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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 12-04-2018

Los crmenes de Donald Trump contra Venezuela deben ser llevados ante la Corte Penal Internacional

Fernando Casado
Rebelin


Las sanciones unilaterales impuestas por EEUU contra Venezuela persiguen causar sufrimiento y muerte en la poblacin civil, por lo que constituyen crmenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y sus responsables deberan responder por sus actos ante esta instancia.

El origen de las sanciones contra Venezuela

EE.UU. ha tratado de derrocar los gobiernos de la Revolucin Bolivariana desde que entendi que Venezuela constitua una amenaza a sus intereses en Amrica Latina al desafiar con xito el neoliberalismo como ideologa hegemnica. EE.UU. comprendi muy pronto que mediante mecanismos democrticos sera muy difcil librarse del gobierno venezolano, pues el apoyo masivo popular y la limitada capacidad de la oposicin interna obligaban a buscar alternativas alejadas de la legalidad.

De esta forma la administracin estadounidense apoy el golpe de Estado de 20021 en contra del presidente Chvez, anim a quienes organizaron el paro petrolero en el ao 2003 que prcticamente paraliz la economa del pas y consider como positivas las guarimbas y actos violentos que han buscado la desestabilizacin poltica de Venezuela y que muy probablemente financi.

Tras aos de hostilidad, el gobierno de Barack Obama opt entonces por la imposicin de sanciones en contra de Venezuela que se apoyaron en aos de propaganda en contra de los gobiernos de la Revolucin Bolivariana. EE.UU. haba acusado desde el inicio de la andadura del gobierno del presidente Chvez a Venezuela de ser un narco Estado. Primero como el socio de las Farc en el trfico de droga en su ruta a EE.UU. Pero una vez que los procesos de paz incorporaron a las Farc en la vida civil se invent la existencia del Cartel de los Soles, por el que altos miembros del gobierno y militares corruptos venezolanos estaran involucrados en el trfico de droga hacia EEUU. Todas estas falsas noticias fueron reproducidas por los medios de comunicacin internacional, sin que se pusiera en discusin las fuentes interesadas de las que provena la informacin, en ocasiones el departamento de Estado y de Justicia y en otras la misma CIA. Como consecuencia, las sanciones posteriores contaron con un terreno perfectamente abonado tras aos de bombardeo propagandstico a la opinin pblica internacional2.

Las sanciones actuales contra Venezuela

El primer paso decisivo de las sanciones en contra de Venezuela se produjo en marzo de 2015 con el famoso Decreto Obama que declaraba a Venezuela como una "amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y poltica exterior estadounidenses"3. El decreto de manera expresa afirmaba:

esta orden no est dirigida contra el pueblo de Venezuela, sino a las personas involucradas responsables por la erosin de las garantas de los Derechos Humanos, la persecucin de opositores polticos, la restriccin de libertades de prensa, el uso de violencia y las violaciones y abusos de derechos humanos en respuesta a manifestaciones antigubernamentales, el arresto y las detenciones arbitrarias de manifestantes antigubernamentales, as como la presencia agravante de corrupcin pblica significativa en ese pas.

Es decir, que el decreto en principio no iba dirigido a ocasionar ningn sufrimiento a la poblacin, y as lo declaraba expresamente, sino a los dirigentes que segn EE.UU. estaran involucrados en violaciones a los derechos humanos. Por supuesto la emisin del decreto colocaba al gobierno estadounidense de parte de los manifestantes violentos y la oposicin poltica que estaba utilizando todos los mecanismos ilegales posibles para derrocar el gobierno de Nicols Maduro y que provocaron 43 muertes en el ao 2014 y ms de un centenar en el 20174, incluyendo la quema de personas vivas por la sospecha de ser chavistas. En este primer decreto siete fueron los funcionarios sealados por el gobierno estadounidense, lista que progresivamente se ira incrementando y el decreto renovando anualmente 5.

Pero el giro definitivo se produjo tras la subida al poder de Donald Trump a la presidencia de EEUU, pues no solamente mantuvo el decreto de su antecesor (uno de los pocos que no modific) y aument exponencialmente el nmero de funcionarios sancionados, sino que amplio el alcance de las sanciones al imponer otras a nivel financiero y econmico, alterando el decreto original de Obama, que constituyen crmenes de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional.

