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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 07-03-2018

Catalunya escrpulo europeo

Alex Escamilla Imparato
Rebelin


Y he de deciros tambin que si algn da dominara en Catalunya otra voluntad

y resolviera remar ella sola su navo,

sera justo permitirlo y nuestro deber consistira en dejarlos en paz.

Manuel Azaa, 27 de marzo de 1930

 

El reciente conflicto soberanista que se est viviendo en Catalunya y que ha actualizado unas reivindicaciones histricas que deberan haber sido resueltas dentro de las dinmicas democrticas del Estado espaol, pone en evidencia que las instituciones nacidas de la Transicin han servido para bloquear un desarrollo del modelo de estado hacia un federalismo plurinacional ms acorde a la propia idea de Europa. Este bloqueo, ensayado localmente como modelo autonmico irreformable mediante procesos democrticos, podra estar generalizndose a la hora de configurar las instituciones de la UE con el fin de sustraer soberana, en este caso a nivel supranacional, tambin a una ciudadana que es esencialmente multicultural y tendiente a un polietnicismo producto de los movimientos migratorios globalizantes.

Hay suficientes razones para detenerse a pensar en lo que est ocurriendo en Catalunya entorno a algo fundamentalmente poltico como es el concepto de soberana, entre otras cosas porque hay tambin razones insuficientes que intentan liquidar la cuestin desde un acostumbrado pensamiento europeo que slo es capaz de ver en este asunto la expresin del temido veneno1 del nacionalismo. Como si con el simple hecho de maldecir el concepto de nacionalismo se lograra hacer desaparecer la idea de nacin o incluso la de pueblo. Tensionando la ocurrencia2 orteguiana de 1910 podramos llegar a decir ahora, un siglo despus, que si Catalunya sigue siendo el problema entonces ni Espaa ni Europa parecen ser la solucin. Pero de qu viejo problema estamos hablando todava? Qu nos duele exactamente a los europeos catalanes en este principio de siglo?

Escrpulo del lat. scrupŭlus, piedrecilla apunta a una molestia a la que le sigue una duda o recelo que inquieta a la conciencia sobre si es necesario hacer algo desde un punto de vista moral. De esta forma define el diccionario de la Real Academia Espaola esta palabra dndole como primera acepcin un sentido tico.

En estos ltimos aos, y de forma acelerada a partir del 1 de octubre de 2017, los acontecimientos polticos vividos en Catalunya han movilizado esa clase de sentimientos relacionados con la indignacin generando un movimiento democrtico transversal con races histricas que apuesta decididamente por el derecho de autodeterminacin de los pueblos. Un derecho poltico que pareca ya olvidado en las actuales democracias occidentales pero que se revela ahora como herramienta indispensable para plantearnos cmo debera constitucionalizarse un Estado de derecho cuya soberana residiera en una idea de nacin entendida como civitas multicultural, siguiendo el enfoque del filsofo canadiense Will Kymlicka, y por extensin cmo deberamos democratizar el espacio poltico supranacional que significa Europa para asumir los retos que plantea la globalizacin.

Parece que el viejo conflicto entre mayoras y minoras dentro de un espacio democrtico de gobernanza sigue vigente en la Europa globalizada y postcolonial del siglo XXI, poniendo en dificultades a los tericos modernos que haban intentado definir conceptos polticos tan problemticos como el de nacin o pueblo. En este sentido nos parecen tiles las investigaciones de Kymlicka y su riguroso anlisis de la integracin de las minoras culturales en sociedades con una cultura mayoritaria dominante dentro de lo que define como estados multinacionales y estados politnicos. Lo multicultural, trmino esencial en las investigaciones de este autor, hay que entenderlo desde los parmetros de la interculturalidad y en todo caso no reducirlo al modo en cmo se han aplicado ciertas polticas en el Reino Unido y Alemania generadoras de guetos y segregaciones. Resulta interesante la dialctica que puede establecerse entre el conocido concepto orteguiano de conllevancia y la forma de entender la relacin entre las distintas comunidades culturales y polticas que plantea el profesor Kymlicka para apreciar esa diferencia entre el multiculturalismo y el interculturalismo.

