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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 06-03-2018

Reseas-aproximaciones a La conjura de los irresponsables de Jordi Amat. Barcelona, Anagrama, 2018
Primera aproximacin a los puntos ciegos de la Constitucin

Rosa Guevara Landa
Rebelin


Estamos en el captulo I -El punto ciego- de La conjura de los irresponsables, de Jordi Amat [JA]. El protagonista es don Antonio Pedrol Rius [APR, tambin Antoni Pedrol i Rius] (1910-1992) y sus crticas jurdicas a la Constitucin de 1978. Pero hay tambin detalles interesantes no desarrollados sobre la historia y formacin de algunas grandes familias catalanas en este captulo de obertura.

APR, en el decir de JA, es una personaje singular. Su singularidad:

Hijo de una familia sin renombre, nacido en Reus (fue nombrado hijo ilustre de la ciudad en 1975), form parte de las Congregaciones Marianas (JA: un trampoln juvenil para acceder a las palancas de poder civil del catolicismo organizado), estudi Derecho en Zaragoza, carrera profesional en Madrid (desde donde enviaba crnicas para el diario catalanista democristiano El Mat); guerra civil en el grupo alzado; se integra en el mundo de la victoria: ser uno de los tcnicos calificados que formarn parte del cuerpo jurdico y militar que dar cobertura legal a la represin; funda un banco (en Tnger; en esa misma ciudad un primo segundo suyo, el catalanista Josep Andreu i Abell hizo fortuna; era un mecanismo del cual tambin particip, para enriquecerse, el padre de Jordi Pujol, don Florenci, uno de los dos fundadores de Banca Catalana); su despacho mercantil en Madrid gan prestigio durante los aos cincuenta y sesenta; sus clientes hicieron grandes negocios al calor de la dictadura y l con ellos; se mueve bien en los vasos comunicantes del poder de la capital porque es una pieza del engranaje de la lite del sistema

En sntesis, soy yo quien habla, una pieza de mucho cuidado y de largo y franquista curriculum. Como tantos otros.

Algunos detalles ms: estudia el asesinato del general reusense Prim, un ensayo que le prologa otra pieza de tanto o ms cuidado: Eduard Auns (otro cataln del Rgimen, como APR). Participa en el invento de la Costa Dorada (ms negocios) y el da en que es asesinado Carrero Blanco, diciembre de 1973, es elegido Decano del Colegio de Abogados de Madrid. Un ao ms tarde es elegido presidente del Consejo General de la Abogaca y, por supuesto, en el momento de las primeras elecciones legislativas de junio de 1977, Juan Carlos I le nombra senador. Senador, pues, por designacin real. Otros nombramientos de ciudadanos ilustres catalanes: Maurici Serrahima y Martn o Mart de Riquer.

Pues bien, durante la discusin en el senado del texto de la Constitucin APR advirti de algunos peligros. JA nos advierte, acaso innecesariamente, que don Pedrol no era un saboteador: lo que pretenda era localizar fisuras en el ordenamiento constitucional en construccin con el objetivo de sellarlas. Quera blindar la estabilidad del nuevo sistema poltico.

El rbitro del nuevo sistema, el Tribunal Constitucional, poda nacer tarado. Aqu entra lo singular e interesante de la lectura-interpretacin de JA que, por supuesto, lea muy bien y pensaba (desde la derecha) mejor que bien. Existan dos problemas.

El primero lo explic en El Pas en un artculo titulado: El Tribunal Constitucional, ese preocupante suprapoder. En l, comenta JA, se pensaba el problema como una consecuencia inherente al espritu de aquel proceso de transformacin institucional. El consenso era su virtud, pero poda ser tambin su trampa. El proyecto constitucional era intrnsecamente ambiguo. Algunas de las tesis y consideraciones de este artculo -que firm como Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Senador real- publicado un martes, el 19 de julio de 1978, , unos cinco meses antes de la aprobacin de la Constitucin. La cuestin de fondo: el procedimiento elegido para el nombramiento del TC.

Era explicable que un texto constitucional engendrado en el consenso buscara soslayar definiciones demasiado concretas cuando se haba encontrado con temas proclives al enfrentamiento, sostena APR, y personalidades de mxima relevancia poltica no oponen reparos al calificativo de ambigua para la redaccin del proyecto. Por otra parte, admite el senador real, la prctica ausencia de debates parlamentarios ha hecho innecesario esclarecer en pblico las oscuridades conscientemente adoptadas.

En definitiva, los grandes partidos aceptaban la indeterminacin del texto no slo porque les permite llegar ms fcilmente a unas reglas de juego comn, sino -por qu no decirlo?- porque todos creen que puede favorecerles en el futuro si el azar electoral soplase hacia su campo . Disfrutar del poder con una Constitucin permisiva de muy diversas y aun contrapuestas interpretaciones es una hiptesis atractiva y tentadora. Tan tentadora, remarcaba APR, que puede arrastrarles a forzar la mano en la interpretacin ms acorde con su programa e intereses de partido. Si ese supuesto llegaba a realidad (APR crea que haba muchos motivos para esperarlo o para temerlo), el partido o los partidos minoritarios alegarn la inconstitucionalidad de actos y leyes del partido gobernante y ya de entrada surgirn peligros para nuestra vida pblica. Qu peligros?

La batalla de la constitucionalidad o inconstitucionalidad habr de librarse sobre el edificio de la Constitucin, obligndonos a remover en sus cimientos, cuando lo cierto es que, por lo menos en bastantes aos, no conviene poner en cuestin ni siquiera una lnea del edificio.

APR no precis ese nmero de aos.

El proyecto actual, prosegua, haba previsto que habr problemas de esta clase creando el Tribunal Constitucional para resolverlos.

Una mirada al pasado. Los redactores de la Constitucin de 1931 iniciaron anlogo camino con lo que all se llam Tribunal de Garantas Constitucionales. Resultaba muy entretenida, en opinin de APR, la lectura del diario de sesiones del Congreso cuando se discuti el asunto en la II Repblica. Tachaban unos al Tribunal de extranjerizante y lo defendan otros con torrentes de citas de la doctrina austriaca [Kelsen], que haca furor en Espaa por aquellos tiempos. En el anteproyecto de la Comisin Jurdica Asesora ni el Congreso ni los dems poderes del Estado intervenan en la eleccin de los miembros del Tribunal, seguramente buscando apartarlos de las filiaciones partidistas. Unos venan por aplicacin de criterios automticos como, por ejemplo, el presidente de Sala ms antiguo y el ms moderno del Tribunal Supremo. Otros por eleccin de las Universidades y de los Colegios de Abogados. El nico resquicio para la poltica pura se dejaba a un representante para cada regin autnoma que se constituyese.

Pero cuando el anteproyecto de la Constitucin de 1931 lleg al Congreso los criterios fueron drsticamente modificados. El legislativo se reserv designar al presidente, se suprimi la presencia judicial y se enviaron, en cambio, algunos diputados. Se duplicaron los representantes de las regiones y se dejaron solamente los elegidos por los Colegios de Abogados y las Universidades. De aquel Tribunal, idealmente proyectado fuera de lo partidista, se pas a un organismo donde ste luca ya con todo esplendor, concluye APR. Los preceptos constitucionales relativos al Tribunal fueron desarrollados por una ley Orgnica cuyo defecto ms llamativo, por cierto, es que fue un texto... claramente inconstitucional. Resultados del experimento? La historia no relata ciertamente sus hechos gloriosos ni recoge juicios laudatorios.

Un antecesor suyo en el Decanato de Madrid, don Angel Ossorio y Gallardo, autor de una interesante biografa de Llus Compannys, habl de los miembros del Tribunal como de unos seores salidos de los casinos polticos para ser jueces de jueces, de gobernantes y de legisladores. El presidente Alcal Zamora, mucho despus, afirma que predominaban en su seno las medianas y las calamidades, y peda, a la vista de lo ocurrido, ocho o diez cuidadosamente seleccionados entre hombres cuya designacin no dependa de los vaivenes de la poltica.

