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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 26-04-2018

Arrodillamiento y traicin
El montaje judicial contra Santrich

Miguel ngel Beltrn Villegas
Rebelin


El gobierno de Colombia tiene la ametralladora para los hijos de la patria

Y la rodilla en el suelo para el oro yanqui

Jorge Elicer Gaitn



El pasado 9 de abril, poco despus de conmemorar en la Casa Museo Rafael Uribe Uribe los setenta aos del magnicidio de Jorge Elicer Gaitn, y participar de un sentido homenaje a las millares de vctimas del genocidio gaitanista, nos enteramos a travs de las redes sociales de la captura, con vicios de legalidad, del ex comandante de las FARC Jess Santrich, tras ser allanada su residencia ubicada en el Barrio Modelia de Bogot. Segn trascendi ms tarde en los medios masivos de comunicacin el CTI (Cuerpo Tcnico de Investigaciones dependiente de la Fiscala General de la Nacin) daba cumplimiento as, a una orden internacional de captura emitida por la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, la cual sindica al ex guerrillero del cargo de conspiracin para exportar 10 toneladas de cocana hacia los Estados Unidos, bajo circunstancias que involucran a otros ciudadanos colombianos tambin detenidos all.

Fuenteovejuna todos a una

Pocas horas despus el presidente de la repblica, Juan Manuel Santos se diriga a la nacin para informar de los hechos, anunciando que como resultado de rigurosas investigaciones tiene pruebas contundentes y concluyentes que demostraran la responsabilidad del seor Seuxis Hernndez conocido como Jess Santrich en delitos de narcotrfico cometidos despus de la firma del acuerdo. Segn su declaracin, estas supuestas pruebas habran sido facilitadas por el Fiscal General de la Nacin, quien tambin intervino para decir que el Tribunal de Nueva York contaba con una copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotrfico, de pruebas electrnicas, de pruebas documentales, videos que dan cuenta de la intervencin de todos estos sujetos en actividades de narcotrfico, para finalmente enfatizar que los hechos mencionados ocurrieron despus de la firma de los Acuerdos de paz de La Habana.

De inmediato hubo pronunciamientos de los diferentes candidatos presidenciales quienes -como ha sido usanza en este pas cuando se trata de juzgar a personas que han ejercido la oposicin poltica y social- se apresuraron a emitir la condena meditica contra el lder del partido poltico de las FARC. Algunos, como el candidato del Centro Democrtico, Ivn Duque, en un tono cargado de odio y retaliacin invitaba a las autoridades a actuar con firmeza e investigar qu otros cabecillas de esa organizacin siguen con esos vnculos criminales. Por su parte Germn Vargas Lleras de Cambio Radical adverta que si Santrich sigui narcotraficando (sic) despus de diciembre 31 del ao 2016, perder los beneficios, procede la captura y la solicitud de extradicin. Palabras ms, palabras menos, los dems aspirantes a la primera magistratura se manifestaron en trminos similares, esto es que el ex jefe guerrillero debera demostrar su inocencia y que de no hacerlo, la extradicin sera el camino inexorable para hacer justicia.

De estas consideraciones no escap ni siquiera el candidato alternativo Gustavo Petro quien afirm tajantemente que Si la JEP confirma los hechos y soy presidente, Santrich ser extraditado. Por supuesto, no pretendo concluir de ello que el candidato del movimiento Colombia Humana, est situado en la misma orilla de quienes han instigado la guerra interna en el pas. Slo que su postura es una sintomtica expresin de una izquierda que parece haber renunciado a plantear posturas ticas y humanistas en aras de un pragmtico clculo electoral, cuyo caudal cree ensanchar cuando asume posturas polticamente correctas. Someter a un ciudadano colombiano a la Justicia de los Estados Unidos, a sabiendas que constituye una flagrante violacin de la soberana nacional, y que este aparato judicial no actuar en derecho, aleja al ex alcalde de Bogot, de la figura de Jorge Elicer Gaitn (con la que algunos han querido asociarlo, no sin cierta ingenuidad). Este ltimo al denunciar en el Congreso de la Repblica, las responsabilidades del gobierno conservador y su aparato represivo en la masacre de las Bananeras (1928) no vacil en levantar su dedo acusador hacia el pas del norte, y develar que El suelo de Colombia fue teido en sangre obrera para complacer las arcas ambiciosas del oro americano.