La idea orteguiana de conllevancia se nutre del concepto europeo ilustrado de tolerancia - y de identidad y libertad individual en un sentido fuerte-, pero desde nuestro presente, si incorporamos la crtica contempornea del trmino, podemos apreciarla como una virtud menor, una forma a menudo distante y jerarquizada de relacionarse con el otro, con el que es distinto a lo que nos identifica, y asociarla de este modo al tipo de polticas multiculturales de las que ahora Europa anuncia su fracaso. Otra manera de entender la diversidad cultural -identidades complejas en sociedades plurales- es la aproximacin intercultural que se sustenta en el reconocimiento mutuo y la aceptacin de la diferencia considerando que las sociedades democrticas no pueden alcanzar su pleno desarrollo sin fomentar el encuentro y la comprensin entre las diversas culturas del territorio.

Kymlicka, partiendo de la teora liberal del Estado y aceptando a la vez la importancia que tiene la cultura en el desarrollo del individuo, construye una oportuna defensa de la identidad cultural de los grupos sociales y de los pueblos y la necesidad de protegerlos mediante las instituciones y el derecho. Para defender la necesidad de una ciudadana diferenciada segn la cual el Estado debe adoptar medidas especficas en funcin de la pertenencia grupal orientadas a acomodar las diferencias nacionales y tnicas. Este autor piensa en tres formas de derechos diferenciados:

-Derechos de autogobierno (la delegacin de poderes a las minoras nacionales, a menudo a travs de algn tipo de federalismo).

-Derechos politnicos (apoyo financiero y proteccin legal para determinadas prcticas asociadas con determinados grupos tnicos o religiosos).

- Derechos especiales de representacin (escaos garantizados para grupos tnicos o nacionales en el seno de instituciones centrales del Estado que los engloba).

El modelo suizo, citado por Kymlicka, es un ejemplo de Estado multinacional, con cuatro lenguas diferentes, todas reconocidas como lenguas oficiales del estado muchos documentos traducidos por lo menos en dos o tres de ellas y con su representacin en los canales de radio y televisin pblicos, con sus dos cmaras federales una con el nmero de representantes en base a la poblacin del Cantn y la otra con dos representantes por cada Cantn, y responde a ese federalismo respetuoso e integrador de las minoras.

Otras formas de pluralismo cultural son producidas por los fenmenos migratorios y requieren segn este autor otro tipo de derechos especficos para erradicar las discriminaciones y los prejuicios, especialmente contra las minoras visibles, permitiendo expresar su particularidad cultural sin que ello obstaculice su participacin en las instituciones econmicas y polticas de la sociedad dominante. El autor considera pases como Australia, Canad o Estados Unidos como ejemplos de Estados politnicos -a la vez que multinacionales- debido a los procesos migratorios que han determinado su propia historia.

Esta forma de replantear el Estado de derecho liberal y aceptar su multinacionalidad y polietnicidad, garantizando derechos diferenciados, debe limitar a su vez con el Derecho internacional. Los derechos humanos actualmente ya figuran positivizados en la mayora de las constituciones del mundo. Los grupos deben respetar los derechos de sus miembros a la disidencia as como la capacidad crtica de replantearse sus propios valores, garantizando la libertad de conciencia de cada individuo para que no pueda ser usurpada por el grupo.

Convendra ser cautos tambin y no confundir el populismo, como lo hace el actual presidente de la Comisin Europea, con una suerte de ideologa demaggica o con un determinado contenido programtico de derechas o de izquierdas y considerarlo ms bien, en palabras de Ernesto Laclau, una fase constituyente dentro de la lgica poltica donde se busca consolidar un nuevo sujeto de la accin colectiva el pueblo con el fin de reconfigurar un orden social vivido como injusto. En Europa, la ruptura del pacto social que histricamente sostena el Estado del bienestar, las decisiones que se han tomado a raz de la Gran Recesin, la incapacidad de defender los derechos fundamentales dentro y fuera de sus fronteras con el indigno trato a los refugiados, son la condicin de posibilidad del momento populista que atraviesa la poltica actual y hacen urgente volver a dotar de sentido la idea misma de soberana, casi irreconocible desde su formulacin moderna en la Paz de Westfalia y vaciada de contenido en la actualidad por la hegemona de la ideologa neoliberal y por la globalizacin y las prcticas de movilidad. De la forma en cmo los europeos reaccionen ante esta crisis de la poltica liberal-democrtica depender la posibilidad de construir instituciones polticas que permitan el ejercicio legtimo de la soberana tanto a nivel nacional como supranacional.

