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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 29-03-2018

El habitual asesinato de candidatos

Gerardo Villagrn del Corral
Rebelin


El asesinato de candidatos como recurso para determinar el resultado de una eleccin no es una rareza ni un procedimiento indito en donde nunca ha habido una democratizacin de los canales institucionales-electorales, aun cuando s una relativa pluralizacin del sistema de partidos que garantiz la rotacin de lites pero no cambios sustantivos ni canalizacin institucional de las demandas sociales.

En Mxico, los asesinatos en general y de candidatos en particular pasan inadvertidos; la violencia es la divisa dominante de la poltica, tanto en la modalidad de represin llana y abierta como en la accin consuetudinaria de las instituciones, que, sin moderacin, quebrantan el orden constitucional a su antojo, seala Arsino Orihuela, en La digna voz.

Este alud de criminalidad e ilegalidad concertada desde las instituciones explica el fenmeno de la naturalizacin del maridaje violencia-poltica, ntimamente entrelazada con la violencia social. La decisin poltica que desencaden la barbarie en Mxico fue la guerra contra el narcotrfico, alentada y cofinanciada por EEUU, que decret el expresidente Felipe Caldern en 2006, como una estrategia para aplastar por la fuerza las denuncias de fraude en su contra.

La crisis de violencia en el pas es fruto de una octogenaria acumulacin de procesos electorales fraudulentos, en la que los asesinatos de aspirantes a cargos de eleccin popular es una norma ms que una excepcin. Es cierto que ha habido un agudo recrudecimiento, porque las fuerzas armadas, las aejas dinastas familiares y el narcotrfico han acumulado cuotas extraordinarias de poder, especialmente en el ltimo decenio, seala Orihuela.

La guerra nunca fue contra el narcotrfico: ste es hoy el actor dominante en la poltica mexicana, pero habilit un escenario blico que propici el fortalecimiento de las fracciones ms criminosas del poder poltico (jerarcas militares, dinastas familiares, narcotrfico). El fraude electoral de 2006 acarre la guerra. Y el costo humano fue altsimo: 200 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, millones de familias desterradas de sus territorios o comunidades, y la normalizacin del terror, la criminalidad y la corrupcin.

Tan slo en los ltimos cuatro meses hayan sido asesinados ms de 30 aspirantes a cargos de eleccin popular. Hasta la OEA denunci que en Mxico es asesinado un candidato cada cinco das. Si esto aconteciera en Venezuela, no es tan difcil imaginar el escozor internacional que provocara. Pero como acontece en Mxico, donde la barbarie est naturalizada, nadie respinga, con excepcin de unas escasas expresiones de preocupacin.

Orihuela explica que cuando un candidato visita la comunidad o jurisdiccin por la cual est compitiendo, el narco acostumbra secuestrar los vehculos en los que se transporta el candidato, reporteros y personal de prensa, para concertar ex profeso una entrevista entre el jefe narco de la plaza y el candidato, y coordinar a priori la agenda de cooperacin entre el futuro funcionario y las organizaciones criminales. Desde el punto de vista del neoliberalismo sin reservas, que profesa el culto de la superioridad de los mercados por encima de cualquier accin del Estado, Mxico es la utopa, indica Orihuela.

El impacto sobre la poblacin es directo y determinante y esa es, precisamente, la idea de los asesinatos: afectar la participacin electoral y los resultados. El clima homicida alimenta el abstencionismo, en un pas donde el voto no es obligatorio: a los comicios slo asiste entre el 20 y el 40 por ciento del electorado. El asesinato de candidatos tiene como fin provocar un terror que aleje al pblico de las urnas.

Oaxaca

Hoy toma importancia el caso de Carlos Santiago Carrasco, quien sirvi a diversos gobiernos de distinto signo en Oaxaca, reprimiendo a movimientos populares en 2006 y 2007. La Comisin de la Verdad (creada por el Congreso oaxeo) concluy que se viol de manera masiva y sistemtica mltiples derechos humanos, como la presuncin de inocencia, al debido proceso; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; desapariciones forzadas, tortura sistemtica y ejecuciones extrajudiciales

Si Carlos Santiago y muchos otros funcionarios, que fueron parte activa en la represin en 2006 y 2007, y que cometieron crmenes de lesa humanidad, permanecen en la administracin pblica, es porque ningn presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, ha sido presentado ante la justicia. Y, como no han sido juzgados, hay permiso para seguir violando los derechos humanos, dice Luis Hernndez Navarro en La Jornada.

Lejos de olvidarse, las afrentas sufridas por el pueblo oaxaqueo en aquellos aos son una herida abierta. Por eso es tan importante la decisin de la Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca de presentar una denuncia contra el Estado mexicano (donde se responsabiliza a los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Caldern) ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad, para evitar as que estos crmenes queden impunes y se repitan.

Gerardo Villagrn del Corral. Antroplogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Anlisis Estratgico (CLAE, www.estrategia.la)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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