La lista de sancionados fue incrementndose y hasta el momento las sanciones afectan 78 funcionarios de los cinco poderes pblicos constitucionales venezolanos. Las sanciones afectan desde el presidente Nicols Maduro y vicepresidente, Tarek el Aissami, hasta el fiscal general, constituyentes, ministros, altos rectores del Consejo Nacional Electoral, los ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que componen la Sala Constitucional y 31 militares de alto rango6.
Las sanciones se fundan en argumentos de muy variada ndole, desde narcotrfico a represin de manifestantes, alteracin del orden constitucional y la democracia, o corrupcin. El problema fundamental que presentan estas sanciones es la falta de argumentacin y de pruebas a la hora de establecer el nexo causal entre los delitos y las personas sancionadas, y por lo tanto existe una debilidad jurdica que da a entender gran arbitrariedad y sesgo poltico por parte de los Estados sancionadores, con EE.UU. a la cabeza.

La celebracin de las elecciones y la conformacin de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) establecieron el punto de inflexin e incremento en las sanciones de EE.UU. y en agosto de 2017 Trump firm una orden ejecutiva para la imposicin de las sanciones econmicas y financieras contra Venezuela a la que ya sin tapujos empez a calificar como la dictadura de Maduro7. Las medidas prohiban realizar transacciones con acciones y ttulos de deuda emitidos por el gobierno venezolano y su compaa petrolera estatal, lo que inici una serie de obstculos para las transacciones internacionales de Venezuela y que estn suponiendo un verdadero bloqueo econmico. Posteriormente las medidas de EE.UU. han sido replicadas en gran medida por Canad y la Unin Europea. El hostigamiento adems en las ltimas semanas ha arreciado al punto de que Trump prohibi a finales de marzo cualquier tipo de transaccin financiera relacionada con el Petro, la criptomoneda venezolana. Posteriormente Canad y la Unin Europea se unieron a la imposicin de las sanciones, por lo que son 40 pases los involucrados.

Consecuencias de las sanciones

Desde la emisin del decreto estadounidense se han producido continuos abusos de entidades bancarias, no solo de EE.UU., sino tambin europeas, con devastadoras consecuencias para la economa y el pueblo venezolano. De esta forma el Deutsche Bank alemn clausur la cuenta de corresponsala del Banco Central de Venezuela y llegaron a cerrar tambin la cuenta de corresponsala de su banco aliado CITIC en la Repblica Popular de China, por haber procesado pagos con PDVSA. Comprobamos entonces que la extraterritorialidad del bloqueo ha trascendido las fronteras de EE.UU., ejercindose contra Venezuela una presin global.

El bloqueo se reproduce en gran cantidad de transacciones, por ejemplo, la empresa Euroclear, proveedora de servicios financieros, habra retenido 450 millones de dlares de Venezuela en efectivo y otros 1.200 millones en bonos venezolanos por culpa de las sanciones ordenadas por EE.UU. Como explica el portal Misin Verdad:

Euroclear controla, junto a Clearstream, casi el 100% del sistema financiero global de clearing o "compensaciones internacionales". Se trata de un sistema de pago y entrega totalmente informatizado, que permite intercambiar ttulos, bonos y dinero de un lugar a otro del planeta y en tiempo real. De esta manera garantiza a los operadores financieros que quien paga manda el dinero, y que quien debe cobrar realmente lo recibe8.

Entre otras transacciones concretas que Venezuela se ha visto impedida de realizar en materia de importacin de medicinas y alimentos podemos mencionar las siguientes: el "congelamiento" en un puerto internacional de un cargamento con ms de 300 mil dosis de insulina; un paquete de Primaquina, medicina para el tratamiento con la malaria, adquirido en Colombia a la empresa BSN Medical y que habra sido bloqueado arbitrariamente por la Presidencia de Colombia9. Este tipo de bloqueo y sabotaje a las transacciones venezolanas se repite a diario, aunque la inmensa mayora no transcienda a la luz pblica.

Dichas sanciones contra Venezuela tienen un devastador efecto en su economa y en la vida de los venezolanos, en un pas que es altamente dependiente de sus importaciones en materia de alimentos, medicinas y maquinaria, las cuales obtiene a cambio de la venta de petrleo. Segn la profesora de la Universidad Simn Bolvar Pascualina Curcio, la importacin de medicinas procedente de EE.UU. asciende al 34%, los alimentos al 33% y la maquinaria y repuestos importados de este pas para el funcionamiento de la produccin interna rondara el 32%. A causa de las sanciones, Venezuela -pese a tener el dinero para las transacciones comerciales- se ve impedida de adquirir los productos que necesita su poblacin por la presin directa o indirecta de EE.UU.

