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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 10-03-2018

Artculo 135: Ni un minuto ms

Alberto Garzn Espinosa y Carlos Snchez Mato
Pblico


Cuentan las leyendas que en poca de los fundadores de Roma, Rmulo y Remo, los habitantes de la ciudad se apostaron en las fortificaciones del Capitolio para impedir que fuera conquistada por los sabinos. Pero Tarpeya, la hija del guardin de la fortaleza se enamor del rey sabino Tito Tacio y abri las puertas de la ciudad a los invasores. Los sabinos se consideraban gente de honor y no admitan la traicin jams, tampoco la que se pudiera realizar en su favor. Por eso, nada ms conquistar Roma, asesinaron a Tarpeya aplastndola con el peso de los escudos.

Nada como mirar al pasado para poder analizar lo ocurrido cuando se aprob en septiembre de 2011 en el Congreso de los Diputados una reforma de constitucional de enorme calado para introducir de forma urgente en la Carta Magna estrictas limitaciones a las cuentas pblicas y a la capacidad del Estado para impulsar polticas econmicas y desarrollar el Estado social.

La mayora social se sinti como los romanos traicionados y el PSOE, que fue quien abri las puertas de la modificacin constitucional, no fue precisamente premiado por quienes llevaban tiempo soando con constitucionalizar la ideologa neoliberal para justificar jurdicamente los recortes. Respondi as a las exigencias dictadas por gobiernos e instituciones econmicas supranacionales ajenas a la voluntad popular del pueblo espaol como han reconocido posteriormente los impulsores de esta modificacin. Usaron para ello todas las posibilidades que la normativa contemplaba para eludir el debate y para ello la reforma se hizo a travs de una flexibilizacin extrema del procedimiento. PSOE y PP tramitaron la reforma por el procedimiento de urgencia y su aprobacin en lectura nica, siendo admitida por la Presidencia de la Cmara en pleno mes de agosto. Finalmente la alianza instrumental de ambos partidos super con creces los votos necesarios para sacarla adelante aunque con la frontal oposicin del resto de grupos. Algunos por las formas en las que se produjo la tramitacin, otros como Izquierda Unida, tambin por el fondo de la cuestin. Porque esta reforma es frontalmente antisocial ya que el apartado 3 del reformado artculo 135 pas a indicar que el pago de los intereses y el capital de la deuda pblica de las Administraciones gozara de prioridad absoluta, lo cual atenta gravemente contra el artculo 1.1 de la Constitucin al introducir ese pago como un valor superior a los de la justicia y la igualdad en la definicin del Estado espaol como Estado social y democrtico de Derecho. De hecho, las estrictas limitaciones al dficit y la deuda pblica y la priorizacin del pago de la deuda, restringen sobremanera la capacidad del Estado para impulsar la economa ya que el Estado no solo invierte en infraestructuras fsicas, sino tambin en justicia, investigacin, sanidad o educacin que son gastos esenciales para el desarrollo econmico del pas. No hacerlo supone tambin comprometer los ingresos futuros del propio Estado y, por tanto, compromete la propia estabilidad presupuestaria que pretende blindar con la reforma constitucional.

Porque es evidente que no se trat de una solucin tcnica ante un problema concreto. Se aplic la ideologa de las polticas de austeridad que ha sido cuestionada hasta por sus propios impulsores como el FMI o la Comisin Europea que en recientes informes han reconocido que esas recetas son perjudiciales para el buen funcionamiento de la economa. Convirti de un plumazo en inconstitucional en Espaa la poltica econmica lanzada en el marco del G20 de 2009, que promovi el desarrollo de impulsos fiscales y que evit que la gran recesin se convirtiera en una depresin econmica similar a la de 1930.

Y para quien pretenda escudarse en la dramtica situacin de la deuda pblica en ese momento, solo decir que la deuda total de la economa espaola, la suma de valores distintos de acciones y el saldo vivo de prstamos, ascenda a finales de 2011 a 4,3 billones de euros, es decir un 402% del PIB. Del total de la deuda, la de las Administraciones Pblicas era el 77% del PIB. La de las familias era ligeramente superior y alcanzaba el 83% del PIB, la de las sociedades no financieras y las financieras eran respectivamente, el 136%, y el 107% del PIB. En definitiva, la deuda pblica solo supona uno de cada cinco euros en la economa espaola y sin embargo, se la responsabiliz de la situacin crtica hasta el punto de cambiar la Constitucin para ejecutar el desmantelamiento del Estado social.

No ha sido la nica y dramtica consecuencia del pacto de agosto de 2011 porque adems, la reforma constitucional ha causado un dao letal a la autonoma financiera y la responsabilidad fiscal de las Comunidades Autnomas y Corporaciones Locales, establecidas en el artculo 140 y 156 de la propia Constitucin.

Tanto la reforma constitucional como su desarrollo a travs de la Ley Orgnica de Estabilidad Presupuestaria fueron innecesarios, pues ya tenamos instrumentos legales suficientes para fijar lmites razonables al dficit y la deuda. La inclusin de lmites de dficit y deuda no es precisa por reiterativa, pues figura inscrita en el Tratado de la Unin Europea que ya forma parte de nuestro marco jurdico.

Por eso hay que dejar claro que no puede seguir esta situacin ni un minuto ms y desde Izquierda Unida hemos promovido que nuestro Grupo Parlamentario de UNIDOS PODEMOS-EN COM PODEM-EN MAREA, presentemos una Proposicin de Ley de reforma del artculo 135 de la Constitucin Espaola para garantizar la prioridad del gasto en servicios pblicos fundamentarles frente a cualquier otro gasto. Es imprescindible a los ojos de cualquiera preservar una financiacin suficiente para sanidad, educacin, pensiones y servicios sociales bsicos al ser servicios pblicos fundamentales. Son, adems, gastos esenciales para el desarrollo econmico y, por tanto, para fortalecer tambin los ingresos de las administraciones pblicas y procurar su sostenibilidad financiera. Es imprescindible indicar que la reforma del artculo 135 propuesta, no elimina el principio de estabilidad presupuestaria, previsto en normas europeas, de nuestro ordenamiento jurdico. Simplemente refuerza los mecanismos de garanta de los derechos bsicos de la ciudadana suprimiendo la preferencia absoluta en el pago de la deuda, y establece que ser una ley orgnica la que desarrolle el principio de estabilidad presupuestaria, siempre compatible con una poltica presupuestaria orientada a garantizar la prestacin de servicios pblicos de calidad, la consecucin del pleno empleo y la reduccin de la pobreza.

Es la hora de que el PSOE, adems de reconocer el grave error que supuso su actuacin en 2011, se ponga del lado de la mayora social y contribuya a la mejora de las condiciones de vida de las y los ciudadanos de nuestro pas derogando esa infausta reforma.

Ni un minuto ms.

Alberto Garzn Espinosa, coordinador federal de IU.

Carlos Snchez Mato, responsable de Polticas Econmicas de IU.

Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/25313/articulo-135-ni-un-minuto-mas/



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