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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 28-03-2018

Rumbo a la Corte Penal Internacional

Luis Hernndez Navarro
La Jornada


Dice una mxima prista que la carrera poltica (sea en la administracin pblica o en los puestos de eleccin popular) es como la rueda de la fortuna. A veces se est arriba, a veces abajo, pero lo importante es estar siempre trepado.

Carlos Santiago Carrasco es fiel a esta mxima. Ha servido a diversos gobiernos de distinto signo en Oaxaca. Hoy es el delegado de la Secretara de Gobernacin en ese estado. En el sexenio anterior, cuando Gabino Cu estaba al frente de la entidad, fue titular de la Secretara General de Gobierno. Con Ulises Ruiz se desempe como subsecretario de Gobierno y Desarrollo Poltico.

A lo largo de su larga carrera en la administracin pblica, el licenciado Santiago Carrasco ha participado activamente en la represin a movimientos populares. Junto a Gabino Cu y a Jorge Ruiz, entonces secretario de Seguridad Pblica local y primo de Ulises Ruiz, decidi que las policas incursionaran violentamente en Nochixtln el 19 de junio de 2016. El saldo fue trgico: ultimaron a siete habitantes (otro ms muri al explotarle cohetones que estaba manipulando), hirieron de bala a ms de 100 y daaron fsica y emocionalmente a ms de 400, entre ellos, muchos nios.

Saba lo que haca en Nochixtln. Como subsecretario de Gobierno y delegado durante la administracin Ulises Ruiz, fue parte de la salvaje violencia gubernamental en contra de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006 y 2007. El resultado final de esa accin fue sangriento: ms de 30 personas muertas, 311 detenidas arbitrariamente, 248 torturadas y por lo menos dos desapariciones forzadas.

La numeralia de este horror est bien documentada. El informe final sobre los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo oaxaqueo en 2006 y 2007, que public la Comisin de la Verdad (creada por el Congreso del estado) el 3 de mayo de 2016, concluy que: el Estado viol de manera masiva y sistemtica mltiples derechos humanos. Entre ellos estn: violacin del principio de presuncin de inocencia, al debido proceso y garantas judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales. La tortura fue sistmatica y generalizada, dado que el tiempo que dur el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompaadas de esta prctica.

Curiosa irona. A pesar de que Carlos Santiago haba sido parte importante del gobierno de Ulises Ruiz, que violent bestialmente los derechos humanos, fue designado en un puesto clave durante la administracin de Gabino Cu, y desde all volvi a violar las garantas individuales en Nochixtln. Y, ahora, en lugar de ser sancionado por esa conducta, el gobierno federal lo design para estar al frente en un puesto clave de la gobernabilidad oaxaquea.

El mensaje que se manda en el caso de Carlos Santiago no deja lugar a dudas: un funcionario pblico puede violar los derechos humanos tantas veces como quiera para conservar el orden, sin tener que afrontar las consecuencias de hacerlo. Ms an: si lo hace, seguir trepado en la rueda de la fortuna de la poltica. Impunidad es el nombre del juego.

Si Carlos Santiago y muchos otros funcionarios como l, que fueron parte activa en la represin contra la APPO en 2006 y 2007, y que presumiblemente cometieron crmenes de lesa humanidad, permanecen en la administracin pblica, es porque ningn presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, ha sido presentado ante la justicia. Ms an: ni siquiera ha finalizado la reparacin de daos a las vctimas. Y, como no han sido juzgados, hay permiso para seguir violando los derechos humanos.

Lejos de olvidarse, las afrentas sufridas por el pueblo oaxaqueo en aquellos aos son una herida abierta que, a pesar de de los aos transcurridos, no cicatriza. Los actores polticos y sociales que padecieron esa represin siguen activos y tienen un importante peso. Los aos 2006 y 2007 son parte de su identidad como movimientos. Gabino Cu, que gan la gubernatura aupado en ellos, y que prometi hacer justicia, traicion su oferta. La exigencia de verdad, castigo a los culpables y reparacin del dao es una demanda central de una parte muy importante de los pueblos de Oaxaca.

Por eso es tan importante la decisin de la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dirigida por Arturo Peimbert, de presentar una denuncia contra el Estado mexicano ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad cometidos contra la ciudadana oaxaquea en esos aos.

La defensora considera que lo sucedido en Oaxaca en 2006 y 2007 son crmenes que agravian no slo a las vctimas directas de esos sucesos, a sus familiares y a sus comunidades. Tambin atentan contra la humanidad entera, pues niegan a la persona su derecho de ser y existir. La denuncia en la CPI busca evitar as que estos crmenes queden impunes y se repitan.

Entre las personas que la DDHPO considera responsables de esos crmenes de lesa humanidad, a partir de la investigacin de la Comisin de la Verdad, los sealamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin y de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos, estn: los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Caldern; los ex secretarios de Seguridad Pblica Federal Eduardo Medina Mora y Genaro Garca Luna; el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, y Jorge Vargas, ex secretario de Gobierno de la entidad.

Dice la defensora: por justicia, por dignidad y por humanidad, no podemos permitir que este hecho quede impune. La Corte Penal Internacional tiene la palabra.

Twitter: @lhan55

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2018/03/27/opinion/017a2pol

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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