Cules son las consecuencias de dejar un pas sin medicinas, alimentos o maquinaria para su produccin? Sin duda alguna, devastadoras y pueden potencialmente provocar un nmero de muertes indeterminado. Es inadmisible que las motivaciones de EE.UU. para imponer las sanciones a Venezuela sean puramente polticas e ideolgicas.
Las sanciones violan la Carta de las Naciones Unidas

Las sanciones unilaterales y el embargo al que est sometiendo a EE.UU. a Venezuela constituyen un casus belli (motivo de guerra) y violan claramente la Carta de las Naciones Unidas y la obligacin que tienen los Estados de revolver de forma pacfica sus controversias (art. 23.1).

Dado que una declaracin de guerra contra el pas ms poderoso en materia militar del planeta no sera la solucin ms adecuada ante la presente controversia, son los mecanismos internaciones disponibles en materia de proteccin de derechos humanos los que debieran utilizarse. En el presente caso por tanto seran los mecanismos que habilita la Corte Penal Internacional (CPI) los ms adecuados para detener y condenar a los criminales que han impuesto las sanciones contra Venezuela.

Pasemos a analizar entonces por qu la CPI es el organismo ms adecuado para juzgar a los responsables de la imposicin de sanciones en contra de Venezuela. Pero antes consideremos cual ha sido la relacin de EE.UU. y Venezuela respecto de la CPI.

El saboteo de EE.UU. a la Corte Penal Internacional

En primer lugar, debemos sealar que EE.UU. desde la poca de Bill Clinton en que se negoci el Estatuto de la CPI estuvo en contra de la entrada en vigor de este mecanismo. Por ello en las negociaciones de la elaboracin de su articulado siempre despleg su personal diplomtico para tratar de llevar los estndares de aplicacin al mnimo posible e incluso boicotear los temas ms delicados. Pese a todos los obstculos, el Estatuto de la Corte Penal Internacional fue adoptado en la ciudad de Roma en 1998, durante la "Conferencia Diplomtica de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional".

Venezuela fue uno de los primeros pases del mundo y el primero de Amrica Latina que depositaran la ratificacin de este tratado en julio del ao 2000, y dos aos ms tarde se conseguiran las ratificaciones necesarias para que el 1 de julio de 2002 entrara en vigor la CPI. El gobierno de Bill Clinton, pese a tener una posicin beligerante contra este organismo que perciba como una amenaza a sus intereses, firm el Estatuto de Roma el 31 de diciembre del ao 2000, el da lmite para hacerlo segn el Estatuto y solo semanas antes de dejar la Presidencia de su pas despus de que George Bush ya fuera presidente electo. No obstante, tras tomar posesin del cargo, uno de los primeros actos de Bush fue revocar la firma de su antecesor, algo indito en materia de Derecho Internacional y en contra de principios en materia internacional como el pacta sunct servanda (lo pactado obliga) 10. Haber firmado el Estatuto ya implicaba una obligacin moral y por lo tanto la imposibilidad de actuar en contra de la CPI como EE.UU. tambin hara a travs de los llamados tratados bilaterales de impunidad que veremos a continuacin. Con su actitud frente a la CPI, EE.UU. mostr su histrico desprecio por el derecho internacional, que tambin comprobamos en las sanciones a Venezuela.

La jurisdiccin de la CPI: la posibilidad de juzgar a ciudadanos de EE.UU.

La primera pregunta que nos surge en las sanciones impuestas por EE.UU. contra Venezuela es: Cmo podra la CPI entrar a conocer de un caso de crmenes de lesa humanidad contra Venezuela, pas parte del Estatuto de Roma, ejecutados por EE.UU., un pas no parte?

La jurisdiccin de la Corte se aplica con base a dos criterios: que los crmenes sean cometidos por un Estado parte; o, que se produzcan en un Estado parte (Art. 12 CPI). Es decir que en el presente caso la CPI es competente para conocer de los delitos cometidos por EE.UU., aunque no sea un Estado parte del Estatuto de Roma, ya que se cometieron en el territorio de Venezuela, que s es un Estado parte.

Precisamente para evitar que sus ciudadanos fueran juzgados por la CPI por cometer crmenes en Estados parte como Venezuela, EE.UU. trat de firmar con distintos pases acuerdos bilaterales de impunidad en virtud del art. 98.2 del Estatuto de Roma11. Interpretando a su antojo el Estatuto de Roma, EE.UU. ha realizado tratados internaciones bilaterales con una gran cantidad de pases a los que amenazaba con retirar su ayuda militar en caso de no aceptar sus condiciones para burlar la competencia de la CPI. Para el ao 2004 existan ms de 90 acuerdos de impunidad firmados por EEUU con distintos pases que se sometieron a sus chantajes12. Uno de los pases que no cedi a las presiones de EEUU fue precisamente Venezuela, motivo por el que se inici la retirada de la colaboracin en materia militar que posteriormente se transform en un embargo de armas13. Como consecuencia de ello, gran parte del parque armamentstico venezolano quedo obsoleto, como los aviones caza F-16, al ser EE.UU. el proveedor principal de armamento histrico de Venezuela.
Con los acuerdos bilaterales de impunidad, EE.UU. est demostrando no solamente su falta de intencin de formar parte del Estatuto de CPI, pese a que en un principio lo firm, sino de hacer todo lo posible por acabar con la Corte. Por este motivo el caso de la imposicin de sanciones contra Venezuela es una oportunidad para llevar a los responsables de crmenes penales internacionales ante la Justicia.

