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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-03-2018

Comienza la campaa de Declaracin de la Renta
Contra la cruz a la Iglesia, por un Estado laico

Vctor Arrogante
Rebelin


Ha comenzado la campaa de Declaracin de la Renta y permtanme que recurra a la ma particular: la financiacin de la Iglesia Catlica a travs de la declaracin de la renta es injusta. Tampoco las necesidades sociales deben ser cubiertas por la voluntad del contribuyente o establecidas por las organizaciones, sino que han de formar parte de las polticas sociales, en funcin del inters general, en el marco del Estado de bienestar.

En la Declaracin de la Renta de 2017 (IRPF) disminuyeron en 600.000 las declaraciones que no marcaron ni la casilla de la Iglesia ni la de fines sociales. La cantidad destinada por los contribuyentes a la Iglesia aumenta en 7 millones de euros y alcanza los 256,21 millones, representando un incremento del 2,83% con respecto al ao anterior. Es la cifra ms alta desde el comienzo del actual sistema de asignacin tributaria de 2007, que promedia una subida anual del 0,58%. El nmero de declaraciones a favor de la Iglesia ha sido 7.112.844 y si tenemos en cuenta las declaraciones conjuntas, ms de 8,5 millones de contribuyentes destinan a la Iglesia el 0,7% de sus impuestos.

Es necesario que se elimine la asignacin tributaria a la Iglesia a travs del IRPF, privilegio que se mantiene por el Concordato y los Acuerdos de 1979. Izquierda Unida, viene pidiendo al Gobierno la derogacin de los acuerdos con el Vaticano, por vulneran el principio de independencia entre la Iglesia y el Estado que viene a amparar la financiacin de la Iglesia Catlica con fondos pblicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo.

La Iglesia disfruta de un verdadero paraso fiscal, segn afirma Europa Laica en su informe Opacidad y Financiacin de la Iglesia Catlica. Mientras aumenta la pobreza y se privatizan servicios pblicos, el Estado aporta a la Iglesia, a travs de subvenciones directas y exencin de tributos, una cifra que supera los trece mil millones de euros anuales, para mantener al clero, dicesis, seminarios, realizar manifestaciones partidarias, lanzar campaas de discriminacin y segregacin en razn de gnero, en contra de la libertad de la mujer para decidir sobre su maternidad, o sobre la libre eleccin de la orientacin sexual, los avances cientficos, la eutanasia o la muerte digna.

En 1988 se articul una asignacin tributaria, consistente en el 0,5239% en el IRPF. Esta asignacin nunca cubri las necesidades de la Iglesia, por lo que se tuvo que instrumentar un complemento. A partir de la declaracin de la renta de 2007, este porcentaje se increment hasta el 0,7% y desapareci el complemento estatal. Treinta y nueve aos despus de comprometerse a avanzar en su autofinanciacin, los obispos siguen recibiendo millones de euros del erario pblico.

En 2017 marcaron la dichosa x el 33,5% de los contribuyentes. En el ejercicio pasado, se produjo una cada en el nmero de contribuyentes a favor de la Iglesia: de 7.347.982 a 7.112.844. Un descenso de 235.138, un 3,2% menos. Las comunidades autnomas donde ms se marc esta casilla, con porcentajes superiores al 40%, fueron: Castilla-La Mancha (45,94%), La Rioja (45,37%), Extremadura (44,70%), Murcia (43,96%) y Castilla y Len (43,26%). Y en las que menos Catalua (19,21%), Galicia (26,19%), Baleares (29,20%) y Canarias (27,13%). En relacin al ao anterior, los contribuyentes que ms han aumentado esta aportacin a la Iglesia han sido los de Navarra (+1,661 millones), Madrid (+1,655 millones) y Barcelona (+1,303 millones).

Los cuatro acuerdos suscritos entre el Gobierno de Adolfo Surez y el Estado Vaticano firmados en Roma un mes despus del referndum constitucional de 1978, antes de la aprobacin de la Constitucin, permiten a la Iglesia mantener hoy privilegios del franquismo en asuntos econmicos, educativos y jurdicos. Dichos textos tambin regulan la asistencia catlica a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de los clrigos.

