Decir inmigrante hoy día, en 2018, significa referirse a un "sin papeles" en la mayoría de los casos, es decir, una persona "ilegal" por propia definición, cuando nadie debería ser considerado ilegal en su condición de persona, simplemente por no tener una documentación que le acredite que pertenece "legalmente" a la comunidad de acogida. Y considerando esta desigual situación de partida, es lógico concluir que las condiciones que poseen estas personas que quieren que "todos paguemos impuestos", no son las mismas que las de esos pobres manteros que recurren a dicho modo de vida porque no tienen otra alternativa. Simplemente entendiendo esto en su plena y total dimensión, ya deberíamos ser capaces de comprender por qué la venta ambulante no debe ser criminalizada. Pero superado este primer planteamiento, puede asaltarnos un segundo, que también es esgrimido frecuentemente, y que no es otro que el que proclama que la mafia de los productos falsificados o "ilegales" mueve mundialmente mucho dinero, y resta competencia y beneficios a los establecimientos legales. Muchas réplicas podríamos aducir a este razonamiento, pero quedémonos con una muy clara y sencilla: ¿Es que la industria de los productos "legales" no es también una mafia? ¿Es que las camisetas, faldas, zapatos o relojes que compramos a los establecimientos legales no proceden también de mafias empresariales que llevan a cabo oscuras prácticas en las fábricas de origen de dichos productos? Calzado esclavo en la India, mano de obra infantil en Pakistán, obreros textiles esclavizados en Brasil...la lista sería interminable, y está llena de productos de origen "legales" que son suministrados a nuestros "legales" establecimientos.
Y es que el sistema capitalista es mafioso en sí mismo, lo es en su propia esencia, y por tanto, es una absoluta falacia criminalizar productos que vayan a parar a personas que comercian con ellos de forma ilegal, o de forma, digamos, alegal. Pero más allá de este falso debate, lo que nos provoca más rabia a algunas personas no es que se considere ilegal esta práctica de la venta ambulante, sino que se criminalice a sus practicantes de forma tan agresiva. Tenemos bancos que estafan a sus clientes (muchos de ellos personas mayores vilmente engañadas para robarles los ahorros de toda una vida), tenemos políticos que practican corrupción a alto nivel (Presidentes de Comunidades, Alcaldes y Concejales de Ayuntamientos, Ministros, Presidentes de partidos políticos, grandes empresarios y un largo etcétera), personas que este sistema "legal" no persigue, o si lo hace porque ya se ven completamente acorraladas, son bastante benevolentes con ellos. En cambio, la policía persigue con absoluto despliegue a estos pobres manteros cada vez que se les ocurre (o porque exista un chivatazo o denuncia de alguno de estos dueños de establecimientos legales), y el criminal sistema legal capitalista y sus Estados democráticos, Sociales y de Derecho despliegan contra ellos todo el peso de la ley, esa ley que no ve ni es sensible a esa desigualdad de base, esa ley que no es justa, como no lo es ninguna justicia que no tenga en cuenta todas las consideraciones y circunstancias de las personas, y la envergadura de los "delitos" que cometen.
Porque frente a la plácida "legalidad" de esas personas dueñas de esos establecimientos legales, tenemos las de esas personas que viven un infierno en su país de origen (muchos de ellos objeto del saqueo y el expolio al que son sometidos por nosotros, o bien de guerras y éxodos forzosos), que logran escapar en una patera, arriesgando sus vidas, que logran saltar nuestras vallas o esquivar a la policía de fronteras, y que cuando llegan a nuestro país, se encuentran con un nuevo infierno, que los encierra en un CIE, los considera "ilegales", los deporta o en el mejor de los casos, los mantiene "sin papeles" durante años. ¿Podemos exigirles a estas personas que "paguen sus impuestos" como a cualquier propietario de cualquier negocio legal de nuestro barrio o ciudad? Más bien deberíamos comenzar por tratarles como personas iguales a nosotros en su propio país de origen, o cuando menos, garantizar que si llegan al nuestro, son acogidos e insertados con absoluta normalidad y sin obstáculos legales. En última instancia, la policía debería estar para asistirles y protegerles (de los posibles ataques racistas, sin ir más lejos), en lugar de perseguirlos como delincuentes porque venden un bolso, un CD, unas gafas de sol, un pañuelo o una figurita de madera o de porcelana en plena calle, porque no poseen otro medio de subsistencia. No podemos medirlos bajo el mismo rasero que a los demás, porque el racismo legal, social e institucional que sufren los coloca en clara desventaja. Creemos por tanto sociedades igualitarias, antes de exigir a todo el mundo "que pague sus impuestos". Despenalicemos la venta ambulante, pues es el único medio de vida que muchas personas tienen para poder sobrevivir.
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