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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-03-2018

Regular a las empresas para defender los derechos humanos: un desafo global

Erika Gonzlez, Juan Hernndez y Pedro Ramiro
Revista Pueblos


Las voces de activistas y comunidades afectadas por los impactos de las empresas transnacionales se volvieron a expresar en octubre del pasado ao en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. Era la tercera sesin del grupo de trabajo intergubernamental que tiene el mandato de crear normas que obliguen a las compaas multinacionales a respetar los derechos humanos.

Jorcio Pires da Silva, habitante de un quilombola, territorio ancestral de las comunidades afrodescendientes de Brasil, era una de estas voces. Afirmaba que la mayor parte de las comunidades que habitan los quilombolas sufren actualmente violaciones continuas de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales. Como l, numerosas personas procedentes de todos los continentes constataban, a travs de sus testimonios, la ausencia de mecanismos eficaces que frenen los impactos de las grandes corporaciones, y reclamaban la necesidad y la urgencia de aprobar un instrumento jurdico de estas caractersticas en el mbito internacional.

El control sobre las transnacionales en Naciones Unidas

El grupo de trabajo intergubernamental de control sobre las transnacionales de Naciones Unidas tiene su origen en una resolucin aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014. Hasta ese momento, la lgica de la voluntariedad y la responsabilidad social corporativa haba prevalecido, aunque en los ltimos cuarenta aos no ha dejado de haber propuestas para que este organismo apruebe normas internacionales de carcter vinculante para las grandes corporaciones.

El primer intento se present en la dcada de los setenta, con el encargo de elaborar un cdigo de conducta obligatorio para estas compaas y la creacin de instancias que tenan por objeto el seguimiento de sus actividades. Veinte aos despus no haba ni cdigo ni instancias. Todo fue desmantelado por las presiones y la oposicin de las potencias econmicas y los lobbies empresariales como la Cmara Internacional de Comercio y la Organizacin Internacional de Empleadores. En su lugar, la ONU cre el Global Compact, basado en cdigos voluntarios de conducta.

A principios del siglo XXI, en la Subcomisin de Promocin y Proteccin de los Derechos Humanos se plante una nueva tentativa de superacin de la voluntariedad, basada en un proyecto de normas sobre multinacionales y derechos humanos. Su recorrido fue el mismo que en las anteriores dcadas: la oposicin de las grandes patronales, Estados Unidos y la UE, dio como resultado que esta iniciativa se metiera en un cajn. Al mismo tiempo, se aprobaron los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos en 2012. De ellos no se deriva ninguna nueva obligacin jurdica. Pero dos aos despus, este mismo rgano aprob la resolucin que permita avanzar hacia un instrumento vinculante.

Cmo fue posible que el Consejo cambiara tan rpidamente de orientacin? Uno de los factores que influyeron en la decisin fue una alteracin en la correlacin de fuerzas al interior de este rgano de Naciones Unidas. Como su composicin va rotando, en 2014 haba una presencia mayoritaria de pases que ven necesario incrementar el control sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos. Entre ellos, quienes encabezaban la propuesta: Ecuador y Sudfrica.

Adems, la Alianza por el Tratado, una amplia articulacin de ms de 1.000 organizaciones sociales y de derechos humanos de todo el mundo, estaba desarrollando una intensa actividad de incidencia a favor de la resolucin. El mismo representante de Ecuador reconoci entonces que nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil. [1]

Tras aprobarse la resolucin sobre el instrumento vinculante, volvieron a escenificarse las conocidas posiciones de los pases centrales y las empresas transnacionales. Estados Unidos no reconoci la votacin y dijo que no asumira el resultado que tuviera el proceso.

Por su parte, la UE s decidi participar y ha estado en las tres sesiones de trabajo realizadas hasta ahora. Eso s, lejos de contribuir al objetivo del mandato, se ha empleado a fondo para bloquearlo a travs de la imposicin de cuestiones que desvirtan y enmaraan los debates. Aunque el objetivo de la resolucin es elaborar un instrumento vinculante, continuamente se desacredita este debate y se intenta imponer los Principios Rectores como nica propuesta legtima de la ONU. Se afirma que un mayor control sobre las grandes corporaciones es discriminatorio frente al resto de empresas.

