Portada :: Espaa
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 11-04-2018

Los Ayuntamientos del cambio frente al poder corporativo

Pedro Ramiro y Erika Gonzlez
Revista Pueblos


Gobernismo o confrontacin. Ese ha sido el dilema estratgico que desde el principio ha atenazado a los llamados ayuntamientos del cambio. Y es que a la hora de llevar a la prctica sus programas electorales se han topado una y otra vez con un dilema que, en el caso de Madrid, se ha resuelto definitivamente con el cese del responsable de Economa y la aceptacin de los recortes presupuestarios exigidos por el ministro de Hacienda. Llegados al punto de inflexin del ciclo poltico, han terminado por imponerse las tesis que abogan por ser un ejemplo de orden y responsabilidad, frente a aquellas que promueven el conflicto con los poderes establecidos como forma de avanzar en la transformacin real de la ciudad. Despus de todo, la estrategia de presin econmica se ha revelado como la va ms eficaz para que los gobiernos del cambio retomen la senda de la gestin institucional y descarten la aplicacin de polticas que puedan poner en riesgo los beneficios empresariales.

El contexto es ms o menos conocido. Tras las elecciones municipales y autonmicas de mayo de 2015, las candidaturas municipalistas pudieron formar gobierno en buena parte de los principales ayuntamientos del pas: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Cdiz, A Corua, Santiago de Compostela... Y desde el primer momento, como se vio especialmente en el caso de la capital del Estado, qued claro que los nuevos gobiernos municipales iban a estar sometidos tanto a una fuerte oposicin de la derecha como a un escrutinio constante de los grandes medios de comunicacin.

Todo ello, en el marco de una arquitectura poltica, econmica y jurdica que delimita las posibilidades de acometer transformaciones estructurales desde las instituciones pblicas. Sabiendo que la re-regulacin a favor de las grandes empresas lleg a los ayuntamientos de la mano de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la reforma de la Ley de la Administracin Local, qu papel pueden jugar estas institucionespara contrarrestar la fuerza de lalex mercatoriay servir de contrapeso al poder empresarial?

Responsabilidad o ruptura

Tomemos como referencia el ayuntamiento de Madrid. Desde el minuto uno, se constat que haba dos estrategias posibles para enfrentar la presin de quienes haban estado gobernando la capital y el pas durante los ltimos cuarenta aos.

Una, la que apostaba por ejercer una gestin responsable y eficaz como tctica electoral para fidelizar a las clases medias y, al mismo tiempo, lograr algunas mejoras en trminos de transporte y movilidad, medio ambiente y contratacin pblica. Es lo que se ha dado en llamar gobernismo, con sus reclamaciones a la gestin responsable y a gobernar para todos. Que tiene, naturalmente, su correspondiente contrapartida: que, a pesar de los programas electorales, los que en realidad mandan en las grandes ciudades bancos y fondos de inversin, constructoras e inmobiliarias no van a ver reducidas sus expectativas de negocio ni su influencia sobre las polticas pblicas.

Otra, la que exiga cumplir el mandato con el que se ganaron las elecciones y promova, asumiendo las limitaciones a las que se enfrentan las administraciones municipales, la adopcin de polticas econmicas y urbansticas que posibilitaran un cambio en las relaciones de poder. Confrontacin, ruptura, radicalidad democrtica, pongmosle la etiqueta que queramos. Y que tambin se enfrentaba a un riesgo claro: que los grandes propietarios del capital y la clase poltico-empresarial que han hecho fortuna conel milagro del capitalismo espaolexplotasen sus contradicciones internas y los hicieran caer.

En los dos primeros aos de legislatura ambas posiciones pudieron coexistir, no sin fuertes tensiones internas. Si ponemos el foco en la economa poltica y dejamos de lado las polmicas sobre esas guerras culturales que tan bien explota la derecha y tan mal gestiona la izquierdaprogreno hace falta recordar aqu los casos de los tuits de Guillermo Zapata, el encarcelamiento de los titiriteros o las crticas a la cabalgata de los reyes magos, puede decirse que se han producido avances fundamentalmente en dos terrenos.

