Portada :: Ecologa social
Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-04-2018

Guatemala
Sin derechos no hay consulta!

M4

Total rechazo a la ley esclavista de las cmaras empresariales!


El pasado 26 de febrero el diputado Oliverio Garca Rodas present a la Direccin Legislativa del Congreso de la Repblica la iniciativa de Ley de Consulta a los Pueblos Indgenas Conforme al Convenio 169. La entreg sin consultar a los pueblos indgenas y sin proponer un mecanismo para que los pueblos originarios la conozcanantes de someterla a aprobacin.

El Consejo del Pueblo Maya -CPO-, ya ley esa iniciativa y denuncia ante la poblacin de Guatemala y ante la comunidad internacional que ese proyecto de ley est escrito para taparnos la boca y para proteger a las empresas que entran a saquear nuestros territorios.

Detrs de esa propuesta estn los intereses oligrquicos acostumbrados a tratar a los pueblos indgenas como si fueran simples objetos a ser administrados por el Estado. Se trata de una ley que se burla del principal propsito del Convenio 169, que consiste en exigir al Estado que garantice los derechos colectivos de los pueblos originarios de Guatemala. Esa iniciativa de ley quiere legalizar lo que el Estado ha hecho por siglos: controlarnos, someternos como enemigos y esclavos, despojarnos de la dignidad por la que siempre hemos luchado. Una nueva forma de genocidio se esconde en ese proyecto de ley porque solo vamos a existir para el Estado cuando una Unidad Tcnica decida qu, cundo, dnde, cmo y a quines quieren consultar.

Nos oponemos a ese proyecto de ley por las siguientes razones:

1. La consulta a los pueblos indgenas no es un procedimiento administrativo. La consulta es inherente al ejercicio de la libre determinacin de los pueblos. El proyecto de Garca Rodas manipula, de forma y viola el espritu del Convenio 169. El Convenio 169 dice claramente que el Estado de Guatemala es titular de obligaciones con los pueblos originarios. Obliga al Estado a asegurar que los pueblos tengan el derecho a decidir y controlar sus propias prioridades de desarrollo y a participar en la formulacin, aplicacin y evaluacin de los planes de desarrollo que los involucren y afecten. El Convenio establece una relacin inseparable entre el deber del Estado de consultar, con la obligacin del Estado de cooperar con los pueblos originarios para que puedan existir digna y libremente.

Ninguna medida especial, incluyendo la consulta, debe ser contraria ni menoscabar los derechos de los pueblos. Pero lo que hace la iniciativa de ley del diputado ttere de la oligarqua, es tirar a la basura la obligacin del Estado de cooperar y de garantizar los derechos indgenas. Es un proyecto que no respeta a los pueblos indgenas como sujetos de derechos. No se quiere promover la consulta para garantizar y promover derechos, sino para negociar el costo de los agravios. Como si estuviramos en la poca de las dictaduras, la iniciativa de ley se dedica a legalizar una oficinita a la que le otorga poderes supremos para decidir la vida indgena sin los pueblos indgenas.

2. La consulta no puede decidirla una oficina con tufo criollo y de estilo militar. Son los pueblos quienes deben decidir qu les afecta y qu se pone a discusin, no el Estado. El racismo de este documento llega al extremo de vernos como a la indiada que debe ser tutelada por el Estado-patrn, quien decide qu es lo bueno y qu es lo malo para nuestras vidas. Mientras el Convenio 169 expresa que los pueblos indgenas deben participar siempre en todo aquello que concierne a sus intereses, desde asuntos administrativos hasta planes de desarrollo, ya sea en tierras, inversiones sobre sus territorios, uso de los bienes naturales, salud, seguridad social, comunicacin, trabajo, educacin, etctera; la propuesta de ley reduce la consulta a la potestad del Estado para definir qu cosas sern o no sern consultadas. Otorga al Estado poder absoluto para decidir los agravios que cometer, al mismo tiempo que le confiere el poder absoluto para delimitar el alcance de la ciudadana indgena.

Da la espalda a derechos ciudadanos constitucionales como el de peticin y el de acceso a la Informacin, inhabilitando para los pueblos indgenas derechos que son generales para toda la poblacin. Segn este proyecto de Ley, no podrn ser objeto de consulta los documentos que formen el expediente del tema a consultar, as que no se permitir discusin sobre estudios, dictmenes o informes que podran servir de buena fe para fundamentar un dilogo transparente y efectivo. Pero la violacin ms grave contra el derecho indgena, radica en dos normas que pueden propiciar abusos de poder por parte del Estado: 1. Los pueblos indgenas no tienen iniciativa para exigir el derecho a la consulta previa e informada; y 2. Se prohibir hacer consultas sobre temas que protegen intereses financieros y/o agro-industriales monoplicos y criollos.