Podra un asunto local tener la virtud de mostrarnos algo sobre cmo debera ser la necesaria cesin de soberana a unas instituciones supranacionales democrticas que gobiernan sobre un territorio esencialmente multicultural como es Europa?

La poblacin que rechaz la nonata Constitucin europea impuesta por los Estados vio postergado su derecho a iniciar un proceso constituyente, profundizando un dficit de representatividad de las instituciones supranacionales, y ahora vuelve a manifestarse de forma territorializada para recuperar ciertos niveles locales de soberana. Transfigurado en apariencia como la repeticin del viejo problema cataln3 y causante de un conflicto que Europa se empea en considerar un asunto interno del Estado espaol, lo ocurrido es clave tambin para avanzar sobre la necesaria cuestin de la soberana e identidad europeas.

El problema no es la necesaria idea de Europa, la de Ortega y la nuestra, ni tampoco la ms necesitada idea de una Espaa plurinacional4, sino la realidad poltica e institucional de la monarqua espaola y el club de estados en el que se ha convertido la UE, as como la forma en cmo entienden y ejercen la soberana en el siglo XXI. Pero para que esta molesta demanda del catalanismo soberanista, primero hacia el Reino de Espaa con la intencin de instituirse como Repblica, y luego hacia la integridad territorial del sur de Europa, pueda ser considerada reveladora polticamente hablando y de inters filosfico y no simplemente una repeticin del viejo fantasma nacionalista deberamos revisar con detenimiento y sin prejuicios el problema de la soberana nacional y la representatividad de las instituciones comunitarias. Si cabe pensar desde el liberalismo europeo en comunidades polticas comprometidas territorialmente con sistemas jurdicos e instituciones democrticas que protejan las diferencias culturales y que acerquen el poder de decisin y representacin a la ciudadana para que asuma su responsabilidad en el ejercicio del autogobierno.

Claramente pueblo y nacin son conceptos que siguen estando en disputa dentro del conflicto poltico del siglo XXI ms all del esquema moderno de izquierdas y derechas, y que en sociedades plurales como las nuestras deben ser reformulados con el fin de permitir nuevos pactos sociales que garanticen la gobernabilidad. Los flujos migratorios en la era global estn haciendo an ms compleja la idea misma de ciudadana y la capacidad de reconocer qu demandas polticas pueden ser consideradas como nacionales. Desde las instituciones nacionales y europeas en nombre del liberalismo se rechaza el nacionalismo y se repudia el populismo, aunque sean las mismas instituciones que ejercen el peor nacionalismo identitario y excluyente colonialista para justificar sus acciones o inacciones. Son los propios Estados los que utilizan los medios de comunicacin poltica masivos para generar propaganda y mediante el ruido -y la gestin interesada de la postverdad- controlar el mensaje que quieren imponer a las sociedades. En este sentido el esfuerzo de repensar el liberalismo clsico del filsofo canadiense Will Kymlicka en un mundo globalizado pero culturalmente fragmentado y su defensa del concepto de una ciudadana diferenciada puede sernos de gran ayuda para revisitar el conflicto soberanista en Europa.