Cmo contina el grupo de trabajo intergubernamental?

La sombra del bloqueo definitivo acompa toda la tercera sesin celebrada del 23 al 27 de octubre de 2017. Lleg a su momento de mayor alcance el ltimo da, cuando se deba aprobar un informe que recoga las conclusiones de los debates y estableca los siguientes pasos a dar. Los pases de la UE no dejaron de mostrar su oposicin al mandato del grupo hasta el ltimo minuto. De hecho, cuando el presidente del grupo de trabajo golpe su mazo para expresar la aprobacin por consenso del informe, el representante de la UE estaba levantando su tarjeta para seguir interponiendo trabas. Vacil unos minutos, tras la incorporacin de una propuesta suya, y el intervalo fue aprovechado por el presidente para cerrar la sesin con la mirada puesta en 2018.

Es una victoria para quienes defendemos el proceso encaminado a un tratado, deca la campaa global Desmantelemos el poder corporativo en un comunicado [2] .Celebraba que se haba superado un momento crtico y vea la oportunidad de centrar la atencin en lo ms importante, el contenido del futuro tratado. Sin embargo, mucho nos tememos que el debate que se plantea ahora va a girar en torno a la burocracia y los largos procedimientos que han caracterizado este tipo de procesos en Naciones Unidas. No se puede ignorar qu ha ocurrido en anteriores ocasiones cuando se ha tratado de controlar a las grandes corporaciones. Tampoco la actual relacin de poder, que favorece de forma dominante a las elites polticoeconmicas.

Una de las formas ms utilizadas para descarrilar las propuestas en la ONU es eternizar los procesos [3] a travs de la burocracia, la ambigedad en los textos, los cuestionamientos del procedimiento utilizado y las diferentes formas de interpretar las resoluciones. Las potencias econmicas y las corporaciones no han hecho ms que empezar su estrategia de bloqueo. El mismo informe aprobado tiene varias interpretaciones.

Segn Alejandro Teitelbaum, jurista que ha trabajado durante varias dcadas en Naciones Unidas, hay razones para preocuparse [4] por el futuro del proceso: en las conclusiones de este informe se recomienda un cuarto periodo de sesiones, mientras en anteriores informes se convocaba directamente a la siguiente sesin. A su vez, el documento plantea consultas informales a las partes interesadas sobre el camino a seguir para la elaboracin de un instrumento jurdicamente vinculante. Eso le recuerda a Teitelbaum cmo se diluy el proyecto de Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, presentado en 1990. En vez de aprobar el proyecto de Protocolo, lo que hizo el Comit del Pacto fue nombrar a un relator especial. Tras 19 aos de debates, se aprob un Protocolo muy diluido y claramente insuficiente.

Es lo que puede ocurrir en las prximas reuniones del Consejo de Derechos Humanos, que tendrn lugar en marzo y junio del presente ao. El cuestionamiento del grupo de trabajo puede ser esta vez ms eficaz porque ha habido un cambio en la composicin de ese organismo. Ahora, la mayora de los Estados que han entrado a ocupar un asiento permanente en el Consejo hasta 2020, incluido Espaa, son hostiles al instrumento vinculante. As, parece probable que los pases alineados con la UE y EEUU presenten resoluciones para hacer caer este proceso de creacin de normas que obliguen a las transnacionales a cumplir los derechos humanos.

Qu hacer?

Las organizaciones sociales que han venido trabajando para la aprobacin de esta normativa internacional vinculante siguen apostando por ella, incluso en un escenario que se torna cada vez ms adverso. Pero parece prioritario reflexionar sobre las estrategias a seguir para no perderse en procesos largos y burocrticos, as como para no generar falsas expectativas y, a la vez, poder fortalecer la capacidad de denuncia, movilizacin e incidencia.

Lo primero es valorar el espacio que se da a las Naciones Unidas en las campaas contra el poder corporativo. No puede ser central, sino una herramienta ms de trabajo. El objetivo de este planteamiento es evitar que la accin social y poltica de los colectivos y movimientos en resistencia quede condicionada a los tiempos del Consejo de Derechos Humanos.

