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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-04-2018

El periodista Ricardo Gamaza realiza el documental Trileros del agua? Lo que no cuentan los medios de comunicacin
La gestin privada del agua, un gran botn

Enric Llopis
Rebelin


Cuatro peridicos del Grupo Joly empresa de comunicacin andaluza que incluye nueve cabeceras- compartieron el siguiente titular el 23 de febrero: El sector del agua alerta de los riesgos de la remunicipalizacin. Diario de Cdiz, Diario de Almera, Diario de Jerez y Europa Sur se hicieron eco del debate organizado por el primero de los peridicos con expertos, empresarios y sindicalistas, en el que concluye el periodista- se plante aparcar debates ideolgicos para priorizar la calidad del servicio y la modernizacin de las redes. Casi un mes despus, los medios de este grupo regional insistan con la misma idea en la portada: La colaboracin pblico-privada abarata los servicios pblicos; el antettulo y los sumarios de la informacin aseguraban que la remunicipalizacin de empresas resta inversiones y eficacia; tambin el texto cargaba contra los ayuntamientos populistas, que actan por motivos ideolgicos. La campaa periodstica coincidi con el estreno el 22 de marzo en Jerez de la Frontera, ante 300 personas, del documental Trileros del agua? Lo que no cuentan los medios de comunicacin, dirigido por el periodista independiente Ricardo Gamaza y producido por la iniciativa municipalista Ganemos Jerez, que cuenta con cinco regidores en el ayuntamiento gaditano.

La presentacin del documental coincidi tambin con el Da Mundial del Agua, en el que Naciones Unidas record que 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca del hogar; la ONU reconoci en 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento. Ricardo Gamaza dedic un ao de trabajo a la realizacin del audiovisual (al menos la mitad del tiempo a la investigacin periodstica). Una conocida frase de Ryszard Kapuscinsky ha orientado la produccin del documental: El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cmo stas corren a ocultarse. Adems de director y guionista de Trileros del agua?, Gamaza escribe en el blog de investigacin Ecoperiodismo y dirige la productora especializada en medio ambiente y agricultura con la misma denominacin. Durante el mes de mayo, est confirmada la presentacin del documental en Granada, Sevilla y, entre los das 8 y 27, en el Ecozine Film Festival de Zaragoza. La investigacin se centra en la provincia de Cdiz y en Andaluca, que representan un mapa a escala de lo que est ocurriendo en Espaa, ha asegurado el documentalista tras la proyeccin en el Centre Octubre de Valencia, a iniciativa de Ingeniera Sin Fronteras y la Xarxa Valenciana per lAigua Pblica.

Un estudio sobre los 778 municipios andaluces de los profesores Miguel ngel Garca-Rubio y Francisco Gonzlez Gmez, integrantes del Instituto del Agua adscrito al departamento de Economa Aplicada de la Universidad de Granada, resalta que el 74,8% mantiene la gestin pblica del agua, mientras que el 13,4% han puesto el servicio en manos privadas y el 11,6% ha optado por una frmula mixta que incluye un socio privado (datos de 2016). Pero la perspectiva cambia si se considera el nmero de usuarios, ya que el 44,5% del agua suministrada a la poblacin andaluza corresponde a la gestin privada o mixta, que principalmente llevan a trmino tres grandes empresas: Aqualia, Aguas de Barcelona (AGBAR) y Acciona. Respecto al estado espaol, las empresas privadas o mixtas abastecen al 56% de la poblacin. AGBAR, del grupo Suez, y Aqualia, filial de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), concentran el 87% de la gestin privada en Espaa. De hecho, concluye Ricardo Gamaza, est gestionndose un derecho humano (al agua) en rgimen de oligopolio.

El reparto del gran negocio da lugar a conflictos. A finales de febrero, el Tribunal Supremo anul el concurso por el que la Generalitat de Catalua adjudic en 2012 la sociedad pblica Aiges del Ter-Llobregat (ATLL) a un consorcio liderado por Acciona. Al concurso se present la empresa AGBAR en condicin de competidora. ATLL abastece de agua en alta (desde los ros hasta los depsitos de cabecera municipales) a 4,5 millones de habitantes de nueve comarcas catalanas -incluida el rea metropolitana de Barcelona-, adems de la industria y servicios de estos territorios. La privatizacin, la mayor de la historia de la Generalitat, fue acometida por el gobierno de Artur Mas con el fin de reducir el endeudamiento (la concesin por 50 aos implicaba unos ingresos de mil millones de euros).

