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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 30-03-2018

Doble pena de muerte: la derrotada posicin chilena ante La Haya

Daniel M. Gimnez
Rebelin


Terminaron los alegatos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) por la demanda de Bolivia contra Chile. Y la respuesta de Chile en la CIJ slo cabe augurar una derrota para el ex-Hotel Carrera. Su nuevo anfitrin, el autoproclamado novelista Roberto Ampuero, experto en relaciones internacionales, segn propia confesin, por la vida misma, en sus pocos das de canciller no ha hecho otra cosa que ser el vocero de la cantaleta con la que Felipe Bulnes abri los fuegos de la posicin chilena ante la misma CIJ en mayo de 2015, cuando quiso impugnar, fracasadamente, la competencia de dicha corte para conocer la demanda boliviana.

En condiciones de autoestima colectiva normales, la derrota por goleada recibida por la impugnacin chilena (14 a 2) debi haber alertado al ex-hotel Carrera de cunto estaba equivocando Chile su estrategia de argumentacin. Pero no. Al contrario. Desde el fallo de la propia CIJ respecto a la demanda martima peruana, pero con especial nfasis desde el rechazo a la impugnacin por la demanda boliviana, en Chile se ha impuesto la soberbia y la prepotencia, el ninguneo al Pacto de Bogot, a la Corte de La Haya, a todo el sistema universal de resolucin pacfica de controversias y a los planteamientos de expertos/as en derecho internacional respecto a los pacta de contrahendo. Chile perdi no uno, sino dos alegatos seguidos en la Corte Internacional (contra Per y contra Bolivia), pero, oh hybris desatada!, las elites y lderes de opinin concluyen de eso que el equivocado es el mundo, no la cantaleta que el Estado chileno repiti como mueco de ventrlocuo en ambas derrotas. He ah lo que se llama tener la media perso.

De la insistencia de Chile con la misma cantaleta en su respuesta a los alegatos de Bolivia, slo cabe esperar una nueva derrota en La Haya Por qu? Bsicamente porque formula una argumentacin errada e insostenible, fcilmente refutable con slo invocar el derecho internacional y hacer evidente el comportamiento del Estado chileno y sus autoridades. La cantaleta sostiene que debe desestimarse la demanda boliviana (o cualquier otra que se le formule a Chile) porque todas las controversias que pudieran suscitarse con el pas han sido resueltas en tratados bilaterales. Y dado que Chile es un Estado profundamente respetuoso del derecho internacional, se atiene a cumplir con lo que establecen dichos tratados, as que no hay nada ms que discutir respecto a las reclamaciones de otros Estados.

Permtaseme usar esta columna para explicar en cetceo cmo y por qu Chile, con semejantes planteamientos, no puede sino perder ante un tribunal internacional, pero sobre todo ante la demanda boliviana. Las razones de la inminente derrota son dos. Primero, la insistencia chilena en que todos los temas con Bolivia fueron resueltos en el tratado de 1904 supone no entender la litis fijada por la demanda presentada por el Palacio Quemado y, por ello, termina aportando argumentos que, en lugar de refutar la posicin boliviana, la fortalecen. Segundo, pocas cosas tan fcilmente demostrables como que Chile no es ni ha sido un pas respetuoso del derecho internacional, sino que, al contrario, lo ha pisoteado antes, durante y despus de la Guerra del Pacfico y lo contina pisoteando hoy. Por lo tanto, argumentar que la demanda boliviana no procede debido a que el derecho internacional debe respetarse como lo hace Chile es dispararse en los pies.

Partamos por la primera razn de la inminente derrota. El clich que Chile manosea ante cualquier reclamacin internacional es el milenario principio del derecho romano que dice que pacta sunt servanda: si las partes han acordado y pactado algo de buena fe, se obligan a cumplir y respetar eso que han acordado y pactado. De acuerdo a la conviccin reinante en el ex-Hotel Carrera, basta con la invocacin de este aoso principio jurdico para desactivar cualquier diferendo con otros Estados. Y quien no lo reconozca de la misma forma que Chile, se pone creativo (sic) y al margen del derecho internacional. De ah que, para la posicin chilena, nada de lo que alegue Bolivia tiene validez. Dado que existe el tratado de 1904, entonces pacta sunt servanda.

A la luz del derecho internacional contemporneo, sin embargo, hacer descansar en este principio, como lo hace Chile, todas las relaciones internacionales con los vecinos es simplista, reduccionista, completamente extemporneo, infantilmente inflexible y peligrosamente poco amistoso. La doctrina y las propias normas del derecho internacional han evolucionado un tantito (nada ms que un poquito) desde 1904. El viejo principio del pacta sunt servanda sigue vigente, pero la intangibilidad de los tratados ha sido matizada en los ltimos 100 aos. En la actualidad ya no se consideran dogmas inmodificables e inmortalizados en mrmol por los siglos de los siglos. La doctrina contempornea establece que no slo pueden, sino que deben revisarse, modificarse y hasta extinguirse cuando sea necesario ajustarse a la evolucin del derecho internacional o garantizar la paz. As lo manifest, hace ms de 35 aos ya, el experto chileno en derecho internacional Emilio Sahurie:

Dentro del sistema actualmente imperante planteamos la revisin de los tratados como una de las formas eficaces de lograr una evolucin constante hacia la formulacin del derecho. En efecto, las relaciones Interestatales muestran situaciones en las cuales los Estados, implcitamente, exigen un cambio del derecho en vigor [] E. Vargas seala que "por revisar un tratado, se entiende volver a someterlo a examen a fin de modificarlo". Nosotros, siguiendo a J. Leca, le damos una acepcin ms amplia. No es solamente la modificacin de un instrumento original que permanece en vigor; es tambin su extincin, su suspensin, poner un estatuto provisorio en provecho de algn otro instrumento. La revisin recobra todas las hiptesis donde el Estado se somete a obligaciones diferentes de las primitivamente previstas por la convencin ( Emilio Sahurie Luer, La Revisin de los Tratados en Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Catlica de Valparaso, N 6, 1982, pp. 447 449).

En conformidad a esta evolucin en la doctrina, las propias normas del derecho internacional contemporneo posibilitan la revisin, modificacin y hasta suspensin de los tratados internacionales. Los artculos 39 y 41 de la Convencin de Viena de Derecho de los Tratados de 1969, ratificada por Chile en 1981, establece que los tratados pueden enmendarse. Y el artculo 62 establece que, dadas ciertas condiciones, el cambio de circunstancias puede alegarse para dar por terminado un tratado que no sea de lmites.

La Convencin de Viena no tiene efecto retroactivo y, por tanto, no se puede aplicar al tratado de 1904. Pero el punto es otro: en el marco del derecho internacional contemporneo no basta alegar la existencia de un tratado para que, por arte de magia, se desactive, desaparezca y se archive un diferendo. Los tratados pueden vulnerar el derecho internacional, a muchas de cuyas normas aplica el principio de ius cogens. En consecuencia, los tratados no son intocables y no slo pueden, sino que deben revisarse para asegurarse de que no entran en contradiccin con el desarrollo del derecho internacional y, de ser necesario, para ajustarse a circunstancias cambiantes. En este marco, lo nico contrario al derecho internacional contemporneo es alegar que un tratado es intocable.

Pero la gran limitacin de la apelacin chilena al tratado de 1904 no est en su arcaica y extempornea comprensin del papel de los tratados internacionales. La gran limitacin est en que se trata de una falacia de non sequitur. La demanda boliviana no plantea ni exige la revisin o extincin del tratado de 1904. Por lo tanto, la estrategia chilena de invocarlo hasta la saciedad y las arcadas no tiene efecto argumentativo alguno. Es slo un voladero de luces. Es como si Bolivia hubiera acusado a Chile de robar gallinas y Chile alegara inocencia por ser una larga y angosta faja de tierra. La apelacin al tratado para responder a los alegatos bolivianos simplemente no se sigue de los planteamientos de la demanda. Y, por eso mismo, no los refuta. Al contrario. Cada vez que Chile plantea que no hay nada pendiente con Bolivia debido a que el tratado en cuestin lo ha zanjado todo, slo fortalece la posicin argumentativa boliviana.

La demanda boliviana plantea que Chile se ha comprometido en al menos 8 ocasiones a dar respuesta al requerimiento de una salida soberana al ocano pacfico: en 1884, 1895, 1920, 1929, 1950, 1961, 1975 y en la famosa agenda de los 13 puntos sin exclusiones de Bachelet. En todo derecho, los compromisos e incluso las declaraciones unilaterales constituyen pactos de contrahendo y, por lo tanto, generan obligaciones. En consecuencia, si las autoridades chilenas han actuado de buena fe en sus declaraciones y compromisos, se han obligado a lo comprometido. Pero si han actuado de mala fe e hicieron esos compromisos y esas declaraciones sin la intencin de cumplirlos, entonces han atentado contra el ncleo mismo del derecho internacional, que es, precisamente, la buena fe. En ese caso, la nica forma de restituir el imperio del derecho internacional es cumpliendo con las obligaciones como si hubieran sido contradas de buena fe. Es decir, slo negociando hasta alcanzar un acuerdo con Bolivia.

