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Aumentar tamaño del texto Disminuir tamaño del texto Partir el texto en columnas Ver como pdf 04-05-2018

Anuncios de Piera
Regulacin o control migratorio?

Paulina Acevedo
IPS


Bajo la premisa de ordenar la casa y en una meditica actividad, el presidente Sebastin Piera dio a conocer el 9 de abril su decisin de reponer, con urgencia simple, el proyecto de nueva ley de migratoria que el mismo ingresara al Congreso en 2013, mientras anunci una serie de disposiciones para la regulacin de los flujos migratorios que llegan al pas, que deben revisarse desde una perspectiva de derechos humanos, tanto en la forma como en su fondo.

Reconociendo la facultad que tienen los Estados de reglamentar la migracin y la necesidad imperiosa de modificar la Ley de Extranjera vigente en Chile, que emana de un decreto de la dictadura (1973-1990) y que por lo mismo posee un fuerte acento de seguridad nacional, se hace importante sealar que toda ley o medida adoptada por un Estado no puede concurrir en la vulneracin o restriccin de otros derechos y principios de derechos humanos que son exigibles en esta materia, como la no discriminacin, la no devolucin y la libre circulacin.

Asimismo, cualquier reforma legal o de poltica pblica que emprende un Estado debe estar orientada hacia el reconocimiento progresivo de los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos que ste ratifica, y en ningn caso implicar una regresin de los mismos.

Por tanto, todas las acciones anunciadas por la administracin de Piera, iniciada en marzo, deben estar encaminadas a adecuar el marco regulatorio existente a los estndares internacionales de movilidad humana, algo que le vine siendo requerido al Estado chileno por el propio Comit de Naciones Unidas sobre trabajadores migrantes y sus familias.

No obstante, tras un anlisis detallado de los anuncios del gobierno, y en particular de los instructivos presidenciales que establecen un proceso de regularizacin e imponen nuevas categoras migratorias por la va administrativa, se constata la existencia de distinciones arbitrarias basadas en la nacionalidad, la raza o los motivos de la migracin, que de acuerdo al derecho internacional constituyen actos discriminatorios y racistas.

Mediante estas disposiciones de facto se establece visa consular a los ciudadanos haitianos; se crean nuevas categoras de residencia transitoria que nicamente pueden ser solicitadas desde el exterior, requirindose como informacin obligatoria en la web habilitada para ello sealar el color de tez, de cabello y de ojos del solicitante

Tambin se implementa un registro para migrantes en condicin de documentacin irregular o con visas vencidas, dando plazos de 30 das para acogerse a este proceso de regularizacin; se solicitan antecedentes penales al requerir visado o reunificacin familiar, incluso en el caso de menores de edad, por citar solo algunas de las ms gravosas.

Se refuerza con ello adems un contexto social marcado por el aumento del racismo, estigmatizacin y criminalizacin de la migracin.

Preocupa asimismo desde una perspectiva procedimental, que estas reglamentaciones se establezcan antes que la iniciativa legislativa presentada por Piera sea analiza y votada por el Congreso.

Es altamente contradictorio que al mismo tiempo que con una mano se firma un documento de propuesta para ser sometido a discusin, con la otra se firmen resoluciones que sancionan lo mismo y los ponen en inmediata ejecucin.

Un rayado de cancha anticipado que es muy probable sea revertido por el parlamento, si se consideran los amplios cuestionamientos que ya en su momento gener la propuesta original de Piera (durante su gestin entre 2010 y 2014), pero demasiado tarde para los cientos de migrantes que sin duda sern expulsados del pas bajo mecanismos que ahora no admiten apelacin, vulnerndose abiertamente el derecho a un debido proceso.

Algunos de estos cuestionamientos fueron sistematizados en un informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH, 2013), donde se remarca el nfasis del proyecto en una migracin con insercin formal en el mercado del trabajo.

Este acento se explicita en el mensaje del proyecto, donde se seala que el objetivo de la nueva ley es aprovechar las potenciales ventajas de la migracin internacional en beneficio del pas, insistiendo en la seguridad nacional como un criterio informador de toda la legislacin migratoria.

Otro aspecto preocupante del proyecto son las prohibiciones imperativas que establece para el ingreso al pas, entre las que incluye a quienes posean antecedentes acreditados de conformidad con la legislacin de sus respectivos pases o de la Organizacin Internacional de Polica Criminal y a quienes padezcan enfermedades que la autoridad sanitaria ha determinado que constituyen causal de impedimento de ingreso a Chile.

