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(Argumentos para la lucha)
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-03-2018

La suspensin es cautelar hasta que se resuelva el expediente
La ONU pide parar el desahucio de una familia que ocupaba la vivienda de un banco

Sara Montero
Cuarto Poder

A travs del Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (DESC), la ONU ha pedido esta medida cautelar para evitar daos irreparables en el proceso


Antes de ocupar, la pareja asegura que solicit una vivienda pblica a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento e intent negociar un alquiler social. Su defensa lo considera un caso especialmente grave porque su lanzamiento dejara en la calle tambin a una nia de 4 aos y otra de 8.

El Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (DESC), de las Naciones Unidas, ha pedido de manera cautelar la paralizacin del desahucio de Ricardo y Josefa y de sus hijas de 4 y 8 aos, que fue dictado por un juzgado de instruccin de Madrid. Sin embargo, la ONU pretende evitar as que esta familia sufra los daos irreparables de un desalojo hasta que tomen una decisin, segn la comunicacin emitida. El verano pasado, este mismo organismo ya fall contra Espaa por vulnerar el derecho a la vivienda de otra familia desahuciada en Madrid.

La pareja vive con sus hijas ocupando una vivienda vaca, propiedad del banco BBVA. En 2015, estaban alojados en otra casa, pero dejaron de poder pagar el alquiler cuando l se qued en paro y decidieron marcharse. Con dos nias y con escasos ingresos, ocupar era su nica opcin. Llevan muchos aos solicitando una vivienda pblica en Madrid, segn cuenta su defensa, que tambin asegura que intentaron, sin xito, negociar un alquiler social. Sin embargo, fuentes del banco aseguran que tiene una gran sensibilidad con estas personas y que puso en conocimiento del Ayuntamiento de Madrid (Oficina de Intermediacin Hipotecaria) esta situacin, aplazando en varias ocasiones el lanzamiento para que la administracin le buscara una alternativa. Aunque este medio intent ponerse en contacto ayer con la entidad, no ha sido hasta despus de la publicacin de este artculo cuando ha recibido su versin.

Su desahucio estaba programado para marzo, pero ahora el DESC ha pedido su suspensin temporal hasta que haya un dictamen definitivo, que puede tardar aproximadamente un ao y medio. La ONU est protegiendo el derecho a la vivienda de esta familia que les niega la administracin espaola, explica Javier Rubio, del Centro de Asesora y Estudios Sociales (CAES), que junto a la letrada Alejandra Jacinto, elev el caso al DESC. Los inquilinos han estado asesorados tambin por la Asamblea de Vivienda del barrio de Usera, integrado en la Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Los abogados de Ricardo y Josefa creen que Espaa podra estar vulnerando el punto 11 del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, que Espaa suscribi con la ONU en 1976, y que reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para s y su familia, incluso alimentacin, vestido y vivienda adecuados. El Estado no ha protegido a estas personas en especial situacin de vulnerabilidad, cuyos ingresos familiares rondan los 600 euros en la actualidad.

El dictamen de julio, una nueva va para ejercer los derechos

El abogado cree que el pasado julio se abri una nueva puerta para que los inquilinos puedan defender su derecho a la vivienda cuando el Estado no lo protege. Entonces, el DESC tambin emiti un dictado contra Espaa por haber vulnerado este derecho en 2013 en el caso de Mohamed Ben Djazia, un ciudadano argelino al que desahuciaron por impago de alquiler y que tuvo que dormir durante cuatro das con su familia en un coche. Rubio cree que en los prximos meses habr ms casos: Hasta ahora, no era una va muy conocida.

Este organismo le dio un toque de atencin al estado espaol entonces por proceder a un desalojo sin garantizar alternativa habitacional y sin agotar todos los recursos. Mohamed haba solicitado vivienda pblica unos aos antes, aunque la concesin no lleg a tiempo, pese a que la Administracin de la exalcaldesa Ana Botella haba vendido pisos vacos a los llamados fondos buitres ese mismo ao.

An as, el dictamen inst al gobierno a reparar el dao contra el demandante con una compensacin econmica y a redactar un plan comprensivo e integral para garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos, algo que el Estado sigue ignorando por completo.

Fuente: http://www.cuartopoder.es/espana/justicia/2018/03/28/onu-desachucio-desc/



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