El contenido de la reforma de 2007, es fruto del acuerdo al que haba llegado el Gobierno socialista de Jos Luis Rodrguez Zapatero con la Conferencia Episcopal para modificar el modelo de financiacin de la Iglesia. Esas negociaciones estuvieron motivadas por una exigencia de la UE, que llevaba tiempo cuestionando que la jerarqua catlica espaola no estuviera sujeta al pago del IVA en las operaciones comerciales, compras de bienes muebles e inmuebles, entre otros, lo que supona una vulneracin de la normativa de armonizacin fiscal. De hecho, la Comisin Europea inici un procedimiento para denunciar esta cuestin ante el Tribunal de Luxemburgo, aunque el cambio se produjo antes de que llegara la respuesta de la Justicia.

El Instrumento de ratificacin del Acuerdo entre el Estado Espaol y la Santa Sede sobre asuntos econmicos se firm en el Vaticano el 3 de enero de 1979. Los acuerdos venan a reformar el Concordato de 1953, firmado entre Po XII y Franco, bajo los principios del nacional-catolicismo imperante. Desde entonces seguimos pagando a la Iglesia y ellos siguen adoctrinando. En 1979 no es que se firmara a contracorriente, sino que fue a traicin, con el silencio de muchos, el desconcierto de algunos y el desconocimiento de la mayora. Desde siempre siguen perpetuando sus privilegios.

Algunas de las razones que Europa Laica argumenta para no marcar las casillas del IRPF ni para la Iglesia ni fines sociales, se relacionan con la discriminacin que supone para los contribuyentes; porque quienes marcan estas casillas reducen su aportacin a los gastos pblicos en un 0,7%, conculcando el artculo 31 de la Constitucin. La propia existencia de esta casilla refleja el apoyo del Estado a la religin catlica, discriminando otras creencias, por lo que se conculca as el principio de no discriminacin por razn de creencias regulado en el artculo 14 CE. El Estado no debe ser un recaudador de organizaciones privadas. La asignacin que se lleva la Iglesia, se detrae de las polticas pblicas para escuelas, hospitales, servicios sociales, infraestructuras o de empleo.

De otra parte, la casilla para otros fines de inters social, tambin debe desaparecer. Los motivos podran ser ms difciles de explicar y entender, pero es necesaria su eliminacin, porque el origen de su existencia est basado en una gran coartada para introducir y perpetuar la casilla de la Iglesia. Adems, una parte considerable de la asignacin a fines de inters social, va a entidades de la propia Iglesia, por lo que recibe fondos por las dos vas. El espritu solidario que se presupone a quien marca esta casilla, no puede llevarse a cabo con el dinero de todos. Los fines de inters social, no deben depender de la voluntad de los contribuyentes, ni establecido por las organizaciones sociales, sino que deben formar parte de las polticas sociales del Estado, de las Comunidades Autnomas y Ayuntamientos en funcin del inters general.

El artculo 16.3 de la Constitucin establece que Ninguna confesin tendr carcter estatal. Los poderes pblicos tendrn en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espaola y mantendrn las consiguientes relaciones de cooperacin con la Iglesia Catlica y las dems confesiones. Por su parte, el Acuerdo sobre Asuntos Econmicos con la Santa Sede, en su Artculo II.1, establece que el Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Catlica en la consecucin de su adecuado sostenimiento econmico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa. Pero cooperacin y colaboracin no es financiacin directa ni subvencin permanente.

Han ganado ms dinero que nunca pero los obispos han advertido que la gallina de los huevos de oro, podra tener los das contados. Los expertos en financiacin de la Iglesia estn preocupados por el descenso en el nmero de contribuyentes que marcan la casilla, y advierten que lo peor est por venir en referencia a la Campaa de la Renta. El grueso de los espaoles que marcan la casilla son personas mayores entre los 45 a 64 aos y no hay relevo a corto plazo, admite la Conferencia Episcopal. No podemos estar satisfechos: la evolucin ha sido negativa. Hemos tenido una cada del 3%, dicen desde la Conferencia Episcopal Espaola. No slo es la edad de los creyentes lo que temen, tambin, las crticas de algunos sectores al papel de la Iglesia catalana y las crticas de los ultracatlicos por el leve cambio de tendencia de las cadenas TRECE y Cope, que apuestan por informacin menos poltica y ms social.

Quienes marcan las casillas, no pagan un 0,7% ms, sino que se detrae del conjunto del total de lo recaudado. La X a fines de inters social es la coartada para financiar a la otra. El Estado ha de romper con la Iglesia (que debe autofinanciarse), oprime conciencias, controla gobiernos y vive a costa del erario pblico y el Gobierno cumplir con la Constitucin, por un Estado de bienestar y laico.

@caval100

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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