En el de las cuestiones sobre las que el ayuntamiento tiene pocas competencias, promoviendo medidas de carcter bsicamente simblico: declararse municipio libre de TTIP, unirse almanifiesto de ciudades por el agua pblica, sumarse a laszonas libres de parasos fiscales. Y en el de los mbitos en los que s hay competencias, proponiendo alternativas: impulsar una auditora ciudadana de la deuda, no renovar los contratos de las agencias de calificacin de riesgo cuando expiraba su vencimiento, incorporar clusulas sociales y ambientales en la contratacin pblica, restringir el trfico privado cuando se superen los umbrales de contaminacin del aire, apoyar la economa social y solidaria a travs de proyectos comoMares.

A la vez, todo hay que decirlo, en otras cuestiones en las que el ayuntamiento tambin dispondra de competencias para revertir la situacin heredada de los anteriores gobiernos neoliberales, la realidad es que ha preferido no dar esa pelea. La renuncia a la remunicipalizacin del servicio de recogida de basuras y limpieza de las calles de la ciudad, que siguen ejecutando en concesin las mayores constructoras, es un ejemplo de ello. La denuncia y reversin de los contratos adjudicados en condiciones muy perjudiciales para el ayuntamiento y la ciudadana madrilea, como el caso del Open de Tenis, es otro. Y de ah hasta llegar a la poltica de grandes operaciones urbansticas, el gran campo de batalla donde tampoco se ha querido cuestionar el modelo econmico dominante. De la demolicin del Taller de Precisin de Artillera a finales de 2016 a la firma del acuerdo sobre el proyecto Madrid Nuevo Norte lo que siempre se llam la Operacin Chamartn el pasado verano, pasando por la aprobacin de la Operacin Mahou-Caldern y la Quinta Torre de Villar Mir, el hecho es que al final lo que han prevalecido son los intereses de los grandes bancos y constructoras.

El cese del delegado de Economa y Hacienda, Carlos Snchez Mato, y la aceptacin del Plan Econmico Financiero impuesto por el ministerio de Hacienda aprobado con los votos de Ahora Madrid y el PP han terminado por decantar la situacin hacia un lado. Los fuertes recortes en el presupuesto municipal para 2018, la retirada de los recursos judiciales interpuestos y la destitucin del mximo responsable de haber saneado las cuentas del ayuntamiento, al fin y al cabo, no hacen sino certificar el final de un ciclo. La renuncia a continuar con la lucha poltico-administrativa contra las imposiciones del poder financiero encarnado en este caso en la figura del ministro Cristbal Montoro, no digamos ya a la posibilidad de desobedecer sus dictados, nos sita pues ante otro escenario distinto. Parecido, aunque obviamente a otra escala, al que tuvo que afrontar Zapatero tras volver de Bruselas en mayo de 2010 y tener que empezar a aplicar drsticos recortes.

Relato vs. prctica

Seguramente, el discurso deltramabsaquel autobs decorado con las caras de los protagonistas de los mayores casos de corrupcin en Espaa que Podemos utiliz como parte de una campaa para difundir las crticas a las instituciones que nos gobiernan ser ampliamente compartido. A saber: casos como los de Bankia, el Canal de Isabel II o las donaciones de las grandes constructoras al PP vienen a demostrar cmo funciona el entramado de corruptelas, delitos econmicos y chanchullos de todo tipo que han sido y son la prctica habitual de la clase poltico-empresarial espaola. Pero el problema est un poco ms all, cuando se trata de llevar ese relato a la prctica cotidiana de las instituciones y las polticas pblicas.

Por decirlo con un ejemplo concreto: la indignacin ante las polticas laborales de Coca-Cola y el cierre de su planta embotelladora en Fuenlabrada, unnime en la nueva poltica, se convierte en un silencio generalizado si se intenta promover alguna propuesta institucional que haga mella en la empresa por sus abusos sobre los derechos humanos. En septiembre de 2015, cuando el concejal-presidente del distrito Salamanca, Pablo Carmona,deneg la cesin de unas instalaciones deportivas a la multinacionalms conocida del mundo para grabar un anuncio publicitario, la mayora del equipo municipal se puso de perfil. MientrasEl Pascargaba en portada titulando Madrid, territorio vedado a Coca-Cola y El Gran Wyoming se preguntaba enEl Intermedioqu consigue el concejal con este asunto adems de abrir una absurda polmica?, apenas hubo voces de cargos electos que salieran pblicamente en defensa del concejal. Pasa algo parecido cuando se comparan las crticas en abstracto a los bancos y constructoras por su papel en la burbuja inmobiliaria con las valoraciones concretas sobre sus nuevos macroproyectos en las zonas ricas de la ciudad, con la Operacin Chamartn como caso ms evidente.