En el caso de los municipios que privatizan la gestin del agua, Garca-Rubio y Gonzlez Gmez sealan algunas conclusiones del caso andaluz: tambin se plantean las concesiones durante 25 aos como una va de urgencia para pagar las deudas municipales, aunque despus las empresas recuperen la inversin a travs de las facturas; adems las concesionarias prefieren los municipios con ms de 50.000 habitantes, costeros y con una renta por habitante alta, que permita a las familias afrontar un incremento en los recibos. El quid de la privatizacin est en el canon concesional, millonario, que pagan las empresas; stas compran el servicio del agua a los ayuntamientos, que se financiaron con cargo al recibo que se cobra a los ciudadanos sin utilizar prcticamente nunca esta financiacin para realizar inversiones en infraestructuras hidrulicas, resume el secretario general de la Asociacin Espaola de Operadores Pblicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Jaime Morell.

El discurso neoliberal argumenta que el sector privado optimiza las inversiones y resulta ms eficiente. Sin embargo, algunas investigaciones apuntan lo contrario. Un estudio de Garca-Rubio, Gonzlez Gmez y Guardiola Performance and ownership in the governance of urban water (2010)- atribuye la supuesta mayor eficiencia de los agentes privados en el uso de los recursos a un menor celo en la conservacin, mantenimiento y renovacin de las redes de distribucin hdrica. Asimismo, una investigacin de 2012 realizada por Gonzlez Gmez, Martnez Espieira, Garca Valias y Garca-Rubio observa mayores prdidas de agua en la distribucin si la gestin es privada; los autores recuerdan que corresponde a los municipios controlar la gestin de estas empresas, aunque puede que no se realicen los controles o, en caso de producirse, es posible que falten recursos y tcnicos debidamente capacitados. En otro trabajo de 2016, Garca-Rubio, Gonzlez Gmez y Tortajada sealaron que, aunque se cumpla con los indicadores legales, las privatizaciones parecen reducir el nivel de satisfaccin con la calidad del agua del grifo de los usuarios.

Pblico o privado? En Espaa se privatiza el agua no por eficiencia, sino porque es un negocio, afirm Jaime Morell en una entrevista de Ricardo Gamaza en El Correo de Andaluca. El ingeniero y miembro de AEOPAS apunta Pars, Viena, Crdoba, Cdiz y Sevilla entre otros modelos de gestin pblica eficiente. Trileros del agua? destaca un caso diferente, el de Jerez de la Frontera, municipio de 213.000 habitantes con una tasa de paro del 33,7%; en 2013 el Ayuntamiento entonces regido por el PP privatiz la gestin del agua urbana (suministro, depuracin y alcantarillado), concesionada a Aqualia durante 25 aos por 80 millones de euros. En 2012, el ejercicio anterior a la privatizacin, la empresa municipal Aguas de Jerez (AJEMSA) cerr con beneficios.

Los crticos con el cambio de modelo denuncian los efectos inmediatos. En enero de 2014, Aqualia puso en marcha una campaa para cortar el suministro de agua por impago de facturas en Jerez de la Frontera. Unas semanas despus, la multinacional confirmaba que las interrupciones afectaban a cerca de 200 familias jerezanas, lo que se sumaba a las crticas por el encarecimiento de los recibos. Actualmente continan las reivindicaciones. El pasado 23 de marzo la Coordinadora en Defensa del Agua Pblica de Jerez, surgida a partir de una veintena de asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos y partidos de izquierda, pidi por carta a la alcaldesa, Mara del Carmen Snchez Daz, del PSOE, informacin sobre el cumplimiento de las inversiones de mantenimiento (un milln de euros anuales), a las que se comprometi Aqualia en el contrato de concesin; adems preguntaron por los controles que est aplicando el consistorio a la filial de FCC.

Trileros del agua? informa de otras consecuencias de las externalizaciones en Jerez. El Ayuntamiento de la pedana jerezana de Torrecera, gobernado por IU, y vecinos de esta Entidad Local Autnoma (ELA) comenzaron en 2013 cuando el PP en el consistorio de Jerez privatiz el suministro del agua- una batalla para lograr la gestin pblica y directa. En defensa de sus competencias, han mantenido un pulso durante aos con Aqualia y el Ayuntamiento de Jerez. En 2016, la Junta Vecinal de Torrecera aprob la prestacin municipal del servicio de abastecimiento y alcantarillado; mientras, la Coordinadora en Defensa del Agua Pblica de Jerez denunci que Aqualia intentaba facturar el servicio de gestin del agua que, por voluntad de los vecinos y por acuerdo del Ayuntamiento de Torrecera, no le corresponde. Un ao y medio despus, en febrero de 2018, se complet el proceso: el pleno municipal de Jerez de la Frontera dio va libre, por unanimidad, a la gestin directa del agua por parte del ayuntamiento pedneo. A mayor escala, Aqualia abastece como gestor privado al 40,7% de la poblacin en la provincia de Cdiz (en rgimen pblico-privado a otro 16,7%), al 34,9% en la de Almera, el 24,8% en Huelva y al 22,9% en Jan (datos de 2016).