Diacronas y sincronas del conflicto cataln

El concepto poltico de soberana tiene un largo recorrido desde que se ha ido forjando en la Edad Media hasta el pensamiento contemporneo y en nuestros sistemas liberales democrticos, en nuestras constituciones, ha ido adquiriendo distintas expresiones que van desde formulaciones ms progresistas/revolucionarias que consideran que la soberana reside en el pueblo, a ms liberales/conservadoras entendiendo que la soberana reside en la nacin. La relacin que necesariamente tiene que haber entre los distintos niveles de soberana definida en los Tratados de Maastricht hacen todava ms compleja esta discusin. El debate histrico en Europa a nivel nacional entre ambas concepciones, la de Rousseau y la de Sieys, ha ido confluyendo hasta encontrar el acomodo en textos constitucionales tan actuales como es el caso de la Constitucin espaola del 78 donde el Artculo 1.2 del Ttulo preliminar expresa que:

La soberana nacional reside en el pueblo espaol, del que emanan los poderes del Estado5.

Con esta clara fusin y confusin entre el concepto de pueblo y nacin se pretenda resolver la dicotoma entre las vas reformistas y revolucionarias surgidas de la propia tensin interna entre los principios de igualdad y libertad que aparece en todo sistema democrtico. La Constitucin espaola lejos de ser progresista como podran parecer ciertas partes del texto es muy conservadora e institucionaliza un Estado muy difcil de reformar, cerrando bajo llave conceptos clave como su forma monrquica o el de la nacin espaola, esencializndola en su indisoluble unidad en el Artculo 2 donde declara que:

La Constitucin se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nacin espaola, patria comn e indivisible de todos los espaoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonoma de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Muy comentado ha sido este artculo porque su redactado fue impuesto por parte de los grupos representantes del antiguo rgimen y las fuerzas militares, con el fin de fundamentar la Constitucin sobre la unidad de la nacin espaola y de esta forma desactivar jurdicamente cualquier posible interpretacin del trmino nacionalidades propuesto por socialistas, comunistas y nacionalistas, que justificara el reconocimiento futuro de otras aspiraciones federalistas. Un claro ejemplo contemporneo de cmo las clases dominantes han intentado construir un concepto de nacin para fundamentar su poder y blindar sus privilegios y su patrimonio monopolizando la interpretacin de dicha nacin, eliminando as las condiciones de superacin de su dominio y garantizando la pretensin de legitimidad de su gobierno.

El autonomismo se presentaba despus de cuarenta aos de dictadura como la nica solucin democrtica para resolver el problema territorial en Espaa, iniciando la necesaria descentralizacin del Estado, pero limitando la posibilidad reformista de llevar a cabo un intento federalista de entender la soberana. Seguimos anclados a una interpretacin conservadora de la solucin liberal de Ortega al problema de Espaa y parece que la tan alabada Constitucin del 78 ha fracasado como modelo6 justamente por no ser capaz de ir ms all del autonomismo sin dejar de ser un Estado de derecho7.

En el discurso que Ortega pronunci en 1931 en la Cortes Constituyentes de la Repblica deca:

Federalismo y autonomismo son: primero, dos ideas distintas; segundo, apenas tienen que ver entre s; tercero, como tendencias y en su raz, son ms bien antagnicas. () El autonomismo es un principio poltico que supone ya un Estado sobre cuya soberana indivisa no se discute porque no es cuestin. Dado ese Estado, el autonomismo propone que el ejercicio de ciertas funciones del Poder pblico cuantas ms mejor se entreguen, por entero, a rganos secundarios de aqul, sobre todo con base territorial. Por tanto, el autonomismo no habla una palabra sobre el problema de soberana. () El federalismo, en cambio, no supone el Estado, sino que, al revs, aspira a crear un nuevo Estado, con otros Estados preexistentes, y lo especfico de su idea se reduce exclusivamente al problema de la soberana. Propone que Estados independientes y soberanos cedan una porcin de su soberana a un Estado nuevo integral, quedndose ellos con otro trozo de la antigua soberana, que permanece limitando el nuevo Estado recin nacido. () Hablan de problemas diferentes. El federalismo se preocupa del problema de soberana; el autonomismo se preocupa de cmo haya manera de ejercer en forma descentralizada las funciones del Poder pblico que aquella soberana cre. () Son antagnicos. ()

Ah [en el autonomismo] est la solucin, y no segmentando la soberana, haciendo posible que maana cualquier regin, molestada por una simple ley fiscal, ensee al Estado, levantisca, sus bceps de soberana particular

