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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 01-05-2018

Muchas muertes y poca tierra ha dejado la ley de restitucin en todo el pas
Tierra arrebatada y sin retorno

Bibiana Ramrez
Prensa Rural


Uno de los mayores problemas en Colombia sigue siendo la desigualdad en el acceso a la tierra. Con la Reforma Rural Integral en los Acuerdos de Paz, el panorama tena alguna posibilidad de aclararse, pero hoy eso se va esfumando porque los acuerdos se siguen transformando e incumpliendo.

Un punto crucial es la restitucin de tierras a los campesinos despojados por el conflicto armado. Ciertos sectores en el pas se oponen a la ley 1448 de 2011 (de vctimas y restitucin de tierras) por los grandes intereses minero-energticos que tienen en el territorio.

La Fundacin Forjando Futuros, Premio Nacional de Paz en el 2012, representa jurdicamente a las vctimas reclamantes de tierras. En un anlisis de las 3.500 sentencias que hay desde que fue aprobada la ley 1448, concluyen que en Colombia 6500.000 hectreas fueron despojadas a campesinos, principalmente por grupos paramilitares representados en un 55%, enfrentamientos 24%, guerrillas 13%, grupos armados no definidos 7% y el Estado 1%.

El 96% del despojo se realiz a campesinos con predios que no superaban las cincuenta hectreas. Este despojo se realiz de forma sistemtica con el propsito de concentrar grandes extensiones de tierra para tener control territorial, beneficiar empresarios de la agroindustria, empresas de la minera e inversiones del narcotrfico, dice Forjando Futuros.

En los siete aos de aplicacin de la ley de vctimas slo se ha restituido el 4,5% que se traduce en 289.665 hectreas. De las 360 mil solicitudes que se esperaban para la restitucin, se presentaron 109.902 de las que la Unidad de Restitucin de Tierras (URT) rechaz 34.028. Hay 3.500 sentencias dictadas por los jueces y 5.580 casos resueltos judicialmente.

Estas cifras demuestran que, en todo este tiempo, la eficiencia del Gobierno para atender a las vctimas ha sido poca y quedan en evidencia los intereses que quiere defender. An falta continuidad en los fallos judiciales y coordinacin con las polticas de desarrollo rural, que por ningn lado se manifiestan.

Empresas y personas involucradas

Dentro del anlisis que Forjando Futuros hizo a las 3.500 sentencias, encontr que en el momento hay 135 donde los jueces de tierras ordenan a la Fiscala investigar a unas personas y empresas que estn relacionadas con el despojo en Colombia.

Gerardo Vega, abogado de la fundacin, cuenta qu contiene este informe publicado en la revista Semana: Hay 25 empresas que han sido condenadas por los magistrados de restitucin de tierras a devolver tierras o a suspender la exploracin o explotacin minera. La empresa que ms tiene sentencias en contra es Argos con cinco, sobre hechos en Carmen de Bolvar. Tambin est la Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolvar, Sociedad Jorge Herrera e hijos con cinco sentencias cada una en el Carmen de Bolvar, Agropecuaria Palmas de Bajir con dos sentencias en Mutat (Antioquia), Agropecuaria San Simn y Otros con dos sentencias en el Carmen de Bolvar. Bancolombia con una sentencia en Tierralta (Crdoba), Anglogold Ashanti con una sentencia en Bagad (Choc).

Y tambin publican los nombres de personas relacionadas con el despojo: Personas conocidas estn Otto Bula que fue el comisionista de Odebrecht. Benito Osorio Villadiego, exgobernador de Crdoba. Diego Murillo Bejarano, Don Berna. Sor Teresa, hermanastra de los Castao. Kenia Gmez, la esposa de Carlos Castao. Otros conocidos en la vida pblica o que ya estuvieron en el proceso de Justicia y Paz.

Estas empresas y personas hicieron acumulacin ilegal de tierras comprando baldos o comprando a campesinos a bajo costo y en otros casos asesinndolos. Forjando Futuros hace pblico este informe sobre la decisin judicial y no sobre la investigacin, pues hasta la fecha la Fiscala no ha empezado ninguna sobre los responsables.

Hacemos esto porque creemos que hay una oportunidad en la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) para que se conozca ese tema, a propsito del debate que ha habido en el pas sobre los civiles terceros que participaron en el conflicto de muchas maneras, y al fin y al cabo terminaron diciendo en el Congreso que ellos voluntariamente decidirn si van o no a la JEP. Lo evidente es que s hay jueces de tierras y ellos solicitaron que se investiguen esas empresas y personas. Como eso est en los anaqueles de la Fiscala, por eso decidimos hacerlo ms visible, afirma Gerardo Vega.

Urab sin restitucin

El caso del Urab colombiano es particular porque es la zona donde ms despojos se han presentado y donde ha sido ms difcil aplicar la ley de restitucin de tierras. All hay intereses muy poderosos que tocan el territorio y a la gente. Hay muchas personas interesadas en hacerse a pedazos de tierra porque son corredores de ilegalidad. Por la ubicacin estratgica, all la tierra tiene un gran valor, dijo Ricardo Sabogal, director de la URT a la revista Semana.

En todo el pas han sido asesinados 205 reclamantes de tierras entre 2016 y 2018; 41 en el Cauca, 31 en Nario y 28 en Antioquia. 19 de ellos son del Urab, donde hay total impunidad con estas muertes.

Y el caso ms reciente fue el 11 de abril, en San Pedro de Urab, en un sector conocido como El Tomate, donde murieron ocho policas que acompaaban una URT en esa zona. El Tomate es un sitio que durante treinta aos ha sido dirigido y controlado por organizaciones ilegales. Recuerdo que con la guerrilla en el pasado, luego las autodefensas con los Castao, ahora el Clan del Golfo, tema de paramilitarismo con narcotrfico, dice Gerardo Vega.

La misma URT ha reconocido que en esta zona es difcil avanzar con el proyecto por la hegemona de varios grupos armados, faltas de vas de acceso, vctimas amenazadas y poca presencia institucional para garantizar el retorno.

En Urab utilizan todos los medios, legales e ilegales: amenazan, asesinan, desplazan a la gente, envenenan cultivos, matan animales, hacen imposible que la gente pueda volver, afirma Gerardo Vega.

Siendo as la situacin, la tierra sigue quedando en manos de privados o testaferros, lo que implica que la impunidad con los responsables del conflicto se mantendr por muchos aos. Ser que las 25 empresas, las casi 120 personas responsables irn a la JEP voluntariamente?

Ahora lo que prima es la inseguridad de los campesinos: la mayora han sido amenazados por sus reclamaciones. Segn datos de la Unidad Nacional de Proteccin, en Colombia hay 355 personas con sistema de proteccin por ser reclamantes de tierras. Pero la mayora no cuenta con ninguna defensa para sus vidas. El asunto de la restitucin debe ser integral, porque nada se ganan con que les devuelvan las tierras si no pueden retornar a ellas o no hay proyectos para trabajarlas.


Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article22998



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