Pero los litigios se extienden a otras autonomas. El Ayuntamiento corus de Arteixo, regido por el Partido Popular, aprob la remunicipalizacin del abastecimiento y saneamiento de agua en 2013, tras haber adjudicado el servicio a Aqualia en 2005. Durante los ocho aos de gestin privada, el gobierno municipal constat un incumplimiento de los acuerdos de inversin, mantenimiento y la subcontratacin de obras a empresas del mismo grupo concesionario- por precios superiores a los de mercado. Tras aos de pleito, el Juzgado Contencioso-Administrativo nmero 4 de A Corua conden en diciembre de 2017 a Aqualia por incumplir el compromiso de inversiones, por lo que la empresa tiene que abonar en concepto de indemnizacin- 12,8 millones de euros al consistorio. El foco informativo puede ponerse en este municipio gallego, de 31.500 habitantes, pero si se estira del hilo hasta la matriz de Aqualia (la constructora FCC), el punto final es el magnate mexicano Carlos Slim. Adems, FCC ha firmado la venta del 49% de Aqualia al fondo de inversin australiano IFM Global Infrastructure Fund, por 1.024 millones de euros, aunque mantiene el control sobre la compaa hdrica.

El documental de Ricardo Gamaza tambin se detiene en la firma Aquagest, filial del grupo AGBAR, un gigante del negocio del agua en Espaa. Aquagest figura como una de las empresas sealadas en la operacin Pokemon, macrotrama de corrupcin que el Juzgado de Instruccin nmero 1 de Lugo comenz a investigar en 2011, y cuya instruccin se ha prorrogado en alguna de las piezas hasta junio de 2019; consista en el presunto amao de adjudicaciones en las contratas de servicios pblicos -a cambio de comisiones y favores- por las que resultaron imputados cerca de un centenar de polticos, empresarios y funcionarios. Las supuestas irregularidades se extendieron por municipios de diferentes autonomas, como Galicia, Asturias, Murcia, Catalua y el Pas Valenciano. En medio de las denuncias y el escndalo, AGBAR llev a trmino en 2013 un proceso de reestructuracin empresarial; a partir de la empresa Aquagest, se crearon muchas marcas diferentes para que el caso Pokemon no les pudiera afectar, al menos en su imagen, explica el documental. De ah que aparecieran, entre otras sociedades, Aquona (Castilla-La Mancha y Castilla y Len), Viaqua (Galicia), Asturagua (Asturias), Aquanex (Extremadura), Hidraqua (Pas Valenciano), Aquara (Aragn), Aquarbe (Pas Vasco, Cantabria, Navarra y La Rioja) e Hidralia (Andaluca). Imagen o ingeniera empresarial?, se pregunta Ricardo Gamaza.

En 2013 se constituy la empresa mixta Aiges de Barcelona para la gestin del ciclo integral del agua captacin, transporte, distribucin y depuracin- en Barcelona y 23 ciudades del rea metropolitana; los servicios alcanzan a cerca de tres millones de personas. Actualmente se reparten el accionariado de Aiges de Barcelona AGBAR (70%), la administracin pblica rea Metropolitana de Barcelona (AMB), con el 15%, y La Caixa (15%). La concesin, durante 35 aos, fue otorgada por AMB con el apoyo de CIU y el PSC. Pero el revs judicial lleg en marzo de 2016, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalua anul la adjudicacin a la sociedad encabezada por AGBAR, dado que sta se realiz sin concurso pblico; a la espera de la resolucin definitiva del Tribunal Supremo, Aiges de Barcelona contina prestando el servicio en el rea metropolitana.

Adems, la AMB presidida por Ada Colau ha presentado pblicamente una auditora en la que se concluye que AGBAR hinch en 346 millones de euros sus activos para constituir Aiges de Barcelona. As las cosas, la gran batalla es por la remunicipalizacin. El Ayuntamiento de Barcelona tena previsto consultar a los vecinos, antes del verano, si quieren una gestin pblica del agua; 40 colectivos sociales superaron las 15.000 firmas requeridas en apoyo de la iniciativa. Sin embargo, la multiconsulta ciudadana ha chocado con fuertes obstculos. Entre otros, los recursos contencioso-administrativos planteados por la Delegacin del Gobierno en Catalua y la Cmara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Pblico (CCIES), de la que forma parte la empresa concesionaria; y tambin, el recurso de alzada interpuesto por AGBAR; a ello se agrega la oposicin de los grupos municipales, que en el pleno del 10 de abril rechazaron la pregunta de la consulta: Quiere usted que la gestin del agua en Barcelona sea pblica y con participacin ciudadana? Votaron a favor Barcelona en Com y ERC, mientras que se opusieron el PDeCAT, Ciudadanos, el PSC, el PP y la CUP.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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