Como es sabido Ortega piensa en la autonoma adaptando la metafsica de Leibniz de la Monadologa para interpretarla en clave poltica como una indivisible soberana que transmite el poder a sus partes delegando la administracin de ciertas competencias. Como si de un clculo infinitesimal se tratara, la gestin de las autonomas funcin derivada se reduce a la aplicacin territorializada del poder pblico Estatal funcin integral , implementndose como una mera cesin de la ejecucin de un plan establecido por la incuestionable soberana indivisible que detenta el Estado. La Transicin pactada con las fuerzas reaccionarias del pas aprovech esa circunstancial y racionalista8 solucin poltica de Ortega al problema de Espaa para implementar el nuevo Estado democrtico autonmico a la vez que configuraba unas instituciones limitadas en origen para avanzar hacia una reforma federal. Esta misma solucin es la que puede llegar a ser el verdadero problema de Europa si sus instituciones en vez de configurar un espacio supranacional de soberanas compartidas, siguiendo un modelo poltico autnticamente federal o confederal -donde la cuestin es la soberana como recordaba Ortega-, acaban convirtindose en la implementacin burocrtica e irreformable de una nica racionalidad soberana supranacional sin referencias territoriales ni culturales que se transmite de forma directa e incuestionable a sus autonomas estatales sin una fundamentada representatividad de la voluntad popular.

La cuestin catalana y el reconocimiento de su identidad nacional se convierte en la cuestin espaola y su incapacidad de resolver democrticamente su esencia plurinacional, que es a su vez la cuestin de la soberana y la identidad europeas.

Cronologa del conflicto

El inicio del actual conflicto cataln suele situarse en el proceso de reforma del Estatuto de autonoma, aprobado por el parlamento de Catalunya en 2006 y refrendado por la poblacin siguiendo los procedimientos democrticamente acordados, y que fue finalmente derogado por una sentencia del Tribunal Constitucional. En este caso la polmica institucin fu la encargada de redactar jurdicamente la interpretacin definitiva de la cuestin territorial en Espaa en la Constitucin, que no se pudo ni se quiso resolver completamente durante la Transicin, dejando simblicamente abierta la puerta, con el concepto de nacionalidades, a un reconocimiento de los derechos histricos de los llamados -tambin por Ortega- nacionalismos perifricos.

Esta sentencia del 2010 responda a un recurso poltico presentado por el Partido Popular, el partido que actualmente gobierna en Espaa y gestiona la crisis catalana, culminando de ese modo un proceso de deriva recentralizadora del Estado autonmico, iniciado en la segunda legislatura de Jos Mara Aznar de 2000, y una persecucin simblica al catalanismo poltico y cultural, con un especial inters en crear conflictos sociales por el uso de la lengua catalana en las escuelas y en las instituciones y los medios de comunicacin autonmicos.

En el nuevo Estatuto se pretenda ampliar el autogobierno en materia de poltica econmica y tributaria y fijar un principio de bilateralidad entre la Generalitat y el Estado que claramente abra la puerta al debate federalista. La va de la reforma democrtica pareca tener un lmite claro en el autonomismo expresado jurdicamente por la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010. Tampoco caba esperar por parte del Estado ningn reconocimiento de la identidad nacional catalana y por lo tanto se haca explcita la renuncia a su misma esencia plurinacional.

Desde entonces en Catalunya se inici una movilizacin ciudadana que ha ido ampliando su base social y que ha organizado manifestaciones masivas cada ao, de forma pacfica, con el fin de internacionalizar su demanda de autogobierno y abrir el debate en Europa. El movimiento de los indignados del 15-M del 2011 no slo diagnostic correctamente la crisis de la Constitucin del 78 y seal claramente la falta de representatividad del sistema poltico con el popular lema No nos representan o No somos mercancas en manos de polticos y banqueros, tambin supo poner en comn un nuevo espacio de configuracin de la realidad poltica. Ese espacio ensayado por el 15-M fue utilizado tambin por el catalanismo para consolidar el movimiento soberanista y darle capacidad autoorganizativa suficiente para generar en Catalunya lo que John Rawls llama consensos por superposicin overlapping consensus para seguir aumentando su base social. Este movimiento popular territorializado en una cultura poltica plural -de izquierdas y derechas, federalistas e independentistas- que aspira a un reconocimiento diferenciado de su soberana pero que ha sabido construir una ciudadana integradora, esencialmente bilinge desde una lengua minoritaria, con un tejido social muy activo tambin en lo econmico, representa una comunidad basada en una identidad claramente multinacional, tal y como la define Kymlicka, y mucho ms all de la poltica institucional de partidos, una idea de nacin -postmoderna y postcolonial- que debera tener cabida en Europa. Ms que un problema de fronteras dentro del espacio Schengen, lo que plantea el conflicto cataln es la necesidad legtima de un reconocimiento de identidades comunes frente a la lgica uniformizadora global.

