Portada :: Ecuador
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-04-2018

Pronunciamiento de INREDH ante la situacin que se vive en el norte de Esmeraldas

INREDH

La poblacin indgena y campesina de frontera no puede ser considerada como enemiga del Estado, sino como vctima de un conflicto. Diversos informes de organismos de derechos humanos, iglesias y otras organizaciones sociales, en los ltimos 25 aos han dado cuenta de que extensos sectores de territorio ecuatoriano estaban bajo control de fuerzas irregulares colombianas. Los gobiernos, lejos de acoger estos informes, miraron a las organizaciones que informaban sobre esta realidad como actores enemigos de las instituciones gubernamentales y cmplices de alguna de las partes en conflicto.


Ante los graves acontecimientos que se vive en la zona norte de Esmeraldas, limtrofe con Colombia, la Fundacin Regional de Asesora en Derechos Humanos, INREDH, manifiesta lo siguiente:

Las poblaciones de los manglares de San Lorenzo, as como Mataje, Alto Mataje, Borbn, el Pan y otras, al igual que todas las poblaciones fronterizas colombo - ecuatorianas, han sido histricamente olvidadas por los distintos gobiernos ecuatorianos, lo que permiti que se vuelvan vulnerables frente a diversos actores violentos que fueron y son parte del conflicto colombiano an no resuelto. Muchas poblaciones intentaron mantenerse en paz mediante la consolidacin de tejidos sociales fuertes, en tanto otras debieron sucumbir a la presin de los actores armados, no por conviccin propia, sino forzada por las circunstancias. En este sentido, la poblacin indgena y campesina de frontera no puede ser considerada como enemiga del Estado, sino como vctima de un conflicto.

Diversos informes de organismos de derechos humanos, iglesias y otras organizaciones sociales, en los ltimos 25 aos han dado cuenta de que extensos sectores de territorio ecuatoriano estaban bajo control de fuerzas irregulares colombianas. Los gobiernos, lejos de acoger estos informes, miraron a las organizaciones que informaban sobre esta realidad como actores enemigos de las instituciones gubernamentales y cmplices de alguna de las partes en conflicto. Las organizaciones aconsejaron fortalecer el tejido social e implementar proyectos sociales que acerquen al Estado con la poblacin local; sin embargo, la respuesta estatal siempre se ampar en la doctrina militar de seguridad, provocando desconfianza y adversidad frente a las acciones militares, a quienes se les consider como intrusos en la dinmica comunitaria.

La situacin geopoltica actual del norte de Esmeraldas no es producto de acontecimientos recientes, como el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano, ni de las desmembraciones de la disidencia de este proceso; esta situacin actual es un status quo al que se lo dej consolidarse al menos durante los ltimos veinte aos y que explota ahora cuando el gobierno ecuatoriano busca recuperar el territorio perdido. Las mafias del narcotrfico lo que hicieron es aprovechar la desidia gubernamental para incrustarse en el territorio y las poblaciones de frontera.

Lamentamos la muerte de militares ecuatorianos, lamentamos las heridas provocadas a otros uniformados; nos preocupa el secuestro de periodistas y exigimos su liberacin; nos solidarizamos con sus familias, pero a la vez somos firmes en exigir que el gobierno nacional sea transparente en la informacin que proporciona sobre lo que sucede en el norte de Esmeraldas, pues solo una informacin veraz y oportuna puede salvar las vidas de compatriotas que deben laborar en la zona. Es necesario aceptar que frente a la ausencia estatal, los grupos armados irregulares y mafias de narcotraficantes lograron colocar minas antipersonales desde el alto Mataje hasta los manglares de San Lorenzo protegiendo sus vas de abastecimiento y movilizacin; aceptando esta realidad se podr mejorar la planificacin de misiones militares y proteger su vida con el equipamiento adecuado; es necesario tambin que los voceros gubernamentales respondan a las preguntas que se les haga en las ruedas de prensa, solo as se podr evitar que, frene a la falta de informacin, corresponsales de medios de comunicacin vayan en busca de noticias en lugares que no garantizan su integridad. En este sentido, rechazamos tambin la decisin gubernamental de mantener en secreto la identidad de los periodistas secuestrados, cuando sabemos que los protocolos frente a situaciones de secuestro recomiendan fortalecer la identidad de las personas secuestradas, fortalecer su imagen como seres humanos con responsabilidades laborales y familiares para de esa forma hacer notar que una accin equivocada de los secuestradores puede tener graves consecuencias. No dar identidad a los secuestrados fortalece la posicin de mando del secuestrador.

Comprendemos que en las actuales circunstancias recuperar el control territorial no es una tarea fcil y se debe actuar con firmeza; sin embargo, es necesario que el ejrcito no cometa los errores que cometi en aos pasados en la provincia de Sucumbos, en donde se produjeron violaciones a los derechos humanos de los habitantes de frontera, como tortura, ejecucin extrajudicial y desapariciones, cuyos casos, al no encontrar justicia en el mbito nacional a pesar de haber sido reportados por la Comisin de la Verdad, ahora son tratados en la Comisin Interamericana de Derechos Humanos. Recuperar el control territorial no es sinnimo de criminalizacin de la poblacin local ni solo es una cuestin de seguridad militar.

De igual forma, comprendemos que es necesaria la colaboracin internacional para enfrentar esta crisis, pero eso no significa que el Ecuador deba plegar a la poltica de seguridad colombiana y menos entregar nuevamente bases militares ecuatorianas a tropas extranjeras. Para quienes aoran la presencia estadounidense en Manta debemos recordarles que sus misiones para el control de drogas fue un fracaso, pues en diez aos se captur en promedio menos de 15 toneladas anuales de droga por pas y base militar involucrada (Manta, Aruba y Curazao), lo que implica que no logr ni frenar el trfico de drogas ni reducir los cultivos de coca o el trfico de precursores qumicos. En contraposicin fueron innumerables las violaciones a los derechos de pescadores y migrantes ecuatorianos, tal como lo estableci la Comisin de Asuntos Internacionales y Seguridad Pblica de la Comisin Legislativa y de Fiscalizacin de la Repblica del Ecuador, en el ao 2009 (https://bit.ly/2Evnx8w), y la propia investigacin de INREDH en el ao 2007 (https://bit.ly/2EcWU92). La poltica de Guerra contra las drogas, iniciada por Estados Unidos en 1971, fue considerada un fracaso incluso por el propio ex presidente estadounidense Barack Obama en abril del 2012. La cooperacin internacional debe darse en el marco del respeto a las polticas nacionales, a la Constitucin y a la soberana del Ecuador y, sobre todo, manteniendo siempre un profundo respeto a los derechos humanos.

 

Beatriz Villarreal: Presidenta INREDH

Tobar Luis ngel Saavedra: Coordinador INREDH

Fuente: https://www.inredh.org/index.php/boletines/derechos-humanos-ecuador/881-pronunciamiento-de-inredh-ante-la-situacion-que-se-vive-en-el-norte-de-esmeraldas



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter