y por el Esmad [3].

El Gobierno Nacional a travs del ministro del interior Rodrigo Rivera rechaz estos hechos violentos y llam inicialmente en declaraciones a medios de comunicacin a todos los candidatos a rechazar la violencia y luego el propio presidente Juan Manuel Santos llam a rechazar las agresiones y los saboteos a los candidatos [4]. A la vez, el gobierno conmin a los distintos candidatos presidenciales y jefes de partidos a rechazar el uso de la violencia en la campaa electoral. es un imperativo tico que todas las fuerzas polticas y todos los candidatos presidenciales condenen en pblico lo que ocurri la semana pasada en el Eje Cafetero, en el Valle del Cauca y en el Caquet [5]. Llamado atendido por varios partidos, pero no por el Centro Democrtico, de forma que su jefe lvaro Uribe hizo fue referencia a haber sido tambin saboteado en ocasiones anteriores, a la vez que su candidato presidencial Ivn Duque, en declaracin acept este tipo de hechos: Lo que se ha visto en los ltimos das es la sancin social a ese fenmeno de impunidad [6].

Editoriales de la prensa liberal y medios de sectores progresistas partidarios del acuerdo de paz, advirtieron el alto riesgo para el proceso de reintroducir la violencia precisamente cuando se implementa un pacto de paz, por lo cual consideraron que lo ocurrido era una agresin necesaria de rechazar y llamaron a no aceptar la legitimacin de la violencia y a canalizar la disputa poltica precisamente por medio del recurso de la confrontacin de ideas, propuestas, programas y resultados electorales.

La violencia conduce a ms violencia. Hay que respetarlos (a candidatos de las FARC) y rechazarlos en el terreno poltico () Rechazar toda agresin contra cualquier candidato () El derecho a la protesta no puede ser esgrimido como argumento para justificar hechos y conductas tipificadas como delito. () es necesario, urgente, que quienes hoy aspiran a la presidencia sean categricos en su rechazo a la violencia en la contienda poltica. Como lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, tambin debe hacerse un llamado para no exacerbar y explotar el miedo con fines electorales, para que en esta campaa se d el primer paso hacia la reconciliacin, () la forma como algunos aspirantes han respondido a la peticin de periodistas para que asuman una postura frente al asunto, apuntando a la decisin de la FARC de salir a la plaza pblica, y pasan por alto la censura a quienes han mostrado la intencin de agredirlos o a quienes desde las redes sociales han estimulado -a veces de maneras que claramente contravienen el Cdigo Penal- este tipo de actitudes [7].

Con acierto se puso de presente en los anlisis el que ms que una prdida humana y poltica para la FARC, los efectos de tales ataques y sabotajes contra un proyecto poltico gestado en un pacto de paz era de alta y negativa repercusin histrica, como ya se haba puesto de presente en anteriores procesos y pactos de tregua y paz.

Lo que no es aceptable es que el partido de la exguerrilla, que nace de un acuerdo de paz, sea marginado de la poltica a travs de la violencia, como ocurri en los 80 y 90 con la Unin Patritica (UP) () A fin de cuentas, con el uso de la violencia para menguar a las FARC en la poltica perdera ms el pas que la propia Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn. Por lo menos, as lo demuestra la historia [8].

Entre tanto, est por resolverse si se logra un pronunciamiento general en el espectro poltico de condena a la violencia en el ejercicio de la poltica y la campaa electoral en curso, el cual como lo referimos coincide con una de las acciones previstas en el acuerdo de paz, sobre conseguir un pacto nacional de ruptura entre la poltica y el uso de la violencia, que comprometa a los diversos actores polticos y sociales. Los pronunciamientos de distintos actores polticos, del gobierno, de la FARC y de los principales medios de prensa se orientan en tal sentido, pero la oposicin de derecha que rechaza el pacto de paz elude tal tipo de compromiso, de manera que se mantiene en la reprochable actitud de legitimar o al menos tolerar tal tipo de situacin.