Qu implica, en este escenario, el planteamiento chileno de que siempre ha tenido una nica posicin de Estado, a saber, que no existe obligacin ni tema de acceso soberano al mar pendiente con Bolivia debido a que todo habra sido zanjado con el tratado de 1904? Y bueno, genera un efecto contraproducente. Si el Estado de Chile considera que no hay tema pendiente en esta materia, entonces cuando el gobierno de Bachelet plante y firm la agenda de los 13 puntos sin exclusiones actu de mala fe, pues el sexto punto de la agenda consiste precisamente en avanzar en las conversaciones para una solucin a la demanda de acceso soberano al mar de Bolivia. Y actuar de mala fe atenta contra los fundamentos del derecho internacional.

Y esto nos pone frente a la segunda razn de por qu la posicin que Chile quiere presentar en La Haya es no slo insostenible, sino abiertamente risible. En efecto, la apelacin al tratado de 1904 va acompaada del clich de que Chile siempre ha sido un Estado sobrio que respeta los tratados y el derecho internacional (sic). Y aqu no cabe sino una carcajada a mandbula batiente. Chile no slo no es un Estado respetuoso del derecho internacional sino que se pasa por el fundillo sus fundamentos cada vez que puede. Todo el comportamiento chileno entre 1842 y el estallido de la Guerra del Pacfico se encuentra plagado de actos de autotutela y mala fe completamente aberrantes desde el punto de vista del derecho internacional contemporneo, pero abiertamente contrarios incluso al bastante ms precario derecho internacional de la poca.

Para empezar, hasta 1842 Chile reconoci tcitamente la soberana boliviana desde el paralelo 25 hacia el norte. Pero cuando ese ao se confirm la elevada cantidad y calidad del guano de Mejillones, el gobierno chileno inici incursiones navales y militares para ejercer soberana sobre un territorio que antes reconoca ajeno. He ah una primera violacin flagrante al derecho internacional.

Qu hizo Bolivia ante estos eventos? Envi a Santiago, uno tras otro, a cuatro ministros plenipotenciarios para intentar una resolucin pacfica del diferendo a travs de la celebracin de un tratado de lmites, que es lo que mandata desde la era antigua el derecho internacional para garantizar la paz. Pero Chile, en otro acto de mala fe y, por esto mismo, cometiendo una segunda vulneracin al derecho internacional, dilat la firma de dicho tratado por ms de 20 aos, hasta 1866. La falta de dicho tratado tension tanto las relaciones que en 1863 el congreso boliviano autoriz al gobierno a declararle la guerra a Chile, lo que finalmente no se concret gracias al inicio de la guerra contra Espaa.

Una vez firmado el tratado de lmites de 1866, Chile y Bolivia por igual incumplieron sus clusulas cada vez que pudieron. Como a todas luces se trataba de un instrumento ineficaz, intentaron corregirlo, sin xito, con el protocolo de Corral-Lindsey de 1872. Finalmente terminaron firmando un nuevo tratado en 1874.

Se aduce en Chile que el incumplimiento boliviano de una clusula de este ltimo tratado inici la Guerra del Pacfico. Pero claro, lo que ni Claudio Grossman ni las dems autoridades mencionan es que la boliviana no alcanza ni a falta venial, y que, al contrario, fue la respuesta de Chile la que constituye una grave vulneracin al derecho internacional. En efecto, de acuerdo a las normas consuetudinarias de derecho internacional vigentes en 1879 y desde tiempos muy antiguos, las medidas de fuerza slo podan seguir a una previa declaracin de guerra o a un ultimtum. As lo estableci el primersimo de los artculos de una de las convenciones de La Haya de 1907 (La Haya III, Convencin relativa al rompimiento de hostilidades ) que sistematizaba y positivaba el derecho internacional consuetudinario vigente hasta entonces y en cuya negociacin y aprobacin particip Chile:

Las Potencias contratantes reconocen que las hostilidades entre ellas no deben comenzar sin un aviso previo e inequvoco, que contendr, sea la forma de una declaracin de guerra motivada, sea la de un ultimtum con declaracin de guerra condicional.

