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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 14-03-2018

La rebelin de los pensionistas

Juan Francisco Martn Seco
Repblica de las ideas


Las pensiones pblicas se han visto siempre amenazadas, pero no por las limitaciones econmicas, sino por los intereses del sistema financiero y de las fuerzas econmicas. La ofensiva ha sido constante. Ya en los aos ochenta y noventa el sistema pblico sufri varias reformas, todas ellas encaminadas al empeoramiento de las condiciones para los beneficiarios, pero ha sido en este siglo, con la llegada del euro y principalmente con la crisis econmica, cuando el ataque ha sido frreo y ha afectado a los mismos cimientos del sistema.

Las pensiones pblicas han estado en el centro de todas las polticas de austeridad y de los diversos ajustes impuestos a los pases miembros por Bruselas. En Espaa la agresin se inici en aquella fatdica noche de mayo de 2010 en la que, contra toda lgica, Zapatero y su ministra de Economa se entregaron sin resistencia alguna a las presiones de Alemania. Junto al tajo dado a las retribuciones de los empleados pblicos, se congelaron las pensiones. La ofensiva continu con la reforma acometida ms tarde, en 2011, por el mismo Zapatero, en la que ya se perfilaba el factor de sostenibilidad; pero se consum y perfeccion con la emprendida por Rajoy en 2013, con efectos letales tanto por la eliminacin de la actualizacin anual de la pensin por el incremento del IPC, como por la concrecin del factor de sostenibilidad, que amenaza seriamente la cuanta de las futuras prestaciones.

Todas estas modificaciones en el sistema han tenido un mismo origen, la coaccin, de una o de otra forma de Bruselas. Difcilmente se puede hablar por tanto de haber superado la crisis, si no se les restituyen a los pensionistas sus anteriores derechos. No puede extraarnos, en consecuencia, el grado de virulencia que estn mostrando las mltiples manifestaciones de pensionistas. Era evidente que cuando la inflacin retornase a tasas normales, iba a hacerse presente uno de los efectos ms negativos de la reforma, la depreciacin progresiva de la cuanta en trminos reales de las prestaciones.

Durante este tiempo, las distintas fuerzas polticas han estado mareando la perdiz sin enfrentarse seriamente con este problema. Tan solo cuando los pensionistas se han echado a la calle es cuando han intervenido, pero con una nica finalidad: pescar votos en ro revuelto. Junto a los muchos errores, el Pacto de Toledo tena dos aspectos positivos. El primero, el compromiso de todos los partidos de no utilizar las pensiones como arma electoral; el segundo, garantizar a los jubilados que sus prestaciones mantendran el poder adquisitivo. Ambos factores parecen haberse perdido en el momento presente.

En el tema de las pensiones -que afecta tanto a los jubilados actuales como a los futuros- se dan dos aspectos que, aunque conectados, conviene separar. Uno es el de la actualizacin anual de las pensiones, contemplado hasta en la Carta Magna; el otro es el de la solvencia del sistema en el futuro.

La actualizacin o no de las pensiones por el IPC es un falso problema que solo aparece como tal cuando se rodea de falacias. En la poca en la que estaba vigente la actualizacin de las prestaciones por el IPC, si la inflacin haba crecido ms de lo esperado y haba que pagar la correspondiente diferencia a los jubilados, casi todos los medios de comunicacin asuman la mentira de que representaba un coste adicional al erario pblico, lo que no es cierto, ya que con la inflacin tambin se incrementan los ingresos del sector pblico en igual o mayor cuanta.

Antiguamente muchas familias de economa modesta cuando iban a tener un hijo afirmaban, con cierta irona, esa especie de mxima de que los nios traan un pan debajo del brazo, lo cual en la mayora de los casos no era cierto. Pero algo parecido, y en esta ocasin s que con razn, se puede predicar del impacto de la inflacin sobre el presupuesto del Estado. La inflacin viene con su financiacin debajo del brazo, porque si bien puede incrementar los gastos del Estado, tambin aumenta automticamente todos los ingresos.

Hacienda afirma que este ao la recaudacin impositiva va viento en popa. La razn hay que buscarla ciertamente en que la economa en trminos reales est creciendo un 3%, pero tambin en el incremento de los precios, que aumenta de forma automtica los ingresos del Estado. No hay, por lo tanto, ninguna razn para negarse a la actualizacin. Rechazarla es tan solo aprovechar la inflacin para hacer una transferencia de recursos del colectivo de los pensionistas a las otras aplicaciones presupuestarias o a la reduccin del dficit.

La excusa que utiliza el Gobierno, y de alguna forma tambin Ciudadanos, la carencia de recursos presupuestarios, no es aceptable. Es un tema de eleccin, de decisin poltica. Por qu el recorte tiene que ser en las pensiones y no en otras partidas de gasto? Por qu no en defensa, en la financiacin de las Comunidades Autnomas, en los gastos de los Ayuntamientos o en las inversiones pblicas? Por qu no prescindir de los compromisos adquiridos con Ciudadanos de bajada de impuestos, de establecer los complementos salariales que en el fondo suponen una subvencin a los empresarios, o de reducir las cotizaciones sociales? Por qu quitar a los pensionistas lo que les corresponde para dedicarlo a otras partidas quizs mucho ms dudosas e inadecuadas?