Apoyar la economa social y solidaria y dedicar recursos al fomento de nuevas formas de gestin de la alimentacin, la movilidad, la energa y los cuidados, sin duda, es una iniciativa que hay que aplaudir. Como lo es incluir clusulas sociales y ambientales en las licitaciones pblicas, para poder penalizar a las grandes empresas que ms contaminan y discriminan a sus trabajadores y trabajadoras. Lo que ocurre es que, al compararlo con un proyecto inmobiliario-financiero en el que se prev construiruna nuevacitycon 26 rascacielos y once mil viviendas, parece quedarse poco menos que en el terreno de lo anecdtico.

Democracia mercantilizada

La estrategia de los grandes capitales y los poderes financieros est clara. Como sucedi en Grecia hace dos aos yen Catalunya hace unos meses, la presin econmica y el bloqueo financiero son el espejo en el que se pueden mirar los gobiernos del cambio que pretendan avanzar en una transformacin real de las estructuras de poder. Quien se atreva a desafiar la ortodoxia de la austeridad y la disciplina fiscal sabe que se enfrenta a la fuga de empresas, la huida de inversores y los posibles cortes de financiacin.

Desde elcrashde 2008, se ha ido consolidando esa tendencia por la que los gobiernos deben acatar normas inviolables que sustraen las reglas del mercado al control de la democracia representativa. Se trata de aprobar y constitucionalizar una serie de lmites no negociables por la soberana popular. Y as la democracia queda como un mero procedimiento de designacin de gobernantes, cuyas decisiones estn forzadas por una armadura jurdica infranqueable al margen de la alternancia electoral. Son normas que permiten al mercado actuar sin lmites y garantizar la acumulacin de riqueza por parte de las grandes corporaciones. Desde esta perspectiva, las normas privadas pasan a situarse en la cspide de la pirmide normativa y se convierten en una constitucin econmica que se impone en la mayora de las ocasiones sin ninguna oposicin de los gobiernos a los poderes ejecutivo y legislativo, sometiendo la soberana popular al sistema econmico dominante.

Desde la reforma del artculo 135 de la constitucin espaola hasta la aprobacin del CETA, pasando por elacuerdo comercial entre la Unin Europea y Japnque se ha anunciado hace poco, se trata de normas que se sustraen a la democracia y a los derechos de las mayoras sociales. Un nuevo marco institucional que fortalece el mercado, la propiedad privada, la privatizacin y la desregulacin de los derechos sociales. Y que se vincula, al mismo tiempo, con acciones pblicas que incorporan a la armadura jurdica de dominacin la estabilidad monetaria, el control de la inflacin, la austeridad fiscal, el no endeudamiento, la independencia de los bancos centrales, el pago de la deuda Normas privadas constitucionalizadas que todo el mundo debe obedecer, al margen de los vaivenes de la democracia representativa.

La fragilidad de los mecanismos de control, la irresponsabilidad de los poderes pblicos, la sustitucin de instituciones democrticas por instituciones tecnocrticas, la aprobacin de tcnicas y procedimientos que evalan los derechos en funcin de su eficacia econmica, adems, provocan que las legislaciones se impregnen de oscuridad y confusin democrtica. Todo ello va alejando a la ciudadana del control de los centros reales de poder, consolidando mecanismos autoritarios y debilitando la legitimidad de las instituciones representativas.

Con toda esta privatizacin de las normas jurdicas y la mercantilizacin de la democracia lo que se est provocando es que los derechos humanos sean expulsados del imaginario colectivo, procediendo a una reconfiguracin de quines son sujetos de derecho y quines quedan fuera de la categora de seres humanos. Eso nos conduce a una nueva etapa en la descomposicin del sistema internacional de los derechos humanos: las normas privadas desplazan a los derechos humanos, protegiendo la seguridad jurdica de unos pocos frente a los intereses de la mayor parte de la poblacin.