Los partidos polticos catalanes, includos los herederos del pujolismo9, iniciada la crisis del rgimen del 78 y la escisin territorial del consenso constitucional puesta de manifiesto por la reforma del Estatut de 2006, aprovecharon el movimiento social surgido en las multitudinarias manifestaciones soberanistas para iniciar en 2012 lo que se ha denominado el procs y que podra resumirse como un proceso poltico dentro de las mismas instituciones autonmicas del Estado con el objetivo de lograr el derecho de autodeterminacin. Esta institucionalizacin del conflicto soberanista es importante para entender realmente el alcance de esta crisis poltica y de rgimen del Estado espaol, pero a la vez no debera confundirse con el movimiento social con races en el catalanismo histrico que ha ido fortalecindose a medida que la reaccin de todas las instituciones coercitivas del Estado central, as como la negativa de Europa a tomar cartas en el asunto, han mostrado sus propias contradicciones derrumbando poco a poco las garanta propias de un Estado de derecho.

Los datos sociolgicos nos dicen que durante ms de cinco aos, el 80% de los ciudadanos en Catalunya y un 57% de los ciudadanos espaoles estaban de acuerdo en legalizar un referndum de autodeterminacin. Como respuesta a la falta de propuestas del Estado, el 1 de octubre de 2017 ms de dos millones de personas consiguieron organizar una jornada electoral fuera de la legalidad, pero dentro de los principios de la desobediencia civil pacfica, defendiendo con sus cuerpos unas urnas que sobre todo expresaban una necesidad de reconocimiento poltico. A partir de entonces los acontecimientos sociales e institucionales fueron precipitndose por la insistente falta de un dilogo poltico. El discurso que el Rey, jefe del Estado y del ejrcito, pronunci el 3 de octubre y que evidenci el temor de la monarqua espaola a ser cuestionada, significaba tambin una brecha abierta entre los autodenominados constitucionalistas y los que quedaban fuera de ella en todo el mbito nacional. El 27 de octubre se precipit una declaracin10, ms simblica que jurdica, de Independencia en el mismo Parlamento de Catalunya. La judicializacin del conflicto junto con los mecanismos de excepcin que se estn aplicando amparndose en el artculo 155 de la Constitucin, estn afectando al Estado de derecho en Espaa y a los derechos civiles y polticos defendidos por Europa. Los diputados electos y activistas que actualmente siguen encarcelados o exiliados, las persecuciones judiciales a alcaldes locales, las medidas coercitivas a profesores y periodistas, el uso indiscriminado de los delitos de odio para perseguir la disidencia y la crtica en el mbito de la cultura o las recientes censuras de obras de arte, estn mostrando un claro debilitamiento de los principios democrticos en Espaa y un ataque directo a la libertad de expresin. Diversos organismos internacionales ya han denunciado el intento por parte del Estado espaol de criminalizar los movimientos pacficos de protesta, fenmeno preocupante que tambin est ocurriendo por ejemplo en EEUU con las movilizaciones contra Trump.

