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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 27-03-2018

Convocamos reunin extraordinaria nacional de nuestra coordinacin el 4 de abril
Poltica de sustitucin de cultivos: nos asesinan y judicializan

Coccam
Prensa rural


El proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeos Cultivadores presentado por el Gobierno sepultar definitivamente el Programa Nacional de Sustitucion de Cultivos, PNIS.

Una vez ms un cultivador, padre, esposo y amigo es asesinado ante nuestro grito impotente y el silencio del Estado. El cuerpo sin vida de nuestro compaero Jos Herrera fue hallado en las horas de la tarde-noche del 22 de marzo en la va que conduce de Valdivia a Hidroituango, en un paraje llamado Filadelfia, en Antioquia. Jos era un lder de sustitucin que impuls la conformacin de la coordinadora departamental de Antioquia y fundador de la Asociacin Campesina del Bajo Cauca, ASOCBAC. Con l, son 29 los integrantes de la COCCAM, suscritos al programa de sustitucin asesinados en tan slo un ao y dos meses de nuestra conformacin.

La crisis humanitaria que se viene profundizando en los diferentes territorios, es una de las alertas que como coordinacin hemos expuesto de manera alarmante al Gobierno Nacional sin respuestas contundentes e integrales a las denuncias y solicitudes. A esto se le suma la inmovilidad de las instancias de direccin y concertacin del programa, y la desfinanciacin del mismo. Razones por la que en los territorios no se haya avanzado en la sustitucin, y empezamos a observar un panorama de incertidumbre e inseguridad frente a la continuacin de la acciones de sustitucin que con esperanza hemos iniciado, queremos mantener y terminar de implementar de manera exitosa.

Sin embargo, a lo largo del ltimo ao el gobierno de los Estados Unidos envi mensajes de presin al Gobierno Nacional, principalmente en torno al recorte de la ayuda econmica para la lucha contra las drogas y bajo el argumento del incremento de los cultivos de coca en el pas. El 17 de marzo del ao en curso, el Departamento de Estado present el Reporte sobre la Estrategia Internacional para el Control de los Narcticos, donde se sigue presentando un incremento en los cultivos en un 42% frente al 2014. Como si fuera coincidencia, tres das despus, el 20 marzo de 2018, mientras Jos era desaparecido en el territorio en el que lideraba los procesos de sustitucin, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de justicia Enrique Gil Botero, present ante el Congreso de la Repblica con mensaje de urgencia, el proyecto de ley por el cual se desarrollara el Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeos Cultivadores, cuyo contenido evidencia el desconocimiento del trabajo que se est realizando en los territorios y a nivel nacional en los espacios de interlocucin, y que genera es un instrumento para una persecucin judicial ms fuerte contra los y las cultivadoras.

Este proyecto, cuyo objeto plantea establecer las medidas de un tratamiento penal diferenciado, transitorio y condicionado, para los cultivadores de plantaciones ilcitas en pequea escala, en desarrollo de lo dispuesto en el artculo 5 transitorio del Acto Legislativo No. 01 de 2017 y en el numeral 4.1.3.4 termina excluyendo del beneficio judicial a quienes ya se han acogido o pretenden acogerse al PNIS, y a quienes conserven o financien plantaciones de cultivos de coca superiores a 1.78 hectreas, desconociendo la caracterizacin e informacin -con la que ya cuenta el gobierno nacional- del estudio adelantado por la Direccin de Sustitucin de Cultivos de Usos Ilcito, que defini en un mximo de 3.8 hectreas como el rea mnima de siembra de cultivos para que una familia pudiera subsistir, y que conllevara a una persecucin penal en los territorios si se aprueba la norma tal como ha sido propuesta.

Por lo tanto, la presentacin de este proyecto se constituye en una traicin flagrante a los campesinos, afrodescendientes e indgenas que pusieron su confianza en el proceso de paz al inscribirse en el programa, a las organizaciones en los territorios que han asumido al pie de la letra el Acuerdo Final para promover la implementacin del punto 4 solucion al problema de las drogas ilicitas, con la incertidumbre jurdica a la que nos vemos sometidos, principalmente de las comunidades y lderes quienes depositaron la informacin del nmero de hectreas cultivadas en el marco de la firma de los acuerdos colectivos de sustitucin. Tememos que esto se configure en una prueba judicial comprometiendo la libertad de los pequeos cultivadores.

En efecto, el desarrollo normativo no responde a lo establecido en el numeral 4.1.3.4 que dice: el Gobierno se compromete a tramitar los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar de manera transitoria al ejercicio de la accin penal o proceder con la extincin de la sancin penal contra los pequeos agricultores y agricultoras que estn o hayan estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilcito cuando manifiesten formalmente ante las autoridades competentes, su decisin de renunciar a cultivar o mantener los cultivos de uso ilcito El ajuste normativo deber reglamentar los criterios para identificar quienes son los pequeos agricultores y agricultoras de cultivos de uso ilcito.

La propuesta normativa debera recoger por un lado los Acuerdos realizados en el Consejo Permanente de Direccin, donde los voceros de las organizaciones nacionales que vienen participando han realizaron aportes y recomendaciones al proyecto de ley desde el ao pasado, manifestando que los pequeos cultivadores son aquellos que poseen menos de seis hectreas, dado que los ingresos que perciben las familias con esta rea son los mnimos para garantizar su subsistencia; de otra parte con Cumbre Agraria se ha venido trabajando una ruta con los ministerios de justicia, del interior y la fiscala para desjudicializar a cultivadores presos en razn de los cultivos de usos ilcitos, un acuerdo que no ha sido cumplido teniendo en cuenta el alto nmero de personas privadas de la libertad de las comunidades. El tratamiento penal diferencial debe entonces generar condiciones en las que se pongan en libertad a cultivadores y cultivadoras, y en las que se prevengan futuras judicializaciones y privaciones de la libertad y no para pretender judicializar a mas humildes campesinos.

Ante este panorama, los lderes y lideresas de la COCCAM, hemos iniciado de manera inmediata un ejercicio de socializacin y consulta en las regiones para definir si se suspende nuestra participacin en el programa PNIS ante la falta de garantas, la crisis humanitaria y las implicaciones que tiene este proyecto de Ley en un futuro inmediato y convocamos reunin extraordinaria nacional de nuestra coordinacin el 4 de abril de 2018.

Exigimos al Gobierno Nacional el retiro del proyecto de Ley como una de las garantas para las comunidades y para la implementacin exitosa del punto 4. As mismo, demandamos las acciones pertinentes de investigacin, prevencin y proteccin, sobre todo para quienes lideran los procesos en territorio y quienes estn siendo vctimas de los grupos armados que controlan los mismos.

Hacemos un llamado a los congresistas actuales y a quienes fueron elegidos en los ltimos comicios, para que no den trmite al proyecto, hasta que se realice la concertacin entre la COCCAM y el gobierno nacional del proyecto de Tratamiento Penal Diferenciado.

Finalmente, proponemos la instalacin de una mesa de concertacin para la construccin de la ley que recoja los elementos trabajados en los diferentes espacios con las instituciones y que garanticen una seguridad jurdica para lderes y comunidades en el marco de la sustitucin de cultivos de uso ilcito.


Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article22867



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