Bastara, entonces, un pronunciamiento, ojal un pacto, de candidatos y lderes de cada colectividad en el cual dejen claro que entienden el terreno en el que estn parados, el nivel de los riesgos que atraviesa hoy el debate electoral y, lo ms importante, que se comprometen con un inamovible: el rechazo contundente a la violencia como recurso en la poltica [9].

Al mismo tiempo, la FARC reclama para s todas las garantas que le competen a los partidos polticos en la legalidad por parte del Estado y si bien tuvo que suspender su actividad electoral pblica en espacios abiertos la ha proyectado en espacios cerrados, pero de forma que reclama del gobierno que se otorguen de manera efectiva para poder reemprender su actuacin proselitista a todo nivel. Nuestro llamado es a que la institucionalidad colombiana se comprometa con las garantas de participacin poltica que estn consignadas en el Acuerdo Final. Nosotros no exigimos nada distinto a que se nos deje participar en la contienda poltica en igualdad de condiciones. Entre otras cosas, implica que al igual que los dems partidos, las FARC tenga acceso a los recursos necesarios para financiar y desarrollar su campaa [10].

En tales circunstancias tienen el reto el gobierno en garantizar la prevencin de tales hechos y la proteccin debida a los actores polticos, la Fiscala General en investigar lo ocurrido, la justicia en sancionar a los responsables y la comunidad internacional seguir acompaando con su cooperacin y misin verificadora, que resulta de particular importancia en esta fase de trnsito de la guerra y la violencia poltica hacia la aspiracin del retorno a un rgimen de garantas, no violencia y superacin pronta de todas las expresiones de conflicto blico y de guerra.

Las garantas reforzadas que se exigen para con la poblacin amnistiada en pactos de paz

El Derecho Internacional Humanitario cuyos instrumentos son vigentes en Colombia exige a travs del Protocolo II, adicional a los Convenios de Ginebra, incorporados en la legislacin interna en virtud de la Ley 171 de 1994, brindar las mayores garantas de proteccin debida, por parte del Estado, a la poblacin amnistiada una vez finalicen las hostilidades de guerra. A ello se agrega la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sustentado para con las personas que han dejado la guerra y se han acogido a la legalidad mediante la suscripcin de pactos de paz con el gobierno nacional, que representa al Estado, un tipo de proteccin reforzada en materia de seguridad, entendida en un sentido integral y con referencia tambin a su familia y ncleo social inmediato. Tal sustentacin pone de presente el alto valor del logro de la paz y el debido cumplimiento por parte del Estado de su compromiso de proteccin y garanta para con las personas que confiaron en l, dejando el alzamiento armado y acogindose a la actuacin en la legalidad.

La existencia de un deber especial para las autoridades en el sentido de garantizar la seguridad personal de los reinsertados, se justifica igualmente por razones prcticas: para que los procesos de reinsercin no se conviertan en una garanta de zozobra y riesgo para los individuos que dejan las armas, es necesario proveerles las condiciones bsicas de seguridad que les permitan reiniciar su vida como ciudadanos en condiciones de igualdad con los dems. Si no se garantiza su vida, su integridad y la de su familia la desmovilizacin puede muy bien convertirse, en algunos lugares del pas, en el equivalente de una sentencia de muerte de facto, que ser impuesta en un futuro indefinible, pero cierto e inapelable; en esa misma medida, si no se garantiza la provisin de unas condiciones mnimas de sustento material () ste no podr subsistir dignamente, ni podr proveer sus propias condiciones bsicas de seguridad [11].