La cuestin de la soberana que, en palabras de Ortega, es la esencia del federalismo - diferencindolo del autonomismo-, no no nos debera doler slo a los que vivimos en Catalunya. Ortega acierta en ver que esencialmente la cuestin del federalismo: ...Propone que Estados independientes y soberanos cedan una porcin de su soberana a un Estado nuevo integral, quedndose ellos con otro trozo de la antigua soberana, que permanece limitando el nuevo Estado recin nacido. Quiz ese sea el nuevo reto del liberalismo democrtico del siglo XXI, tanto a nivel nacional como supranacional, y es el de saber reconocer cuando surgen nuevas comunidades polticas susceptibles a exigir legtimamente una representatividad de su soberana para garantizar derechos diferenciados dentro de una sociedad plural que no renuncie a construir un concepto de ciudadana compleja ms acorde a la actual realidad poltica.

La incapacidad de dar respuesta a estas nuevas necesidades ms bien es sintomtico de toda la construccin de una identidad y de un espacio poltico europeo que parece enmudecer cuando se le pone de cara al problema de la representatividad de sus instituciones y la legitimidad de su soberana.

Soberanistas de todos los pases, unos!

Notas:

1 El presidente de la Comisin Europea dentro del ciclo Espaa 40-40 organizado en Bruselas expresaba que sus mayores preocupaciones polticas eran: dos viejos conocidos de Europa, las tentaciones nacionalistas y la pujanza de la extrema derecha repitiendo insistentemente, como suele hacer Jean-Claude Juncker, que el nacionalismo es veneno.

2 Ortega y Gasset formula la conocida frase: Espaa es el problema; Europa la solucin junto con toda una generacin de intelectuales que pretendan superar el estado de decadencia en el que se encontraba Espaa despus de la prdida de las ltimas colonias con la esperanza puesta en los ideales europeos. Justo despus de formular esta sentencia Europa sucumbir a la destructiva Guerra Civil del siglo XX.

3 Ortega y Gasset dir: El problema cataln es un problema que no se puede resolver, que slo se puede conllevar y Llevamos muchos siglos juntos los unos con los otros, dolidamente, no lo discuto; pero eso, el conllevarnos dolidamente, es destino comn

4 Desde los tiempos de Ortega no se ha pensado mucho en la idea de Espaa constatndose ahora con el fracaso del autonomismo y la falta de opciones polticas propositivas que acepten la plurinacionalidad como horizonte poltico de un futuro digno.

5 Otras versiones propuestas ms progresistas del artculo expresaban que: La Soberana reside en el pueblo y se ejerce a travs de los poderes regulados en la Constitucin

6 No slo como texto jurdico sino tambin ha fracasado en el mbito intelectual como pretende denunciar la expresin del Rgimen del 78 y el movimiento 15-M dirigiendo sus crticas a la produccin cultural que ha servido para legitimar la Transicin espaola y sus imperdonables omisiones y olvidos.

7 La violencia policial, jurdica y poltica que el Estado ha puesto en funcionamiento para resolver la cuestin catalana est siendo denunciada por asociaciones de juristas y organizaciones como Amnista Internacional mostrando su preocupacin en relacin a la independencia judicial del Estado de derecho en Espaa.

8 No debe ser casual que, de todo el raciovitalismo de Ortega, los padres de la Constitucin y los que estaban a la sombra hayan aprovechado la parte ms racionalista de su pensamiento. El franquismo encontr en el desarrollismo la forma de perpetuar su poder poltico autoritario ms all de lo que debera haber permitido una Europa liberal acabada la guerra.

9 La Constitucin del 78 se encarg de integrar en el nuevo rgimen democrtico a las lites nacionalistas vasca y catalana, que se convirtieron en uno de sus pilares. El pujolismo que gobern hasta el 2003 acept moverse siempre dentro del autonomismo pactando competencias con el Estado central. La crisis del rgimen del 78 se convertir tambin en una escisin territorial basada en un pacto de intereses mutuos que ha acabado evidenciando con su ruptura un sistema de corrupcin y de financiacin ilegal de partidos.

10 La Declaracin Unilateral de Independencia aprobada en el Parlament, en forma de Propuesta de Resolucin, en realidad no tena ningn efecto jurdico. No slo por ser una propuesta no de ley (PNL), sino porque, adems, la declaracin se contena en la parte de la exposicin de motivos considerado ms bien como prembulo de una futura ley.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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