Ni qu decir de las posturas de algunos analistas polticos, acadmicos y columnistas, que ya sea por conviccin o por conservar sus cargos burocrticos y seguir figurando como orientadores de opinin pblica en los medios de (des)informacin, revisten su anlisis de una pretendida objetividad, la cual se expresa en una insulsa poltica de simetras. As, reclaman un proceso justo para Santrich, pero al mismo tiempo alaban el funcionamiento de las instituciones que imparten justicia en Colombia, y aplauden la rpida y eficaz actuacin de sus entes judiciales acaso se estn refiriendo a esa misma justicia, sometida a las directrices norteamericanas, que ha estado en contubernio con el terrorismo estatal y que decenio tras decenio ha garantizado impunidad a los autores de delitos de lesa humanidad y a los asesinos de millares de lderes de la oposicin poltica, desaparecidos y asesinados por el slo hecho de pensar diferente o habitar en zonas de conflicto?

Ceguera colectiva

Lo que causa mayor inquietud en la captura de Jess Santrich con fines de extradicin, no es la injerencia de los Estados Unidos que durante dcadas ha atizado, alimentado y financiado el conflicto social y armado colombiano; tampoco el arrodillamiento ante la potencia imperial de un fiscal que ha litigado defendiendo los intereses de reconocidas empresas transnacionales; mucho menos la traicin de unas lites gobernantes que histricamente han incumplido sus compromisos, tras pactar con quienes se han movilizado por las vas pacficas o a travs del ejercicio del derecho a la rebelin armada para transformar situaciones de injusticia. Lo que verdaderamente genera preocupacin es la ceguera de una sociedad doblegada por el miedo y la indolencia, que concede credibilidad a absurdos montajes judiciales como el que ahora se hace para golpear an ms el proceso de paz, y enviar un mensaje al resto de integrantes de las FARC, en el sentido de que stos no contarn con proteccin ni transparencia jurdica alguna.

Esta situacin nos recuerda los dolorosos aos del terrorismo estatal argentino, cuando amplios sectores de la sociedad de todos los estratos, condiciones y profesiones, terminaron avalando con su silencio, la lucha antisubversiva emprendida por la ltima dictadura cvico-militar-eclesistica (1976-1983), que seg la vida de cerca de 30 mil personas No est sucediendo en Colombia algo similar con las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales (asesinatos a sangre fra cometidos por agentes estatales) y los falsos positivos judiciales que hoy da mantienen privados de la libertad a centenares de universitarios y egresados de las Universidades pblicas, como en los casos emblemticos del estudiante de sociologa Mateo Gutirrez, y de los sindicados de cometer el repudiable atentado en el Centro Andino de Bogot?. Que esta franja de la juventud crtica permanezca injustamente encerrada en estos calabozos de la ignominia, es la mejor garanta para que los verdaderos autores de estos brbaros actos puedan seguir actuando en la impunidad.

Y es que cuando los comunicadores de la gran prensa escrita y hablada se refieren al caso de Jess Santrich, lo hacen atropellando el derecho constitucional de presuncin de inocencia, y asumen las funciones de sanedrines que -en el colmo del cinismo- acusan al ex guerrillero de haberle dado una bofetada al proceso de paz y traicionar la confianza de la sociedad, como si sta no hubiese sido traicionada desde sus inicios por el mismo gobierno, con el asesinato cada tres das de un lder social o defensor de derechos humanos, con los cerca de 600 presos polticos que se hallan en las crceles por incumplimientos a la ley de amnista o con el ms de medio centenar de ex combatientes de las FARC que han sido asesinados. Todo ello, en situaciones verificables, ocurridas tras la firma de los Acuerdos de paz.