Las sanciones de EE.UU. como crmenes de lesa humanidad

Pero cules seran los delitos concretos que se han producido por las acciones de EE.UU?

El Estatuto de Roma establece que los crmenes de su competencia sern el crimen de genocidio, crmenes de guerra y lesa humanidad, calificados como los ms graves (Art. 5). Desde mi punto de vista jurdico, en el presente caso, las sanciones promovidas por EE.UU. encajaran en el tipo de crmenes de lesa humanidad.

Me centrar entonces en la argumentacin de cmo las sanciones de EE.UU. contra Venezuela constituyen este tipo de crmenes. Para ello veamos el Art. 7.1 en el que se definen los crmenes de lesa humanidad:

A los efectos del presente Estatuto, se entender por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemtico contra una poblacin civil y con conocimiento de dicho ataque.

Habra que ver entonces si podemos entender las sanciones de EE.UU. como un ataque generalizado o sistemtico contra una poblacin civil, y su definicin aparece contemplado en propio Estatuto de Roma en el Art. 7.2.a):

Por ataque contra una poblacin civil se entender una lnea de conducta que implique la comisin mltiple de actos
mencionados en el prrafo 1 contra una poblacin civil, de conformidad con la poltica de un Estado o de una organizacin de cometer ese ataque o para promover esa poltica.

Por lo tanto, el Estatuto de la CPI no considera por ataque necesariamente los que sean armados, sino tambin conductas y polticas, como ocurre con la aplicacin de sanciones econmicas y financieras.

En el Art. 7 del Estatuto tambin aparecen qu crmenes expresamente son considerados de lesa humanidad y se contemplan: asesinato; exterminio; esclavitud; deportacin o traslado forzoso de poblacin; encarcelacin u otra privacin grave de la libertad fsica en violacin de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; violacin, esclavitud sexual, prostitucin forzada, embarazo forzado, esterilizacin forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.

Sin embargo, de los delitos establecidos como parte de los crmenes de lesa humanidad, para este anlisis hay dos que nos interesan especialmente. En primer lugar el apartado h) que seala como crimen de lesa humanidad la:

Persecucin de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos polticos, raciales, nacionales, tnicos, culturales, religiosos, de gnero definido en el prrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexin con cualquier acto mencionado en el presente prrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte.

En este sentido las sanciones a funcionarios del Estado venezolano constituyen un tipo de persecucin fundado en motivos polticos, pues no hay elementos en los que sustentar las acusaciones de EE.UU. y el resto de los pases que le secundaron. La falta de pruebas y elementos jurdicos dan a entender que su crimen ha sido su identificacin por parte de los pases sancionadores como chavistas. La percepcin de su identificacin poltica es el motivo contemplado como crimen de lesa humanidad en el Estatuto de la CPI y los sancionados perseguidos polticos. Vale aclarar que la consideracin de los sancionados como chavistas no quiere decir que en Venezuela no exista separacin de poderes, sino que as son considerados por EE.UU. y el resto de los pases sancionadores.

El segundo de los apartados que nos interesa para nuestro anlisis, tiene relacin con el apartado k) del Art. 7 en el que se sealan como crmenes de lesa humanidad:

Otros actos inhumanos de carcter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad fsica o la salud mental o fsica.

Las sanciones indiscriminadas contra el pueblo de Venezuela que impiden la importacin de alimentos, medicinas y maquinaria para el sector productivo, claramente constituyen actos inhumanos que intencionalmente van orientados a causar los crmenes contemplados en los apartados anteriores del mismo artculo (muerte, sufrimiento, exterminio, migraciones forzadas) constituyendo de nuevo crmenes de lesa humanidad.

Otros crmenes de posible aplicacin

Hay autores que tambin han interpretado que se estara cometiendo un genocidio en Venezuela, otros de los crmenes contemplados en el Estatuto de la CPI, aunque, a mi criterio las sanciones no tienen la intencin de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, tnico, racial o religioso (Art. 6).

