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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 23-03-2018

La poltica criminal en Colombia, mas de lo mismo

Equipo Jurdico Pueblos


Varios hechos en los ltimos meses dejan mucho que decir sobre si se estn dando o no pasos certeros hacia la construccin de una poltica criminal concordante con los derechos humanos, en especial el de la libertad y la dignidad humana.

Poltica criminal con doble rasero

En enero del presente ao, el presidente Juan Manuel Santos sali a los medios de comunicacin a hacer un llamado a los jueces del pas a no dejar en libertad a personas capturadas en flagrancia. Segn el mandatario un porcentaje importante de los delitos estn siendo perpetrados por personas que ya haban cometido los delitos, reincidentes por lo cual anuncia que se reunir con el Consejo Superior de la Judicatura porque es un tema que cada vez nos preocupa ms y la Polica, y todo ese esfuerzo que hace la Fiscala, pues queda frustrado porque los jueces dejan en libertad a estos delincuentes.

En febrero, en el marco de la contienda electoral por la Presidencia de la Repblica, todos los candidatos y precandidatos, a excepcin de Gustavo Petro, al unsono han abogado por el aumento del pie de fuerza policial, la implementacin de polticas de prevencin basadas en la geo-referenciacin, el incremento de la vigilancia a travs de cmaras y reformas legislativas para evitar la libertad de quienes cometen delitos en flagrancia e incluso para promover mayor severidad en la sancin contra menores de edad que incursionan o se ven involucrados en el delito. Aunque parezca mentira, al plantear propuestas en materia de poltica criminal, a) Se culpa de la reincidencia delictiva e incremento de la inseguridad, al excesivo garantismo y proteccionismo a los delincuentes; b) Se propugna por procedimientos judiciales expedidos que permitan condenas exprs a quienes son capturados en ejecucin de un punible; c) Se culpa a los jueces de liberar a los detenidos; d) Se proponen polticas de cero tolerancia y e) de construccin de nuevas crceles. Tmidamente algunos de ellos hablan de penas y medidas alternativas a la prisin y programas de inclusin social.

Mientras exigen mano dura contra la delincuencia callejera y los delitos de hambre, olvidan que los partidos polticos que les avalan, han sido fuertemente cuestionados por sus proximidades con estructuras paramilitares, y el involucramiento en casos de desviacin de recursos pblicos, recibo de coimas de empresas privadas a cambio de multimillonarios contratos y de podredumbre en la administracin de justicia desde los ms altos niveles. Segn El Espectador Los partidos que cuentan con mayor cantidad de candidatos cuestionados por vnculos con grupos ilegales, corrupcin, escndalos como el de Odebrecht o el Cartel de la Toga, son: el partido Cambio Radical (27%), partido de la U (26%), partido Conservador (14%), partido Liberal (14%) y partido Opcin Ciudadana (12%). Frente a esta realidad se han mostrado ajenos y sin sonrojo slo atinan a tomar la anticorrupcin como bandera discurso de candidatos y precandidatos del pasado, y que aos ms tarde se ve derruido ante los hechos que se logran traslucir a la opinin pblica.

En este contexto, el Ministro de Justicia, Enrique Gil, se ha visto acorralado por los medios y otros polticos, al defender el Proyecto de Ley 014 de 2017; an tibio en reformas progresivas en materia de beneficios, subrogados y derechos de las y los presos del pas.

La falacia de los jueces y la legislacin garantistas

Ellos/a y Santos que culpan sin atino a los jueces de la repblica por liberar presuntos delincuentes reincidentes, omiten informarle al pas que Segn datos de la Defensora del Pueblo, del total de casos del SNDP (Sistema Nacional de Defensora Pblica) que llegaron a audiencias de imposicin de medidas de aseguramiento (90.898), en un 84,6% de ellos stas fueron decretadas (76.949), mientras que tan slo en el 15,4% de los casos no fueron decretadas (13.949). De hecho, podemos decir sin temor a errar, que si hay algo por lo que no se caracterizan los jueces en Colombia, es por su garantismo y que no es gratuito aquel adagio popular que indica que una medida de aseguramiento no se le niega a nadie