El fiscal Nstor Martnez: un fouch criollo

Suponer que Jess Santrich, un hombre forjado en las luchas estudiantiles universitarias, se haya colocado l mismo la soga al cuello, tratando de enviar toneladas de cocana a los Estados Unidos, es un insulto a la inteligencia. Santrich hace parte de una generacin de jvenes idealistas y rebeldes que como Antonio Larrota, Hernando Gonzlez Acosta, Federico Arango Fonnegra, Francisco Garnica, Carlos Pizarro, Alfonso Cano, entre muchos otros ms, abandonaron las aulas universitarias para luchar por una patria mejor. Que compartamos o no ese camino, se es otro debate. Lo que s hay que dejar en claro, es que desde los discursos y las actuaciones oficiales, histricamente se ha pretendido despojar a la insurgencia armada de su proyecto poltico, para presentarla como una banda de criminales dedicada a actividades ilegales como el secuestro y el narcotrfico, negando los fines altruistas que motivaron a muchos de esos hombres a ingresar a sus filas. Tesis que, vale la pena anotar, han prosperado gracias a la censura y persecucin de quienes hemos asumido perspectivas crticas frente a estas visiones hegemnicas; as como a la autocensura de un significativo sector de la academia, que se ha escudado cmodamente en una supuesta neutralidad valorativa.

Contrasta s, la estatura moral de Jess Santrich y su vocacin humanista, con la oscura y tenebrosa carrera del hoy Fiscal general de la Nacin, Nestor Humberto Martnez, quien siendo hijo de uno de los precursores del humorismo y periodismo crtico en Colombia, jams tuvo que padecer las censuras y los silenciamientos a que fue sometido su padre por los gobiernos de turno, ya que desde muy temprano supo acomodarse camalenicamente en los diferentes ambientes en que se ha desenvuelto la fauna poltica colombiana. Por eso no sorprende verlo en la Junta Directiva del Banco de la Repblica bajo la presidencia de Csar Gaviria; como Ministro de Justicia durante el gobierno de Ernesto Samper o como Ministro de la Presidencia bajo el segundo mandato de Juan Manuel Santos. De l podra decirse que ha sido una especie de Fouch criollo, aquel poltico francs a quienes sus contemporneos, ya fuesen realistas, republicanos o bonapartistas no escatimaron adjetivos para describirlo como traidor de nacimiento, miserable, intrigante, de naturaleza escurridiza de reptil, transfuga profesional, alma baja de esbirro, abyecto moral (Cfr. Zweig. Fouch el Genio Tenebroso)

Lo cierto es que, a diferencia de Jess Santrich quien renunci a sus comodidades materiales y tom el camino de las armas como va para expresar su rebelda e inconformismo frente a una sociedad profundamente injusta y excluyente, el Fiscal Nstor Humberto Martnez, supo comprender al igual que su mentor francs- el valor del oro, ese metal precioso que segn Shakespeare honra al ladrn y le da rango, pleitesa e influencia. Por ello su carrera poltica ha ido de la mano con sus labores como asesor legal de Luis Carlos Sarmiento ngulo (Una de sus empresas Estudios y Proyectos del Sol, Episol, es la principal socia de Odebrecht en dos casos de soborno); como empresario de la palma y el caucho; como abogado defensor de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), siendo socio fundador junto con su hijo, de la firma DLA Piper Martnez Neira, la cual surge de la asociacin entre la firma global DLA PIPER y la firma Colombiana MNA Martnez Neira Abogados, que ha realizado asesoras legales en sectores como el bancario y financiero, corporativo y comercial, infraestructura, tributario, hidrocarburos y energa, entre otros ms. De all que se le conozca como el abogado de los ricos.