Cuando el 14 de febrero de 1879 Chile toma militarmente la ciudad de Antofagasta sin declaracin de guerra ni ultimtum, pisote una de las prcticas ms antiguas y fundamentales del derecho internacional consuetudinario.

Pero la prctica chilena de pisotear el derecho internacional se elev a niveles de barbarie con la ocupacin de Lima. En 1879 el gobierno public y distribuy entre la oficialidad un documento titulado El derecho de la guerra segn los ltimos progresos de la civilizacin para que las fuerzas chilenas no actuaran al margen del derecho internacional en uso. En otras palabras, se oblig voluntariamente a respetarlo.

El documento compendiaba y presentaba en un nico volumen cuatro instrumentos fundamentales del derecho de guerra de la poca:

1. El llamado Cdigo Lieber de 1863, promulgado por el gobierno de Abraham Lincoln;

2. Declaracin de Bruselas de 1874;

3. Declaracin de San Petersburgo de 1868; y

4. Declaracin de la convencin internacional de Ginebra de 1864.

Los cuatro instrumentos, tcita o explcitamente, consagran el principio del derecho internacional de guerra conocido como necesidad militar (en el derecho humanitario actual llamado principio de distincin). Este principio establece que toda accin de guerra debe tener el propsito de derrotar militarmente al adversario. Por lo tanto, las fuerzas en combate slo pueden atacar objetivos militares. No pueden atacar objetivos civiles ni daar la propiedad civil. Cualquier dao colateral a civiles o propiedad no militar debe ser razonablemente proporcional a la persecucin del propsito militar. Adems, el Cdigo Liber (art. 44) y la Declaracin de Bruselas (arts. 12 y 13, lit. g) prohben expresamente el saqueo, el pillaje y la destruccin de propiedad por parte de los ejrcitos de ocupacin.

Y qu hizo Chile en Lima? Exactamente lo contrario a lo que estos instrumentos del derecho internacional de guerra mandataban. En enero de 1881 el ejrcito chileno cometi una carnicera en Chorrillos asesinando a mansalva a ciudadanos desarmados. Tras matarlos, violaron a sus esposas e hijas.

Durante los dos aos siguientes, saque no slo haciendas de civiles, sino tambin la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional de Lima, la Escuela de Artes y Oficios, el Observatorio Astronmico, la Casa de Moneda y la imprenta estatal. En un decreto militar, Patricio Lynch, general en jefe del ejrcito de ocupacin chileno en Lima, orden tomar todas las obras de arte de valor del Palacio de la Exposicin y enviarlas a Chile para adornar plazas y paseos. En suma, toda la barbarie chilena cometida durante la ocupacin de Lima fue una abierta y descarada violacin al derecho internacional de guerra. Y tambin un incumplimiento de la propia voluntad chilena de ceirse a sus normas .

En cualquier caso, no es necesario ir hasta la Guerra del Pacfico para corroborar la completa falta de vocacin de respeto por los tratados y el derecho internacional de parte de Chile. Basta ver los actos de sus autoridades y representantes actuales. En enero de este 2018, cinco diputados del gobernante partido UDI solicitaron al entonces presidente electo Sebastin Piera que, al asumir el gobierno, convocase un plebiscito para someter a votacin popular el restablecimiento de la pena de muerte en el pas. Eso, sin embargo, es un abierto llamado a no respetar la obligacin internacional suscrita por Chile al firmar en 1969 y ratificar en 1990 la Convencin Americana de Derechos Humanos. En efecto, el artculo 4, numeral 3 de dicha Convencin, que protege el derecho humano a la vida, establece que No se restablecer la pena de muerte en los Estados que la han abolido. Ergo, los parlamentarios del gobernante partido UDI hacen un abierto llamado a desconocer un tratado internacional de derechos humanos firmado y ratificado por Chile.

La solicitud de reinstaurar la pena de muerte condena definitivamente a muerte al planteamiento de que Chile es un Estado que respeta los tratados y el derecho internacional. La posicin chilena en La Haya es simplemente insostenible.

 



Socilogo. Investigador del Centro de Estudios para la Igualdad y la Democracia CEID (Santiago, Chile). Twitter: twitter.com/ego_ipse

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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