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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 13-04-2018

Entrevista a Mara Soledad Pazo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH)
Hay que desmilitarizar la seguridad pblica

Giorgio Trucchi
Rel-UITA

Naciones Unidas revela abuso de la fuerza militar durante las pasadas elecciones en Honduras


Mara Soledad Pazo es la representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH). Tras la publicacin del informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco de la crisis post-electoral, la funcionaria accedi a brindar una entrevista en exclusiva para La Rel.

-Cules son los elementos clave del informe elaborado por la Oficina?

-Nuestro informe [1] es el resultado de una observacin muy meticulosa de la respuesta del Estado ante la protesta social que se origin a partir de un proceso electoral que mostr una cantidad muy preocupante de irregularidades.

A partir de anlisis muy rigurosos, pudimos constatar que dicha respuesta fue absolutamente desproporcionada en cuanto al uso de la fuerza, violando as los principios de precaucin, necesidad y proporcionalidad, y generando graves violaciones de derechos humanos.

En particular, la declaracin del estado de excepcin en el pas (el 1 de diciembre 2017, ndr) present una serie de deficiencias desde la perspectiva de las normas y los estndares internacionales.

Esta situacin gener ms impactos graves en los derechos de las y los ciudadanos. Al menos 23 personas resultaron muertas durante las manifestaciones, 16 de ellas a causa del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad.

Siempre trabajando con objetividad e imparcialidad pudimos corroborar lo que diferentes organizaciones de la sociedad civil haban venido denunciando sobre violaciones graves a los derechos humanos.

En nuestra interlocucin con el gobierno vamos a insistir en la necesidad de investigar a fondo los hechos, garantizar la rendicin de cuentas y realizar cambios estructurales, como por ejemplo regular el uso de la fuerza y desmilitarizar la seguridad pblica.

No nos vamos a cansar de repetirlo: no se puede tener una fuerza militar haciendo tareas de seguridad y control de manifestaciones.

-Podemos decir entonces de que hubo violencia de Estado?

-Sin duda alguna y lo tenemos todo analticamente documentado. A partir de la declaracin del estado de excepcin se desat una ola de violaciones a los derechos humanos.

No slo se dio la muerte de ms de veinte personas, sino que hubo detenciones masivas, allanamientos ilegales, malos tratos en el momento y durante la detencin y campaas de estigmatizacin y persecucin contra defensores y lderes.

Tambin corroboramos que hubo ataques a la integridad fsica de periodistas mientras cubran las protestas, as como amenazas, hostigamiento, persecucin y hasta sabotajes a medios muy crticos con el gobierno.

Diferentes organizaciones nacionales denunciaron tambin el asesinato selectivo de 6 personas que han tenido un papel importante en la organizacin de las protestas.

Esto es gravsimo y nos preocupa mucho.

Debe haber un accionar inmediato, muy diligente y profundo del Ministerio Pblico en aclarar las circunstancias de todos estos hechos para que no vuelvan a repetirse.

Se ha gaseado a la gente y se ha tirado a matar


-La militarizacin de la seguridad pblica es uno de los elementos que generan crisis.

-Si uno tiene una fuerza policial que sabe cmo manejar manifestaciones y aplicar los estndares nacionales e internacionales, es ms probable que no se incurra en graves violaciones a los derechos humanos.

El rol de la seguridad pblica es el de cuidar que la gente que est manifestando lo haga de manera pacfica, ejerciendo su derecho legtimo a protestar.

Aqu no solo han gaseado a la gente de manera sistemtica, sino que han tirado a matar. A varios les han disparado en la cabeza.

Nadie est diciendo que no hay que controlar a los elementos violentos, pero a muchos que estn en puestos de alto nivel les ha costado entender que tomarse la calle o quemar llantas no significa ser violento.

Hace falta absorber a todos los niveles que la protesta puede implicar un cierto malestar de otros derechos.

-El presidente Hernndez volvi recientemente a presionar al Congreso para que se eleve a rango constitucional la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina).

-Esto tambin nos preocupa mucho. De una vez por todo el gobierno debe definir el rol de la Polica Militar y avanzar en el proceso de depuracin y profesionalizacin de la Polica Nacional, para que pueda cumplir con sus funciones.

-El informe evidencia tambin la relacin directa que existe entre esta crisis y el golpe de Estado de 2009.

-Hay cuestiones estructurales no resueltas. Muchas de las recomendaciones hechas por la Comisin de la Verdad y la Reconciliacin nunca fueron acatadas, y el pas avanza a partir de acuerdos polticos que dejan a un lado a la inmensa mayora de la poblacin.

Tampoco se esclarecieron, ni hubo reparacin para las graves violaciones de derechos humanos que se dieron en la poca del golpe.

Todos estos traumas van acumulndose y generan un clima de constante ebullicin social.

Insistimos en la necesidad de atacar las causas de la crisis y no slo los sntomas, de repensar la estructura y arquitectura del Ministerio Pblico, y de fortalecer y garantizar autonoma real a la Fiscala de Derechos Humanos.

Nota:

[1] https://goo.gl/UKr5vR

Fuente: Rel-UITA

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



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