La no actualizacin puede considerarse un robo, un verdadero expolio. Constituye sin justificacin un impuesto especfico a los pensionistas. Impuesto que tiene un carcter acumulativo, lo que produce a medio plazo efectos devastadores en las pensiones. Imaginemos una inflacin promedio anual del 2%. El primer ao la no actualizacin es equivalente a un impuesto del 2%, el segundo ao sera de un 4% (2,02 x 2,02), del 6% el tercer ao. Y as sucesivamente. El ao diez, el impuesto acumulativo sera equivalente al 22%. El ao veinte, el impuesto sera del 48%. Es decir, para una persona que llevase 20 aos de jubilacin, la pensin sin actualizacin anual sera la mitad de lo que le correspondera si se hubiese actualizado ao a ao.

La protesta de los pensionistas est obligando a todos los partidos a pronunciarse. El Gobierno se est viendo forzado a dar una alternativa, alternativa que no es fcil de entender. Se trata de conceder a algunos pensionistas una desgravacin fiscal. Todos los gobiernos tienen la tentacin, contra la lgica ms elemental de la Hacienda Pblica, de conceder las ayudas sociales como minoracin de ingresos, en lugar de a travs del correspondiente captulo de gastos. Adems de los muchos defectos que la teora impositiva predica de los gastos fiscales, hay que sealar que la finalidad de la administracin tributaria es la de cobrar los impuestos y perseguir el fraude, no la de gestionar las pensiones. Para este cometido, ya est el Ministerio de Trabajo.

Aun cuando no se conoce bien en qu va a consistir el alcance concreto de la medida, se puede afirmar que solo hay una explicacin para huir de la actualizacin anual de las pensiones por el IPC y establecer en su lugar una prestacin social a los pensionistas. La razn hay que buscarla en que el coste de esta ayuda ser muy inferior al de la actualizacin, seguramente porque el nmero de beneficiarios ser muy reducido, pero tambin y principalmente porque la prestacin no ser acumulativa y en el caso de la actualizacin, s.

El Gobierno en su argumentacin est utilizando cifras que pueden inducir a engao. Afirma que la pensin media ha crecido en el ltimo ao el 14%. El dato puede ser cierto, pero la razn no es, tal como se asegura, porque ese haya sido el incremento de las pensiones individuales, sino porque las prestaciones de los jubilados que abandonan el sistema es sustancialmente inferior a la de los jubilados que se incorporan, lo que es ms bien revelador de cmo la cuanta de las pensiones se deteriora a lo largo del tiempo, y eso que hasta ahora se han venido actualizando por el IPC.

Desde el Ministerio de Trabajo, departamento del que han surgido las reformas ms duras y reaccionarias (no s por qu los pensionistas se fueron a manifestar ante el Ministerio de Hacienda en lugar de ir al de Trabajo, que es el que elabor la ley), se ha filtrado un cuadro que ha recogido algn peridico de Madrid. Pretende mostrar cmo evolucionar en el futuro el porcentaje del gasto en pensiones sobre el PIB, si se actualizasen las prestaciones por el IPC. Distingue varios escenarios segn el incremento real de la economa, pero curiosamente la hiptesis que escoge para la inflacin siempre es la misma, 1,8%. La razn es evidente, los datos son idnticos sea cual sea la inflacin; incluso si esta fuese cero y por lo tanto no hubiese ninguna actualizacin de las prestaciones. No s si los datos son buenos o malos. Solo el ministerio tiene las tripas, y conoce las hiptesis sobre las que se han elaborado, pero cuadros como este se vienen confeccionando desde los aos ochenta sin que jams se haya acertado en las previsiones a tan largo plazo. En cualquier caso, lo que es seguro es que la evolucin del porcentaje del gasto sobre el PIB no depende de la inflacin ni de que se actualicen las pensiones. Otra cosa es que se quiera aprovechar la inflacin para rebajar las prestaciones a los jubilados y conseguir as que el gasto total se reduzca. En ese caso es innegable que cuanto mayor sea el IPC, mayor ser el recorte que se d en trminos reales a las pensiones y menor, el gasto total, lo que no tiene mucho sentido.

Ante el tema de la revalorizacin, el lder de Ciudadanos se pone trascendente y afirma que ese no es el problema, sino que hay que acudir al tema de la sostenibilidad a largo plazo, y habla de crear empleo, de subir los salarios, de arreglar el problema de la natalidad, de la conciliacin. Todo eso est muy bien, pero, mientras se consigue, permtase a los jubilados actuales no perder al menos poder adquisitivo. Es la falsa parbola de la caa y el pez, que tanto emplean los que se oponen a las prestaciones sociales. Lo de ensear a pescar puede ser muy bueno, pero mientras aprende, dsele el pez al que lo necesita, porque mientras aprende o no se ha podido morir de hambre. Algo parecido ocurre con las pensiones. Mientras se crea empleo, se corrige la tasa de natalidad o se suben los salarios, mantngase el poder adquisitivo de los pensionistas.

La viabilidad del sistema pblico de pensiones no se puede cifrar en el mero hecho de rebajar poco a poco las prestaciones, que es lo que se lleva haciendo reforma tras reforma. Eso no es hacerlo viable, sino destruirlo paso a paso. Adems, as soluciona el problema cualquiera. El remedio tampoco puede venir ni de la natalidad ni de la conciliacin, ni siquiera del empleo y de los salarios en s mismos. Para mostrar y asegurar la viabilidad del sistema hay que sacar las pensiones del estrecho margen de la Seguridad Social y de las cotizaciones y situarlo entre todas las obligaciones del Estado y de un Estado Social que es el que establece nuestra Constitucin. Pero este aspecto merece un artculo completo, as que lo dejamos para la prxima semana.

Fuente: http://www.republica.com/contrapunto/2018/03/08/la-rebelion-los-pensionistas/#



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