De otra parte, decir que la legislacin colombiana es un dechado de garantas, es ms que falso. Al contrario, los ltimos aos en materia de reformas legislativas, se ha distinguido por restringir y excluir beneficios y subrogados y prolongar la privacin de la libertad a quienes incurren (o son acusados de incurrir) en un amplio y ambiguo catlogo de punibles (Para la muestra ver/leer artculo 68 A del Cdigo Penal vigente). La Corte Constitucional, en Sentencia T-388 de 2013 seal adems que La tendencia al endurecimiento punitivo es una caracterstica de la poltica criminal colombiana que, segn el diagnstico realizado por la Comisin Asesora, puede evidenciarse a partir del estudio de: (i) la creacin de nuevas conductas penales, (ii) el incremento en las penas mnimas y mximas de los delitos existentes y, (iii) el aumento de las personas privadas de la libertad. Por otro lado calific la poltica criminal como poco reflexiva frente a los retos del contexto nacional, subordinada a la poltica de seguridad, inestable e inconsistente y voltil, en tanto, existe debilidad institucional. As pues, las luminosos planteamientos de los polticos en campaa electoral, resultan -cuando menos- pocos estudiosas y altamente regresivos en materia de derechos humanos.

Prevencin a travs de la represin

Lo ms grave. Para hablar del carcter preventivo de la poltica criminal; algunos candidatos/a han hecho gala de la ms retrgrada nocin de prevencin y seguridad, defendiendo descarada o veladamente- propuestas de tolerancia cero, muy estrechamente relacionadas con algunos enfoques de la geo-prevencin del delito (que por lo general se traducen o bien en el aislamiento/cercamiento de barrios populares, o su ocupacin /militarizacin-) e iniciativas que exacerban el poder policial e incitan a su abuso.

La implementacin de polticas de Tolerancia cero en otros pases, especialmente en los EEUU, habla de un incremento ostensible de violaciones a los derechos humanos perpetradas por la fuerza pblica. El modelo () se concentr en tres aspectos especficos: 1.Focalizar la atencin en las faltas y contravenciones que afectan la calidad de vida [incivilidad]; 2. Trabajar en la comunidades -no con ellas- para la reduccin de estas faltas; 3. Evaluar los riesgos y, sobre todo, las poblaciones que constituyen un riesgo para la seguridad que en la prctica son los sectores marginados, de determinado origen y color, plantean Farid Samir Benavides Vanegas y Juan Carlos Garzn Vergara. Y explican adems que esta concepcin tuvo su fundamento en teora de las ventanas rotas diseada por James Q. Wilson, Catherine M. Coles y George L. Kelling, para quienes existe una relacin de causalidad entre el desorden callejero y el delito, por lo que justifican la intervencin violenta con carcter preventivo de la polica frente a situaciones o conductas que se califican como infracciones a la convivencia o actos de incivilidad.

Benavides y Garzn sealan tambin que tras la invitacin realizada por el entonces Alcalde de Nueva York (aos 90) Giuliani; para bajar las tasas de criminalidad, el comisionado Bratton retom mtodos policiales de antao, de los tiempos cuando, segn los idelogos de las ventanas rotas, los tribunales, los medios de comunicacin y las leyes no haban atado de manos a la Polica. Bajo este supuesto, el uso de la identificacin y registro (conocido como stop and frisk) fue el pan de cada da, dirigida a todo aquel que pareciera un sospechoso. En definitiva: una invitacin al abuso policial.Cualquier parecido con los argumentos que los polticos que ofrecen seguridad a Colombia, es pura coincidencia

Quienes defienden el modelo de tolerancia cero descartan de tajo la relacin entre la realidad social y el delito, ms an, la entienden justamente al revs; al establecer casi como rasgos de proclividad a la delincuencia, aspectos como la extraccin social, tnica o cultural (ser pobre, negro/a, habitante de calle, joven rapero, etc), el lugar de procedencia (barrios populares, determinadas zonas rurales), entre otras expresiones de un sistema econmico y poltico excluyente como el actual. Con ello, se sigue afianzando una poltica de discriminacin y construccin de esa otredad que merece y debe ser reprimida y eliminada. Una suerte de presunta anticipacin al delito, extirpando lo que ellos (las clases dominantes) identifican como su causa.

Perverso pero cierto y es una realidad en Colombia! No gratuitamente en noviembre de 2013 Giuliani pis suelo colombiano y sostuvo dilogos con el presidente Santos (visita y conversacin que pasaron desapercibidos para la opinin pblica) y varios meses ms tarde se present por el gobierno el Proyecto de Ley nmero 99 de 2014, a la postre convertido en el actual cdigo nacional de polica.

