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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 21-03-2018

Colectivos sociales presentan un convenio para la regularizacin del agua en 5 bloques con familias realojadas por la PAH

Rebelin


Colectivos sociales presentaron ayer en Madrid una propuesta de convenio con el Canal de Isabel II para regularizar el suministro de agua -o llevar agua all donde no est instalada- en domicilios habitados por personas sin ttulo de propiedad ni alquiler. El convenio, que ya se aplica en otras comunidades autnomas y municipios como Barcelona y Terrassa, da tambin respuesta a la necesidad inmediata de 70 vecinos y vecinas realojados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en cuatro bloques en Vallecas, y a otros 56 en el municipio de Arganda, y que estn a la espera de que el propio Canal presente un convenio para regularizar la situacin de los bloques con suministro y dotar de agua a 20 de esas viviendas (40 personas repartidas en dos bloques y tres viviendas individuales) que no tienen suministro de agua corriente. As lo anunciaron representantes de PAH Vallekas, Plataforma contra la Privatizacin del Canal de Isabel II y Alianza contra la Pobreza Energtica (APE) en una rueda de prensa conjunta.

El 12 de diciembre de 2017, el Canal de Isabel II se mostr de acuerdo en iniciar los trmites para la regularizacin del suministro de agua en estos y otros casos que les presentara la PAH, en una reunin de los representantes de PAH Vallekas y PAH Arganda en la que estaban presentes Juan Zubizarreta y Lourdes Polo, respectivamente director comercial y subdirectora comercial de la entidad. El acuerdo implicaba la instalacin de agua y de contadores sin necesidad del permiso previo de la propiedad. Para ello, el Canal acordara con los ayuntamientos implicados un convenio especfico para atender estas necesidades. Segn ha denunciado la PAH hoy en la rueda de prensa, tres meses despus de este acuerdo no hay avances concretos y la propuesta de convenio sigue sin llegar. "Ante la poca proactividad del Canal, hemos decidido hacer lo que hacemos siempre: hacer el trabajo que las administraciones no quieren sacar adelante y proponer un modelo de convenio que podra solucionar maana mismo el problema. Si es un convenio lo que falta, ya lo tienen", seal Diego Sanz, portavoz de PAH Vallekas. La PAH ha solicitado una reunin a todas las instancias implicadas (los ayuntamientos de Madrid y Arganda y el Canal de Isabel II) para presentarles la propuesta de convenio, sin que hasta el momento estas hayan respondido. Se da la circunstancia de que el alcalde de Arganda, Guillermo Hita (PSOE) es el presidente de la Federacin de Municipios Madrileos, lo cual hace "doblemente necesaria" la implicacin activa de Hita en la solucin "por su condicin de alcalde de una de las localidades afectadas y de presidente de la institucin que coordina y representa a los municipios madrileos", segn seal Sanz.

La propuesta de convenio presentada toma como modelo el que el Grupo Agbar Suez ha firmado con diversos municipios de Catalua, entre ellos Barcelona y Terrassa, y que en municipios ms pequeos como El Vendrell estn vigentes desde finales de 2015. El convenio simplemente establece que con un informe especifico de servicios sociales en el que se reconozca la situacin de exclusin residencial de las personas que viven en la vivienda y la necesidad de instalar un contador de agua. Esta peticin se traslada a la empresa de aguas que procede a realizar un contrato provisional hasta que se regularice la situacin con la vivienda. "Es cierto que estos convenios se han conseguido gracias a la presin ciudadana en la calle, es inaceptable que existiendo la solucin que desde hace aos ya se est aplicando en otros municipios del estado espaol, estas famlias esten viviendo desde hace aos sin un derecho tan bsico como es el agua", explic Mara Campuzano, de la Alianza contra la Pobreza Energtica. "El Canal tiene que actualizar un reglamento de 1975 para poder dar respuesta a este tipo de necesidades, pero mientras tanto no puede mirar a otro lado y desde hoy ya tiene una propuesta sobre la mesan para empezar a trabajar", seal Gonzalo Marn, de la Plataforma Contra la Privatizacin del Canal de Isabel II. "En Madrid y en pleno siglo XXI hay personas que por trabas administrativas, ms que por imposibilidad de pagar, no tienen acceso a agua corriente, una necesidad bsica y un derecho humano reconocido por Naciones Unidas en su Asamblea General de julio de 2010. El derecho humano al agua es legalmente vinculante para los pases como Espaa que suscribieron el Pacto Internacional de derechos econmicos, sociales y culturales, por lo que las administraciones pblicas estn comprometidas a respetarlo, protegerlo y cumplirlo".

"Todas las partes implicadas, desde el ayuntamiento hasta el Canal, pasando por la propiedad, tienen la documentacin de todas las vecinas de estos bloques desde hace tiempo. Entendemos que la instalacin de contadores tendra que empezar maana mismo, porque no podemos esperar ms", seal Laura Lpez, de PAH Vallekas y vecina de uno de los bloques sin suministro de agua. Lpez detall que en los bloques viven menores de edad, ancianos y personas con enfermedades crnicas. A eso se aade las dificultades de vivir sin agua, cuyo efecto en la salud fsica y mental han sido detallados por la Organizacin Mundial de la Salud.

Las viviendas afectadas forman parte de la campaa de la Obra social de la PAH, con la que la Plataforma realoja en edificios abandonados propiedad de bancos y fondos a hogares afectados por los desahucios. Todos ellos han ido siendo recuperados por la PAH en los ltimos aos, desde el ms antiguo en la calle Sierra de Llerena de Puente de Vallecas -recuperado en enero de 2012- hasta el ms reciente en la calle Londres del municipio de Arganda. De los 5 bloques, 3 estn en conversaciones con la propiedad para conseguir alquileres sociales. No obstante, todava no se ha firmado ningn alquiler social, pese a que en un caso -de nuevo, Sierra de Llerena- las negociaciones comenzaron hace ya ms de tres aos y se ha entregado en varias ocasiones la documentacin requerida por la propiedad. A estos bloques se suman tres viviendas individuales, pertenecientes a la Agencia de Vivienda Social y localizadas en el municipio de Arganda.

"Todas estas situaciones estaran ms que solucionadas si el Congreso legislara para asegurar los alquileres sociales, la vivienda pblica, los suministros y la segunda oportunidad para miles de hogares", record Sanz, algo a lo que se niega el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. "Mientras el Congreso no legisle en el sentido presentado por la Ley de la PAH, seguiremos llevando nuestras propuestas en todos los niveles, como hoy hemos hecho con esta propuesta de convenio. Y recurriremos a la desobediencia civil y a la accin directa si a pesar de todo estas propuestas no son escuchadas", concluy.


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