El Estado ser juez y parte, slo l decidir qu agravio se cometer; quin, cmo y cundo se cometer, as como a quin afectar; y cmo, dnde y cundo se har consulta. No podrn ser motivo de consulta actos administrativos, leyes ordinarias de carcter general, construccin y mantenimiento de infraestructura, provisin general de servicios pblicos, los presupuestos, los prstamos externos, ni siquiera los de las municipalidades. As las cosas, conflictos similares a los despojos en el Valle del Polochic, en El Estor o en Cahabn, Santa Eulalia, Barillas y muchos otros territorios, ni por asomo sern prevenidos por consultas o, si mucho, el Estado tendr la exclusiva prerrogativa de decidir si se somete a consulta para la reparacin de daos.

3. Una ley para quebrantar siglos de fuerza y cuidado comunitario. Este proyecto de ley neoliberal y racista solo tiene un objetivo: destruir la comunidad indgena, desarticular las formas de organizacin que han dado vida y fuerza a nuestras asambleas comunitarias. Pretende debilitar la organizacin indgena que sobrevive para el cuidado y la defensa de la tierra, el agua y los bosques. Su objetivo es dispersar los esfuerzos que existen para conservar y transmitir nuestros conocimientos y destruir la autoridad indgena como autoridad para servir a su comunidad. Es una ley dedicada a desconocer las formas de autoridad y de institucionalidad con las cuales hemos protegido nuestras vidas, a nuestras hijas e hijos, a nuestros idiomas, nuestras maneras de vivir en equilibrio con la Madre Tierra. El CPO llama a todos los pueblos a defender el rotundo NO que las ms de 100 consultas comunitarias han levantado contra la minera a cielo abierto, las grandes hidroelctricas y los negocios que entran para despojarnos.

Este proyecto de ley quiere sepultar nuestras consultas. Ignora y desprecia nuestras formas de autogobierno porque lo nico que reconoce para identificarnos es al corrupto sistema de Consejos de Desarrollo. El CPO denuncia a los consejos de desarrollo como un engranaje que solo ha servido para dividirnos, institucionalizar el clientelismo de los partidos polticos, fragmentar el presupuesto nacional y mantener en la impunidad la galopante corrupcin en las municipalidades. Los consejos de desarrollo son estructuras sometidas a toda politiquera y no representan a las asambleas de las comunidades. Esa falsa ley de consultas viola al Convenio 169 al expresar que sern los consejos de desarrollo el principal mecanismo para identificar a las instituciones de los pueblos indgenas. Los consejos de desarrollo tienen menos de 30 aos de existencia, los pueblos indgenas tenemos ms de cinco mil aos de estar en estas tierras.

La consulta debe estar regulada en la Constitucin Poltica de la Repblica como el derecho a la libre determinacin de los pueblos. Por eso llamamos a construir democracia desde las comunidades, para que los de abajo tengan poder para encauzar la vida sin daar nada ni a nadie. No queremos municipios de partidos, los municipios son de los pueblos. No queremos alcaldes autnomos, la autonoma es de los pueblos. Queremos tiempo para desmontar todo este engranaje que nos roba y nos niega. Pero el tiempo lo tendremos si nos levantamos, si levantamos el orgullo de ser pueblos originarios.

La ley de Oliverio Garca Rodas solo muestra el racismo del ponente, su servilismo criollo y militarista y el miedo que tienen las fuerzas colonialistas a que hagamos nuestras consultas con toda libertad. Ese proyecto de ley es una copia fiel de las mafias y de la oligarqua: solo aceptan un Estado para controlar a la poblacin. El nico indio que permitir esa ley es a aquel que entre a sus foros. No permitamos que esas iniciativas se conviertan en las nuevas armas de guerra que quieren lanzar contra los pueblos. Es una propuesta tan daina como era la Ley Monsanto. La Monsanto quera robarse nuestras semillas, esta quiere robarse nuestra dignidad y nuestra vida. Nos quieren volver a matar, cuatro, cinco veces nos quieren matar, porque los pueblos indgenas slo somos aceptados por el Estado como esclavos.

Nuestra libertad les da miedo porque saben que es ms fuerte que la libertad de los ros. Si no defendemos con libertad nuestros derechos, jams tendremos libertad para vivir.

LEVANTEMOS NUESTRO RECHAZO A ESA FALSA LEY DE CONSULTA!
EL ESTADO DEBE GARANTIZAR LOS DERECHOS INDGENAS!
POR UNA ASAMBLEA PLURINACIONAL CONSTITUYENTE!
Consejo del Pueblo Maya -CPO-

Fuente: http://movimientom4.org/2018/04/guatemala-sin-derechos-no-hay-consulta/

 



Envía esta noticia
Compartir esta noticia: delicious  digg  meneame twitter