Qu haba ocurrido, se preguntaba APR, para que una nave botada al mar poltico con tanta Ilusin encallase en tan pocos aos en una playa de generalizados reproches. Su respuesta: Sencillamente, que los componentes del Tribunal se olvidaron de su papel de rbitros y saltaron, como un contendiente ms, al campo de los verdaderos jugadores, los directivos polticos se encontraron, de pronto, con unos personales que, sin categora de lderes, se consideraban, y eran en efecto. muy importantes, porque disfrutaban del poder de interpretar la Constitucin. El experimento relatado estaba ah y ya haba transcurrido bastante tiempo para que podamos verlo con perspectiva histrica y extraerle conclusiones desapasionadas.

La cuestin, esta es una de sus tesis centrales, se presentaba ahora con caracteres mucho ms preocupantes que en 1931. Cuando Gregorio Peces-Barba, entonces diputado por el PSOE, haba advertido haca poco que, en un tema extraordinariamente polmico que se estaba discutiendo en el Congreso, quien en definitiva tendra la ltima palabra sera el Tribunal Constitucional, se produjo un revuelo a mi modo de ver totalmente injustificado, porque lo que el sagaz parlamentario afirmaba era la rigurosa verdad. Lo que ocurra, en opinin de APR:

Es que quiz nuestra clase poltica no se ha dado todava exacta cuenta del fabuloso poder que va a entregarse al Tribunal Constitucional, permitindole la libre interpretacin de una Constitucin fundamentalmente ambigua y autorizndole, en definitiva, a rellenar tantos espacios vacos, l o cual significa tanto como convertirle en rgano constituyent e y permitirle que, sin debates pblicos y sin apelacin posible, unos seores decidan lo que los parlamentarios deban haber decidido al discutir y aprobar la Constitucin y lo que el pueblo espaol tena derecho a saber en el momento de votar el referndum. Estamos creando -y conviene que seamos conscientes de ello- un suprapoder que primar de hecho sobre los dems poderes del Estado.

La solucin del texto actual consista, en aquellos momentos, en que de los doce miembros del TC dos sean elegidos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, dos a propuesta del Gobierno y ocho de las Cmaras. Dicho de otra manera: se ha ido mucho ms lejos que el anteproyecto del 31 y la Constitucin del mismo ao y para arbitrar conflictos entre polticos se adjudica casi ntegramente a los polticos el derecho a nombrar esos rbitros.

Esa era la realidad y convena que llamarla por su nombre. Que esa realidad se haya enmascarado con algunas honorables apariencias no cambia nada de su sustancia. Eran puras apariencias, como intentaba demostrar a continuacin.

Se exige que los candidatos sean magistrados, fiscales, funcionarios pblicos con conocimientos jurdicos, profesores o abogados con ms de quince aos de ejercicio y reconocida competencia. Hay en este pas bastantes millares de profesionales que pertenecen a los colectivos citados y que tienen ms de quince aos de ejercicio. El partido o partidos dominantes en la Cmara, afines adems al Gobierno, no tropezarn con limitacin alguna para llevar al Tribunal Constitucional a fieles y adictos partidarios.

Quedaba el requisito de la reconocida competencia. No era una barrera, sino una goma conceptual de ilimitada elasticidad. Se podra decir quiz: exigimos que los elija el voto favorable del 60 por 100 de las Cmaras. No serva de garanta en su opinin porque el partido o partidos entonces gobernantes obtendrn la mayora por s mismos o podrn obtenerla con alguna concesin poltica marginal a otros grupos parlamentarios. Era cierto que los miembros del Tribunal se elegan por nueve aos (aunque se renuevan por terceras partes cada tres), lo que haca pensar que algunos de ellos tendran la oportunidad de presenciar el desfile funerario de algunos Gobiernos y de diversas legislaturas.