Las caras de la extradicin

Para nadie es un secreto que en Colombia la extradicin, presentada como una herramienta eficaz para el combate del narcotrfico, no ha pasado de ser en la prctica un instrumento represivo y de chantaje para los connacionales que han asumido el derecho a la rebelin, pese a que la norma constitucional prohbe de manera perentoria la extradicin de colombianos por delitos polticos. Esta situacin se ha visto agravada, por la utilizacin de pruebas falsas elaboradas por los servicios de inteligencia y la Fiscala General de la Nacin, y las sistemticas afectaciones al debido proceso y al derecho universal a la defensa. Una clara ilustracin de esto, fue la extradicin a los Estados Unidos del lder guerrillero Simn Trinidad, con el aval de la Corte Suprema, sobre la base de cargos infundados de narcotrfico. Por su parte, a Nayibe Rojas (Sonia), tambin guerrillera de las FARC, le estamparon la huella digital de una ciudadana acusada de narcotrfico para justificar su extradicin, tal como lo denunciara en su momento el secretariado de esta organizacin que hoy ha hecho su trnsito a partido poltico.

Durante el gobierno de lvaro Uribe la extradicin de varios jefes paramilitares, constituy una estrategia utilizada para evitar que el pas conociera la verdad sobre los crmenes de Estado. Ahora, con la extradicin de Jess Santrich se busca silenciar a un caracterizado dirigente de las FARC, que se ha distinguido por su postura abiertamente crtica frente a los incumplimientos del gobierno, y que en los prximos meses ocupara una silla en la Cmara de Representantes. Aunque en este momento el partido de las FARC no representa una amenaza electoral para la clase poltica tradicional, la casta dirigente colombiana sigue aplicando su consigna de eliminar sistemticamente a su contradictor, justificando, adems, tal accionar criminal. En la historia nacional abundan los ejemplos: al ex guerrillero gaitanista Sul Fajardo, lo asesinaron en las puertas de la crcel Modelo, aduciendo que preparaba una supuesta fuga; a Guadalupe Salcedo, comandante supremo de las guerrillas llaneras lo acribillaron en las calles de Bogot, propalando luego la falsa versin de que su muerte fue producto de un enfrentamiento con la polica que el ex guerrillero liberal propici tras consumir bebidas embriagantes; y ahora, nos pretenden convencer que como una contribucin a la paz de Colombia Jess Santrich debe ser extraditado por delitos de narcotrfico.

El presidente Juan Manuel Santos hace parte de este juego poltico. Su pantomima de apstol de la paz no logra ocultar a los ojos de los colombianos sus perversidades e incumplimientos con la palabra empeada. No hay que olvidar lo sucedido en plenos dilogos de paz- con el guerrillero Jairo Martnez quien muri en un bombardeo, luego de retornar al pas para adelantar actividades encargadas por la Mesa de La Habana. En la actual fase de implementacin de los Acuerdos, la actuacin del ejecutivo no ha sido diferente: las fallas e inoperancias de los Acuerdos, lo han sido, tambin por sus calculadas decisiones y orientaciones trazadas. Pero recordando a Cervantes la verdad adelgaza, y no quiebra, y siempre anda sobre la mentira, como el aceite sobre el agua el respaldo del presidente Santos a los bombardeos de EU, Francia y Gran Bretaa contra Siria no es ms que otra confirmacin de estas sabias palabras.

Las lites dominantes en este pas tienen la fuerza y el poder de construir las verdades oficiales y llevar a Santrich a un amaado tribunal de justicia, para que ste lo condene; sin embargo est claro que no podrn arrebatar su dignidad, como no han podido hacerlo con los centenares de presos polticos que mantiene hoy el Stablisment tras esos muros de iniquidad. Y es que el ex guerrillero de las FARC, encerrado en una crcel de mxima seguridad, estigmatizado por los medios de comunicacin, mancillado incluso por algunos de sus antiguos compaeros de armas, adelantando una delicada huelga de hambre pese a sus serios quebrantos de salud, personifica la conciencia moral del pas nacional que nos hablaba Gaitn, de esa generacin de hombres y mujeres que han demostrado que vale ms el grito de un rebelde que la splica de mil esclavos.


Miguel ngel Beltrn Villegas, Profesor Universitario. Ex preso poltico.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.


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