El otro supuesto por el que se podran condenar las sanciones de EE.UU. es el crimen de agresin que, sin duda, se est igualmente cometiendo contra Venezuela y que de forma flagrante violan la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, la Conferencia de Revisin del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional (CPI), celebrada en Kampala en el ao 2010, estableci que por acto de agresin se entender el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberana, la integridad territorial o la independencia poltica de otro Estado. Los siete supuestos concretos que contemplan la posibilidad de incurrir en el delito de agresin involucran a fuerzas armadas o fuerzas irregulares, por lo que se excluyen los ataques financieros y bloqueos econmicos como los que est realizando EE.UU. contra Venezuela. Esta omisin fue un desatino de la Conferencia de Kampala, pues los mecanismos de aislamiento y hostigamiento de pases en la actualidad no requieren necesariamente del despliegue de fuerzas armadas, por lo que es necesario reformar lo antes posible el Estatuto de Roma y los supuestos del delito de agresin. Mientras tanto la fundamentacin de los crmenes de lesa humanidad en contra de Venezuela sigue siendo clara.

La legitimacin activa para interponer una demanda contra EE.UU. en la CPI

Una vez aclarado que las medidas aplicadas por el gobierno de Donald Trump constituyen crmenes de lesa humanidad evaluemos cual sera el procedimiento para su denuncia y los actores que tendran legitimacin activa para ello.

En principio, son dos los actores que podran interponer una denuncia ante la CPI por las sanciones contra Venezuela: en primer lugar el Estado venezolano ante el Fiscal y en segundo lugar, el Fiscal de la CPI que iniciara las investigaciones para determinar la comisin de los crmenes contemplados en el Estatuto y los responsables (Art. 13).

La sociedad civil tambin podra interponer denuncias ante el Fiscal de la CPI, quien, con base a la informacin suministrada sobre crmenes cometidos -y una vez evaluada la informacin en caso de admitir las denuncias- pasa a sealar los responsables por los crmenes. Es una oportunidad nica para que grupos organizados con representacin internacional como la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad inicie las acciones necesarias para denunciar los crmenes de lesa humanidad que de manera continuada se estn produciendo contra Venezuela producto de las sanciones de Donald Trump. Es necesario revocar las sanciones a la mayor brevedad y detener a los culpables.

Los culpables de los crmenes deben ser llevados ante la CPI: Donald Trump y quien secunde sus sanciones

Dejar un pas sin alimentos y medicinas constituye una medida que va dirigida a infligir en la poblacin venezolana un sufrimiento que ser siempre injustificado. Por ello los responsables de su imposicin deberan ser llevados ante la Corte Penal Internacional (CPI), en primer lugar, el presidente y principal responsable, Donald Trump, pero tambin el ex secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson y Mike Pompeo, sucesor de Tillerson y hasta su nombramiento jefe de la CIA. De igual manera, los responsables por haber interpuesto las sanciones en Canad y la Unin Europea son culpables de haber cometido crmenes de lesa humanidad y deben responder por ello.

Aunque estas son las cabezas ms visibles, los responsables son todos aquellos que estuvieron a cargo de la elaboracin de las sanciones, pero tambin quienes las estn aplicando, es decir los responsables por congelar activos venezolanos en el exterior o impedir que puedan ser adquiridas medicinas y alimentos por el Estado venezolano. Al igual que el soldado que dispar a un civil indefenso no puede eximir su culpa aduciendo que fue obligado por su superior, aquellas empresas que decidieron no vender productos de primera necesidad a Venezuela por orden de EE.UU. son subsidiariamente culpables de la comisin de crmenes contra la poblacin venezolana, especialmente las empresas transnacionales como Deutsche Bank o Euroclear.

Los crmenes de lesa humanidad llevados a cabo contra Venezuela por EE.UU. no son los primeros que ejecuta este pas con vocacin imperial, pero s es la primera vez que se abre a la comunidad internacional la oportunidad de demandarle y condenarle en una demanda jurdicamente fundada. EE.UU. ha plagado el mundo de sufrimiento y desolacin a lo largo de su historia, demostrando un desprecio absoluto por la libertad, desarrollo y soberana de otros pueblos, atropellando el Derecho Internacional cada vez que le ha parecido conveniente. Exijamos con una demanda contra EE.UU. ante la CPI que se pueda hacer valer la igualdad de armas y la Justicia Internacional, demostrando que el Derecho Internacional y los Derechos Humanos deben ser respetado por todos los pases por igual.

@FernandoCasadoG; [email protected]

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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