Pero se ha pensado en el supuesto de que, siendo el Tribunal de un determinado color partidista en su origen, se encuentre despus con el color opuesto en el nuevo Gobierno y en las nuevas cmaras? No surgir entonces la tentacin para el partido en la oposicin de utilizar su influencia sobre el Tribunal para lanzarlo como arrolladora fuerza de choque y hacerles la vida imposible al Gobierno y a las propias Cmaras? O ser necesario que recuerde los ejemplos extranjeros de casos muy semejantes al que planteo y que han llegado a bloquear la vida poltica?

Lo ltimo, el freno de las incompatibilidades. Se les podra imponer tantas incompatibilidades como a un miembro de la carrera judicial. En efecto, as es; pero entre un miembro de ese Tribunal y un juez hay una diferencia esencial de origen. La siguiente: el juez no haba accedido a su carrera por el favor de un partido o de un grupo de partidos sino por una limpia va de mritos profesionales. Ningn partido poda, por tanto, pasarle factura de oratitud poltica.

El artculo, va finalizando APR, no iba escrito contra nadie en particular ni quisiera que quedase en pura crtica negativa. Aspiraba a transmitir su preocupacin porque se haba elegido un camino que consideraba errneo y en el que creo que estamos entrando sin que muchos se hayan parado a pensar hasta dnde puede conducirnos. Era su deber apuntar otras vas menos peligrosas. Las siguientes:

Ya que la Constitucin es ambigua, ya que nuestro TC deber asumir por este motivo funciones excepcionales no asumidas hasta ahora por ningn TC, hagmosle autnticamente independiente de los partidos. Y para ello es necesario objetivar, purificar del partidismo, las fuentes de designacin de sus miembros. Hagmosle las togas de sus magistrados de amianto [pobres magistrados, APR no saba de qu hablaba en este caso, la metfora es peor que mala!] y no de materiales polticos combustibles. Resgnense los partidos a no intervenir en los nombramientos. Busquen criterios de automatismo como los buscaron los redactores del anteproyecto de 1931. Dese ms intervencin al Consejo del Poder Judicial. Llamen a la Universidad y al Foro, como lo hizo la Constitucin del 31, para que les enven candidatos. Y si entonces el Tribunal yerra, sus errores no pueden ser achacados, por lo menos, a la influencia partidista.

Era posible, conclua don Pedro, que el lector pensara que simplemente por ser abogado y dirigente de la abogaca estaba defendiendo en inters propio la eleccin de algunos candidatos por nuestros Colegios. Su respuesta. No era corporativismo:

Ningn partido puede aspirar al monopolio de la voluntad de los ochenta y dos Colegios de Abogados del pas. No lo conseguira en Espaa ni lo consigue en los Colegios de la Europa Occidental. Y ello por una razn elemental: somos demasiado heterogneos en lo poltico y demasiado numerosos para que esa hegemona pudiera imponerse. A la hora de votar el abogado busca independencia, prestigio e integridad. Precisamente las cualidades que deberan definir nuestro Tribunal Constitucional.

Para tranquilidad de suspicaces conclua con estas palabras: cuanto antecede no constituye postulacin personal de cargo futuro. Fuera del mbito profesional me he limitado hasta ahora a ir solamente a cumplir mis deberes donde me han llamado. Cumplir los deberes donde le han llamado. La biografa de cada uno, cada cual la construye segn sus criterios e intereses. Las dems podemos objetar por supuesto.

Dos meses despus de publicar este artculo en El Pas , don APR plante un segundo problema, de mayor inters para nuestro asunto. Lo hizo en el Senado, el 6 de septiembre de 1978, tres meses antes de la aprobacin de la Constitucin. El TC poda quedar deslegitimado si se produca un escenario como el siguiente

Lo vemos en la prxima entrega.

Nota de edicin,Primera parte: Reseas-aproximaciones a La conjura de los irresponsables de Jordi Amat, Barcelona, Anagrama, 2018 El objetivo principal de La conjura. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=238091

 

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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