La apuesta, entonces, puede dirigirse a seguir potenciando lgicas contrahegemnicas en lo local, regional, nacional y global. Algunos buenos ejemplos en este sentido son las alianzas frente a los acuerdos y tratados de comercio e inversiones, frente a las privatizaciones y por la remunicipalizacin de servicios pblicos, el apoyo a la huelga global de las mujeres y la lucha contra la Organizacin Mundial del Comercio. Todo ello, sin renunciar a la aprobacin de normas internacionales de carcter obligatorio.

En el plano jurdico la propuesta se sostiene en tres claves. Primero, fortalecer la idea de un Derecho Internacional desde abajo, un uso alternativo del Derecho construido por organizaciones y redes sociales, comunidades afectadas por las transnacionales y sectores crticos de la academia. Segundo, poner lmites al enriquecimiento de las lites econmicas a travs de un nuevo acuerdo internacional que deje fuera de la acumulacin del capital a los derechos humanos, medioambientales y laborales. Y, tercero, invertir la pirmide jurdica internacional, es decir, crear un marco normativo que exprese claramente que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es jerrquicamente superior a las normas de comercio e inversiones.

Estas ideas fuerza pueden plasmarse en campaas y demandas para la incorporacin de clusulas socioambientales en la contratacin pblica de las administraciones locales y regionales, como primer criterio de seleccin. Tambin en el trabajo dentro de los plenos municipales y parlamentos autonmicos para llevar adelante declaraciones institucionales y mociones a favor de este tipo de normas.

Se puede seguir la senda iniciada por las organizaciones sociales que en Catalunya consiguieron introducir el debate y dar los primeros pasos para crear un centro pblico con el objetivo de vigilar la actividad internacional de las empresas con sede en su territorio.

Una instancia as, que adems asegure la participacin social, es un buen primer paso. El siguiente puede ser la presin para la completa transformacin de las polticas autonmicas y estatales de internacionalizacin de la empresa, con situar los derechos humanos el marco de actuacin econmica internacional, la eliminacin de medidas que vayan en su contra, la exclusin de compaas que hayan vulnerado derechos humanos de los incentivos previstas y ampliar la participacin en este mbito a entidades sociales y sindicales [5].

Fortalecer el discurso y crear leyes

El contexto en Naciones Unidas puede favorecer la creacin de leyes nacionales sobre el control de las grandes corporaciones y el cumplimiento de las obligaciones extraterritoriales de los Estados. El debate sobre la necesidad de avanzar hacia normas vinculantes ha dejado de ser una cuestin exclusiva de organizaciones sociales y de derechos humanos: ahora ha vuelto a estar en el centro de la agenda internacional y, por lo tanto, la propuesta de replicar este proceso en la escala estatal puede tener una entrada ms fcil en los parlamentos nacionales.

El ejemplo de Francia y su ley de debida diligencia de las empresas transnacionales en su cadena de suministro puede servir de aprendizaje. El proceso de elaboracin de esta ley dur varios aos hasta que aprobada en 2017 y, tras numerosas negociaciones para impedir su bloqueo, la ley resultante ha quedado muy diluida en sus exigencias y no tiene mecanismos de sancin ante su incumplimiento.

Por lo tanto, el estudio de este proceso puede ayudar a identificar y definir estrategias ante las barreras polticas y jurdicas que van a interponerse en la creacin de una normativa estatal ms exigente. Hay que contemplar, en funcin de cmo evolucione la tramitacin de una ley de este tipo, que es mejor no aprobar una mala norma a tener una que pueda cercenar las posibilidades a futuro de conseguir un resultado ms ambicioso.

En el mbito internacional es imprescindible contrarrestar el discurso empresarial e institucional que limita la responsabilidad empresarial a la voluntariedad de los Principios Rectores. Por ejemplo, sealando la ausencia de mecanismos e instancias de control en los planes nacionales sobre empresas y derechos humanos que se estn aprobando en la UE y en diversos pases de Amrica Latina.

Estos planes, basados en los Principios Rectores, tienen como medidas centrales para el sector empresarial los incentivos y la sensibilizacin. As ocurre con el Plan de Accin Nacional de Empresas y Derechos Humanos aprobado por el gobierno espaol en 2017. Como se dice al inicio del documento, el Plan contribuye a fortalecer la ventaja competitiva de las empresas espaolas en el mercado global. Su aprobacin, adems, se ha caracterizado por el secretismo y su contenido consolida la lgica de la autorregulacin [6].

Cmo seguir en Naciones Unidas?

La campaa global Desmantelemos el poder corporativo ha venido acompaando el grupo de trabajo intergubernamental de Naciones Unidas, poniendo sobre la mesa diferentes propuestas para avanzar hacia el tratado vinculante. Desarroll seis principios fundamentales que deben ser una gua para este tratado. Entre ellos estn las obligaciones de las corporaciones, los Estados y las Instituciones Econmico Financieras Internacionales, as como las instancias y los mecanismos necesarios para hacerles cumplir con su responsabilidad.

A partir de estas premisas elabor su propuesta de Tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que recoge la participacin de numerosos movimientos, colectivos y especialistas. Es un reflejo del derecho creado desde abajo, desde las luchas y resistencias de las comunidades. Queda por delante toda una tarea de divulgacin del texto de forma pedaggica y cercana a las bases de los movimientos sociales y comunidades.

Hasta el momento de la negociacin de un tratado al uso en las Naciones Unidas, la campaa global se puede mover con documentos y propuestas alternativas con textos contundentes, claros, precisos y con ideas-fuerza muy ntidas al margen de la lgica voluntaria. Cuanto ms detallado y complejo jurdicamente sea el texto que proponen ms se exponen a las crticas, a los procedimientos opacos y a las interpretaciones muy formales y restrictivas y, adems, vinculadas al poder corporativo del Derecho Internacional.

El inicio de la negociacin marca el momento en el que la colaboracin de juristas especializados en diferentes ramas del Derecho puede ser clave para la traduccin al lenguaje jurdico de sus propuestas. Esa traduccin podr consistir en la adaptacin de las mismas al derecho internacional existente, en la bsqueda de grietas del mismo para forzar interpretaciones favorables o en apostar por modificaciones normativas de carcter contrahegemnico.

En este tipo de negociaciones hay que cuestionar el consejo del realismo. Se orienta especialmente a las organizaciones sociales en sus reclamaciones a que sean pragmticas y tengan altura de miras si quieren llegar a algn acuerdo. El problema es que la idea de realismo de movimientos y comunidades no es la misma que tienen los gobiernos de los pases centrales y las empresas transnacionales [7] . El realismo del que hablan se basa en una negociacin asimtrica que suele terminar en resultados vacos y poco precisos. Se necesita un tratado con contenidos, no un tratado a cualquier precio.

Notas

[1] Gonzlez, E.; Kucharz, T.; Marco, I.; Palacios, A.M.; Mart, J.; y Vargas, M. (2014): Un pequeo paso contra la impunidad de las transnacionales, Diagonal, n 226.

[2] Comunicado de prensa de 2 de noviembre de 2017 de la Campaa Global para Reivindicar la Soberana de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad: El tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos entra en modo de negociacin.

[3] Hernndez Zubizarreta, J.; y Ramiro, Pedro (2017): Naciones Unidas y el consenso de los poderosos, La Marea.

[4] Teitelbaum, Alejandro (2017): Activismo triunfalista vs. realidad de los hechos, Rebelion.org.

[5] Martija, G.; Fernndez, G.; Plaza, B.; y Hernndez, J. (2017): Anlisis de la poltica de internacionalizacin empresarial del Gobierno Vasco, Coordinadora de ONGD de Euskadi.

[6] Hernndez Zubizarreta, J.; y Ramiro, Pedro (2017): Los derechos humanos como ventaja competitiva, La Marea.

[7] Ver nota 3.


 Erika Gonzlez, Juan Hernndez (@JuanHZubiza) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL) Paz con Dignidad.

- Artculo publicado en el n 76 de Pueblos Revista de Informacin y Debate, primer cuatrimestre de 2018, monogrfico Tratados comerciales, ofensiva contra nuestras vidas.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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