En ese contexto, frente a la hegemona del proyecto neoliberal, desde los movimientos sociales y las comunidades en resistencia nos enfrentamos al reto de disear nuevas formas de participacin para todas aquellas personas que viven en los mrgenes del modelo poltico y econmico. Lo que requiere, para empezar, reconstruir la democracia y los derechos humanos desde abajo y para las de abajo.

Conflicto y alternativas

El capitalismo de los ltimos treinta aos, y muy en particular el espaol, ha estado dominado por el lumpenempresariado, afirmaCsar Rendueles: Personas y empresas que han amasado gigantescas fortunas estafando, saqueando los recursos pblicos, utilizando toda clase de ayudas y privilegios de la clase poltica. Son esos supermillonarios que concentran en sus cuentas en parasos fiscales los beneficios empresariales mientras demandan austeridad a sus conciudadanos y exigen el pago de las deudas ilegtimas a las administraciones pblicas. Son esos inversores que antes engordaron sus fortunas con sus acciones en constructoras y petroleras y ahora hacen negocio con los alquileres y la turistizacin de las grandes ciudades. Son esos ejecutivos que, a la vez que los trabajadores con rentas ms bajas no han dejado de ver cmo se depreciaban sus salarios, hanincrementado sus retribuciones un 63% en los ltimos aos. Son esos polticos que tienen un asiento asegurado en los consejos de administracin de las compaas del Ibex-35 cuando decidan retirarse de la vida pblica y quieran pasar a recoger los frutos del trabajo que previamente han hecho desde los gobiernos.

Y todos ellos, naturalmente, no van a renunciar a sus privilegios as como as. Tampoco parece que una gestin institucional que se reclame de orden y responsabilidad vaya a servir mucho para avanzar de manera efectiva en una transformacin estructural de las relaciones de poder. Como puede verse en el caso paradigmtico de Madrid, que sin duda va a marcar la lnea a seguir al resto de gobiernos del cambio, una gestin de los recursos pblicos que ha llevado a que el consistorio amortice deuda, aumente las inversiones sociales y aun as tenga supervit no ha sido suficiente para contentar a los mercados. Si se trataba de poner sobre la mesa alternativas concretas y polticamente viables, eso estaba hecho: sobre la Operacin Chamartn, el propio ayuntamiento present en 2016 la contrapropuesta Madrid Puerta Norte, en la cual rebajaba la edificabilidad y el nmero de viviendas a construir en el proyecto; sobre el Plan Econmico Financiero, las posibilidades de prorrogar los presupuestos otro ao para mientras tanto continuar con los recursos judiciales estaban abiertas. Pero ambas vas, al final, se desestimaron. Porque lo que estaba en discusin no era qu interpretacin tcnico-jurdica se ajustaba ms a la norma, sino cmo se cercenaban polticamente las posibilidades de efectuar transformaciones sociales que pudieran alterar la actual correlacin de fuerzas.

Arrancar privilegios a las lites dominantes, conseguir frenar y revertir las desigualdades y la destruccin de los ecosistemas, avanzar hacia una redistribucin justa de la riqueza son objetivos que van a requerir de una dura confrontacin por parte de la ciudadana organizada. Y para sostener ese conflicto, seguramente no queda otra que trabajar para a medio y largo plazo lograr la acumulacin de fuerzas y el apoyo popular necesarios, tanto dentro como fuera de los gobiernos del cambio. Enfrentarse a la fortaleza de lalex mercatoriay al poder de las empresas transnacionales no es algo sencillo. Pero si existe alguna posibilidad de llevar a cabo cambios que mejoren realmente la vida de las personas ms desfavorecidas, que sirvan para convivir en paz con el planeta y que apuesten por una transformacin radical de nuestro modelo socioeconmico, eso pasa, de una u otra manera, por el camino de la confrontacin. Y en l nos seguiremos encontrando.

Pedro Ramiro y Erika Gonzlez son investigadores delObservatorio de Multinacionales en Amrica Latina (OMAL)-Paz con Dignidad.


Fuente: http://omal.info/spip.php?article8575


Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter