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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-03-2018

La lder de la organizacin comunitaria, Berta Cceres, fue asesinada durante la lucha contra la hidroelctrica Agua Zarca
COPINH, 25 aos de resistencia indgena en Honduras

Enric Llopis
Rebelin


En junio de 2017 el Consejo Cvico de Organizaciones Populares e Indgenas de Honduras (COPINH) denunci las amenazas constantes incluso con la presencia de individuos armados- a la comunidad indgena Lenca de Ro Blanco, en el municipio de Intibuc, al oeste del pas. Fundado en 1993, el COPINH se define como una organizacin indigenista, antiimperialista y antipatriarcal. Las intimidaciones a miembros de la coordinadora se produjeron mientras stos laboraban en las vegas del Achiotal y el Culatn, en el rea donde la empresa Desarrollos Energticos SA (DESA) pretenda implantar la hidroelctrica Agua Zarca, con una capacidad de generacin energtica de 21,7 megavatios. Uno de los sujetos armados amenaz con asesinar a los hijos de Francisco Javier Snchez, integrante del Consejo Indgena de Ro Blanco y del COPINH. Snchez ha participado en un acto pblico organizado por la ONG Perifries en Valencia. Los das 24 y 25 de mayo de 2014 el lder Lenca tambin fue objeto de agresiones verbales, durante las detenciones policiales y torturas que siguieron al asesinato en Ro Blanco de William Jacobo Rodrguez, activista contra el proyecto Agua Zarca.

Se cumplan entonces tres meses de la llegada al poder del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernndez, del Partido Nacional, y las organizaciones populares le responsabilizaban de las polticas represivas del Estado. En mayo de 2014 el COPINH inform de la muerte de otro de sus militantes, Irene Meza, a causa de los disparos de bala al finalizar una asamblea indgena en el municipio deSan Francisco de Opalaca (Intibuc); las comunidades sealaron como autores del crimen a empleados de la alcalda, del Partido Nacional. Francisco Javier Snchez tambin denunci amenazas en el verano de 2016, tras un viaje por Europa con Rosalina Domnguez, otra de las lderes del Consejo Indgena de Ro Blanco; a las pocas semanas de la gira, cuatro encapuchados preguntaron por ellos a la medianoche en la comunidad de Ro Blanco.

El motivo de la visita a Europa era denunciar la participacin en el proyecto Agua Zarca en calidad de prestamistas y financiadores- del Banco de Desarrollo Holands (FMO) y el Fondo Finlands para la Cooperacin Industrial (FinnFund). Otro cofinanciadorera el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE), institucin regida por los ministros de Economa de los 13 pases miembro. Entre las empresas denunciadas tambin figura la alemana VoithHydro, participada por la multinacional Siemens, que operaba mediante contratos para el suministro de turbinas.

Es la historia de una larga lucha contra la hidroelctrica. Se sucedieron las acciones por la defensa del territorio, como la manifestacin de julio de 2014 en Tegucigalpa, en la que participaron 300 activistas del COPINH; o la de rechazo a la hidroelctrica de DESA frente a la alcalda de San Francisco de Ojuera, en noviembre de 2015. El 1 de abril de 2013 comunidades de los departamentos de Intibuc y Santa Brbara tomaron la carretera de acceso al sector de Ro Blanco, para impedir el acceso de las mquinas. Pidieron la retirada del proyecto Agua Zarca, por razones como el impacto sobre el ro Gualcarque, sagrado para la poblacin lenca; y subrayaron el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indgenas, ratificado por Honduras en 1995, que establece el deber de consulta en las decisiones que afecten (a las poblaciones) mediante procedimientos apropiados y a travs de sus instituciones representativas.

Durante la toma, el COPINH pidi apoyo internacional y en el resto del pas, ya que delegados de las empresas accedieron a la va ocupada, acompaados por la polica, y amenazaron a miembros de las comunidades. Haba presencia y hostigamiento militar, policial, guardias privados y sicarios, inform la activista Berta Cceres en una entrevista a la BBC. Segn el consejo de organizaciones indgenas, los empleados de las sociedades mercantiles destruyeron cultivos tradicionales y cercaron las fuentes de agua.

De qu empresas se trataba? Constituida en mayo 2009, DESA es la sociedad titular y promotora de la hidroelctrica Agua Zarca, prevista muy cerca de la comunidad de San Francisco de Ojuera (Santa Brbara). El informe Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cceres, publicado en febrero de 2017 por las ONG Oxfam, Land Rights Now y Defensoras de la Madre Tierra, detalla que en junio de 2010 DESA nombr desarrollador/gerente al ingeniero y subteniente de Inteligencia Militar, Roberto David Castillo Meja, quien anteriormente haba ejercido como Coordinador de Control de Gestin en la Empresa Nacional de Energa Elctrica (ENEE).

El Tribunal Superior de Cuentas investig en 2009 al militar por cobrar un salario de las fuerzas armadas mientras laboraba en la ENEE; y por la venta al ejrcito a travs de su empresa y a precio sobrevalorado- de material de oficina. El pasado dos de marzo la Fiscala orden la detencin de Castillo Meja, expresidente ejecutivo de DESA, por segn las investigaciones de la Agencia Tcnica de Investigacin Criminal- ser la persona encargada de proporcionar la logstica y otros recursos a uno de los autores materiales del asesinato de Berta Cceres. En un comunicado que sigui a la detencin, el COPIN denunci que Castillo es slo una pieza de la estructura criminal y asesina. En cuanto a las obras de Agua Zarca, corrieron a cargo de la multinacional china de ingeniera y construccin Sinohydro, que a finales de 2013 decidi su retirada del proyecto. Esta empresa desarrolla actualmente en Honduras las obras de la hidroelctrica Patuca III, en el departamento de Olancho, que contar con una capacidad instalada de 104 megavatios.

A los doce das de resistencia popular y bloqueo de las carreteras en abril de 2013, siete patrullas policiales procedieron al desalojo de los comunitarios, a lo que sigui una retoma pacfica. Continuaba la lucha. Y la represin. Pasados tres meses, un suboficial del ejrcito de Honduras asesin a Toms Garca, integrante del Consejo Indgena y Auxiliar de la comunidad Lenca de Ro Blanco y miembro del COPINH; dos aos despus fue condenado por el homicidio. El hijo del lder comunitario, Allan Garca, tambin result herido de bala. El historial de hostigamientos y ataques es extenso. En marzo de 2016 varios pistoleros asesinaron a otro dirigente del COPINH, Nelson Garca, tras un desalojo efectuado por la Polica Militar en el municipio de Ro Lindo (Corts). En octubre de 2016 fue tiroteada la camioneta en la que se desplazaba el coordinador general del COPINH, Toms Gmez. Unos meses despus, tres activistas de la organizacin comunitaria entre ellos la hija de Berta Cceres, Bertha Ziga- denunciaron dos ataques e intentos de asesinato.

El 6 de julio de 2017 dos de los bancos prestamistas del proyecto Agua Zarca FMO y FinnFund- alcanzaron un acuerdo con Desarrollos Energticos SA (DESA) por el que finalizaban su relacin contractual. Las dos sociedades dejaron de apoyar la construccin de la hidroelctrica para segn afirmaron en un comunicado- reducir las tensiones locales e internacionales en el rea. Pese a la retirada, FMO y FinnFund no consideran sus responsabilidades por la muerte y violaciones de derechos humanos resultado del proyecto, subrayaron portavoces del COPINH. Tambin el 6 de julio DESA anunci que suspenda la ejecucin de la infraestructura durante el dilogo con las comunidades, y como gesto de buena voluntad. Por otra parte, en octubre de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el COPINH- contra dos Decretos aprobados por el Congreso Nacional en 2011 que impulsaban la hidroelctrica. La Asociacin Hondurea de Energa Renovable (AHER), que rene a empresarios del sector, celebr la resolucin judicial como seal de estabilidad jurdica para favorecer el clima de inversiones.

La denuncia de ilegalidades en las concesiones salpica adems a la clase poltica. El exviceministro de la Secretara de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del Gobierno de Honduras, Daro Roberto Cardona Valle, fue detenido en octubre de 2016, ingres en prisin preventiva y ser juzgado por un presunto delito de Abuso de Autoridad; la acusacin contra Cardona Valle obedece a una supuesta ampliacin irregular, en 2013, de la licencia ambiental del proyecto Agua Zarca. La modificacin implicaba un incremento en la capacidad de generacin de la hidroelctrica de 14,4 a 21,7 megavatios- y el traslado de las obras de infraestructura, de Intibuc a San Francisco de Ojuera. Segn la fiscala, el procedimiento viol el Convenio 167 de la OIT, que obliga a una consulta libre, previa e informada a la poblacin indgena afectada por los proyectos. Otro exviceministro de la SERNA, Jonathan Lanez, se enfrenta a un proceso penal por la concesin de la licencia ambiental en 2011 a la hidroelctrica; asimismo, la Fiscala Especial de Etnias y Patrimonio Cultural pidi -en noviembre de 2016- el enjuiciamiento del exalcalde de Intibuc, Martiniano Domnguez Meza, por una presunta concesin irregular de los permisos municipales.

Sin embargo, la Misin de Apoyo contra la Corrupcin y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que en julio de 2017 anunci una investigacin sobre el caso Agua Zarca, afirma que ir ms all en las pesquisas. Esta delegacin de la Organizacin de Estados Americanos (OEA) pretende aclarar las responsabilidades, entre otros, de Rigoberto Cullar, actualmente Fiscal Adjunto de la Repblica y funcionario al frente de la SERNA cuando se otorgaron las licencias ambientales. Pero sobre todo indagar, en colaboracin con la Fiscala Especial de Etnias, acerca de posibles actos de corrupcin, fraude y lavado de dinero en las concesiones y financiacin de DESA.

La MACCIH advierte que la empresa titular de Agua Zarca firm con la Administracin los contratos para la generacin, transmisin y comercializacin de energa elctrica; y por otra parte de suministro de potencia y energa elctrica, antes incluso de obtener la licencia ambiental en marzo de 2011. Asimismo, segn el informe Situacin de los pueblos indgenas en Honduras (julio de 2016) de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, en 2011 DESA empez a comprar tierras en Ro Blanco supuestamente de propiedad privada y municipal para la construccin de la represa; sin embargo, las tierras eran parte del territorio ancestral de las comunidades lenca.

El COPINH convoc los das dos y tres de marzo de 2018 una jornada de lucha y resistencia en el pas y a escala global (frente a las embajadas de Honduras) por la memoria de la lder ambientalista y opositora al proyecto Agua Zarca, Berta Isabel Cceres, asesinada en la madrugada del dos de marzo de 2016 por al menos dos pistoleros en su domicilio de La Esperanza, en Intibuc; en la casa se hallaba tambin el activista mexicano Gustavo Castro Soto, que result herido de bala y es el nico testigo de los hechos. La convocatoria denuncia que el Estado de Honduras captur a los autores materiales e intermedios del crimen, pero no a aquellos sobre quienes recae la autora intelectual: empresarios y funcionarios estatales. En el municipio de La Esperanza, donde hace ms de dos dcadas se fund el COPIN, la organizacin comunitaria ha convocado entre el 22 y el 24 de marzo el Encuentro 25 aos por la Vida y la Justicia.