Asimismo, otras que facultan a denegar el ingreso a quienes realicen o hayan realizado actos que puedan alterar las relaciones bilaterales, a los que hayan sido condenados en los ltimos 5 aos por actos que la ley chilena califique de simple delito o que registren antecedentes policiales negativos en los archivos o registros de la autoridad policial, dejando amplio margen de discrecionalidad a la autoridad competente

Ello resulta altamente preocupante si se considera en este sentido que la actuacin de la Polica de Investigaciones en frontera ha sido objeto de amplios reparos y denuncias, que han incluido incluso pronunciamientos por parte de tribunales de justicia, como aconteci con la reciente expulsin masiva de ciudadanos haitianos.

Precisamente en relacin a esto ltimo, el proyecto aade causales de expulsin que son altamente cuestionables desde una perspectiva de derechos humanos, tanto para quienes se encuentren con condicin de permanencia transitoria como para aquellos que sean titulares de alguno de los distintos tipos de residencia.

Entre estas causales, considera la expulsin de quienes carezcan de un permiso que los habilite para residir legalmente en el pas, y la reconduccin inmediata a su pas de origen, para los extranjeros que ingresen al pas, encontrndose vigente la resolucin que orden su expulsin, abandono o prohibicin de ingreso al territorio nacional, () y sin necesidad que a su respecto se dicte una nueva resolucin.

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En cuanto a la reclamacin frente a una medida de expulsin, el proyecto seala que esta la podr hacer el afectado por dicha medida por s o por cualquier persona en su nombre, ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contado desde la notificacin de la resolucin respectiva.

No obstante la sola interposicin del recurso suspende temporalmente la orden de expulsin, el proyecto dispone que durante su tramitacin, se mantendr vigente la medida de privacin de libertad en los casos en que hubiere sido decretada.

Lo anterior puede resultar en una vulneracin de derechos, dado que si bien se seala que la Corte deber fallar breve y sumariamente dicha reclamacin, en nica instancia, el plazo otorgado es cinco das, lo que contraviene la norma que impide mantener detenida a una persona por ms de 24 horas sin control judicial, como advirti en su informe el INDH.

Finalmente, respecto de los derechos concedidos a quienes se encuentren en condicin migratoria regular dentro del territorio, cabe hacer notar algunas disposiciones que son abiertamente discriminatorias.

Un ejemplo es aquella que establece que los extranjeros con menos de dos aos de permanencia en Chile no pueden optar a ciertos beneficios de salud y seguridad social de cargo fiscal, algo que va en contra de los estndares internacionales que conceden acceso a los mismos sin distincin alguna y que representa a su vez un retroceso incluso respecto de decretos vigentes impulsados por la primera administracin de Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-marzo 2018), que otorgan acceso a salud independientemente de la condicin migratoria.

Del mismo modo, se debe resaltar que aunque el proyecto reconoce derechos laborales en condiciones de igualdad entre nacionales y migrantes, sin distinguir en la condicin migratoria, mantiene la disposicin del Cdigo Laboral que obliga a que el menos 85 por ciento de los trabajadores de una empresa que ocupe a 25 trabajadores o ms sean chilenos/as, y que impide a quienes estn en calidad de turistas trabajar en actividades remuneradas, reservndola solo para aquellos que posean una residencia temporal.

Sin duda, como vienen requiriendo organismos internacionales y demandando organizaciones migrantes y de derechos humanos en Chile, es urgente que el pas cuente con una ley migratoria con un enfoque de derechos humanos, ms aun atendiendo el aumento de los flujos migratorios en las ltimas dcadas.

Para ello, se deben considerar tiempos apropiados para la discusin parlamentaria y la participacin activa en su tramitacin de los distintos colectivos migrantes y de derechos humanos.

Tambin hay que incorporar los distintos estndares que se han ido construyendo en torno al derecho humano a migrar, como lo han hecho las legislaciones de la mayor parte de los pases de la regin. Adems, se tiene que reconocer el aporte cultural la migracin tiene para la construccin de sociedades ms diversa, respetuosas y democrtica.

Paulina Acevedo es coordinadora del Programa de Ciudadana e Interculturalidad del chileno Observatorio Ciudadano

http://www.ipsnoticias.net/2018/04/anuncios-pinera-regulacion-control-migratorio/ 


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