Desde esta lectura tambin pueden entenderse mejor los desesperados intentos de Pealosa, por legitimar y justificar la medida adoptada por la Alcalda Mayor de Bogot en el sentido de prohibir el transporte parrillero hombres en motocicletas de determinado cilindraje, en algunos barios de la capital; bajo el argumento de que haba un incremento de los delitos de hurto en la ciudad. Ejemplos como estos abundan en el pas, lo grave es que se pretenda reforzar este cuestionado modelo de prevencin y seguridad restrictivo de libertades e institucionalizante de la segregacin, por parte de los candidatos presidenciales.

Una anotacin ms, relacionada con el asunto. En esta coyuntura electoral, el ex ministro de defensa Juan Carlos Pinzn fue considerado por Rudolph Giuliani como el candidato ms apropiado para Colombia. Manifest el ex alcalde de Nueva York que el referido candidato es la persona mejor preparada en asuntos de seguridad, sugiriendo que se debe llegar a un acuerdo entre polica, fiscales y jueces para evitar que los detenidos obtengan la libertad. Hoy -16 de marzo-, se anunci que Pinzn ser la formula vicepresidencial de Germn Vargas Lleras; el poltico que de manera abierta habla de implementar un modelo de Tolerancia Cero. Definitivamente Vargas-Pinzn una dupla caliginosa.

Las prcticas sociales genocidas y la poltica criminal de impunidad

Muy contrario a la despiadada persecucin y represin que se cierne sobre lo que se han llamado delitos de pobreza; la poltica criminal en Colombia frente lo que por hoy llamaremos delitos de Estado y/o de riqueza es blanda y promueve la impunidad.

Las directrices que ha expedido la Fiscala para investigar y perseguir la macro-criminalidad del paramilitarismo no permite avanzar hacia la determinacin de beneficiarios ni diseadores (nacionales y extranjeros) del proyecto; tampoco promueven la develacin de mximos responsables (civiles y militares) de otros crmenes de Estado. El rgano de persecucin estatal ni antes ni ahora- ha mostrado inters en indagar seria y exhaustivamente sobre estas prcticas criminales sistemticas, menos an ha evidenciado que stas ha formado parte de una prctica social genocida. Las instancias diseadas para el juzgamiento de altos dignatarios del poder poltico del pas, son un verdadera mofa a la justicia. La podredumbre en la judicatura, empezando desde su cpula, es cuando menos una vergenza y apenas la punta del Iceberg. La promocin de leyes de punto final que hoy se gestan impedir avanzar en investigaciones y retroceder en las culminadas etc. Todas estas, son expresiones de una cosa: La poltica criminal del pas, impone el negacionismo y la impunidad como respuesta a los delitos de Estado y/o de riqueza.

La realidad habla por s sola. En materia de poltica criminal, los prximos gobernantes (que no es igual a decir los actuales candidatos a la presidencia) prometen ms de lo mismo.

 

http://caracol.com.co/radio/2018/01/22/nacional/1516598180_064482.html

https://noticias.caracoltv.com/colombia-decide-2018/que-propuestas-tienen-los-candidatos-presidenciales-para-frenar-la-delincuencia

dem 2.

https://www.elespectador.com/elecciones-2018/noticias/politica/los-candidatos-al-congreso-que-tienen-cuestionamientos-articulo-742686

Ver sobre el particular, informe de la Comisin de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2014, disponible en https://drive.google.com/file/d/1B9sIpClSAoAD1JE943eUBJozU0Pyv7/view

Nos referimos tanto a los jueces de control de garantas como los de ejecucin de penas.
Sentencia T-388 de 2013. Corte Constitucional

Ver La receta Giuliani: remedio equivocado para la seguridad ciudadana artculo publicado en Razn Pblica, disponible en: https://www.razonpublica.com/index.php/internacional-temas-32/7209-la-receta-giuliani-remedio-equivocado-para-la-seguridad-ciudadana.html

dem 8.

https://www.elheraldo.co/politica/pinzon-es-el-candidato-mas-apropiado-para-colombia-exalcalde-de-nueva-york-461620

Al respecto llamamos a estudiar a Daniel Feierstein.


Fuente original: https://equipopueblos.org/2018/03/17/la-politica-criminal-en-colombia-mas-de-lo-mismo/



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