Por la muerte de Berta Cceres se encuentran en prisin preventiva y acusados de asesinato (o en grado de tentativa) el exgerente del rea social y ambiental de DESA, Sergio Rodrguez Orellana; el exjefe de seguridad de DESA y teniente retirado, Douglas Bustillo; el exmayor de las Fuerzas Armadas e instructor de la Polica Militar del Orden Pblico, Mariano Daz Chvez; los presuntos sicarios Elvin Rpalo, Emerson Duarte Meza y el oficial retirado Edilson Duarte Meza; el supuesto autor de los disparos contra Gustavo Castro, scar Torres Velsquez; y el exmilitar hondureo Henry Hernndez Rodrguez. Adems en noviembre de 2017 fueron detenidos un polica y un exagente policial, a quienes la Fiscala acusa de presentar pruebas falsas con el fin de desviar la atencin en las investigaciones.

Pero con independencia de las imputaciones, el proceso est rodeado de circunstancias como el robo -en septiembre de 2016- del expediente con la investigacin judicial del homicidio de Berta Cceres, despus que dos individuos asaltaran el automvil de la magistrada de la Corte de Apelaciones donde se hallaba la documentacin. En el segundo aniversario del asesinato de Berta Cceres, organizaciones populares y la familia se concentraron en las puertas del Ministerio Pblico (fiscala) en Tegucigalpa, donde reclamaron la captura y acusacin de los autores intelectuales del crimen; el COPIMH denunci que el Ministerio Pblico trata de ocultar por todos los medios la verdad en el caso. Los activistas tambin pidieron al Fiscal General un informe sobre los proyectos hidroelctricos emplazados en los departamentos de Lempira, La Paz, Intibuc y Santa Brbara.

En noviembre de 2017 vio la luz un informe Represa de violencia. El plan que asesin a Berta Cceres- del Grupo Asesor de Expertos Internacionales (GAIPE), formado a instancias de la familia de la lder ambientalista y el COPINH. Para la elaboracin del documento, los investigadores tuvieron acceso a informacin los registros telefnicos, extracciones de aparatos electrnicos y tarjetas SIM, pruebas en las que se basan las acusaciones de la fiscala contra los ocho procesados. El grupo de expertos concluye que la Secretara de Seguridad del Gobierno de Honduras destin proteccin a las instalaciones del proyecto Agua Zarca, influida por las relaciones con socios y personal directivo de DESA. A partir del anlisis de la informacin, los expertos agregan que el Gobierno omiti proteger a Berta Cceres, pese a que conoca el grave e inminente riesgo sobre su vida. Otra de las conclusiones es la participacin de directivos, empleados y guardias privados de la empresa, as como de efectivos de las fuerzas de seguridad y otras estructuras paralelas en actos delictivos perpetrados antes, durante y con posterioridad al asesinato de Berta Cceres.

El informe Honduras. El lugar ms peligroso para defender el planeta de la ONG Global Witness destaca que entre 2009, ao del golpe de estado que derroc al presidente Manuel Zelaya, y enero de 2017 fueron asesinados 123 activistas por la defensa del territorio en Honduras. En cuanto a la hidroelctrica Agua Zarca y DESA, la investigacin apunta algunos vnculos con altas instancias de poder. Por ejemplo, en la documentacin de DESA figura como secretario Roberto Pacheco Reyes, quien fue ministro de Gobernacin y Justicia en el Gobierno de Honduras; y como vicepresidente de la sociedad mercantil, Jacobo Nicols Atala, presidente ejecutivo del banco BAC Credomatic Honduras y miembro de una de las grandes familias de la oligarqua, los Atala. Adems, 18 defensores de derechos humanos, lderes comunitarios, sindicalistas y periodistas beneficiarios de medidas cautelares fueron asesinados entre 2009 y 2016, segn el Centro de Investigacin y Promocin de los Derechos Humanos (CIPRODEH). La Comisin Interamericana de Derechos Humanos pide a los estados la adopcin de estas medidas en situaciones de riesgo para personas o colectivos. Una de las asesinadas fue Berta Isabel Cceres.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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