En resumen, es capital el tema de garantas y seguridad para la poblacin exguerrillera de las FARC y sus entornos familiares, sociales y su proyecto poltico, como asunto central en la implementacin del pacto suscrito y como condicin necesaria para la construccin de la paz con enfoque territorial. A la vez, que la forma de abordarse tal marco de garantas, antes que propiciar nuevos conflictos y dinmicas de violencia debe servir para superarlos y para contribuir a la difcil tarea encarada de construir en el mediano plazo condiciones hacia la reconciliacin nacional. As tambin se discute con acierto en la actual coyuntura nacional, advirtiendo de nuevo que los ataques contra los excombatientes de las FARC son un duro golpe tambin en tal perspectiva.

El camino a la reconciliacin de los colombianos se vislumbra prolongado y tortuoso. La eliminacin sistemtica de lderes comunitarios y tambin de excombatientes de las FARC, a los que se suman los actos de intolerancia organizados contra quienes dejaron las armas y tratan de obtener el apoyo ciudadano en las urnas, son claros obstculos para alcanzarla. La reconciliacin en un proceso necesario para evitar la transmisin intergeneracional del odio y el deseo de venganza, la polarizacin y la negacin de la humanidad del otro [12].

Amrica Latina en Movimiento

[1] Por un pacto contra los asesinos, Rodrigo Uprimny, El Espectador, 4 de febrero de 2018, pgina 39.

[2] Ibd.

[3] Criticar a Timochenko s, pero no as, editorial El Espectador, 6 de febrero de 2018, pgina 22.

[4] Transmisin simultnea en las cadenas de televisin de mensaje de Presidencia de la Repblica, 16 de febrero de 2018.

[5] Todos los candidatos deben rechazar la violencia, entrevista con el ministro del interior Rodrigo Rivera, Cecilia Orozco, El Espectador, 11 de febrero de 2018, pgina 9.

[6] Grupos de choque, del Centro Democrtico?, El Espectador, 11 de febrero de 2018, pgina 9.

[7] Exhortacin a los candidatos, editorial de El Tiempo, 11 de febrero de 2018, pgina 1.14.

[8] La hora de la verdad para la FARC en la poltica electoral, Marisol Gmez, El Tiempo, 28 de enero de 2018, pgina 1.6.

[9] Exhortacin a los candidatos, editorial de El Tiempo, 11 de febrero de 2018, pgina 1.14.

[10] Declaracin de Pablo Catatumbo a los medios de prensa y comunicacin, Bogot, DC, 18 de febrero de 2018.

[11] Sentencia T-719 de 2003, Corte Constitucional, M.P.: Manuel Jos Cepeda.[].

Adems, vale destacar la complejidad que han revestido y revisten los procesos de paz en Colombia, al no registrarse un pacto de paz integral, nico y simultneo con todas las insurgencias, ni haberse an superado integralmente el fenmeno paramilitar ni las economas ilegales en muchas regiones, lo que implica algos y diversos compromisos de distinto orden a tratar, especificados en el pacto de paz con las FARC, pero que se han hecho complejos y difciles en los escenarios de aplicacin tambin en la actualidad. Basta considerar el intenso nivel de conflictividad y violencia que atenta contra la poblacin amnistiada y sus entornos de proyeccin poltica, social y de reintegracin a la vida social, donde se conjugan riesgos desde las concepciones y prcticas de la contrainsurgencia an vigentes en sectores de la institucionalidad, herencias del paramilitarismo, redes mafiosas y economas ilegales incrustadas en muchas regiones, disidencia y descomposiciones delincuenciales con algunos ncleos de anteriores guerrilleros o milicianos de las FARC EP y desde la propia guerrilla del ELN que se ha proyectado militarmente en territorios antes de las FARC, propiciando tambin ataques contra excombatientes de sta guerrilla.

Exigimos al ELN que detenga todas sus acciones militares en contra de la poblacin civil e integrantes del partido FARC, que buscan la plena garanta de sus derechos y el avance de la implementacin del acuerdo de paz[[ Comunicado de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comn, 17 de febrero de 2018.

[12] Los obstculos a la reconciliacin, Weildler Guerra Curvero, el Espectador, 17 de febrero de 2018, pgina 30.


Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22771



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