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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 05-04-2018

Marielle y las muertes institucionales en Amrica Latina

Keymer vila
Rebelin


Segn la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013), Amrica Central ocup el segundo lugar en el ranking de ndices ms altos de homicidios registrados por subregiones, Amrica del Sur qued en tercer lugar y el Caribe en el cuarto. La Organizacin Panamericana de la Salud y la Organizacin Mundial de la Salud (2016) coinciden con estos datos estimando la tasa de homicidios regional en 28,5 homicidios por 100.000 habitantes. Se trata de una tasa que cuadruplica la del resto del mundo y es el doble de la de los pases en desarrollo de frica.

Qu estn haciendo nuestros Sistemas Penales ante estos altos ndices de violencia? Estn contribuyendo a su incremento o a su disminucin?

Tal como lo seala el reciente comunicado de la Asociacin Latinoamericana de Derecho Penal y Criminologa (ALPEC), diversos investigadores y acadmicos que estudiamos el comportamiento de los Sistemas Penales en nuestros pases vemos con preocupacin el auge de las polticas de mano dura, expresadas en razias policiales que no respetan ningn lmite legal ni institucional, y que tienen a los ms humildes y racializados como objetivos militares. En Nuestra Amrica pases como Brasil, Venezuela, Colombia, Honduras, El Salvador y Mxico, destacan por la militarizacin de sus polticas de seguridad ciudadana, as como por las miles de muertes que sus fuerzas de seguridad han generado durante los ltimos aos. La denuncia de casos tan graves como los asesinatos de Marielle Franco, Bertha Cceres, Sabino Romero, los lderes sociales colombianos que luchan por el derecho a la tierra; las desapariciones de los 43 de Ayotzinapa, Alcedo Mora o Santiago Maldonado son apenas la punta del iceberg.

En esta materia los patriotismos negativos para ver quines ocupan los deshonrosos primeros lugares pudiera ser un ejercicio susceptible de ser instrumentalizado por intereses partidistas. Pero, adems, tambin es complicado hacerlo con la debida rigurosidad, y de eso se encargan los poderes que hay detrs de toda esa violencia. El acceso a las cifras delictivas en general, y de homicidios comunes en particular, es difcil y en los casos en los que stas son accesibles la calidad del dato no es confiable. Esta situacin es mucho ms crtica con los casos de violencia policial, especialmente con los homicidios cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad. Estas dificultades no son una particularidad de algunos pases de Amrica Latina, existen en toda la regin y tambin en pases como Estados Unidos, dnde el debate de la violencia policial en contra de los negros est en el tapete (ms del 40% de las vctimas son afrodescendientes y latinos, este conteo lo llevan por seguimiento de prensa porque no hay cifras oficiales confiables1).

Si nos vamos al sur y nos referimos a casos de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado o letalidad policial, tomamos como base una investigacin reciente de Ignacio Cano y Anneke Osse, y la contrastamos con las ltimas informaciones oficiales dadas por las autoridades venezolanas, Brasil, Jamaica, El Salvador y Venezuela estaran entre los pases con los organismos de seguridad ms letales del continente. La situacin en varios pases de Amrica Central y Mxico2 tampoco es alentadora.

Una herramienta adicional que es muy til para hacer comparaciones entre pases es el uso de la tasa de muerte por intervencin legal por cien mil habitantes, que puede calcularse a travs de los datos de salud que se encuentran bajo esta categora de la Clasificacin Internacional de Enfermedades de la OMS (CIE-10). Siguiendo este mtodo, de un grupo de 8 pases (Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, Mxico, Per y Venezuela) estudiados por Fondevila y Meneses (2014), con datos para el ao 2011, Venezuela ocupaba el tercer lugar con una tasa de 0,411; el primer lugar lo tena Honduras (1,012), el segundo Colombia3 (0,553) y el cuarto Brasil4 (0,396). Estos datos parecieran establecer una relacin entre las tasas de homicidios nacionales y las tasas de muertes debidas a intervencin legal (vila, 2017:33).

Parece que el modelo que algunos gobiernos latinoamericanos quieren imponer es el de Filipinas donde se lleva a cabo el operativo conocido como Tokhang que significa literalmente golpea e implora. Este pas lleva en su cuenta unas 9.400 personas ejecutadas desde ao 1.988 hasta nuestros das. Si se hace una revisin minuciosa estas cifras pueden ser superadas fcilmente por algunos de nuestros pases.

La activista Marielle Franco, asesinada hace unos das por las balas de la polica federal de Brasil, luchaba justamente contra estas prcticas, cuestionaba valientemente la masacre por goteo que se aplica en su pas. Estos excesos suelen tener nombres rimbombantes y propagandsticos: UPP en Brasil, OLP en Venezuela, gatillo fcil en Argentina. En algunos casos estos poderes de las fuerzas de seguridad del Estado llegan a expresarse en actos legislativos, como se pretende hacer con la Ley de Seguridad Interior en Mxico o con las reformas del Cdigo de Polica en Colombia. La mejor honra a la memoria de Marielle, mujer que simboliza las luchas de tantos sectores excluidos y vulnerables en Nuestra Amrica, es levantar sus banderas contra el abuso de poder en cada uno de nuestros pases, especialmente el que se expresa de manera letal contra nuestros jvenes de los sectores menos favorecidos que constituyen nuestras grandes mayoras Basta ya!

Notas:

1 El conteo que lleva el peridico The Guardian es de 1.146 personas en 2015 y de 1.092 para 2016.

2 La guerra contra las drogas decretada desde 1995 por parte del gobierno, que fue continuada y recrudecida por las gestiones posteriores, ha trado como consecuencia el aumento de los homicidios, de las desapariciones y de la violencia armada en este pas (Barrn, 2012).

3 Segn la Comisin Colombiana de Juristas (2011) entre los aos 2002 y 2008, se registr la muerte de unas 8.000 personas a manos de las fuerzas de seguridad del Estado o que -al menos- contaron con el apoyo o tolerancia por parte de ste; as como unas 2.410 desapariciones forzadas (p.80). Todo esto sin entrar con el anlisis de la denuncias segn las cuales una de cada tres bajas reportadas por militares entre 2006 y 2007 eran falsos positivos.

4 Segn un informe de Naciones Unidas de 2016 Brasil present el nmero absoluto ms alto de casos de balas perdidas por intervencin legal, seguido de Mxico, Colombia y Venezuela.

@Keymer_Avila

Publicado originalmente en: Contrapunto

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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